Parte I: una historia con roles cambiados
A lo largo del año pasado el movimiento sindical logró instalar con fuerza el debate tributario, y lo hizo con objetivos claros: recaudar más y gravar con mayor intensidad el capital, en particular el capital concentrado y transnacional.
En ese marco, el PIT-CNT recogió y potenció una propuesta que venía siendo trabajada en ámbitos académicos y técnicos, y la transformó rápidamente en una plataforma política con fuerte capacidad de movilización: avanzar hacia un impuesto mínimo efectivo del 15% aplicado a las grandes empresas, en particular a aquellas que operan a escala transnacional. La recaudación adicional generada, se aclaró desde el inicio, debería ser destinada a la erradicación de la pobreza infantil.
Esta propuesta se inscribe en un contexto internacional marcado por décadas de competencia fiscal para atraer inversiones, que terminó debilitando la capacidad recaudatoria de los Estados. El acuerdo en torno a un impuesto mínimo global a las grandes multinacionales expresa un cambio de escenario, aunque parece ser más una respuesta de los países centrales a la deslocalización de inversiones que a la concentración desmedida de la riqueza.
En este contexto, el movimiento sindical ha remarcado la existencia de una oportunidad ineludible para avanzar en la aplicación efectiva de un impuesto mínimo a las grandes empresas transnacionales instaladas en nuestro país que gozan de regímenes tributarios preferenciales. No se trata de un gesto de alineamiento internacional, sino de una herramienta concreta para disputar renta, recuperar soberanía fiscal y poner límites al capital transnacional. Pero, principalmente, se trata de evitar que las empresas paguen este impuesto mínimo global donde residen sus casas matrices y, por lo tanto, no terminen pagándolo acá.
Desde el Ministerio de Economía se ha reconocido explícitamente el cambio de contexto internacional y la relevancia que tiene este impuesto en este nuevo escenario. También se ha señalado que Uruguay no puede permanecer ajeno a esta discusión y que corresponde estudiar su incorporación de forma consistente con los compromisos internacionales y con la estructura productiva del país. Sin embargo, el énfasis del discurso oficial ha estado puesto en evitar una adopción apresurada, minimizar posibles efectos sobre la competitividad y preservar la capacidad del país para atraer inversiones en un escenario incierto. Mientras tanto, otras propuestas tributarias circularon con bastante menos ruido.
Desde el equipo económico del gobierno se impulsó, en paralelo, una modificación al impuesto al patrimonio que busca incrementar la carga sobre los patrimonios más altos. La propuesta se presentó como un rediseño de un tributo ya existente, alineado con el programa del partido que gobierna, con foco explícito en el 1% más rico y con un impacto recaudatorio acotado pero relevante.
El énfasis del discurso oficial estuvo puesto en la prudencia: no se trata de crear nuevos impuestos, sino de ajustar alícuotas; no se busca generar cambios bruscos ni afectar el clima de negocios; se insistió en que la medida era compatible con la inversión y con un sendero de crecimiento sostenido.
Respecto al destino del gasto, el gobierno también enfatizó la importancia de destinarlo a paliar la situación de la infancia, planteando una serie de propuestas concretas en el marco del nuevo presupuesto quinquenal. No obstante, se trata de una apuesta cautelosa. Si bien se explicitó la intención de fortalecer estos recursos en el marco de las siguientes rendiciones de cuentas, en caso de que la mayor recaudación –derivada del crecimiento y de los avances en materia de eficiencia– así lo permita, se indicó que no sería prudente gastar antes de verificar que las previsiones que dan soporte al presupuesto sean realistas.
Los principales dirigentes sindicales han manifestado su acuerdo con la orientación planteada por el gobierno, pero la han catalogado de “tibia” y han remarcado la necesidad de tomar medidas más agresivas si se quiere combatir con decisión el problema de la pobreza infantil.
Parte II: volviendo a los roles originales
Como quizás haya notado, los impulsores de ambas propuestas fueron intercambiados en la primera parte: en realidad, fue el Poder Ejecutivo el que propuso adaptar el impuesto mínimo global localmente y el movimiento sindical fue el que propuso introducir una sobretasa al impuesto al patrimonio de las personas físicas. El ejercicio no busca desmerecer ni amplificar propuestas. Por el contrario, considero que ambas representan valiosas e importantes contribuciones. La idea, concretamente, fue reflejar la relevancia que tiene para la percepción que tenemos de cada propuesta la forma en que se presenta y los actores que están detrás de cada una.
Tanto el movimiento sindical como las bases del Frente Amplio defienden sus propuestas con énfasis bien distintos a los que típicamente tiene el equipo económico del gobierno, incluso cuando este es efectivamente frenteamplista. Mientras los primeros ponen el acento en la importancia de profundizar la radicalidad de las transformaciones, los segundos buscan compatibilizar el cumplimiento del programa de gobierno –y los énfasis marcados por las tendencias políticas de sus partidos– con las restricciones que enfrentan, como la necesidad de generar expectativas alineadas con un mayor crecimiento y la de cumplir con el –casi inevitable– compromiso electoral de no subir impuestos ni crear impuestos nuevos.
Una historia repetida
Durante los gobiernos progresistas anteriores se promovieron distintas iniciativas de carácter tributario, más allá de la recordada reforma tributaria impulsada por el primer gobierno frenteamplista. El ICIR –un impuesto a las grandes extensiones de tierra– condensó una mística muy fuerte en un momento en el que se hablaba de la existencia de dos equipos económicos: era claro, simbólico y fácilmente comunicable. No obstante, al poco tiempo de ser implementado, fue derogado luego de ser declarado inconstitucional.
Unos años después, se aprobaron cambios tributarios mucho más silenciosos, como ajustes en el IRPF, correcciones de diseño y cierre de espacios de arbitraje, que tuvieron efectos reales y duraderos sobre la recaudación y la progresividad del sistema. Las bases militantes casi no nos enteramos, pero el impacto fue muy relevante y contribuyó a desacoplarnos de Argentina, trasladando el peso del ajuste a los sectores de mayor ingreso y riqueza (en particular al 1% más rico, tramo donde se concentran las utilidades asociadas a las rentas del capital, especialmente afectadas por las medidas adoptadas).
Que el relato no sea un tiro en las patas
No quiero con este artículo quitar relevancia a las declaraciones de intenciones, ni a las construcciones y disputas de subjetividad en general. Los relatos que acompañan los programas políticos son importantes. Pero, como dice el dicho, “ni tan calvo ni con dos pelucas”. Para quienes somos de izquierda, tanto o más relevante que las intenciones declaradas es la capacidad objetiva de que nuestro accionar político transforme la realidad.
Confieso que siempre he sentido que nuestro inconformismo de izquierda tiene su lado positivo, como antídoto para algo que sería mucho peor: salir con el bombo a tribunear acríticamente todo lo que hacen nuestros gobiernos o principales dirigentes. No obstante, creo que, en ese afán, muchas veces se nos va bastante la mano.
Quizás sería más sano no esperar la campaña electoral para valorar los cambios que sí logramos implementar. Y que podamos abrazar nuevas propuestas de cambios o, en general, adoptar una militancia que bregue por una mayor radicalidad de la agenda de gobierno, sin llegar al absurdo de juzgar como “tibio” gravar con un 15% a las rentas de capital de las grandes transnacionales. Propuesta que, además, no fue la única transformación tributaria de izquierda impulsada por el gobierno el año pasado, que contó con la oposición frontal de los sectores más cercanos al poder económico y que, de no haber ganado el Frente Amplio, no se habría implementado jamás.