En un país con más de 188.000 normas aprobadas en los últimos 40 años, la sobrerregulación se ha convertido en una barrera silenciosa que limita inversiones, enlentece procesos y es causa de ineficiencias en todos los niveles, dijo a la diaria el coordinador de investigación de Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Martín Alesina.
Para enfrentar este “problema”, Ceres lanzó la iniciativa Uruguay Más Simple, una plataforma abierta que invita a ciudadanos y empresas a identificar regulaciones obsoletas, redundantes o innecesariamente complejas que afecten su actividad.
La propuesta apunta a reunir información desde abajo hacia arriba, es decir, que quienes lidian a diario con los obstáculos regulatorios –desde ciudadanos y emprendedores hasta grandes inversores– documenten aquellas trabas que dificultan el crecimiento. La idea es procesar esos datos y entregarlos como insumo a las autoridades para activar reformas concretas. “Es pasar de la queja a la acción”, subrayó Alesina, uno de los impulsores de la propuesta.
El trasfondo de esta iniciativa es económico y político. Con un nivel de inversión del 16% del PIB, Uruguay necesita llegar al 20% para sostener un crecimiento anual del 2% o mayor, según advirtió el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.
Para lograrlo, la mejora del clima de negocios es clave: un Estado más ágil, menos costoso y con reglas claras puede marcar la diferencia, consideró Alesina. La sobrecarga normativa no sólo ahuyenta capitales, también frena a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que son el motor real de la economía nacional.
Como referencia, Ceres toma el caso de Australia, que en la década de 1980 tenía un nivel de regulación similar al de Uruguay y logró transformarse mediante una política sostenida de desregulación, impulsada tanto por gobiernos de centroderecha como de centroizquierda. El modelo australiano es visto como un “faro” para llevar adelante una reforma gradual, sin “volantazos”, pensada al ritmo uruguayo, señaló Alesina.
¿En qué consiste?
Desde hace algunos años, Ceres viene detectando un patrón que se repite tanto en el ámbito empresarial como en la vida cotidiana de los uruguayos: el exceso de regulaciones. “Esto aparece como un denominador común en los análisis que hacemos, y los datos lo confirman”, explicó Alesina.
En ese sentido, citó el índice elaborado por el Instituto Fraser de Canadá, que posiciona a Uruguay con niveles de regulación similares a los de Europa, una región que ya ha sido diagnosticada como “ahogada” por la sobrerregulación.
Frente a esta situación, Ceres lanzó la iniciativa Uruguay Más Simple, una herramienta participativa para que empresas y ciudadanos puedan identificar regulaciones que consideren “innecesarias, obsoletas o excesivamente complejas”. Se trata de un formulario online que busca registrar normas que afectan la eficiencia de procesos, desalientan inversiones o crean trabas en la prestación de servicios.
“El formulario permite que cualquier persona describa qué norma –ley, decreto, ordenanza– está generando ineficiencia, cuál es su número o link, de qué sector se trata y qué está obstaculizando”, detalló Alesina. La idea es recopilar un volumen importante de aportes, analizarlos y transformarlos en insumos concretos para las autoridades, con el objetivo de promover cambios normativos que ayuden a construir un Estado más ágil y moderno.
Para que la propuesta sea efectiva, la clave está en la difusión y participación ciudadana, sostuvo. “No podemos conocer desde un escritorio todas las trabas que existen en cada sector. Quienes las sufren todos los días son los que tienen el conocimiento, por eso pedimos que esta herramienta se tome en serio”, subrayó. Y agregó: “Uruguay necesita pasar de la queja a la acción. Este formulario es una forma concreta de canalizar esas frustraciones cotidianas que todos compartimos, y transformarlas en propuestas que mejoren el funcionamiento del país”. Quienes deseen participar pueden ingresar al sitio web de la iniciativa.
La situación de Uruguay
Consultado sobre el nivel de regulación en Uruguay, Alesina sostuvo que el país presenta un “nivel elevado, similar al de Europa”. “Europa ha recibido informes contundentes al respecto. Uno de ellos, encabezado por el economista Mario Draghi –expresidente del Consejo de Ministros italiano que lideró el Banco Central Europeo– concluye que la sobrerregulación está asfixiando a Europa. La compara con Estados Unidos, donde los marcos son mucho más livianos, lo que facilita la actividad empresarial. Y Uruguay, en ese sentido, se asemeja más a Europa que al modelo americano”, explicó.
Un dato ilustrativo de esta situación es la cantidad de normas aprobadas en Uruguay desde el retorno a la democracia, afirmó el experto. Según él, en los últimos 40 años se han promulgado unas 188.000 normas, lo que equivale a unas 4.700 por año. “Nadie está diciendo que no hay que legislar, pero el volumen es excesivo. Y en la última década, además, [ese proceso] se aceleró. Comparado con otros países, el número es claramente elevado”, advirtió.
Frente a este escenario, el referente de Ceres propuso mirar hacia el modelo australiano como una guía posible. “Este modelo es un camino a la uruguaya. No estamos pensando en caminos como el de Argentina o en propuestas como han sonado en Estados Unidos. Queremos caminos sostenidos, con alternancia en el poder y ritmos a la uruguaya”, afirmó.
Martín Alesina.
Foto: Ernesto Ryan
Alesina consideró que Australia en los 80 tenía un nivel de regulación similar al de Uruguay, pero a partir de ese momento mantuvo políticas de desregulación promovidas por gobiernos de centroderecha y de centroizquierda.
“Eso tuvo efectos muy importantes y muy buenos a nivel de actividad económica. Australia es un ejemplo de que se hicieron reformas a largo plazo que se mantuvieron con diferentes gobiernos y que permitieron una eficiencia a nivel micro que derivó en mucho mejores resultados de actividad económica, de inversión y de eficiencia del Estado. Ese es el faro que tenemos. Hacer una reforma como la australiana, que se sostuvo más allá de los cambios de gobierno, y no busca pegar volantazos como los ejemplos cercanos que tenemos. Ese es el faro que estamos siguiendo”, remarcó.
Desafíos para el crecimiento
Alesina advirtió que la alta carga regulatoria actúa como un freno directo a la inversión y, por ende, al crecimiento económico, uno de los principales objetivos del actual gobierno. “Hoy Uruguay tiene un nivel de inversión del 16% o 17% del PIB, cuando debería aspirar a alcanzar el 20%, 21% o incluso el 22%. ¿Cómo se logra eso? Haciendo al país más atractivo para invertir”, explicó.
En ese sentido, apuntó que la sobrerregulación encarece costos, genera incertidumbre y desalienta oportunidades. “Cuando los marcos son excesivamente complejos, invertir en Uruguay se vuelve más caro. No es sólo una cuestión burocrática, sino una barrera real para quienes quieren apostar por el país”, sostuvo.
El economista señaló que una de las claves para revertir esta tendencia pasa por atacar directamente el exceso normativo. “Necesitamos un país más eficiente, más abierto a las oportunidades y menos costoso en términos operativos. Hoy nos estamos dando el lujo –en el peor sentido del término– de perder inversiones. Hay proyectos que llegan y terminan yéndose, y eso se debe muchas veces a lo engorroso del sistema. Incluso abrir una cuenta bancaria puede volverse una odisea para un inversor extranjero. No podemos permitirnos eso en el contexto actual”, advirtió.
Por eso, subrayó la importancia de iniciativas como Uruguay Más Simple, que buscan allanar el terreno para un clima de negocios más dinámico. “La inversión es el motor del crecimiento. Si no creamos condiciones para atraerla y retenerla, seguiremos perdiendo competitividad. Creemos que simplificar la regulación es parte de la llave para abrir esa puerta”, concluyó.
Sectores
Consultado sobre los sectores más afectados por la sobrecarga regulatoria, Alesina señaló que será clave esperar los resultados que arroje la iniciativa. Sin embargo, advirtió que algunos rubros han sido señalados reiteradamente como aquellos en los que tiene mayor impacto el exceso normativo.
“Según los análisis previos y estudios sobre inversión extranjera, hay sectores en los que las regulaciones han generado obstáculos recurrentes. Por ejemplo, los requisitos sanitarios del Ministerio de Salud Pública aparecen frecuentemente como un factor que enlentece proyectos. También las normativas ambientales y algunos procesos vinculados al Banco Central han sido identificados como trabas para el desarrollo de inversiones”, explicó.
Además, mencionó que regulaciones vinculadas al Ministerio de Economía y Finanzas y a las importaciones también han sido señaladas en múltiples oportunidades. “No se trata sólo de grandes inversiones. La sobrerregulación afecta tanto a las empresas más grandes como a las micro, pequeñas y medianas, que son el verdadero motor de la economía uruguaya. Cuando hablamos de eficiencia del Estado, se excede el nivel empresarial. Esto es para todos”, afirmó.
“Hay que saber bien cuál es la regulación que está afectando. Como es algo muy relevante y es muy recurrente en las personas, creemos que es muy fácil quejarnos, y es totalmente entendible, pero pedimos transformar esa queja en acción para poder tomar medidas y contar con un mejor país”, aseguró.
Apoyo del gobierno
Por otro lado, Alesina destacó que la propuesta de Uruguay Más Simple cuenta con respaldo del gobierno. “Está alineada con los intereses de las autoridades. Lo hemos conversado con ellos y sabemos que hay interés en esta iniciativa. El propio ministro de Economía ha señalado públicamente que uno de sus ejes de trabajo es la simplificación regulatoria, por lo tanto, creemos que esto será bien recibido y esperamos que pueda transformarse en un insumo relevante para futuras decisiones”.
El economista recordó que, el mismo día de su asunción, el ministro Gabriel Oddone mencionó que uno de los objetivos de su gestión sería precisamente la reducción de trabas normativas que limitan el potencial de inversión en el país. Consultado sobre si Ceres ha dialogado con el equipo económico, el experto respondió de forma afirmativa.
“Hemos conversado y se ha hablado de la pertinencia de que Ceres lleve adelante esta iniciativa, y de que esto pueda ser un insumo para toma de decisiones posteriores. Creemos que Ceres tiene un diferencial para llevarlo a cabo, porque lo hace desde un lugar totalmente independiente, desde querer colaborar hacia un Estado más eficiente y hacia una mejor calidad de las políticas públicas. Lo hace desde un lugar para aportar y no para buscar un beneficio propio”, agregó.
El primer informe de resultados de esta herramienta será presentado a comienzos de junio. Alesina hizo un llamado a la ciudadanía a completar el formulario de manera clara y responsable. “Es un tema en el que Uruguay se juega mucho, y mientras más personas participen, mayor será la calidad del diagnóstico. Necesitamos una base sólida para construir reformas que realmente simplifiquen la vida cotidiana y promuevan el desarrollo”, remarcó.
El 8 de abril, durante un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, Oddone dijo que sus prioridades son aumentar la inversión, mejorar la competitividad y fortalecer la matriz de protección social. Para mejorar la competitividad del país, señaló, se deben eliminar las redundancias regulatorias.
Asimismo, reiteró que “el corazón de la política económica es el crecimiento”. Explicó que para que la economía uruguaya crezca sostenidamente a un 2% anual se necesita una inversión equivalente al 20% del PIB. “En la actualidad, el país está cuatro puntos por debajo de ese objetivo, por lo que es necesario alcanzar niveles de inversión similares a los de 2012 y 2013”, subrayó. Para eso es necesario que la inversión pública alcance los 4.000 millones de dólares y la privada los 12.000 millones de dólares anuales.