La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y la cooperativa de trabajo Comuna presentaron un estudio que aborda la privatización de la educación en Uruguay. Los resultados de la investigación fueron publicados en un libro que, en sus dos tomos, aborda los discursos de medios y actores políticos en torno al tema y las políticas públicas educativas que favorecen la participación de privados. El estudio se enmarca en una campaña que lleva adelante la Internacional de la Educación, que sostiene que la privatización es una tendencia en los sistemas educativos de todo el mundo, a lo que no escapa América Latina.
En relación con los discursos mediáticos, se llevó a cabo un análisis de contenido de cuatro medios de prensa entre enero de 2016 y junio de 2018. En la presentación del libro, que tuvo lugar el viernes, Eduardo Sánchez, uno de los autores, explicó que se encontraron con la consolidación de un discurso que sostiene que la educación está en crisis y que el sector privado es mejor que el público. En suma, señaló que, con algunas excepciones, el discurso mediático plantea que los centros educativos de gestión privada, como Jubilar e Impulso, son la solución a los problemas de la educación, sobre los que en general se responsabiliza a los sindicatos.
En el libro se sostiene que “el sector privado en la educación tiene larga data en nuestro país y es un grupo que ha logrado influir y captar los recursos del Estado”, lo que “hizo posible que buena parte de la población de mayor poder adquisitivo lograra acceder al sistema privado, y eso ha profundizado las desigualdades sociales”. No obstante, Martín Jauge, otro de los autores, advirtió en la presentación que este modelo de financiamiento está llegando a su techo, por lo que desde el sector se están buscando nuevas herramientas para captar recursos del Estado. Entre ellas se menciona la modificación de la Ley de Mecenazgo para darles más incentivos a las donaciones de empresas a instituciones educativas privadas. Al respecto, el libro plantea que “implícitamente el Estado está colocando a la educación privada como sector de interés por desarrollar” y que el resultado de esa política fue “la consolidación y el incremento” de la oferta, principalmente en zonas de contexto socioeconómico vulnerable, por medio de centros educativos privados gratuitos con “lógicas operacionales nuevas”. Acerca de este modelo, el estudio cuestiona que el Estado “resigna su papel de redistribuidor de recursos en la economía” y hace posible que “sectores capitalistas inviertan en el tipo de servicios que a ellos les interesa”, en lugar de “recaudar impuestos para destinarlos a servicios públicos capaces de alcanzar a todos sus habitantes”.
En suma, se sostiene que esta modalidad genera desigualdad respecto de los centros educativos públicos y para ilustrarlo se toma como ejemplo al liceo Jubilar, donde, sin contar las inversiones, el gasto público por alumno en 2017 fue de 181.939 pesos, cifra que en el promedio de los liceos públicos uruguayos baja a 65.877 pesos. Por su parte, en el libro se cuestiona que, más allá de ser gratuitos, estos centros de gestión privada hagan un mecanismo de selección donde se aplica “un filtro basado en circulares internas que atentan contra la identidad de los adolescentes y niegan su diversidad en todos los aspectos”. “Por ejemplo, en el Jubilar no son aceptados quienes subviertan la estética acorde al estereotipo sexual biológico tradicional, pautando que los varones no pueden andar con pelo largo o con tinta, tampoco se aceptan piercings, etcétera”, agrega.
En obras
La investigación hace referencia a otro mecanismo privatizador de la educación uruguaya: la construcción de centros educativos por medio de la participación público privada (PPP). Según se aclara, empezaron a aplicarse a gran escala a partir de 2015; en este quinquenio se implementaron cuatro pliegos y ya está en marcha la construcción de 201 locales bajo esta modalidad. Además, se menciona que las empresas a cargo de las obras serán “dueñas” de los centros educativos por 20 años con opción de extenderlos a 35 y se encargarán de su mantenimiento, mientras que la única tarea a cargo del Estado será la educativa.
El estudio advierte que “existe evidencia empírica que muestra que este tipo de herramientas privatizadoras suelen traer más problemas y terminan siendo más caras que lo previsto y que las construcciones de tipo tradicional” debido a que “suelen subestimarse los riesgos, y los privados se rigen por las lógicas de mercado”. En suma, se señala que, a futuro, “son esperables más problemas”, ya que “las empresas que ganaron las licitaciones son un holding muy poderoso y suelen presionar con éxito a los gobiernos con el fin de obtener ganancias extraordinarias”. Por ejemplo, menciona que muchas veces los centros educativos requieren adaptaciones a las realidades locales que no están previstas en los contratos y que también se puede esperar “que estas empresas quiebren” o tomen decisiones “en direcciones opuestas al bienestar social”.
El vicepresidente de Fenapes, José Olivera, aseguró que no hay evidencia empírica que muestre que Uruguay no siga las tendencias de privatización de la educación que están presentes en otros países de la región. Por su parte, dijo que la presentación de un estudio de este tipo cobra especial relevancia en un año electoral y cuestionó especialmente el rol que está jugando la organización Eduy21 y la promoción de un acuerdo entre partidos políticos en materia educativa. Al respecto, mencionó que la propuesta de la organización responde a intereses empresariales, ya que la Confederación de Cámaras Empresariales se apoderó de ella, y agregó que muchos de los referentes de la organización trabajan para la Universidad Católica del Uruguay.
La secretaria general de Fenapes, Alejandra Vespa, mencionó que en los últimos años en Uruguay se registró una ampliación de la matrícula en la educación pública que no fue acompañada por un incremento de los recursos que se necesitan para atenderlo. Si bien reconoció que el presupuesto educativo aumentó en los últimos años, señaló que el incremento todavía es insuficiente. Según dijo, contar con más recursos es una de las bases de la plataforma del gremio, que también reclama autonomía y cogobierno en la educación para que los actores vinculados al sistema puedan incidir directamente en las políticas. Vespa también lamentó que el sistema político y la opinión pública uruguaya no les dé mayor visibilidad a las propuestas que surgieron del primer Congreso Nacional de Educación y señaló la necesidad de “desterrar” la noción de gasto en educación, ya que es necesario verla como un derecho.