La filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) exigió a la Dirección de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) que “reconsidere” la decisión de “excluir” de la nómina de traslados especiales a los maestros y directores de las escuelas del programa Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas (Aprender), que “son recategorizadas a educación común, así como las de educación común que son recategorizadas a Aprender” .
La secretaria general de Ademu Montevideo, Daysi Iglesias, explicó a la diaria que las escuelas Aprender “no son estables a lo largo de los años”, sino que son parte del programa por un período de tiempo. “Luego se supone que se hace una evaluación y otras escuelas pasarán a serlo”, señaló, pero criticó que “no se viste a un santo desvistiendo a otro”. “Cuando una escuela está en un contexto complejo, no es cuestión de sacarle los beneficios cuando logra mejoras, porque parece el premio por la negativa. O sea, mejoran los aprendizajes, mejora la situación, y retiran todo lo que han dado”, lamentó.
La secretaria general apuntó que este tema no es nuevo, puesto que viene de administraciones pasadas. A su vez, la sindicalista sostuvo que cuando una escuela deja de integrar el programa Aprender, maestros y directores dejan de percibir la compensación que cobraban en el marco del programa. Esa compensación es por asistir a una sala docente de coordinación de forma “fija, permanente y estable”, detalló.
No obstante, Iglesias señaló que, a diferencia de las actuales autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), las administraciones anteriores “reconocían” que existía una “lesión de derechos” de los trabajadores. En ese sentido, explicó que cuando una escuela dejaba de ser parte de Aprender y los maestros pasaban a educación común, se les permitía un “mecanismo reparatorio” que las actuales autoridades no permiten, pese a la insistencia de la Federación Uruguaya de Magisterio. Dicho mecanismo consistía en que tuvieran derecho a participar en un acto de “traslado especial” y pudieran elegir un cargo para el año siguiente en otra escuela de la misma modalidad dentro del mismo departamento. Según indicó Iglesias, la DGEIP se negó a implementar dicho mecanismo y planteó que los docentes que quieran cambiar de centro educativo deben apelar al mecanismo de traslado común, en el que “se mueven miles de maestros” de todo el sistema.
Iglesias denunció que, de esta forma, las autoridades educativas agregan una “gota de disconformidad y malestar innecesaria”, ya que el mecanismo reparatorio “no es un acto de gran envergadura” y tampoco tiene un costo económico, según valoró.
“Creemos que las autoridades tendrán el derecho a negar el pedido, pero nosotros tenemos el derecho a denunciarlo y exigirlo. No todos los recortes se reducen a cuestiones económicas. Mirando cómo está hoy la administración, diría que hay muchos más problemas de recortes en derechos que los que emergen desde lo económico. Sí hubo un recorte salarial para los docentes que desarrollan funciones de maestros comunitarios, también algunos recortes para quienes ejercían en el campo de informática, pero lo que se está luciendo son las dificultades en materia de derechos laborales. Se está generando una situación de inestabilidad importante”, concluyó.