La criminalidad violenta y urbanizada provoca un impacto negativo en la actividad económica porque hace más difícil la inversión y afecta el mercado laboral, ya que hay grupos de la sociedad, radicados en las zonas periféricas de Montevideo, a los que se les hace más difícil trabajar a causa de una “mayor estigmatización”, explicó a la diaria el doctor en Economía Emiliano Tealde.
En ese sentido, el economista señaló que Uruguay tiene una “fuerte concentración del delito contra la propiedad” en la periferia, lo que genera un “problema económico”, ya que “está empezando a surgir una estigmatización sobre los residentes de una zona de la ciudad” por parte de la Policía y de la población en general.
Tealde, que es especialista en economía del crimen y doctor por la Universidad de Siena, remarcó que esta situación genera un problema en la “productividad de la economía”, ya que se va “dejando talento de lado”.
Esta “estigmatización” impacta además en la “igualdad de oportunidades y en la transferencia intergeneracional de oportunidades laborales y de resultados educativos”. “Si hay una familia viviendo en determinado lugar marcado por esta violencia, en la medida en que no pueden salir de ahí, [la desigualdad] se va reproduciendo y profundizando”, agregó.
El especialista consideró que Uruguay necesita una nueva agenda de seguridad, porque las políticas que se han llevado adelante en los últimos años definitivamente “no son las mejores” para combatir el delito al que estamos asistiendo.
Tealde está convencido de que la estrategia de mayor despliegue policial, más encarcelamiento y penas más duras no soluciona el problema, por lo que Uruguay necesita otro abordaje. Desde su visión, alguna de esas posibles soluciones estaría en un Instituto Nacional de Rehabilitación que administre el sistema carcelario, por fuera del Ministerio del Interior.
Además, advirtió que la criminalidad en Uruguay podría evolucionar hacia un enfrentamiento más directo contra el Estado o la sociedad civil, similar a lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, por lo que destacó la necesidad de replantear las preguntas y políticas para enfrentar adecuadamente los desafíos de la economía criminal en el país.
¿Cómo definiría la economía criminal y cuáles son sus principales componentes?
La economía criminal es el conjunto de actividades económicas ilegales que están al margen de las leyes de un país. En Uruguay tenemos dos grandes componentes de actividades ilícitas. Por un lado, todas las relacionadas a distintas formas de tráfico internacional, que puede involucrar drogas, armas, mercaderías e incluso personas. Y, por otro lado, están todas las actividades ilegales vinculadas a los delitos contra la propiedad privada, siendo los más frecuentes en Uruguay el hurto y la rapiña. Más allá del impacto que eso tiene sobre la población de manera directa, también existe un mercado de reventa.
¿Cómo describiría la situación actual de la economía criminal en Uruguay?
En los últimos 20 años, Uruguay tiene una clara tendencia al alza en denuncias de delitos contra la propiedad privada, tanto de hurtos como de rapiñas. Principalmente en Montevideo, lo que hemos visto en los últimos 15 años es que las rapiñas vienen creciendo en comparación con el delito no violento, los hurtos; eso es una diferencia de la capital con respecto al interior, ya que el delito contra la propiedad es más violento que en el resto del país.
A la vez, en los últimos diez años se ha concentrado el delito contra la propiedad privada en la zona periférica de Montevideo, en el oeste de la ciudad, a causa de una serie de cambios en las formas de seguridad que tienen que ver, por ejemplo, con la distribución de la Policía o con que haya más cámaras de seguridad.
Con respecto al componente de tráfico, Uruguay en el mercado internacional de drogas es un distribuidor relevante de cocaína, que llega por vía marítima, por carretera o por vía aérea y que sale por el puerto de Montevideo hacia Europa.
¿Cómo afecta toda esta situación al crecimiento económico y la estabilidad?
Cuando la criminalidad es violenta y está urbanizada, hay un impacto negativo en el crecimiento. Es evidencia que se ha encontrado en países como México, o en el sur de Italia también, por ejemplo. Esto provoca un deterioro en la actividad económica, porque es más difícil invertir, porque hay una serie de grupos de la sociedad a los que les es más difícil trabajar, mujeres, personas que tienen problemas o a las que les resulta más complejo moverse a sus trabajos. Entonces, todo ese tipo de actividad económica se va desincentivando por la presencia de criminales y de la violencia asociada a la criminalidad urbanizada.
Ahora, la relación entre el crimen organizado y la violencia no es muy lineal; o sea, puede ser que si el crimen organizado está concentrado en un grupo, haya menos violencia. En Latinoamérica tenemos lo que denominamos este trilema entre narcotráfico, corrupción y violencia: no podemos combatir las tres al mismo tiempo, entonces, si uno por ejemplo se decide a luchar contra el narcotráfico, aumenta el precio de la corrupción, pero no vamos a poder limitar el narcotráfico y la corrupción a la misma vez; o si uno tiene un mayor poder de control sobre los organismos estatales y logra disminuir la corrupción, eso va a derivar en que los grupos organizados aumenten el nivel de violencia.
¿Pero por cuál problema se debería empezar?
Creo que el aspecto más dañino de este trilema, que puede ocasionar una situación más trágica, es cuando empezamos a apretar y termina en violencia, porque siempre es sobre la población civil. Entonces, ese debería ser el resorte en el cual nunca deberíamos terminar, porque así fue como acabaron sociedades como la de Colombia en los 80 o incluso más recientemente México a partir del gobierno de Felipe Calderón en 2007, que desató toda esa guerra contra las drogas, intentando limitar el narcotráfico y la corrupción, y llegó a picos de violencia descomunales. No sé bien qué deberíamos afrontar primero, pero sé que no deberíamos hacerlo de una manera en que todo termine en una violencia contra la ciudadanía.
¿Qué tipo de delitos están generando más problemas en la economía del país?
Una de las características que tenemos en Uruguay es esta fuerte concentración del delito contra la propiedad en la periferia de Montevideo. Creo que esto nos lleva a un problema económico en el fondo, que es que está empezando a surgir una estigmatización sobre los residentes de una zona de la ciudad.
Recuerdo un informe de la Policía, publicado a fines del año pasado, en el que se mencionaba de manera explícita que los pobladores de la periferia muchas veces son víctimas, son extorsionados, pero que también pueden ser colaboradores del narcotráfico. Creo que dar ese primer paso ya en el enfoque de seguridad, en el que todo el que vive en un lugar es un potencial cómplice, es una estigmatización muy fuerte que no sólo tenemos en la fuerza de seguridad, sino que también la tenemos en la población. Y cuando eso pasa, uno puede pensar, y de hecho sucede, que esas personas que viven en esos lugares van a tener, por ejemplo, muchos más problemas al insertarse en el mercado laboral. Eso es un problema para quienes viven en esos lugares, pero también para la productividad de la economía, que va dejando talento de lado.
Tenemos un estudio en la Universidad Católica del Uruguay que logra demostrar que una persona con antecedentes criminales tiene un 44% menos de posibilidades de ser llamada para una entrevista laboral. Podría pasar, más allá de que todavía no tenemos evidencia, que una persona por vivir en determinado barrio que está asociado al microtráfico de drogas tenga menos posibilidades de acceder al mercado de trabajo. Y si así es, a la vez esa persona va a tener menos incentivos para terminar, por ejemplo, secundaria, porque si después no podés conseguir trabajo, ¿para qué vas a estudiar? Entonces ahí tenemos un doble impacto en la productividad de la economía y en la desigualdad que se va generando por esta violencia.
Emiliano Tealde.
Foto: Rodrigo Viera Amaral
Hay estudios en Latinoamérica que señalan que la exposición de ciertos sectores de la población a mercados laborales ilegales desde la infancia conduce a la formación de capital humano específico para actividades dedicadas a la economía criminal. ¿Cuál es el caso de Uruguay?
Esa evidencia se refiere a países como Colombia y Perú, específicamente a regiones rurales donde las plantaciones se dedican a la posterior producción de drogas. Entonces, no sabemos cuán extrapolables son esos resultados a Uruguay, que no es un productor, sino que es un distribuidor de drogas. Además, nuestro Estado de bienestar tiene una cobertura mucho mayor que la de esos países y en particular de esas zonas cocaleras.
Lo que sí tenemos es una violencia urbana muy localizada en la periferia, en el oeste, y lo que empezamos a ver son señales de estigmatización de la población y de las autoridades hacia los pobladores de esas zonas, que son en realidad los que cargan con los mayores costos de la violencia. Eso es una ironía, porque son los que tienen el mayor interés en terminar con esa violencia en esos lugares. No sólo tienen que cargar con el mayor costo, sino también con toda esta estigmatización, que después tiene sus consecuencias en el mercado laboral, y a la vez, como comentaba, que deriva hacia el mercado educativo.
Obviamente eso impacta en la igualdad de oportunidades y en la transferencia intergeneracional de oportunidades laborales y de resultados educativos. Si hay una familia viviendo en determinado lugar marcado por esta violencia, en la medida en que no pueden salir de ahí, la desigualdad se va reproduciendo y profundizando.
¿Cómo evalúa las políticas que se han impulsado desde el Estado en los últimos 20 años con respecto a esta violencia radicada en zonas periféricas?
Uruguay ha tenido en los últimos 15 años aproximadamente un enfoque muy marcado en el tipo de políticas que desempeña. Una pata radica en un mayor despliegue policial, que empezó en 2011 con una mayor incorporación de tecnología en la jefatura de la Policía en Montevideo, con el objetivo de lograr referenciar los crímenes. Fue el principal insumo para luego tener un despliegue más efectivo de las fuerzas policiales en el territorio, que en 2016 terminó en la implementación del PADO, que es un programa de zonas calientes. Donde hay más denuncias por crímenes se envía más a la Policía.
La otra gran política que ha tenido Uruguay en los últimos diez años es pasar a un encarcelamiento masivo. Cada vez hay una población carcelaria mayor, que está saturando nuestro sistema.
Ambas medidas están pensadas para combatir el crimen contra la propiedad, que es lo que hemos visto que está creciendo en los últimos 20 años. El hurto y la rapiña se pueden disuadir con presencia policial. Pero el mayor problema que tenemos hoy es el delito asociado al crimen organizado, a la disputa por el microtráfico de drogas y por el tráfico internacional de drogas. Ese tipo de delito no va a reaccionar al mayor despliegue policial y tampoco al encarcelamiento masivo.
Uruguay se ubica entre los primeros países con mayores tasas de encarcelamiento. Dado que tenemos una sobrepoblación carcelaria, y estos centros ya no son seguros para los reclusos, estamos generando un enorme incentivo para que las personas que están recluidas se organicen, lo que favorece al crimen organizado.
Las políticas de seguridad que Uruguay ha llevado en los últimos años definitivamente no son las mejores. Uruguay intenta solucionar problemas que no son los que tenemos. Deberíamos estar pensando en otras preguntas para plantear otras soluciones que atiendan nuestra problemática. Esta lógica de más despliegue policial, más encarcelamiento, penas más duras, para el tipo de delito que estamos enfrentando, no va a solucionarlo.
¿Cuáles son las tendencias futuras de la economía criminal en Uruguay?
Lo que va a suceder a largo plazo, más allá de que en algún año pueda haber una caída en la tasa de denuncias, es que va a seguir aumentando el delito contra la propiedad. Y con respecto a la criminalidad organizada, la duda que nos cabe es que nosotros al día de hoy tenemos un montón de bandas en Montevideo, que son de bajo poder de fuego, pero ¿qué capacidad van a tener de agruparse en algo mayor y empezar a coordinar actividades?
Si eso sucediera, tenemos peligros adicionales, más allá de la disputa local. Podríamos ver un enfrentamiento contra el Estado, que en Uruguay no ha sucedido hasta el momento, e incluso reprimendas contra la sociedad civil que pueden ser muy trágicas. Este tipo de situaciones no se han visto en Uruguay, pero pueden suceder. La criminalidad organizada en América Latina ha alcanzado niveles muy altos en países como México, Colombia, Brasil o El Salvador. Son países con un Estado de bienestar mucho menor, mucho más débil que el uruguayo.
Lo que estamos viendo en los últimos cinco o seis años es que países como Chile, Argentina y Uruguay empiezan a tener una presencia muy fuerte de microtráfico de drogas, que comienza a ser muy violento. Lo que pasa en la ciudad de Rosario, en Argentina, es un símbolo. Hay un atentado incluso contra el Estado. Entonces, no sabemos cómo va a evolucionar en estos países que tienen una mayor cobertura del Estado de bienestar, que también tienen mejores niveles de vida, mayores niveles educativos; cómo se van a ir moldeando estas nuevas formas de crimen organizado. Pero es muy probable que estas bandas se organicen y vayan a reclamar un mayor poder, sea a través de enfrentar al Estado o a la sociedad civil.
¿Cuál es el principal desafío de Uruguay?
El principal desafío de Uruguay es encontrar las preguntas adecuadas. El país ha estado buscando respuestas para el delito contra la propiedad y ha encontrado recetas clásicas. Más Policía, más penas y más gente en las cárceles. La incorporación de tecnología y la geolocalización del delito, que muchas veces se menciona como grandes salvadores, en realidad son sólo una forma que nos ayuda a desplegar de manera más eficiente los recursos policiales, pero no significan un cambio en sí mismo.
Para combatir el crimen organizado, Uruguay necesita otro abordaje, un abordaje que cuestione cómo se generan los incentivos para desarticular esa forma del crimen. Creo que algunas de esas soluciones van a estar en un Instituto Nacional de Rehabilitación que administre el sistema carcelario, por fuera del Ministerio del Interior.
Uruguay tiene que pensar también en la profundización de las políticas de legalización de los mercados de drogas. Tal vez lo que se hizo en 2013, con la regulación del mercado de marihuana, se quedó un poco corto. Y tenemos un enorme desafío que es la reinserción al mercado laboral de las personas que van a salir de la cárcel.
¿Entonces debería haber más políticas públicas en vez de más policías?
Más políticas públicas, formas de liberar a la persona que sale de la cárcel, ver exactamente qué se necesita en esos lugares en los que estamos mandando más policías. La Policía no puede enfrentar todos los problemas sociales que tenemos en Uruguay, ni siquiera es que haga mal su trabajo, simplemente es un instrumento sobreutilizado.
No nos puede solucionar el tráfico de drogas a gran escala. Uruguay es un distribuidor hacia Europa. No es realista pensar que lo vamos a solucionar cerrando bocas de pasta base. Uruguay necesita una nueva agenda de seguridad y no seguir profundizando en las medidas que ha utilizado en los últimos años.