El dato
Mientras que en 2024 los trabajadores del primer decil, que recoge al 10% de los trabajadores con salarios más bajos, percibieron ingresos laborales de hasta 8.400 pesos líquidos, el otro extremo de la distribución, es decir, el 10% de ingresos más altos, percibió cerca de 99.700 pesos. En otras palabras, los ingresos del llamado “top 10” fueron más de 12 veces los correspondientes a los de los trabajadores que se sitúan en el tramo inferior de la distribución. A su vez, el 30% de los trabajadores con los salarios más bajos ganaba el año pasado menos de 27.600 al mes por su trabajo.
El contexto
Durante el período de gobierno anterior, el salario real presentó un comportamiento en forma de U, lo que supone que se registró un deterioro de los ingresos durante la primera mitad del período y una recuperación compensatoria durante la segunda mitad. En efecto, al final del período, el poder de compra terminó levemente por encima del umbral alcanzado durante 2019.
Sin embargo, lo anterior refiere a la evolución del salario promedio y, por lo tanto, no refleja la heterogeneidad de las realidades que conviven por detrás. Es por esto que, de cara a la próxima ronda de negociación salarial, las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo para orientar las negociaciones en el ámbito privado estipulan un incremento mayor para los trabajadores de ingresos más bajos, que son los que quedan comprendidos en el primer nivel de segmentación propuesto (que va hasta los 38.951 pesos nominales). Para este grupo, en concreto, y asumiendo que la inflación converge hacia la meta del 4,5%, se espera un aumento del poder adquisitivo del entorno del 4,2% en el acumulado de los dos años que considera el convenio.
En el caso de la segunda franja, que es la que corresponde a los ingresos nominales que van desde los 38.951 a los 165.228 pesos, el incremento del poder de compra para el bienio se situaría levemente por encima del 2%. Finalmente, para la tercera franja, que recoge al resto de los trabajadores (es decir, aquellos cuyos ingresos nominales son superiores a los 165.228 pesos), el aumento empataría la inflación, lo que dejaría estable su poder de compra.
Es importante tener en cuenta que, más allá de lo anterior, este ámbito de negociación tripartita no incide necesariamente sobre los salarios del 21,6% de los trabajadores informales que no realizan aportes a la seguridad social.
A su vez, la evaluación que han realizado los distintos actores acerca de la adecuación de las pautas a la situación del país marca puntos de discrepancia relevantes. Por un lado, desde la central sindical se entiende que los aumentos previstos en las pautas son insuficientes y que no está asegurado el incremento real del salario en la última franja; por el otro, analistas y empresarios han manifestado “dudas” y preocupaciones sobre su potencial efecto en materia de empleo y competitividad, principalmente en lo que respecta a los trabajadores ubicados en el primer nivel definido por el gobierno (los de ingresos menores).
Las implicancias
Además de permitirles a los lectores identificar en qué parte de la distribución del ingreso salarial se encuentran, el gráfico de esta semana pone de forma explícita las importantes disparidades que existen entre los trabajadores. Naturalmente, la incidencia de la pobreza y la magnitud de las privaciones materiales están extendidas entre la primera parte de la distribución del ingreso y muestran que existe un maridaje entre el mundo del empleo y el de la pobreza, o, en otras palabras, que los ingresos derivados del mercado laboral no son suficientes para adquirir la canasta que pauta el umbral monetario definido para separar la condición de pobre de la de no pobre. En efecto, la remuneración de los primeros deciles no es suficiente para comprar los bienes y servicios que se consideran “básicos” para todos los miembros del hogar, especialmente cuando estos trabajadores constituyen la única fuente de ingreso familiar.
Obviamente, estas desigualdades no se reducen únicamente a la cantidad de dinero que las personas reciben por su trabajo, sino que se extienden hacia otras áreas clave. A modo de ejemplo, del procesamiento de los datos de la Encuesta Continua de Hogares surge que el 20% de las personas con salarios más deprimidos tienen diez años menos de educación que el promedio, en tanto que los que se ubican en el tramo opuesto de la distribución (20% de trabajadores con ingreso más altos) cuentan con 13 años más.
Esas diferencias entre niveles educativos y condiciones de vida entre los trabajadores constituyen una de las razones que explican las llamadas “trampas de pobreza”, un concepto que refiere a la baja probabilidad de que las personas pobres dejen de serlo debido a factores de carácter más estructural, como un menor nivel educativo y peores condiciones de vida asociadas con la pobreza, como el hacinamiento, el saneamiento, la menor disponibilidad de medios para calefaccionar la vivienda y la mayor probabilidad de desempeñarse laboralmente en el sector informal, entre tantas otras.
Archivo, mayo de 2024.
Foto: Ernesto Ryan
Naturalmente, estas privaciones también limitan las oportunidades de desarrollo de los niños nacidos en hogares en situación de pobreza, produciendo así una transmisión entre generaciones de esta situación. En ese sentido, las carencias que enfrentan los niños que nacen en los hogares pobres constituyen una limitante fundamental para su desarrollo a futuro en todas las dimensiones que hacen a su bienestar, que van más allá de las cuestiones estrictamente económicas.
¿Cómo se vincula todo esto con la productividad?
Otro desafío que pone de manifiesto este gráfico tiene que ver con las brechas de productividad que caracterizan a los diferentes segmentos de nuestra población. La visión más clásica de la economía argumenta que las brechas salariales dependen de la diferencia de productividad entre los trabajadores. En ese sentido, advierte que los incrementos salariales que van por encima de la productividad podrían generar una pérdida de puestos de trabajo, en la medida en que el costo de contratar trabajadores crezca por encima del rendimiento asociado a ese trabajador.
En este contexto, por tanto, se requieren políticas públicas destinadas a apuntalar los niveles de productividad, en particular en aquellos sectores que se caracterizan por tener los salarios más sumergidos. Esto incluye, entre otras cosas, iniciativas orientadas a la mejora de las habilidades y conocimientos de los trabajadores con bajos niveles educativos, una necesidad que se incrementa a raíz del vertiginoso cambio en la órbita de la tecnología.
En síntesis, las desigualdades salariales en nuestro país representan un desafío relevante y las pautas recientemente presentadas operan en el sentido de moderarlas, promoviendo mejoras más relevantes entre los sectores de menos ingresos. Sin embargo, es clave lograr mejorar los niveles de productividad, en particular en estos segmentos, para evitar que lo anterior pueda repercutir sobre el nivel de empleo. En ese sentido, y a efectos de lograr un mayor crecimiento que derrame con mayor intensidad y reduzca las inequidades, se requiere una agenda orientada a mejorar esa dimensión, un desafío que se torna cada vez más importante para un país que hace una década crece al 1,1% anual.
Joaquín Pascal, Centro de Estudios Etcétera.