La Internacional de la Educación (IE), la organización mundial de sindicatos de la educación, viene llevando adelante la campaña “Educar, no lucrar” y, en ese marco, a comienzos de esta semana organizó en Montevideo, junto a la Federación Uruguaya de Magisterio y la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, el seminario “La Educación pública en el laberinto de la globalización neoliberal”. En el encuentro participaron la catedrática de Sociología de la Educación de la Universidad de Cambridge Susan Robertson (SR), el director de la campaña “Educar, no lucrar” y ex presidente de la Unión Australiana de Educación, Angelo Gavrielatos (AG), y la vicepresidenta de la IE para América Latina, la brasileña Fátima Silva (FS).
La preocupación de los tres pasa por las tendencias globales a la privatización de la educación, que opera, a su entender, por la privatización de los servicios educativos pero también cuando los sistemas educativos públicos adoptan principios del libre mercado, como la autonomía de los centros educativos o la libre elección de las familias de las escuelas. Mientras Silva explica cómo grandes multinacionales educativas han ingresado en el sistema educativo brasileño, Gavrielatos asegura que Uruguay se encuentra en “una encrucijada”, porque está a tiempo de valorar la evidencia que demuestra que estas reformas “no funcionan” y “seguir la senda del fortalecimiento de la educación pública”.
¿Cómo afecta el libre mercado a los sistemas educativos?
AG: La ideología de libre mercado aplicada a la educación se basa en dos pilares: en la competitividad entre escuelas y la libre elección de las familias a la hora de poder elegir las escuelas; también en la evaluación estandarizada de docentes y de estudiantes, que permite esa competencia entre escuelas. La evidencia demuestra que estos mecanismos de mercado, cuando se aplican a un derecho fundamental como es la educación, no funcionan. La lógica de la competitividad, que nos puede parecer adecuada desde un punto de vista teórico, no funciona en el caso de la educación, porque si la aplicamos tenemos ganadores y perdedores, y no nos podemos permitir que en términos educativos haya ganadores y perdedores. Sabemos que en Uruguay hay una serie de actores que están promoviendo este tipo de políticas basadas en la autonomía escolar, en la libre elección de las familias; en definitiva, en un intento de privatizar la educación pública. Se trata de romper el sistema educativo, que consideran que está muy centralizado en Uruguay, y atomizarlo o segmentarlo: a esto lo llaman autonomía de los centros. La evidencia nos muestra que esto no funciona, que no mejora los resultados académicos y que produce ganadores y perdedores.
¿Qué evidencia surge al comparar países con sistemas educativos altamente privatizados y sistemas fuertemente regulados?
SR: La provincia de Ontario, en Canadá, es un ejemplo muy concreto y claro donde se siguió esta lógica de aplicar mecanismos de mercado, de competitividad entre escuelas; dio muy malos resultados académicos y cambiaron de estrategia, volvieron a la de centralizar, de no seguir la lógica de competitividad, y esto mejoró los resultados académicos. Suecia es otro ejemplo claro: siguió la lógica de la libre elección de escuelas por parte de las familias, lógicas privatizadoras, y bajó muchos puestos en [las pruebas que diseña la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE–] Pisa, y ahora ha cambiado sus políticas, porque no funcionan. Inglaterra y Estados Unidos también serían ejemplos. Estados Unidos en los años 80 tenía un sistema educativo inclusivo, que permitía cierta movilidad social, con educación pública de calidad, y estos dos países en la actualidad, especialmente Estados Unidos, han cambiado sus políticas educativas y son de los países con más desigualdad y más segregación educativa que existe en el mundo. Paradójicamente, encontramos que muchos de los votos por el brexit eran precisamente de personas que estaban frustradas por los resultados de estas políticas educativas que han creado niveles tan grandes de desigualdad.
¿Cómo influye el concepto de elección de las familias cuando hay un sistema más atomizado o más centralizado?
SR: La libre elección parte del principio de que todo el mundo tiene que poder elegir lo que considera que es mejor para la educación de sus hijos. Tenemos ahora 30 años de investigación que nos han demostrado algo muy simple, y es que las familias de la clase obrera no deciden o no tienen las mismas oportunidades para decidir, porque al final lo que sucede en este tipo de sistemas es que son las escuelas las que eligen a sus alumnos, y no al revés. Estos sistemas suelen crear rankings de escuelas, y como las escuelas quieren quedarse en lo más alto del ranking, lo que hacen es elegir a los alumnos que consideran que les van a dar mejores resultados. Y al final, uno de los criterios que van a usar a la hora de elegir a sus alumnos va a ser la clase social. Al mismo tiempo, los mejores docentes no van a querer enseñar en esas escuelas [de contextos desfavorecidos], y la investigación muestra que estas escuelas van a precisar más recursos también, porque muchos de los niños que vienen de entornos más desfavorables necesitarán una atención especial. Esto impacta directamente en el estudiante, que de alguna manera se siente segregado y no tiene esperanza y una posibilidad de movilidad social por medio de la educación, que es el objetivo de la educación pública.
¿Por qué consideran que las organizaciones internacionales promueven este tipo de reformas?
SR: Creo que hay dos razones que se relacionan. Una es la creencia de que la ideología del libre mercado organiza de mejor manera a la sociedad. Y otra visión importante es que la educación tiene que estar incluida como un servicio en la lógica de mercado, lo que permite abrir la educación a todo tipo de mercantilización dentro del sistema. Eso plantean algunos tratados de libre comercio, como el TISA [Acuerdo sobre Comercios y Servicios, por su sigla en inglés]. Por supuesto, esto va a interesar a grandes corporaciones educativas, pero también a otras como Facebook y Google y a inversores bursátiles, especuladores financieros, que van a ver muchas ganancias en este sector. Cuando estos dos aspectos vienen juntos es como un tsunami, porque se les dice a las familias que esta libertad de elegir viene del mercado, y luego le dicen: “Te voy a vender exactamente lo que quieres”. Ahí es cuando convertimos la educación en una mercancía, como cualquier otro producto. ¿Cómo las familias más pobres van a participar en este mercado? ¿Cómo se va a garantizar el acceso a la educación como derecho en este contexto? Uruguay se salió del TISA y creo que eso fue algo muy importante. El papel de la OCDE en la actualidad es bastante interesante, porque de alguna manera se ha dado cuenta de que se equivocó empujando muchas de las políticas privatizadoras. La OCDE es un poco bipolar como organización; el departamento que se encarga de las pruebas Pisa no se ha dado cuenta mucho de esta lógica, pero otras partes de la OCDE están empezando a generar informes que están dando cuenta de las consecuencias nefastas que han tenido estas políticas en términos de desigualdad. A pesar de todo, el Banco Mundial sigue empujando políticas privatizadoras. Tenemos también las agencias de cooperación al desarrollo, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, que aportarán financiación para países del sur que irá a parar a muchos de esos actores privados, y tenemos también los Objetivos de Desarrollo Sustentable: un marco en el que también va a haber muchísimo dinero y se van a promover estas políticas privatizadoras. Además, es muy importante el papel de las fundaciones “filantrópicas”, como la Fundación Bill y Melinda Gates, la Hewlett Packard, Walmart, Varkey en Argentina, que no pagan impuestos y ejercen muchísima influencia en la política, participan en espacios de poder y toma de decisiones, en los que tienen influencias en las políticas educativas. Muchas de las fundaciones son como extensiones de la propia corporación, pero se presentan sin ánimo de lucro.
AG: Un informe de la OCDE de 2012 dice concretamente que la aplicación de principios de libre mercado en la educación va a profundizar la segregación y la desigualdad. En 2014, otro informe de la organización habla concretamente de la autonomía de los centros y dice que no hay una correlación entre una mayor autonomía de los centros y unos mejores resultados académicos. Otro informe habla de la importancia de la autonomía profesional de los docentes y de que ellos participen directamente en la elaboración de políticas educativas. Esto es totalmente contradictorio con el informe más reciente de la OCDE sobre Uruguay, de 2016, en el que se critican esos dos puntos: el de la centralización –dice que hay que promover la autonomía de los centros para promover la eficacia–, y que en Uruguay participen los docentes en la elaboración de las políticas educativas, algo que consideran perjudicial para el sistema. Nosotros decimos que es equizofrénico y bipolar el funcionamiento de la OCDE.
¿Cómo evalúan la situación de Uruguay?
AG: Uruguay se encuentra en una encrucijada. Puede seguir la senda del fortalecimiento de la educación pública, para garantizar que cada niño y niña, independientemente de su origen, pueda tener acceso a una educación pública de calidad, o puede continuar por la senda de algo que estamos detectando, de algo que está comenzando a ser muy común también aquí, de privatizar y comercializar la educación. Uruguay está en una posición privilegiada, porque a diferencia de los países anglosajones, donde se empezaron este tipo de reformas neoliberales, aquí ya se tiene la evidencia suficiente, sustentada por la investigación, para saber que estas reformas no funcionan.
¿Qué deberían hacer los docentes en esta situación?
AG: La estrategia es basarse en la investigación, producir investigación académica independiente, para que podamos tener nuestra propia evidencia y podamos defender una contranarrativa respecto de la de estas organizaciones internacionales. Se trata de crear un debate público en torno a estos temas, y que la evidencia sea difundida a las familias.