El gobierno tiene el foco puesto en el desarrollo del país y para eso apuesta por la “especialización inteligente”, una estrategia que busca que cada región dirija sus esfuerzos de innovación e inversión hacia las áreas en las que cuenta con mayor potencial comparativo. Para lograrlo, está previsto el lanzamiento de un programa de fomento a la competitividad territorial que logre un “gran acuerdo” entre gobiernos subnacionales, academia y empresas, a los efectos de construir una “hoja de ruta de especialización inteligente”.
“El desafío es generar un cambio estructural y una diversificación productiva que haga foco en algunos sectores de producción que son priorizados de acuerdo con regiones geográficas”, explicó a la diaria el presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego.
De esta manera se busca trascender los límites departamentales e “identificar la caracterización productiva que tienen las distintas zonas del país [...] para operativizar un conjunto de políticas públicas de desarrollo productivo y cambio estructural”, explicó Dorrego, que es doctor en Gestión, Finanzas y Contabilidad por la Universidad Carlo Cattaneo – LIUC en Varese, Italia, además de magíster en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Londres. El foco está en apostar por una modificación del modelo productivo, y se intenta impulsar la innovación y aprovechar que “el país tiene las condiciones estructurales y la voluntad política” para hacerlo, añadió.
Para lograrlo, la ANDE pretende trabajar de forma estrecha con Uruguay Innova, que apunta a superar las debilidades estructurales de la productividad en el país. “El presidente de la República ha dado señales claras de que esta es una alternativa y un camino a seguir, con el fin de sortear algunos problemas que, a estas alturas, ya son estructurales del país, como la mermada productividad de las empresas en Uruguay”, remarcó.
En ese sentido, uno de los principales objetivos del gobierno es “mover la aguja en materia de productividad empresarial”, indicó. “Tenemos que lograr que cada una de las empresas sea más productiva, sobre todo en lo laboral, y eso requiere no solamente recursos tecnológicos o infraestructura, sino capacidades empresariales, y entendemos que ahí podemos hacer un buen aporte”, explicó.
La ANDE cumple diez años en 2025. ¿Cuál es el cambio de enfoque que plantea su administración?
Quienes estudian los temas de desarrollo económico entienden que en la actualidad debemos responder a dos grandes fenómenos. Por un lado, en materia de política industrial, hay cierto consenso en que un proceso de políticas pensadas en un Estado centralizador ya es un modelo anticuado y que hoy eso debe dar paso a una construcción de política pública más bottom-up (un enfoque que desafía la noción convencional de que las políticas deben concebirse y aplicarse de manera jerárquica), conformada desde los territorios donde el Estado tiene un rol importante en la orientación de esas políticas, pero que claramente deben ser negociadas y acordadas con un conjunto de otros actores.
En ese sentido, Uruguay cuenta actualmente con un entramado empresarial que sin duda hay que seguir fomentando y fortaleciendo, pero cuenta también con buenas capacidades científico-tecnológicas. El despliegue territorial que ha tenido la Universidad de la República y la creación de la UTEC [Universidad Tecnológica] hacen que hoy en el interior del país tengamos capacidades que hace diez años no teníamos.
Por otro lado, quienes estudian la innovación entienden que hoy debemos pensarla como un proceso sistémico, para lo cual es necesario no solamente aumentar la intensidad de los vínculos entre los distintos actores, sino fomentar la confianza; en este caso, la institucionalidad pública es importante.
¿Cómo explicaría esta nueva estrategia?
Se trata de una estrategia que en la literatura se conoce como de especialización inteligente, una corriente impulsada por Dominique Foray que ha tenido buenas experiencias de implementación en la Unión Europea.
A nosotros, y en el marco del contexto uruguayo actual, nos gusta hablar de diversificación inteligente. Esta estrategia supone identificar la caracterización productiva que tienen las distintas zonas del país, en un proceso de regionalización que siempre es algo artificial en Uruguay, dado que no tenemos institucionalidad de carácter regional que nos permita operativizar un conjunto de políticas públicas de desarrollo productivo y cambio estructural.
¿Qué rol cumple el Estado en este proceso?
Esto tiene que venir acompañado por un Estado orientador, con un enfoque de triple hélice (modelo de innovación y desarrollo que engloba a la academia, el sector privado y el gobierno), y, además, por una mirada que priorice aquellos sectores de producción estratégica o cadenas de valor que traccionen la economía del país.
Por eso, la ANDE para este período pone en marcha una estrategia de diversificación productiva que hace foco no solamente en regiones de nuestro país, sino además en algunas cadenas de valor que son importantes, particularmente en seis, que hemos identificado en un proceso de definiciones estratégicas internas.
¿Cuáles son esas cadenas?
La agroindustria inteligente, las industrias creativas, la logística, las ciencias de la vida, el turismo, las tecnologías de la información y los servicios intensivos en conocimiento.
Estas cadenas de valor están muy alineadas, además, con la orientación que el presidente de la República, Yamandú Orsi, le ha dado a Uruguay Innova, este programa que opera en la órbita de Presidencia y que tiene un fuerte foco en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.
Hay instrumentos concretos que van a intentar impactar sobre la vida y el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, pero también de personas y colectivos que están emprendiendo. Con esta doble intención, el desafío es generar un cambio estructural y una diversificación productiva que haga foco en algunos sectores de producción que son priorizados de acuerdo con regiones geográficas.
¿Considera que es el momento apropiado para impulsar este cambio de modelo?
Sí, efectivamente. Uruguay tiene otras experiencias que han intentado esto antes, que con mayor o menor éxito han contribuido a que esto sea un proceso continuo. Entendemos que hoy tenemos las condiciones estructurales y la voluntad política para ponernos a trabajar en esa dirección.
¿Cómo se impulsará esta nueva estrategia?
Vamos a poner en marcha un programa de fomento a la competitividad territorial, que logre un gran acuerdo para que tanto gobiernos subnacionales, departamentales y municipales como la academia especializada en esos territorios y también las empresas, sobre todo agrupadas en las gremiales, puedan establecer un pacto que construya una hoja de ruta de especialización inteligente. Sobre eso, vamos a desplegar instrumentos como bienes públicos sectoriales.
Juan Ignacio Dorrego.
Vamos a lanzar próximamente un programa de bienes públicos digitales y otro de desarrollo de proveedores, para construir y reconstruir algunos eslabones de cadenas productivas que necesitan ser fortalecidas. También pondremos en marcha un programa de redes empresariales que de alguna forma fomente la asociatividad empresarial, en el entendido de que el empresario, sobre todo en nuestro país, adolece de soledad, a diferencia de quienes emprenden, que tienen un ecosistema mucho más desarrollado.
Además, impulsaremos un programa de vinculación y valorización tecnológica que vamos a llevar adelante junto con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación [ANII]. Con esto básicamente se busca identificar tecnologías, tanto en universidades como en polos científico-tecnológicos, para traducirlas en emprendimientos de base científico-tecnológica o en mecanismos de transferencia tecnológica al sector privado, e incluso poder trabajar junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto –con la que vamos a estar de alguna forma dialogando y construyendo todo este programa de fomento a la competitividad territorial– en reorientar, dirigir o acompañar con esta especialización incluso los fondos de desarrollo del interior destinados a la producción.
¿Qué papel considera que el gobierno asigna a la innovación dentro del modelo de desarrollo y crecimiento económico de Uruguay? ¿Qué rol tiene la ANDE en esa visión?
Creo que el presidente de la República ha dado señales claras de que esta es una alternativa y un camino a seguir con el fin de sortear algunos problemas que a estas alturas ya son estructurales para el país, como es la mermada productividad que caracteriza a las empresas.
Cuando miramos algunos resultados de un estudio reciente que impulsamos desde la ANDE, identificamos que la empresa tipo, en Uruguay, avanzó en materia de productividad laboral por debajo del 1%; entendemos que allí hay desafíos importantes. Pero, además, parte de esos resultados determinan que la brecha entre las empresas grandes y el resto de las empresas en aquellos segmentos menos productivos no es tan relevante, como sí lo es en los sectores más productivos del empresariado, en los que hay una brecha mayúscula entre emprendimientos grandes, medianos y pequeños. Por eso es importante poner foco en estos sistemas de producción, en las micro, pequeñas y medianas empresas, que en Uruguay son nada más ni nada menos que el 99,6% de las empresas y, además, generan dos de cada tres puestos de trabajo.
¿La apuesta central es apostar por la innovación y el desarrollo?
La importancia de apostar por la innovación y el desarrollo tiene que ver con que los datos muestran que las empresas, una vez que logran trascender esa frontera de la productividad y alojarse en segmentos de productividad laboral alta, suelen quedarse en ese lugar. Por ende, vale la pena apostar por la inversión pública y la promoción de la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación, porque las empresas que logran dar el salto se quedan allí.
Eso, además, ha tenido un reflejo en el proyecto de ley de presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas presentó al Parlamento y que en este momento se está discutiendo para determinar justamente cuál será la asignación de recursos que se destinen a estas áreas. En ese marco, la ANDE tiene la responsabilidad de que esto impacte en algunos sistemas de producción, como las micro, pequeñas y medianas empresas, así como en personas y colectivos que emprendan, pero además, de que se genere un reflejo territorial.
¿Cómo va a integrar la ANDE la dimensión social en su estrategia de desarrollo?
Nosotros hemos incorporado la sostenibilidad como el eje transversal de nuestra estrategia. Eso tiene un reflejo en cada uno de los instrumentos e iniciativas que la agencia realiza. En materia ambiental, hace algunas semanas presentamos un programa de oportunidades circulares que pone a disposición cuatro líneas de trabajo. Hemos logrado, después de mucho esfuerzo, la articulación para reunir recursos económicos y técnicos en favor de la producción sustentable entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Fondo de Innovación Sectorial, el LATU y la propia agencia.
Además de velar por la rigurosidad técnica con que cada uno de nuestros instrumentos incorpore esta dimensión ambiental, también tiene que ser así en la dimensión social y en la económica. Pero eso debe tener necesariamente un reflejo dentro de la agencia; tenemos que posicionarnos como una agencia emblema en sostenibilidad, lo que demanda revisar procedimientos internos, compras, desarrollo de proveedores propios, prácticas institucionales que de alguna forma completan esta visión en un pilar que para nosotros es transversal.
Si tuviera que definir un objetivo económico clave para los próximos cinco años de la agencia, ¿cuál sería?
Hemos definido nuestros objetivos en tres niveles. Cuando miramos como comunidad de análisis la empresa, creemos que al término de este período debemos haber movido la aguja en materia de productividad empresarial. Tenemos que lograr que cada una de las empresas sea más productiva, sobre todo laboralmente, y eso requiere no solamente recursos tecnológicos o infraestructura, sino capacidades empresariales, y entendemos que ahí podemos hacer un buen aporte.
Pero, además, cuando el foco se extiende, sabemos que esa empresa en la que queremos impactar en materia de productividad trabaja junto con otras y también junto con instituciones públicas, grupos de la sociedad civil e instituciones educativas, en lo que podríamos enmarcar como un territorio. Allí radica nuestro segundo gran objetivo, que es afectar la competitividad territorial.
Por último, todo lo anterior forma parte de una invitación al tercer gran objetivo, que es acelerar la transición hacia modelos de producción sostenible. Sobre eso también queremos tener un impacto.
¿Han analizado impulsar algún programa referido a la aplicación de la inteligencia artificial (IA) para aumentar la productividad?
Sí. Puntualmente, en algunas semanas vamos a estar lanzando un programa de bienes públicos digitales. Vamos a abrir una convocatoria a bienes públicos digitales que tengan una gobernanza, queremos que no solamente beneficien a una empresa, sino a un conjunto de empresas agrupadas en alguna gremialidad, en algún sector o cadena de valor, pero que tengan la validación territorial de gobiernos subnacionales y la validación técnica de centros generadores de conocimiento.
Estos bienes públicos digitales van a estar fuertemente impulsados por el desarrollo de la IA. Pero, además, tenemos un programa de digitalización de micro, pequeñas y medianas empresas que desarrolla o implementa alguna de las ofertas en materia de inteligencia artificial. Por último, nosotros, en el marco de Uruguay Innova y con el apoyo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, que es el organismo que lidera la estrategia nacional de IA, vamos a llevar adelante, de forma sistémica, un programa de aplicación de IA a sectores productivos de micro, pequeñas y medianas empresas.