En 2024 la inversión canalizada a través del régimen de promoción de inversiones1 representó el 15% de la inversión en activos físicos (fábricas, maquinaria y tecnología) realizada a nivel nacional, retornando así a niveles similares a los de 2019. Sin embargo, en términos del número de proyectos beneficiados en el plazo de un año, se alcanzó un récord histórico el año pasado (1.517).
Un poco de contexto
La Ley de Promoción de Inversiones de 1998 declaró de interés nacional la promoción y protección de inversiones en el territorio nacional. No obstante, fue recién con su reglamentación en 2007 –y los sucesivos ajustes que se introdujeron en 2012, 2018 y años siguientes– que se estableció el esquema de exoneraciones tributarias atadas al cumplimiento de objetivos explícitos, como la generación de empleo, las exportaciones, la incorporación y actualización tecnológica, la descentralización, la innovación, la investigación y el desarrollo.
La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas anunció una reforma de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), junto con la creación de la “Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión”, que unificará la Dirección Nacional de Zonas Francas con la Comap. Esto pretende agilizar los procesos de evaluación de los proyectos, mejorar su monitoreo y expandir el alcance de los incentivos fiscales a la inversión de forma de beneficiar más a las empresas de menor tamaño.
¿Cuál ha sido el desempeño del régimen de promoción de inversiones?
Entre 2008 y 2013, el régimen de inversión promovida representó más del 15% de la inversión en activos físicos realizada en el país, que durante ese período se sostuvo en niveles cercanos al 20% del PIB, contribuyendo así a apuntalar el crecimiento económico de nuestro país.
Sin embargo, a partir de esa fecha, tanto el número de proyectos como los montos asociados revirtieron esa tendencia y comenzaron a perder pie, hasta alcanzar un mínimo en 2020 en el marco de la irrupción de la pandemia.
Desde entonces, tanto el número de proyectos como los recursos resignados por parte del Estado han venido creciendo nuevamente. No obstante, mientras que el número de proyectos promovidos superó los 1.000 en 2023 y 2024, los montos siguen por debajo de los niveles observados en el período comprendido entre 2008 y 2013.
Según el ministro de Economía, Gabriel Oddone, entre enero y abril de este año se presentaron 7.000 planes de inversión ante la Comap, el organismo encargado de analizarlos para posteriormente recomendar al Poder Ejecutivo cuáles impulsar.
La inversión como motor del crecimiento
Como fue enfatizado en múltiples oportunidades, el principal desafío de cara al próximo quinquenio es apuntalar la tasa de crecimiento, dado que en la última década la tasa anual de expansión no superó el 1,2% en promedio. En ese sentido, el nuevo presupuesto que comenzó a discutirse asume un crecimiento anual promedio de 2,4% durante los próximos cinco años, lo que implica duplicar la tasa observada entre 2015 y 2024.
Este es el requisito, en la visión del equipo económico actual, para generar los recursos que son necesarios para sostener y fortalecer el Estado de bienestar, es decir, para impulsar acciones en la órbita de la salud, la educación, la seguridad social y otras áreas clave. Esta aspiración descansa, a su vez, sobre la capacidad de incrementar los niveles de inversión, que en 2024 se ubicaron en torno al 16% del PIB.
Como se desprende de la exposición de motivos presentada el domingo, una de las causas centrales detrás del bajo crecimiento uruguayo está asociada a los insuficientes niveles de inversión. Por eso, “con el objetivo de mejorar el clima requerido y de estimular las inversiones, se incluyen en el proyecto de presupuesto iniciativas dirigidas a potenciar y desarrollar herramientas para la promoción de inversiones, revisar regulaciones públicas y desalentar prácticas comerciales que afectan la competitividad de la economía y dan lugar a niveles de precios comparativamente elevados”.
Entre este conjunto de medidas destacan la transformación de la Dirección Nacional de Zonas Francas en la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión en el Ministerio de Economía y Finanzas, el fortalecimiento del esquema de promoción de inversiones con foco en las micro, pequeñas y medianas empresas, la eliminación de tasas y la reducción de impuestos a las exportaciones, así como la promoción de iniciativas orientadas a simplificar y desburocratizar la relación entre el Estado y los ciudadanos.
Con esto, se busca incrementar el nivel de inversión en al menos cuatro puntos, de forma de llevarlo al entorno del 20%, umbral que se observó entre 2010 y 2015. En efecto, la adquisición y actualización de tecnología, así como la apertura de plantas productivas y el desarrollo de infraestructura, incrementan la producción e impulsan el empleo, incrementando por esa vía la demanda y generando un efecto multiplicador que viabiliza nuevas inversiones, alimentando un círculo virtuoso en materia de actividad económica (con todos los derrames que eso supone).
No obstante, para acelerar la tasa de crecimiento, la mayor inversión en infraestructura y capital físico no es suficiente por sí sola. En este sentido, lograr expandir las capacidades productivas del país también demanda desplegar iniciativas en materia de educación y formación profesional, dado que la mejora de la calidad del capital humano es el otro aspecto fundamental para alcanzar ese objetivo y promover mayores niveles de productividad (entendida como la combinación de los dos factores de producción, es decir, capital y trabajo). Como indica la literatura, la productividad es el único camino para sostener mejoras en materia de crecimiento y bienestar a mediano y largo plazo.
Joaquín Pascal, Centro de estudios Etcétera.
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Ley 16.906. ↩