Esta semana la Mesa Representativa del PIT-CNT analizará el contenido del anteproyecto de ley de urgente consideración (LUC) que propuso el presidente electo, Luis Lacalle Pou, y uno de los capítulos más polémicos es el que refiere a la educación, que en 68 artículos modifica más de 50 de la Ley General de Educación, entre otros cambios. Este lunes, a su vez, la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay analizará el tema en forma conjunta.
Para el presidente de la Fenapes, José Olivera, en materia educativa la LUC “es volver 100 años atrás”, pero advierte que, más allá de las especificidades en el tema, es necesario analizar todo el proyecto de forma integral, e identificar las líneas transversales presentes en todos los capítulos. Olivera identifica tres: la “ramificación hacia el sector privado de todas las áreas del Estado”, la “limitación democrática de la participación social organizada de los sectores vinculados a la clase obrera y el campo popular” y una “concepción represiva del Estado, garante de la seguridad y la propiedad privada”. Para el dirigente sindical, que describe a la coalición que asumirá el 1º de marzo como “de derecha y ultraderecha, con manifestaciones fascistas”, el futuro gobierno “ha aprendido con algunas cosas que han pasado en la región”, y un ejemplo es el instrumento elegido al proponer una LUC “para resolver problemas estructurales, no urgencias concretas asociadas a ataques externos, violencia interna o una catástrofe climática. Acá hay una urgencia de una coalición que nadie sabe cuánto va a durar, ni ellos mismos, y que usa este instrumento porque el otro elemento que aprendieron es a aplicar una política de shock y no de gradualismo”.
Tomando como referencia el gobierno argentino de Mauricio Macri, que según Olivera “mandó una cantidad de reformas y en todas tuvo expresiones sociales muy fuertes en la calle, acá mandan todo junto para evitarlo”. El dirigente asegura que el futuro gobierno “hace lo que criticaba: poner lo político por encima de lo jurídico. ¿Cuál es la fundamentación de la emergencia en educación o la de la desmonopolización del tema de combustibles?”. Sobre la “concepción represiva del Estado”, que para Olivera fortalece el articulado de la LUC, el dirigente explicó que a su entender el futuro gobierno “sabe que todas estas reformas van a generar resistencia popular, por distintas vías; saben que van a tener que apelar a elementos represivos y lo hacen de antemano, no como en Chile, que largaron a los carabineros a la calle y después tuvieron que inventar instrumentos jurídicos para darles inmunidad; acá se la están dando desde antes”.
Concentración y desconcentración
Para Olivera el capítulo educativo de la LUC “sienta las bases para la mercantilización y privatización de la educación”, y observa cuatro pilares.
En primer lugar, para el dirigente los artículos de la LUC apuntan a “concentrar el poder político, y su contracara es la desconcentración del sistema, mediante la autonomía de los centros”. Sobre el primer aspecto, se concentró en dos cometidos que el anteproyecto de LUC le agrega al Ministerio de Educación y Cultura (MEC): el de “elaborar el Compromiso de Política Educativa Nacional que acompañará la solicitud de venias para designar a los tres miembros del Consejo Directivo Central [Codicen] de la Administración Nacional de Educación Pública [ANEP] propuestos por el Poder Ejecutivo”, y el de “elaborar y enviar a la Asamblea General para su aprobación, antes de la presentación de la Ley de Presupuesto, el Plan de Política Educativa Nacional”, que servirá “de marco para la elaboración de políticas educativas específicas”. Para Olivera estas disposiciones son “totalmente violatorias del artículo 202 de la Constitución, que establece que los órganos que rijan la enseñanza serán entes autónomos, “y se ve agravado porque los que vayan a asumir [en el Codicen], al momento de pedir la venia, tienen que ir al Senado a juramentar, como en la Edad Media, ¡como en la Edad Media! Es un retroceso en términos democráticos; el control político en el MEC es un cambio sustantivo”, sentenció el dirigente en referencia a que los representantes del Poder Ejecutivo deben “comprometerse públicamente”, ante el Senado, a cumplir con el Compromiso de Política Educativa que elaborará el MEC. En este marco, Olivera también critica la nueva integración del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), por tres personas nombradas por el Ejecutivo.
El proceso de desconcentración, por el que se habilita a los directores de los centros educativos a, por ejemplo, elegir a los docentes, “está creando la forma para el mercado educativo”, asegura Olivera, y se explaya: “Concentra desde la definición de la política educativa hasta la evaluación, porque el MEC va a definir el plan educativo nacional y el MEC es el que va a nombrar a los tres miembros del Ineed, es juez y parte. Abajo habrá un conjunto de administradores, que van a aplicar lo que definió el MEC; elimina la intermediación de los consejos y pasa directamente a los centros, con la falsa ilusión de lo que se llama la autonomía de los centros, porque la política la define el MEC”. Según el dirigente, un Estado “fuerte en regulación, en monitoreo y evaluación” es una “condición para generar el mercado educativo”.
Educación, a secas
Un segundo bloque de preocupaciones de la Fenapes apunta a la “desaparición del Sistema Nacional de Educación Pública”, que será el Sistema Nacional de Educación: “No es público ni privado, es las dos cosas. Por eso lo previo es necesario: tener un control político férreo, regir, evaluar y administrar, porque ahora voy a hacer entrar en competencia al sector público con el privado. Rompo la frontera entre lo público y lo privado, y hago desaparecer hasta cuestiones que son de política concreta, como que el Estado rehúsa la expansión del tiempo completo”, en referencia a la modificación del artículo 7 de la Ley General de Educación. Para el dirigente sindical, la extensión del tiempo pedagógico “es un requerimiento de la sociedad: ¿dónde lo van a obtener, si la educación pública no va a extender el tiempo pedagógico? En el sector privado”, afirma, insistiendo en que de esta manera “se prepara el terreno para generar mercado educativo”. En este bloque Olivera ubica también la desarticulación del sistema terciario público, “que beneficia a las universidades privadas, que son además el sostén ideológico del gobierno”.
La participación
Olivera discrepa con quienes piensan que el anteproyecto elimina la participación social, ya que asegura que “no desaparece como concepto”, sino que se “sacan algunos y se ponen otros”, y como ejemplo señala que “se pone en pie de igualdad a la Universidad Tecnológica y a la Universidad de la República [Udelar] junto a la educación militar y la policial”, o la nueva integración de las comisiones departamentales de educación, donde se suman representantes de la educación privada “cuando en algunos departamentos hay uno o dos colegios privados y 300 escuelas y 30 liceos, y quedan ambos con el mismo peso de representación”. “Se le está dando espacios al privado en la definición de la política pública”, asegura.
Profesión docente y condiciones de trabajo
Respecto del cuarto pilar del capítulo educativo, el dirigente cuestionó que “se le niegue el carácter universitario a la formación docente” y que a la vez la reválida de títulos pase a estar en el MEC, cuando en la región hay muchas universidades de formación docente. “Quitarle la reválida de títulos a la Udelar es otra de las formas de arbitrar las condiciones del mercado educativo: yo digo quién sí y quién no”.
Pero uno de los aspectos que generan más preocupación entre los dirigentes y los docentes es el cambio en las condiciones de trabajo, con la habilitación de un nuevo estatuto docente que, a juicio de Olivera, “termina con la estabilidad laboral”, y asegura que esta perspectiva respecto de la profesión docente tiene origen en, por ejemplo, análisis como los de un informe del Banco Mundial, Profesores excelentes. Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe, que “parten de la base de que el docente está achanchado, está cómodo, y que si no lo aguijoneás no se va a mover para superarse”. Aseguró que la posibilidad que abre el anteproyecto de LUC de que los directores contraten al personal “es el clientelismo más burdo, que termina con todas las garantías para el trabajador y para el estudiante. Una de las cosas que nosotros tuvimos que desmontar como práctica institucional de los gobiernos blancos y colorados, cuando empezamos a meterle mano al proceso de elección de horas, fue lo que hacían algunos directores de esconder horas para darles a sus familiares o amigos. Es la lógica de la competencia”, afirmó.
El dirigente cuestionó que los docentes tengan que plantear su adhesión al proyecto del centro educativo: “¿Qué capacidad de elección tengo? ¿Y qué posibilidades tengo de incidir en ese proyecto de centro?”.
También fue duro con el cambio que plantea la LUC respecto de la libertad de cátedra, que propone modificarla por la autonomía técnica, aunque con exactamente el mismo texto. “La primera vez en el mundo que se atacó la libertad de cátedra fue por parte del nazismo en Alemania”, afirmó Olivera, que aseguró que el cambio es “muy rebuscado” y que la autonomía técnica “va a estar siempre regulada por un tercero, tenés que validarla, mientras que con la libertad de cátedra vos tenés la posibilidad de argumentar por qué hacés lo que hacés”.
Además de estos puntos, para el presidente de la Fenapes “es muy grave que se elimine, en el artículo 14 de la Ley de Educación, la prohibición de suscribir acuerdos con entidades u organismos que consideran a la educación como una mercancía”.
“Caos en la gestión”
El secretario ejecutivo de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación (FUM-TEP) discutió el anteproyecto de la LUC y emitió una declaración en la que manifiesta que ese organismo considera que las iniciativas que impulsa el articulado “no impactan en la mejora de la gestión ni tampoco en la mejora de los aprendizajes”. Los maestros y trabajadores de Primaria también cuestionan cuatro puntos del anteproyecto: en primer lugar, que se afecta la autonomía de la ANEP, “fundamentada desde [José Pedro] Varela y que establece que la educación debe ser cuestión de Estado, no de gobierno”. Plantean, en segundo lugar, que es necesario “recuperar en el discurso del futuro gobierno el término ‘público’, ya que más de un millón de los estudiantes de nuestro país asisten a la educación pública”, y que al proponer direcciones unipersonales para Primaria, Secundaria y UTU “se desconoce la complejidad de los desconcentrados” y se llevará “a un caos en la gestión”. Por último, la FUM-TEP asegura que el anteproyecto modifica las condiciones de trabajo, “ya que serán los organismos políticos los que definan la selección y permanencia de los funcionarios por su compromiso con una metodología de trabajo o un proyecto de centro, afectando la carrera docente y generando serios problemas de discrecionalidad”.