¿Imagina que el sistema de jubilaciones que quedará luego de la reforma tendrá muchas diferencias respecto del actual?
El diagnóstico, como corresponde a un informe de estas características, da cuenta de la situación que existe hoy, y en la medida en que se valore que esa situación amerita ser cambiada y puede ser cambiada, se podrá hacer. Hay limitaciones, claramente, y hay puntos de partida que condicionan necesariamente los escenarios de futuro. Habrá que transitar desde lo ideal hacia lo posible, eso es lo habitual cuando se trabaja con recursos que son finitos.
El diagnóstico habla de que todos los regímenes previsionales “presentan debilidades”. ¿Esto da la pauta de que, al menos en algún aspecto, todos los sistemas serán reformados?
Sí, correcto.
¿Y cómo podrían lograrse sistemas convergentes? Porque usted comentó que visualiza esto y no un sistema unificado posreforma.
Desde una perspectiva de inicio, podría decir que cada peso aportado al sistema les rinda lo mismo a todas las personas, algo que hoy no es así por muchas razones, y que seguramente no podrá ser modificado de una vez. La idea guía debería ser que los diferentes regímenes vayan orientándose hacia un criterio similar, que las condiciones de acceso sean parecidas, respetando las características de cada entidad y que también haya una convergencia en las condiciones de liquidación de los beneficios.
¿A dónde apunta la comparación –incluida en el diagnóstico– sobre que el gasto en primera infancia es notoriamente inferior al destinado a adultos mayores y que hay un mayor porcentaje de niños pobres?
Lo primero es tener conciencia de esa realidad, que la pobreza tiene cara de niño, utilizando una expresión de larga data. Las situaciones de pobreza en la infancia y la juventud en Uruguay son alarmantes, y esto implica un enorme problema para los jubilados también. Porque esos jóvenes pobres son los que van a tener que pagar las jubilaciones del régimen de reparto, por la transmisión entre generaciones. No tiene esto un correlato en normas a incluir en la reforma, pero sí claramente está condicionando la solidaridad y la justicia entre generaciones. Si no adoptamos medidas que cambien las tendencias, muy probablemente menos jóvenes y con menos preparación van a tener que hacer frente a un mayor gasto previsional para una población creciente. Creo que es un problema de la sociedad en su conjunto.
El diagnóstico menciona que “el país carece de un programa universal e integral de protección social que se adecue en forma flexible a las condiciones cada vez más cambiantes de la sociedad y el mundo del trabajo”. ¿A qué refiere esa flexibilidad?
A la construcción de un pilar cero potente, que asegure un ingreso mínimo para la vejez y reconozca al mismo tiempo el esfuerzo contributivo hecho en la época activa. Hoy en general toda persona que no logre aportar un mínimo de 30 años podría llegar a tener derecho [a una pasividad] a los 70 si llegó a 15 años de aporte, pero si tiene 14 eso ya no tiene impacto en su ingreso jubilatorio. 97% de las personas mayores hoy tienen un ingreso de la seguridad social, y esa es una fortaleza de nuestro sistema, pero se ve amenazada por las nuevas características del mercado de trabajo.
¿Cuál sería el cambio en el diseño respecto de lo que existe hoy?
Hoy buena parte del alto nivel de cobertura se ha logrado a través de procedimientos alternativos a la aportación, como el reconocimiento de años de trabajo de manera ficta o por prueba testimonial y sin aportes. El sistema logra muy buenos niveles de cobertura, pero no premia a quien en verdad hizo aportes y lo trata de la misma manera que quien no lo hizo. Todas las personas mayores deben tener derecho a un ingreso mínimo en la vejez, pero aquellos que aportaron efectivamente deben tener un reconocimiento por eso.
¿Identifican como un problema el peso en el mercado de AFAP que tiene República?
Claramente es un actor dominante por la cantidad de afiliados y el volumen de fondos administrados. Es un elemento importante a tomar en cuenta, pero son opciones que tomaron las personas, que han decidido mayoritariamente estar en la AFAP de propiedad estatal. No es más que un dato, que desde el punto de vista del funcionamiento del mercado puede tener aspectos favorables y no favorables.
El FA manifestó sobre el diagnóstico que no queda claro el rumbo que se pretende para la seguridad social y que no se explicitan los objetivos sociales de la reforma. ¿Qué responde?
El hecho de que no hubiera un voto conforme de la delegación del FA claramente es un posicionamiento de tipo político, comprensible en el juego democrático. La lectura del informe diagnóstico creo que lo que arroja es una gran preocupación por la justicia entre generaciones; no es una preocupación por que la caja cierre. Quien tenga la aspiración de que en la caja del Estado con una reforma previsional cierren los números se va a frustrar, porque nunca la reforma va a lograr que cierren los números fiscales del gobierno. Lo que sí debe tomar en cuenta, y eso es parte imprescindible de la valoración social, es el impacto generacional que tiene la trayectoria actual del gasto público. Si se trata de decir que hay una fuerte preocupación por el tamaño de la mochila que se está poniendo sobre los jóvenes en las próximas décadas, eso es correcto, está esa preocupación a lo largo del informe. Si se piensa que hay preocupación en achicar el déficit de la seguridad social, no hay una sola referencia en el informe.
¿En la reforma se tendrá en cuenta el enfoque de género buscando acciones de compensación para las mujeres?
Sí, vamos a trabajar en esa línea. Del diagnóstico surge claramente que hay deficiencias en el diseño actual para que la mujer tenga un posicionamiento que supere las limitaciones derivadas de lo que son trayectorias laborales entrecortadas y en general afectadas por la maternidad. Este tema claramente va a estar en la agenda a trabajar.