El debate sobre laicidad se disparó en la última semana a partir del sumario con retención de medio sueldo que se inició a un grupo de profesores de secundaria de San José. Se los investiga por haber aparecido en fotografías con carteles contra la propuesta de reforma constitucional conocida como “Vivir sin miedo”. En Uruguay esta discusión tiene por un lado la particularidad de que parte de un concepto propio de laicidad, distinto al de otros países, y por otro, la de que se enmarca en un contexto internacional de ofensivas contra la “ideología” en la enseñanza.
Aunque en otros países no se use la palabra “laicidad”, debates similares se repiten en la región y han llegado a extremos de incluir llamados públicos de gobernantes contra los docentes. El caso más extremo es el de Brasil, donde el presidente, Jair Bolsonaro, ha proclamado una lucha ideológica que busca combatir el “adoctrinamiento de izquierda” en la enseñanza.
La palabra “adoctrinamiento” también fue utilizada en noviembre por Soledad Acuña, la ministra de Educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el principal bastión macrista en Argentina. La funcionaria instó a las familias de los estudiantes a que denunciaran a aquellos educadores que hicieran “una bajada de línea política en las aulas”.
“Otra postura, que va a terminar por vencer hacia fines de la década de 1970, construye la oposición laico versus comunista”. Antonio Romano
“Si nosotros no tenemos denuncias concretas de las familias, es muy difícil que podamos intervenir”, advirtió Acuña, y continuó: “Uno de los grandes problemas de la educación argentina es la formación docente. Eligen militar en vez de enseñar”.
Las palabras de la ministra fueron repudiadas por sindicatos y organizaciones militantes por los derechos humanos, pero su postura no está aislada en su país ni en la región. Cuando Mauricio Macri fue presidente, su gobierno tuvo enfrentamientos duros con los docentes, y lo mismo ocurrió en Brasil con Bolsonaro.
También el presidente brasileño llamó públicamente, en su caso a los estudiantes, a denunciar a los profesores y les dijo que los grabaran. Como parte de esa política, promovió el proyecto de ley Escuela sin Partido, que intenta terminar con la libertad de cátedra y limitar el acceso a la educación. La norma permite perseguir a los docentes por hablar sobre política o ideología –temas que están incluidos en los programas de estudio– o por impartir una educación sexual inclusiva. Así, Bolsonaro prometía terminar también con lo que algunos sectores conservadores han llamado “ideología de género”. Como consecuencia, hubo persecución, denuncias y autocensura, según manifestaron distintos sindicatos docentes.
Movimientos contra “la ideología de género” se repiten en varios países de América Latina y Europa. La semana pasada, el partido de ultraderecha español Vox presionó a los gobiernos de Andalucía y la comunidad de Madrid para que aprobara el llamado “pin parental” o “veto parental”, que implica la exigencia de pedir permiso a los padres para enseñar determinados contenidos, en particular los de educación sexual. Si esos gobiernos del Partido Popular y Ciudadanos no acceden a su pedido, Vox planteó no darles sus votos en los parlamentos locales para aprobar el presupuesto. Lo mismo hizo hace un año, con éxito, en la región de Murcia.
Bolsonaro contra Paulo Freire
El presidente de Brasil identifica a su enemigo ideológico con la figura del educador Paulo Freire. A tal punto, que el presidente se propuso eliminar de los espacios públicos los homenajes a ese referente de la educación.
“La programación de ese canal [TV Escola] era totalmente de izquierda, de ideología de género, y eso tiene que cambiar”. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil
Cuando su gobierno decidió terminar el contrato entre el Ministerio de Educación y TV Escola, un canal que se especializaba en contenidos educativos, Bolsonaro dijo en la puerta de la residencia presidencial: “Ese canal deseduca. La programación de ese canal era totalmente de izquierda, de ideología de género, y eso tiene que cambiar. Los tipos están insistiendo desde hace 30 años, hay muchos formados en la filosofía de Paulo Freire, ese energúmeno que fue ídolo de la izquierda”.
Antonio Romano, investigador y profesor de Historia de la educación en la Universidad de la República (Udelar), dijo a la diaria que el proyecto Escuela sin Partido “reivindica esa idea de que el educador no tiene que tomar posición”. Según él, Paulo Freire “decía que el educador no puede no tomar postura frente a la injusticia, hablaba del compromiso con una educación más justa”, y la misma postura sostuvo en Uruguay la educadora Reina Reyes.
“Uno de los grandes problemas de la educación argentina es la formación docente. Eligen militar en vez de enseñar”. Soledad Acuña, ministra de Educación del gobierno de Buenos Aires
Un concepto uruguayo de lo laico
Consultado acerca de cómo se procesan estos debates en otros países, Romano señaló que, a grandes rasgos, existen dos tradiciones. “Hay una tradición anglosajona de la tolerancia”, según la cual “existen comunidades de pertenencia”, por ejemplo religiosas, a las que adscribe la ciudadanía, y que deben ser toleradas.
Otra tradición es la francesa, de laicidad, que también es la que está presente en Uruguay. Pero “esa noción, que toma como modelo a Francia, era originalmente una concepción de neutralidad liberal vinculada a la cuestión religiosa, no a la cuestión política”, y se relacionaba con la separación de la iglesia y el Estado. Con el tiempo, en Uruguay, esa noción se redefinió como una “neutralidad política”, agregó.
También otro investigador en educación e historia, Federico Álvez Cavanna, señaló, en un artículo acerca del debate sobre laicidad que se generó en la primera presidencia del Frente Amplio, que “el sentido original de la noción [de laicidad] –vinculado con evitar la enseñanza de dogmas religiosos– se encuentra totalmente modificado por un ‘formato político’ que une esa noción con la idea de una enseñanza objetiva y neutra”.
Romano dijo que en Francia esa tradición de laicidad referida a lo religioso cambió desde 1989, pero en este caso a partir del multiculturalismo, “porque el ciudadano ya no es el ciudadano francés. Empiezan a convivir magrebíes, inmigrantes que profesan religiones diferentes, que participan en el espacio público y en la escuela, y cuyo modo de presentación implica sostener en el espacio compartido la presencia de lo religioso, y esto entra en tensión con esa idea de la ciudadanía francesa”. De allí surgen los debates sobre el velo islámico que comenzaron en la década de 1990.
Pero en Uruguay, donde la separación de la iglesia y el Estado fue temprana (con la excepción de un período de alianza entre el gobierno y la iglesia católica, en la década de 1930, durante la dictadura de Gabriel Terra), el concepto de laicidad deja de aparecer vinculado con la cuestión religiosa”, afirmó Romano.
“La programación de ese canal [TV Escola] era totalmente de izquierda, de ideología de género, y eso tiene que cambiar”. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil
Anticomunismo y “familias ideológicas”
La noción de laicidad se desarrolla “en la década de 1940 y 1950 con el Ateneo de Montevideo, que defiende la educación laica como una educación no dogmática”, en tiempos en que “el laicismo aparece como reacción contra el fascismo, el falangismo”, explicó Romano. En el plano local surgía ante “reacciones conservadoras”, y así la laicidad se instala como “una producción de algunos maestros, como la pedagoga Reina Reyes, contra toda educación dogmática y en defensa de la educación científica y de la cultura. De ahí viene la defensa de la autonomía contra los intentos de instrumentalización para un proyecto político”, dijo el investigador. En la década de 1960 esto cambia, porque sectores liberales conservadores comienzan a identificar al dogmatismo con el comunismo.
En Uruguay la laicidad se instala como “una producción de algunos maestros, como la pedagoga Reina Reyes, contra toda educación dogmática, y en defensa de la educación científica y de la cultura. De ahí viene la defensa de la autonomía, contra los intentos de instrumentalización para un proyecto político”. Antonio Romano
En un artículo elaborado para una charla sobre “Neutralidad y laicidad” que dio el año pasado, el investigador dijo que “a fines de la década del 60 dos posiciones se disputaban sobre el sentido de lo laico y aquello que se le contraponía”. Una, “que había sido hegemónica hasta comienzos de los 60, establecía una oposición entre laico y anticomunista; la segunda postura, que va a terminar por vencer hacia fines de esa década, construye la oposición laico versus comunista”.
La “laicidad conservadora” y la historia reciente en Uruguay
Cuando el primer gobierno del Frente Amplio impulsó la enseñanza de la historia reciente en la educación formal, se abrió una discusión sobre la laicidad desde una perspectiva que la convirtió en “uno de los condicionantes más fuertes que dificultan una renovación de la didáctica de la Historia”, según escribió el investigador Federico Álvez Cavanna en un artículo publicado en 2011 en la revista Fermentario, una publicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Señaló allí que esa “renovación” estaba “en buena medida condicionada por la indefinible noción de ‘violar la laicidad’”.
Álvez, profesor de Historia con una maestría en Educación y cursando por entonces su doctorado en Historia, recogió allí editoriales de prensa y declaraciones de políticos de partidos tradicionales, en su mayoría colorados, que advertían sobre el riesgo a la laicidad que implicaba este proyecto. El diputado Nahúm Bergstein afirmaba que la izquierda tenía “como objetivo el lavado de cerebros”, el exvicepresidente Luis Hierro López hablaba de un intento de “seguir adoctrinando voluntades en las escuelas”, y el expresidente Julio María Sanguinetti afirmaba, en el suplemento Bitácora del diario La República, que “el gobierno pretende contar en las escuelas y colegios lo ocurrido antes del golpe de Estado, durante el mismo y en la salida democrática. La aspiración sería normal si no fuese que la mayoría de los protagonistas de ese episodio están tan vivos como vivas las controversias. En conclusión nos instalamos en la arena política y muy lejos del espacio del pasado en que transcurre la historia. Se atropella así el principio de laicidad pues el gobierno pretende instalar solamente una versión del pasado, la suya”.
A su vez, el diputado Daniel García Pintos preguntaba con desconfianza en el Parlamento: “¿Va a estar todo en la historia reciente? ¿Pero va estar todo de verdad?”. Álvez señalaba que surgía de parte de los políticos blancos y colorados una idea de la historia “como un conocimiento único y con verdades resueltas que deben ser enseñadas en las aulas”, o de “enseñar un relato ya elaborado y aceptado socialmente como verdad”.
Entre sus conclusiones, mencionaba que “los políticos de los partidos tradicionales consideran ‘laica’, y por eso mismo aceptan, una historia sin conflictos, lineal, nacionalista y liberal (y, claro, objetiva y neutra) que respete la supuesta ‘tabla rasa’ que representaría el estudiante”. En cambio, “los profesores se dividen entre los que temen problemas por confrontar esa visión ‘aceptable socialmente’ de laicidad (y terminan por ‘institucionalizarse’ aceptando esas reglas) y otros que visualizan una trampa en la pretendida objetividad o neutralidad”.
El investigador advirtió además que esto podía “incentivar una autocensura docente ante el tema, ya que una de las principales faltas que un profesor puede cometer, en la cultura política y educativa uruguaya, es ‘violar la laicidad’”.
Consultado por la diaria acerca de las posiciones de Bolsonaro y el macrismo al respecto, Romano respondió que en el caso del presidente de Brasil se trata de un anticomunismo explícito, que incluye la defensa de la dictadura brasileña, mientras que en el discurso del macrismo “la retórica era republicana liberal contra el peronismo”.
En Uruguay también hay un discurso contra la toma de posición en las aulas que surge del anticomunismo de los años 70, aunque no es explícitamente anticomunista, y se ampara en un elemento regulador, afirmó. Se trata de una posición que atribuye a “algunos actores el riesgo potencial de influir en las nuevas generaciones”, dijo el profesor de Historia de la Educación.
En su artículo, todavía inédito, sobre “Neutralidad y laicidad”, afirma que en ese discurso se inscribe la postura del expresidente y exministro de Educación Julio María Sanguinetti, quien impulsó la ley de educación de 1973 y gobernaba cuando se aprobó la siguiente, la de 1985. “La posición de Sanguinetti es heredera de esta traducción del liberalismo conservador que terminó definiendo como parte del horizonte político la exclusión del comunismo como una orientación ideológica incompatible con el régimen republicano”. Si bien el expresidente no habla de comunismo, sí se refiere a marxismo y “familias ideológicas”, señala.
En los últimos 35 años, desde el final de la dictadura, el debate sobre laicidad “parece un tema recurrente” y “diversos actores han apelado al uso del término para señalar violaciones de lo que se considera uno de los pilares del sistema educativo uruguayo”, agrega Romano.
Las leyes de educación y los límites que establecieron
El su artículo sobre “Neutralidad y laicidad”, Romano repasa las últimas leyes de educación que tuvo Uruguay: la 14.101, aprobada en 1973, la 15.739 o ley de emergencia para la enseñanza, de 1985, y la Ley General de Educación, 18.437, impulsada durante el primer gobierno del Frente Amplio.
Recuerda que al presentar la primera de estas leyes ante el Parlamento, Julio María Sanguinetti, que por entonces era ministro de Educación, habló de retomar el control de la educación, que a su entender se había ido “cediendo a los grupos de presión que aparecieron como intermediarios de la voluntad popular”. Para Romano, el concepto de laicidad que aparece en aquel discurso “tiene un sentido activo, beligerante, que toma posición frente a lo que define como ‘politización de la enseñanza’ y combate a quienes se amparan en la neutralidad o la abstención para convertir a la enseñanza en un campo de batalla”. Agrega que en ese discurso, “el laicismo no implica neutralidad, sino más bien lo contrario: toma de posición contra la educación comprometida y contra la politización de la enseñanza”.
En cuanto a la ley de 1985, afirmó que “se puede ver que por un lado se intenta avanzar en una dirección que marque una diferencia con los 12 años de dictadura”, pero mantiene una ambivalencia en este sentido. Establece, “por un lado, la necesidad de afirmar el principio irrestricto de acceso a la cultura y defensa de los principios de libertad de conciencia y libre expresión”, y por otro, “se expresa la prohibición respecto de la posibilidad de realizar proselitismo de cualquier especie”.
Son “las mismas dos coordenadas que estructuraron el discurso beligerante de la Ley 14.101. La apertura a las fuentes de la cultura y el combate al anticomunismo son dos aspectos que parecen estar inextricablemente unidos”, afirma. Romano concluye que esa “ambivalencia de una reciente recuperada democracia resulta alarmante cuando la volvemos a visitar desde el presente”.
Décadas después, ya con el Frente Amplio en el gobierno, se aprobó la Ley General de Educación, la 18.437, después de la convocatoria a un Congreso de Educación. En su artículo 17 establece que “el principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias”.
Romano señala que en la ley de 1985, si bien no hay un capítulo específico sobre la laicidad, se define que la “exposición de la función docente” debe ser integral, imparcial y crítica. En la Ley General de Educación se menciona que debe ser integral y crítica, pero no se habla de imparcialidad, porque allí, según el investigador, “la intención es promover la toma de postura del educando a partir de la presentación de ‘pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias’”. Esta posición sintoniza con la de Reina Reyes, señala el autor, acerca de que “en nombre de la laicidad no puede reclamarse una actitud neutral que implique ser prescindente respecto a las injusticias que se derivan de una forma de organización social que promueve la desigualdad”.
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