El proyecto del Poder Ejecutivo de gravar los depósitos de residentes en el exterior no estuvo exento de polémica durante las últimas semanas. Sin embargo, a pesar de que desde filas opositoras surgieron advertencias de un supuesto “kirchnerismo tributario”, especialistas consultados por la diaria coincidieron en que la medida no pondrá en riesgo la seguridad jurídica del país.
El diputado y economista Bruno Giometti (Espacio 1001) y el contador Javier Metre, que está a cargo del Departamento Tributario y lidera las oficinas de CPA Ferrere en Bolivia y Paraguay, coincidieron, en diálogo con la diaria, en afirmar que esta propuesta no impactará negativamente en la imagen del país.
Giometti dijo que son falsas las acusaciones que califican peyorativamente la propuesta como un “kirchnerismo tributario”, en alusión a las medidas aplicadas por los gobiernos argentinos encabezados por Néstor Kirchner y Cristina Fernández. “Esto no es así: la enorme mayoría de los países, incluidos los de América Latina, cobran impuestos a las ganancias de capital de los depósitos y de las inversiones en el exterior”, comentó.
Por su parte, Metre, que adelantó que no está a favor de la medida, dijo que “no se puede hablar de inseguridad jurídica”, aunque advirtió que “no se trata de una iniciativa que atraiga más inversión o genere un mejor clima de negocios”.
La iniciativa
Hace algunas semanas, el gobierno anunció que, en el marco del Presupuesto quinquenal –que se presentará ante el Parlamento en los próximos días–, se estaba considerando la posibilidad de introducir modificaciones en lo que refiere a cómo se gravan los depósitos en el exterior de los residentes uruguayos.
Según informó el semanario Búsqueda, citando cifras oficiales obtenidas mediante un pedido de informes, este proyecto podría impactar sobre un capital estimado en 62.000 millones de dólares. Ese medio detalló, además, que el incremento de activos en el exterior fue notorio durante los últimos años, dado que, mientras que en 2019 ascendía a unos 27.171 millones, en 2023 trepó hasta alcanzar los 62.000 millones. Para tener como referencia, esta cifra era aproximadamente el equivalente al 79% del producto interno bruto (PIB) del país en ese momento.
“Hoy los cambios de valor de los activos en el exterior no están gravados. Esa es una decisión que se tomó en el pasado, y estamos evaluando si se modifica según los cambios en la rentabilidad”, adelantó en su momento el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. En ese sentido, la modificación se haría dentro de la órbita del impuesto a las rentas de las personas físicas (IRPF), con el objetivo de alcanzar las ganancias de capital que quedaron por fuera del alcance de la reforma tributaria del 2007.
La propuesta va en línea con la iniciativa impulsada por el fallecido exministro de Economía y exvicepresidente, Danilo Astori, quien en 2021 propuso gravar transitoriamente los depósitos en el exterior de residentes uruguayos con una alícuota del 2%.
El Ejecutivo analiza, además, algunas medidas complementarias, como establecer impuestos a las compras digitales en el exterior y la adaptación de la normativa local al nuevo impuesto mínimo global impulsado desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que afectaría a las multinacionales que operan en el país.
Luego de conocerse el anuncio del Ministerio de Economía, el diputado del Partido Nacional Diego Echeverría advirtió en la red social X que esta propuesta representa el “peligro de transitar el camino del kirchnerismo tributario”. “Estamos a tiempo de evitar un daño enorme, tanto económico como a la imagen del país. El kirchnerismo tributario no es el camino”, afirmó con contundencia desde su cuenta.
Dirección correcta
Por el contrario, Giometti señaló que la propuesta es una medida que va en la “dirección correcta” y constituye una “decisión importante”. “Lo que hace es corregir algo que estaba mal en el sistema tributario vigente, que es que algunas ganancias y formas de rentabilidad de los capitales en el exterior estén gravadas y otras no. Eso genera situaciones de inequidad en el propio sistema tributario”, reflexionó.
A su vez, el economista explicó que la propuesta busca solucionar algunas faltas dentro del sistema tributario, para que las distintas formas de rentabilidad de los capitales que están en el exterior tributen “adecuadamente” y no se generen “diferencias”. “Es una medida que corrige una discriminación, entre comillas, que tienen en su contra los depósitos y las inversiones en el mercado local”, observó.
Desde el punto de vista de la “justicia tributaria” también representa una medida “positiva”, advirtió, teniendo en cuenta que los sectores que tienen depósitos en el exterior son los “de mayores ingresos y de mayor riqueza”. En ese sentido, “esto también contribuye a la lógica planteada en el programa del Frente Amplio, que exige que pague más el que tiene más. Esta fue la máxima en los gobiernos anteriores de la izquierda y es algo que nosotros compartimos plenamente”, añadió.
Asimismo, el diputado estimó que esta propuesta podría tener efectos “positivos” en la repatriación de capitales, ya que quienes tienen fondos invertidos en el exterior “pueden decidir retornarlos al país para que se valoricen dentro del circuito económico nacional”.
Desde el punto de vista de la recaudación, el diputado sostuvo que esta propuesta podría generar recursos estimados entre los 100 y los 130 millones de dólares anuales. Remarcó, además, que dependerá de qué parte de los depósitos y de las inversiones financieras en el exterior pasarán a tributar. “Es una cifra bastante inferior a la que se estima recaudar en distintos artículos académicos cuando se aborda el gravamen sobre el 1% más rico, que sería del entorno de los 800 millones de dólares”, es decir, del 1% del PIB.
El legislador consideró que el gravamen a la rentabilidad de los depósitos en el exterior “no es sustantivo”, sino que es “complementario” a una discusión tributaria orientada a corregir los “errores de diseño”, a los efectos de obtener los recursos necesarios para atender “las prioridades políticas”, como la pobreza infantil.
Archivo, agosto de 2025.
Foto: Rodrigo Viera Amaral
“Seguramente, esa cifra de 800 millones de dólares, que se dice que se podría recaudar con un gravamen adicional al 1% más rico, sería una respuesta contundente ante los niveles de pobreza infantil que tenemos en nuestro país. Esa es una discusión que para nosotros continúa y que es complementaria con estas otras medidas tributarias que se están anunciando”, agregó.
Por otra parte, el contador Gustavo Viñales, máster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, se pronunció días atrás en favor de “introducir cambios normativos en el sistema tributario que permitan abandonar de forma definitiva el principio territorial [...] para adoptar el principio de renta mundial”.
El experto respondió a una información publicada en la diaria e indicó que a partir de 2011 se “perforó parcialmente” el aspecto territorial del IRPF al alcanzarse las rentas en el exterior originadas, principalmente, en los intereses de cuentas bancarias y en los dividendos o resultados de acciones o participaciones de capital.
Sin embargo, aseveró que esta situación cambió parcialmente en 2018, ya que quedó “por fuera del ámbito del IRPF de categoría de los fondos de inversión del exterior, que es la modalidad de inversión en el exterior más importante en la actualidad”.
“La posibilidad de invertir en el exterior no es lo que está en juego, pero sí debemos cambiar la orientación de los estímulos tributarios que provocan que hoy seamos un país que aumenta sostenidamente sus colocaciones financieras en el exterior, en perjuicio de las inversiones locales que, en grandes líneas, no vinculan el ahorro nacional con la inversión productiva local”, añadió en una columna publicada en la edición pasada de este suplemento.1
El experto puso como ejemplo que en el mundo se avanza en propuestas de este tipo, lo que obliga a Uruguay a adaptarse a los nuevos tiempos. “El principio de la fuente territorial de la renta para las personas físicas prácticamente no se aplica en el mundo, donde la mayoría de las jurisdicciones aplican el principio de renta mundial”, subrayó.
Asimismo, señaló que la propuesta se basa en “criterios de equidad” y remarcó que es un “tema imprescindible” para el mejor desarrollo productivo del país. “No hay posibilidades de desarrollo productivo sustentable si no logramos mejorar la calidad y la cantidad de los ahorros que realiza un porcentaje importante de nuestra población”, sentenció.
Visiones contrapuestas
Con una mirada contraria, Metre afirmó que la propuesta de gravar la rentabilidad de los depósitos en el exterior “no parece lo mejor” a la luz de lo que se estima, según datos oficiales, de cuánto podría llegar a recaudarse.
“La recaudación se encuentra entre los 70 y los 100 millones de dólares”, indicó. “No parece tener demasiado sentido hacer un cambio que genere esos montos. Aunque, por supuesto, toda recaudación siempre es bienvenida, hacer un cambio tributario de un país por un monto de ese tipo no parece ser lo más atinado”, agregó.
El experto opinó que, en un principio, no parecería ser un instrumento importante para financiar políticas sociales. No obstante, sí podría tener “efectos colaterales”, como incentivar la no declaratoria o la producción de una “corrida de depósitos” por medio de agentes, bancos y corredores locales para evitar el gravamen.
Impuesto mínimo complementario nacional calificado
Con respecto a la propuesta asociada al impulso de un impuesto mínimo global, Metre sostuvo que el gobierno va por “buen camino”, ya que, en “cualquier caso”, Uruguay tiene que aplicarlo para no perder recaudación. “Hay que ver cómo se termina implementando; hay ciertas reglas que hay que tener cuidado en cómo se aplican, pero en cualquier caso creo que van por el camino correcto”, sentenció. Lo “más difícil” de esta iniciativa es que el gobierno tiene que prestar atención a cómo Uruguay se posiciona para no perder inversiones en los próximos años, puntualizó.
Por su parte, Giometti sostuvo que este impuesto podría significar una recaudación estimada de unos 350 millones de dólares por año. “Esta propuesta no implicaría un aumento de la carga tributaria que ya tienen las empresas, porque en realidad ya están pagando ese impuesto mínimo en otros países. Entonces, claramente, compartimos esta iniciativa de que se establezcan los mecanismos jurídicos para que estas empresas puedan tributar a las arcas públicas de Uruguay, ya que se generaría una recaudación que permitiría desplegar más políticas sociales”, indicó.
Otras medidas
Consultado sobre la posibilidad de impulsar nuevas medidas, Metre propuso acciones para pequeñas empresas, al tratarse de “aquellos emprendedores que enfrentan una carga muy alta para integrarse al sistema tributario”. “Se quedan al margen del sistema tributario, y al final eso también implica menos recaudación. Si bien se han hecho mejoras, siempre se puede continuar en una gradualidad para incorporar a los nuevos contribuyentes en sus etapas de emprendedurismo y crecimiento, hasta que tengan la espalda suficiente para soportar una presión tributaria un poco mayor”, afirmó.
Con respecto a los cambios en la promoción de inversiones, el especialista señaló que en caso de que se mantenga el sistema, “el ajuste de algunos elementos también puede ser deseable, siempre atendiendo a que es uno de los componentes más relevantes para captar inversiones”. “Más allá de la evaluación de indicadores, puede ser un buen momento para incorporar inversiones no tradicionales en bienes intangibles, como software o tecnología”, añadió.
Por su parte, Giometti sostuvo que se debe impulsar una discusión sobre la base del programa del Frente Amplio para avanzar en la transformación del sistema tributario y lograr que pague más el que tiene más. “Esto será posible estudiando las formas de los grandes patrimonios, los depósitos en el exterior y los dividendos y utilidades de gran porte, para que tributen acorde a sus posibilidades y se pueda obtener los recursos necesarios para desplegar las políticas que fueron comprometidas en el programa del Frente Amplio durante todo el quinquenio”, expresó.
El legislador descartó cualquier efecto negativo, siempre y cuando se discuta de manera seria, para lograr que los efectos de cualquiera de estas medidas tengan mayores beneficios que costos. “Hay que dejar abierta la posibilidad de discutir, por ejemplo, eventuales modificaciones en el impuesto al patrimonio en los sectores del 1% más rico y seguir discutiendo el tema de los depósitos y las inversiones en el exterior, más allá de lo que se plantee en esta ley de presupuesto vinculado”, concluyó.