El escándalo de Conexión Ganadera ha sacudido el sector agropecuario y financiero uruguayo, con miles de inversores afectados y una serie de cuestionamientos sobre el rol del Estado en la supervisión de este tipo de negocios.
Una institución que quedó bajo la lupa por una posible omisión es el Banco Central del Uruguay (BCU), sobre todo luego de que el actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, cuestionara que no haya actuado oportunamente en el polémico caso.
La respuesta de las antiguas autoridades bancarias fue que ni el control ni la supervisión de las empresas que ofrecen invertir en ganado está bajo la competencia del BCU, y dejaron planteado que esto sólo podría hacerse a futuro mediante un cambio en los mecanismos de regulación.
Sin embargo, el abogado Juan Diana puso en duda, en diálogo con la diaria, que la presentación de proyectos de ley que busquen incluir negocios similares bajo la supervisión del BCU vaya a dar algún resultado. “No tengo claro si esto prosperará, porque no necesariamente este tipo de negocios cumplen con la definición tradicional de intermediación financiera”, sostuvo.
Diana, especializado en regulación del sistema financiero, consideró que antes de buscar razones regulatorias hay que considerar que todo esto se podría haber evitado si el Estado hubiese cumplido su rol fiscalizador, ya que los elementos reunidos hasta el momento permiten asegurar que se “puede hablar de un esquema Ponzi de manual”, es decir, de una estafa piramidal para atraer inversores.
“El problema no es la falta de regulación, sino la falta de control. Hubo omisiones graves en el BCU, en la Secretaría Antilavado, en el Ministerio de Ganadería, en la Auditoría Interna de la Nación y en la Dirección General Impositiva. Ninguno de estos organismos detectó o actuó a tiempo”, opinó.
¿Cómo empezó todo?
Pablo Rosselli, magíster en Economía por la London School of Economics y socio de la consultora Exante, buscó las razones en el origen mismo de Conexión Ganadera y explicó que la firma nació en los años 90 como un mecanismo para canalizar ahorros de inversores hacia el sector agropecuario mediante contratos de capitalización, “pero en algún momento empezó a asumir el rol de productor agropecuario”.
“No tenemos información muy precisa sobre cómo operaban todos estos fondos, pero hay un conjunto de patrones comunes”, indicó Rosselli. El experto señaló que estos contratos consistían en acuerdos entre productores que poseían tierras, pero necesitaban capital para comprar ganado, y terceros inversores que contaban con recursos financieros, pero que no tenían experiencia en el sector.
“Históricamente, los contratos de capitalización eran comunes entre productores agropecuarios, pero la innovación de Conexión Ganadera fue involucrar a inversores externos”, sostuvo el economista. Sin embargo, con el tiempo, las condiciones del mercado cambiaron y los productores comenzaron a optar por créditos bancarios más accesibles.
“Esto es una conjetura, pero probablemente, en la medida en que había menos oportunidades para Conexión Ganadera de encontrar productores que estuvieran demandando fondos, en algún momento empezó a asumir el rol de productor agropecuario. A partir de ese momento, la empresa comenzó a operar en unas 75.000 a 90.000 hectáreas y a gestionar ganado de terceros con dinero de los inversores, lo que es un tamaño de explotación muy significativo”, observó.
Para Rosselli, el principal problema del modelo de Conexión Ganadera fue la falta de capital propio. “Era un negocio que operaba exclusivamente sobre tierras arrendadas y con todo el ganado financiado por inversores. No tenía margen para absorber pérdidas”, explicó.
Si bien el modelo funcionó en los primeros años gracias al auge de los commodities, los problemas surgieron cuando los precios del ganado dejaron de crecer. “Con altas rentabilidades prometidas y sin capital propio para absorber pérdidas, la empresa terminó financiándose con la entrada de nuevos inversores”, detalló el economista, y sugirió que el modelo evolucionó hacia un esquema insostenible.
“Un esquema Ponzi de manual”
El contador Ricardo Giovio, contratado en los primeros días de enero por Conexión Ganadera como “especialista en estrés financiero”, aseguró en una nota con la diaria, a fines de enero, que la empresa tenía problemas “de solvencia y no de liquidez” y que al final del día “se trató de un esquema Ponzi”.
Giovio se refería a una forma de estafa piramidal que atrae nuevas inversiones y paga utilidades con fondos de los inversores más recientes.
En coincidencia con esta observación, el abogado Diana, especializado en regulación financiera y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aseguró a la diaria que el caso de Conexión Ganadera se corresponde con “todos los elementos” de un esquema Ponzi.
“A esta altura del partido, si bien lo razonable es esperar la definición de la Justicia, [se puede afirmar que] se corresponde con todos los elementos. Es decir, una promesa de rentabilidad mucho más alta que el promedio, atada a un negocio esencialmente variable que produce un engaño haciéndoles creer a los inversores que la rentabilidad viene de un negocio real, de una capitalización de ganado o esquema similar, pero que en realidad termina pagando lo prometido con el dinero de los nuevos entrantes. Entonces, en ese sentido, creo que a esta altura tenemos elementos para hablar de un Ponzi de manual”, afirmó.
Pablo Carrasco en audiencia por Conexión Ganadera.
Foto: Ernesto Ryan
La discusión, según Diana, está en determinar desde cuándo fue un Ponzi: “Algunos dicen que desde su creación en 1999, otros argumentan que la transformación total ocurrió después de la pandemia o de la sequía del año pasado”.
“Aun cuando esto no empezara como un Ponzi o de que se mantuviera muchos años como un negocio real, la promesa de rentabilidad fija asegurada, que no existe en el mundo, en algún momento implica que se va a tener que sacar la plata de otro lado”, explicó.
Impacto económico
Consultado sobre las consecuencias del caso en materia económica, Rosselli indicó que, aunque las pérdidas son significativas para los ahorristas afectados, el impacto macroeconómico será “pequeño”.
“El sector ganadero en Uruguay tiene un valor de existencias de 6.500 millones de dólares y transacciones anuales por más de 5.000 millones. En ese contexto, las pérdidas de estos fondos, aunque elevadas en valor absoluto, no representan un impacto estructural para la economía”, afirmó.
El economista explicó que si bien los eventos de este tipo son “horrorosamente malos” para ahorristas e inversores afectados, ya que tienen consecuencias en el clima de negocios y en la confianza en general de los agentes, el impacto económico para el país es bajo.
“Pensemos que estas compañías probablemente operaban, entre todas ellas, unas 100.000 hectáreas. Uruguay tiene 16 millones de hectáreas. Estas compañías probablemente tenían unas 100.000 cabezas de ganado, mientras que en Uruguay tenemos un stock de más de 11 millones de cabezas. Estas compañías operaban en unas 100.000 hectáreas bajo dualidades de arrendamiento, y en Uruguay se celebran contratos de arrendamiento de tierras ganaderas cada año por unas 500.000 hectáreas. Entonces, en general, lo que deberíamos pensar es que no va a haber efectos macroeconómicos importantes”, remarcó.
Posible intermediación financiera y lavado de dinero
Si bien la investigación judicial recién comienza, Diana no descarta que en ciertos productos, especialmente los que no otorgaban la titularidad del ganado, se haya incurrido en intermediación financiera sin autorización.
“Yo no descarto que, en algunos productos, sobre todo en los que no tenía la titularidad del ganado, el famoso producto terneros, [...] al final del día también estuviera una intermediación financiera sin autorización”, remarcó.
El abogado fue más allá y señaló que la estructura del negocio también podría haber facilitado el lavado de activos. “Desde 2009 Conexión Ganadera estaba obligada a aplicar controles antilavado. Yo no tengo ningún registro de que haya sido inspeccionada alguna vez, y este tipo de negocios, por los montos [que maneja], se presta mucho para el lavado de dinero”, denunció Diana.
“No es más que otra actividad en la que personas administran bienes y dinero de sus clientes. Si yo no controlo, puedo estar ingresando dinero sucio, mal habido, y con la gestión que hago, en su cuenta y orden, lo que termino haciendo es blanqueándolo; le doy un origen de fondo. Lo que entró como dinero mal habido sale como una renta de una actividad lícita, que es la administración del ganado y la administración del dinero también”, explicó. Sin embargo, indicó que los riesgos no son tan distintos de los que enfrentan otras actividades.
¿Pudo haberse evitado?
El profesional destacó que, de haberse aplicado los controles adecuados, el fraude podría haber sido identificado mucho antes. “Si en 15 años se hubieran hecho inspecciones sistemáticas, esto saltaba, ya sea por balances irregulares, omisiones tributarias, ausencia de control sobre el ganado o falta de informes financieros. No es necesario crear nuevas leyes; es necesario hacer cumplir las existentes”, dijo. “La falla del Estado, básicamente, radica en no controlar lo que la ley le manda fiscalizar”, afirmó.
Con respecto al BCU, señaló que no emitió ningún comunicado puntual referido a este caso, lo que muestra una “posible falla de control” y una “omisión”; por ejemplo, en el caso de que se haya hecho intermediación financiera sin autorización debida. En cuanto al MGAP, dijo que tampoco se controló en estos años a las fincas ni se auditaron los registros de animales.
“Las sociedades comerciales, cuando pasan cierto umbral de ingreso, tienen que presentar balances anualmente a la Auditoría Interna de la Nación. Los balances que presentaban [...] no reflejan la realidad. Básicamente, esto es cualquier cosa y, si uno revisa los únicos dos balances que se hicieron, no están los estados contables, que son fundamentales para explicar los números contables que estoy presentando, para darle contexto”, remarcó.
El experto subrayó entonces problemas tanto en el BCU como en la Secretaría Antilavado, el MGAP, la DGI y la AIN. “Son cinco organismos que, en cuestión de 25 años, porque tampoco se trata de que actúen todos juntos, deberían haber controlado. Si lo hubieran hecho, esto por algún lado saltaba. Sea por lavado, por balances truchos, porque los ganados no existen, etcétera. Entonces, yo no sé si hay que hacer una regulación nueva”, remarcó. En su visión, la regulación existente es “suficiente” para detectar estos casos; en este sentido, consideró que “lo único que se podría regular son aspectos de la publicidad”.
“Si me decís que hay que crear nueva regulación, no, para mí no hay que crear nada. Lo que hay que hacer es controlar lo que hubo que fiscalizar durante estos años. Todos los organismos que te mencioné debieron hacer su tarea a tiempo. Con eso ya está. Este caso lo que está mostrando es una falla del Estado uruguayo a la hora de controlar y aplicar la regulación. Muestra, lamentablemente, una cultura de aprobar leyes y que queden en el papel. Si no se controla, el derecho no existe”, reflexionó.
“No hay urgencias regulatorias, sí la necesidad de aprender”
Por su parte, Rosselli remarcó que es “muy difícil” evitar episodios de este tipo, porque hay algunos actores que buscan tener más rentabilidad y subestiman algunos riesgos.
“Cuando ocurren fenómenos de esta escala, es razonable que la respuesta institucional del país incluya una reflexión sobre la necesidad de ajustar los marcos regulatorios [...] Dado todo lo que pasó, creo que es razonable ponerse a pensar si no es necesario ajustar el marco legal para que operaciones de este tipo sí queden comprendidas en el BCU”.
Respecto de la regulación, Rosselli consideró que es necesario analizar si el marco legal debe ajustarse para prevenir situaciones similares en el futuro. “El BCU advirtió que estas operaciones no estaban bajo su regulación, por lo que ahora es momento de reflexionar si estos esquemas deberían quedar comprendidos dentro de un marco más estricto”, complementó.
Rosselli sostuvo que no se requieren “medidas urgentes” del nuevo gobierno. “Se requiere tomarse el tiempo y ver en profundidad cuáles son los ajustes [necesarios]. Tampoco se trata de regular sin ton ni son. Cuando regulamos cosas también inhibimos la innovación y podemos afectar el desarrollo de los mercados; regulaciones excesivas, mal pensadas o consideradas apresuradamente pueden tener efectos negativos en el crecimiento económico”, agregó.
Por último, reiteró que la función del Estado es establecer buenas regulaciones y mecanismos de supervisión eficientes. “Debemos asegurarnos de que el mercado tenga las reglas necesarias para operar de forma segura, pero sin limitar su desarrollo”, concluyó el economista.