Pablo da Silveira: “Es un error conceptual centrarse en los recursos, hay que enfocarse en los resultados”

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El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, habló con la diaria sobre el Plan de Política Educativa Nacional que elaboró su cartera y en particular sobre la forma en que espera que se dé el debate al respecto. Consideró que en la pospandemia habrá que recuperar las pérdidas de aprendizajes del último año y medio y sostuvo que para hacerlo no es imprescindible contar con más recursos económicos para el sector. Da Silveira señaló que es posible reorientar recursos que se usaban mal y como ejemplo mencionó el Plan Ceibal, que antes de la pandemia tenía “tasas de uso bajísimas”, dijo. “El Ceibal era como una Ferrari adentro de un garaje a la que se sacaba una vez por semana a dar una vuelta manzana y se la guardaba”, afirmó.

El 30 de junio, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) entregó a la Asamblea General el primer Plan de Política Educativa Nacional, según lo que establecen los artículos 145 y 205 de la ley de urgente consideración (LUC). En entrevista con la diaria, el titular de la cartera, Pablo da Silveira, explicó que el plan es un instrumento que busca “revertir el déficit de debate” sobre política educativa en el país y en particular en el Parlamento. Por ello, se buscó que fuera un documento corto –tiene 36 páginas– y redactado en un lenguaje corriente, que evite las jergas técnicas. De esa forma, el MEC apunta a “convertir la discusión sobre política educativa en una discusión ciudadana” que también involucre a más legisladores, ya que “una parte importante” de ellos “está poco familiarizado con ese debate”.

Al mismo tiempo, Da Silveira explicó que la elaboración de un plan apunta contra la “feroz compartimentación” de los organismos que intervienen en el campo de la educación. Según el ministro, hacerlo “no tiene nada que ver con el tema de la autonomía, que nadie discute”. “El problema es que a veces se confundió el respeto de la autonomía con no hablarse, con no coordinar”, resumió para explicar la utilidad del plan. Como ejemplo, dijo que hasta que asumió el actual gobierno, el Plan Ceibal “volaba a ciegas”, es decir, sin compartir bases de datos con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

A partir de ahora, el plan deberá presentarse al inicio de cada período de gobierno para que no se ponga el eje de la discusión en quién estará en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP sino para qué, fundamentó Da Silveira. Además, se apunta a que se definan metas de logros, como lo hace el actual plan, que plantea que 85% de los niños de tres años deberán asistir a un centro educativo y que 90% de los jóvenes de 18 a 20 años deberán culminar la educación media básica al final de la gestión, entre otras.

Se dice que en Uruguay es difícil que planes elaborados por el MEC se cumplan. En este caso, ¿todos los organismos que aparecen nombrados en el plan participaron en su elaboración?

Estamos conversando todo el tiempo entre todos. Yo converso permanentemente con [el presidente del Codicen], Robert Silva, con Javier Lasida, el presidente de Ineed [Instituto Nacional de Evaluación Educativa], con Leandro Folgar [presidente del Plan Ceibal], también con Pablo Abdala [presidente del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay]. Nos hablamos mucho y tratamos de coordinar. Es un rasgo bien fuerte de este gobierno y a mi juicio es como tendría que ser. Esa falta de diálogo que a veces tomamos con demasiada naturalidad es un problema y no es así como funcionan los países que tienen buenas políticas educativas. En ese documento no hay una sola medida o propuesta que no cuente con el apoyo de la ANEP; lo mismo vale para los demás organismos.

Respecto de los mecanismos para dar la discusión de las políticas, la LUC modificó el carácter del Congreso Nacional de Educación. ¿Qué piensa hacer el gobierno con ese espacio?

Ahí hay un cambio grande de enfoque. Nosotros somos republicanos, creemos que en una república gobiernan los representantes de los ciudadanos, que son los que tienen la legitimidad para marcar el rumbo. Eso no quita que haya que construir acuerdos, que haya que escuchar voces de carácter técnico o gremial, pero en una democracia republicana la última palabra la tienen los ciudadanos. Tal como existió en los años anteriores, el Congreso de Educación no tenía esa lógica, de hecho, era una exhibición de fuerza sindical. Recuerdo unas declaraciones de [el ex director general de secretaría del MEC] Pablo Álvarez después del primer congreso y reconocía que algunos podían haberse sentido “aparateados”. El congreso no puede ser un lugar para definir las políticas, que tienen que ser definidas por los órganos parlamentarios. Eso no quita que no pueda haber espacio para un instrumento de ese tipo y que no pueda hacer aportes importantes. Hay que repensarlo; no hemos tenido tiempo hasta ahora de sentarnos a pensar de qué manera sería mejor organizar un congreso de la educación en este contexto. La pandemia nos ha tenido muy ocupados y no es un tema que esté en la agenda, pero no nos negamos a que exista, sí pensamos que hay que darle un diseño más republicano al conjunto de las instituciones, y eso afecta también al congreso.

Se mencionan en el plan ideas de cambio en la integración de la representación social de algunos organismos.

El Codicen mantiene la misma integración de antes. Sí desaparecieron los representantes sindicales en los consejos, pero también desapareció uno de los consejeros políticos. Hay un director general que tiene un poder equivalente al que tenían los consejeros, después hay un subdirector que ya no tiene el mismo peso. Creo que ver eso como una medida antisindical no se justifica. Por ejemplo, en un enfoque muy parecido al del cogobierno universitario, los consejos de participación por centro educativo de la Ley General de Educación de 2008 incluían a los docentes, a representantes de los padres, de la comunidad, pero no a representantes de los funcionarios no docentes. Nosotros los incorporamos, el cambio que hay en los consejos de participación por centro es que incorporamos gente. A veces se simplifican los análisis y se atribuyen intenciones que no hay. Hay cambios, como es normal cuando cambia un gobierno, pero van en direcciones variadas. También ampliamos la integración de la Comisión Coordinadora de la Educación, a la que la ley anterior daba una composición súper excluyente, era básicamente una comisión coordinadora de la educación pública, pero ni siquiera estaba todo lo público. Por ejemplo, la formación militar y policial no estaban, y caramba si es importante en una democracia en donde uno quiere una Policía o unas Fuerzas Armadas respetuosas de los derechos humanos y la legalidad. Lo que hicimos, lejos de excluir, fue ampliarla. También incorporamos un representante de las intendencias en las comisiones departamentales, que eran como sucursales de las instituciones que desde Montevideo manejan la educación.

En el plan se habla de cambios en el gobierno de la Universidad Tecnológica (UTEC). ¿En qué cambios están pensando?

Cuando la UTEC estaba en proceso de nacimiento estuvo muy cerca de que pasara lo mismo que pasó con la Universidad de la Educación y que la iniciativa fracasara porque no había acuerdo sobre la gobernanza de la institución. Si finalmente se creó es porque se logró una fórmula de acuerdo, que incluyó un régimen de transición durante unos años en que la UTEC iba a tener una directiva de tres miembros. Después de eso se pasaría a un régimen tipo cogobierno. Lo que hizo la LUC fue prolongar ese período de transición para sentarnos a pensar qué tipo de gobernanza le vamos a dar, porque sigue habiendo discrepancias sobre eso y hay opiniones dentro de la propia UTEC que dicen que busquemos otro tipo de modelo. Está en la agenda y antes de que venza el plazo legal habrá que considerarlo.

¿Desde el gobierno van a impulsar alguna propuesta concreta al respecto?

No nos gusta el modelo que aparece en el texto legal; nos parece tremendamente pesado e inoperante y queremos conversar alternativas, pero habrá que construir acuerdos y explorar soluciones. El mundo de la gobernanza universitaria es muy complejo y hay mucho para aprender de la experiencia internacional, en la que coexisten diferentes tradiciones; hay que aprender un poco de todo eso.

¿En qué va a consistir el Plan Nacional de Educación en Cárceles?

Hasta ahora había iniciativas aisladas. ANEP tiene programas de trabajo con población privada de libertad, aquí en el MEC existe el Programa Aprender Siempre [PAS], que trabaja con diferentes poblaciones, pero la más numerosa es la de personas privadas de libertad. Hay cosas que se hacen en la órbita del Ministerio del Interior y todo eso estaba descoordinado y un poco deshilachado. En la Ley de Presupuesto se introdujo un artículo que fue impulsado por el comisionado parlamentario de cárceles [Juan Miguel Petit] para tener un único programa que coordine todos esos esfuerzos, que se haría desde el MEC. Estamos conversando con el comisionado sobre eso, la idea es comenzar a ver todos los recursos que hay volcados, porque a veces ni siquiera tenemos una visión de conjunto. Y después elaborar una política común a todas las instituciones con objetivos y estrategias comunes. Las experiencias en general son súper alentadoras y también súper insuficientes.

¿Cuál es la meta a la que apuntan desde el MEC?

El objetivo final es favorecer la reinserción social, bajar radicalmente las tasas de reincidencia de la población liberada. Es esencial darles instrumentos para que tengan oportunidades en el momento de la liberación y que salgan en condiciones de ejercer ciudadanía, lo que incluye respetar el orden legal. Pero las experiencias muestran que los efectos son muy buenos durante el período de reclusión. Desde el programa PAS contaban hace poco que las autoridades de las cárceles les dicen que después de desarrollar ciertos programas baja mucho la violencia entre los internos. Todo el tema cárceles es un debe que tiene la sociedad uruguaya en su conjunto y parte de ese debe está en la acción educativa, que nos importa mucho.

En el plan no se nombra la educación sexual. ¿Tiene que ver con que no es un tema prioritario para el gobierno?

No, no tiene que ver con prioridades, tampoco aparece la enseñanza de idiomas y es una cuestión prioritaria. El documento no pretende ser exhaustivo. Prácticamente no entra en lo curricular, no vas a encontrar nada sobre cómo se da matemáticas o lengua. Se marcan grandes rumbos dentro de los que se va a ubicar esa clase de iniciativas. Si vas a los documentos de la ANEP vas a encontrar mucho sobre el tema y calza perfectamente dentro de estas grandes líneas en las que estamos trabajando. Si entrábamos a desarrollar cada una de esas temáticas específicas íbamos a producir un documento de 500 páginas, que es lo que no queríamos.

¿Las metas que se plantean sobre aprendizajes de los estudiantes tienen en cuenta el contexto de pandemia?

Sí. Las metas en materia de aprendizaje están todas fijadas por la ANEP. En el documento les damos más difusión, decimos cuáles nos interesan mucho y hay un gesto de rendición de cuentas a la ciudadanía. ¿Estamos seguros de que las vamos a cumplir? No. Pero está bueno fijarse metas. Como pasa en la vida, algunas uno las cumple y se queda muy contento, otras se queda por abajo, pero hubiera avanzado mucho menos si no se fijaba la meta. Creo que revela una actitud republicana: nosotros fuimos electos por la gente para hacer cosas, manejamos plata que la gente aporta, tomamos decisiones que, para bien o para mal, afectan la vida de los ciudadanos. Les contamos lo que nos proponemos hacer para que nos evalúen en función de esto.

¿Cómo se imagina el escenario pospandemia en la educación?

La educación va a quedar castigada, es imposible pasar un año y medio en las condiciones en las que pasamos y que no haya efectos negativos. Si no hubiera efectos negativos habría que cerrar el sistema educativo, porque no estaba agregando nada. Hay una pérdida global de aprendizajes con variantes. El último estudio Aristas del Ineed muestra que en escolares casi no hubo pérdidas en matemáticas ni en lengua. Es una cosa a festejar también por otra razón, que relativiza la buena noticia: cuando se volvió a la presencialidad, las autoridades de Primaria decidieron razonablemente que iban a priorizar esas dos materias, que son las fundamentales. Seguramente, si medimos biología, historia u otra cosa podemos notar pérdidas grandes. Lo otro que tenemos medido es que en la pandemia se profundizaron inequidades que venían de antes. La respuesta del Plan Ceibal fue muy buena y la apropiación de los docentes y alumnos de esos recursos fue muy buena, pero los que menos se favorecieron de los recursos de Ceibal son los que menos se favorecen del sistema tradicional. Los que menos se conectaron son los que más repiten, los que más rápido abandonan, los que menos aprenden en las mediciones tradicionales de aprendizajes, es decir, los más débiles en términos socioeconómicos. Hay que tener claro que si mañana se termina la pandemia no se terminó el problema en materia educativa, vamos a lidiar con las consecuencias educativas por un año y medio como mínimo. Por un buen tiempo, la educación presencial no podrá ser exactamente igual que la que teníamos antes. Además de hacer lo que es normal que se haga en el transcurso de un año educativo, hay que compensar las pérdidas del último año y medio. El desafío hasta ahora fue minimizar las pérdidas; ahora será volver a hacer lo que hacíamos siempre, más compensar lo que haya que compensar.

Hablando de compensar, ¿qué pasa con los gurises que perdieron el hilo de aprendizaje? ¿Qué planes hay para ellos?

Sobre eso tenemos un montón de planes en distintos organismos. Uno de ellos es el Cecap [Centro Educativo de Capacitación y Producción] aquí en el MEC, que es un programa que existe desde hace más de 30 años y tiene una solidez en cuanto métodos, formas de trabajo, que anda muy bien. Aquí aspiramos a prolongar, aumentar el número de los Cecap y también del número de alumnos. La ANEP tiene una cantidad de programas dirigidos a identificar, primero, a los alumnos que están en riesgo de abandono para tratar de evitar que deserten. Nosotros ya veníamos con un problema grave de pérdida de estudiantes antes de la pandemia. Uruguay es uno de los países de la región en donde este problema es grave. Y la pandemia no ayudó en nada, de modo que tenemos claro cuáles son las líneas de acción prioritarias para adelante.

¿Va a ser necesario otorgar más recursos económicos para la educación para asumir estas nuevas tareas, para recuperar lo que se perdió hasta ahora?

Creo que es un error conceptual centrarse en los recursos, hay que enfocarse en los resultados. Por supuesto que en principio uno piensa que más recursos es mejor que menos recursos, pero la realidad es más compleja. Primero, más recursos para la educación es menos recursos para otras cosas como la salud pública, el medioambiente o lo que sea. Por lo tanto, el ideal es conseguir los mejores resultados con la menor cantidad de recursos posible; por otra parte, más recursos es más plata que les sacamos a los ciudadanos metiéndoles la mano en el bolsillo. Hoy hay muchas madres que no pueden comprarles a sus hijos un par de championes por los impuestos que tienen que pagar. Entonces, festejar la cantidad de recursos como una buena idea en sí misma es un error conceptualmente. Es como si mañana tú me preguntaras: “¿Cómo te fue en las últimas vacaciones?”, y yo contestara: “Ah, bárbaro, gasté un montón de plata”. Eso es un razonamiento raro. Si gasté un montón de plata y disfruté mucho, capaz que está bien. Ahora, si gasté un montón de plata y pasé horrible, fueron las peores vacaciones de mi vida. Lo que importa son los resultados. Te pongo un ejemplo: el gran desafío del Ceibal, que se lleva gruesamente unos 50 millones de dólares por año, con tal como lo vimos antes de la pandemia no era aumentar los recursos, era aumentar la cantidad de alumnos a los que llegaba con los mismos recursos que tenía. El Ceibal era como una Ferrari adentro de un garaje a la que se sacaba una vez por semana a dar una vuelta manzana y se guardaba. Había una inversión inmensa acumulada durante más de una década, había buenas plataformas, buena conectividad, buena cantidad de máquinas distribuidas por todos lados, y unas tasas de uso bajísimas. Cuando estalló la pandemia, el uso de las plataformas de Ceibal se multiplicó por más de diez.

Eso fue obligado.

Sí, y demostró un fantástico compromiso de muchos docentes que salieron a aprender por las de ellos porque no estaban familiarizados, y una reacción de las familias que se quedaron con sus hijos para saber que había una solución. Pero si se multiplicó por diez es porque era bajísimo. Si tú hubieras tenido a 60% de los alumnos utilizando el Ceibal, no se puede multiplicar por más de diez. Se multiplicó a esa cifra porque la cantidad de alumnos que ingresaban era poca. Entonces, tenemos el desafío de usar de la mejor manera posible los recursos que estamos volcando. Después, en la medida en que la economía se vaya recuperando y lo permita, va a haber más recursos, siempre y cuando se utilicen bien. Pero tenemos mucho para ganar, y de hecho lo estamos haciendo, usando mejor los recursos que uno tiene.

¿Usted está conforme con el presupuesto que tiene el MEC o la ANEP?

Si uno mira sus propios intereses, uno nunca está conforme con eso. Si uno mira las condiciones en las que está el país y las decisiones que toma el gobierno del cual uno forma parte, uno tiene que entender la situación. El presupuesto se hizo bajo el supuesto, que se consideraba unánimemente aceptado en ese momento, de que la pandemia iba a estar medio liquidada para marzo de 2021. Todos sabemos que eso no fue lo que pasó. De hecho, vino la peor parte. Cuando termine este año, el gobierno va a haber gastado más de 1.000 millones de dólares que no estaban previstos. El dinero que se ha gastado en vacunas es enorme, los testeos, la multiplicación casi al doble de las camas de CTI...

Eso sale del Fondo Covid.

Sí, pero ¿de dónde sale?

De los sueldos de los funcionarios públicos, ahorros del Estado y aportes de empresas.

Bueno, viene de ahorros del Estado y de destinar al Fondo Covid recursos que se tenía pensado usar para otras cosas, pero dada la emergencia se mueven esos recursos. Esas condiciones explican por qué se le está dando una prioridad al tema social, porque responder a las consecuencias sociales es una emergencia. Por supuesto que a mí como ministro me encantaría poder tener este año mucha más plata para ciencia y tecnología. Me encantaría. Ahora, cuando me decís “mirá, no tengo esa plata porque tuvimos que ponerla en atender a la primera infancia o en tratar de enfrentar el problema de los asentamientos”, uno como parte del equipo de gobierno se siente solidarizado con eso. Está bien, me toca perder parte de lo que me gustaría haber tenido, pero estamos en una situación muy excepcional, de emergencia, con consecuencias sociales, y está muy bien que en este momento, en lo inmediato, se pongan las prioridades que se están poniendo.

Sin embargo, la realidad concreta de los centros educativos, en los que actualmente se buscan dividir grupos, ir a otros lugares, aumentar las tareas de limpieza y desinfección, hace que muchas veces se incrementen las tareas y es algo que muchos docentes también reclaman.

Se paga. Por ejemplo, se contrató una cantidad muy importante de auxiliares en la ANEP para cubrir eso. Todo eso es plata que se puso. Si algo hizo este gobierno es actuar con mucha sensibilidad social ante esa clase de cosas. Yo tenía algunos proyectos, sigo teniéndolos, que me encantaría hacer. Un gobierno que funcione bien es un equipo de trabajo, en donde existe lealtad entre los diferentes miembros y donde se juega en conjunto. Yo sería muy necio si me pusiera en contra de que en este momento se destinen los 50 millones de dólares que se van a destinar a primera infancia. 50 millones de dólares es un Plan Ceibal entero, eso es lo que la rendición de cuentas está dedicando ahora a la primera infancia, y está muy bien. Confiamos en que vamos salir medianamente rápido, que la sociedad uruguaya se va a enderezar después de este momento en el que se recibieron muchos palos, y que la economía va a dinamizarse, y que eso va a liberar recursos para hacer otras cosas. Hay una definición de la economía que es muy básica y es la administración de recursos escasos. Si no existiera la escasez no existiría una disciplina que se llamara economía, ni existirían las políticas económicas. En momentos de crisis uno tiene que ser más cuidadoso a la hora de definir las prioridades.

En el Plan se habla de redistribuir el sistema de becas para estudiantes, pero también de aumentar las horas de tutoreo, sobre todo de los estudiantes de quintiles uno y dos. ¿Eso está pensado con los mismos recursos que ya existen?

Primero, hay muchas posibilidades de redistribución. De hecho, lo demostramos en este año y medio en que hicimos un ahorro estructural súper importante al mismo tiempo que gastábamos mucha plata en el Ceibal. Voy a poner un ejemplo de este ministerio: durante el año pasado tomamos una serie de medidas para dinamizar el sector cultural. Pagamos un millón de dólares en deudas para el sector cultural, y pudimos hacerlo al mismo tiempo que hicimos funcionar el ministerio porque ahorramos en un montón de cosas en las que se gastaba plata de manera innecesaria. La ANEP ha conseguido hacer ahorros en un montón de rubros en donde se estaba gastando mal, de manera innecesaria, entonces es una combinación de las dos cosas. A su vez, una parte de estos 50 millones de dólares dedicados a primera infancia van a la ANEP porque tiene una parte de atención a educación inicial.

Hay al menos 41 carreras y programas de la Udelar que con esta rendición de cuentas peligran. ¿Por qué el gobierno se muestra reticente a dar más presupuesto para un área que, pese a no tener tantos recursos, sí está dando buenos resultados?

Ojo con una práctica que es bastante común en este país que es la siguiente. Si yo sin plata proyecto nuevos programas, abro nuevas carreras, nuevas sedes y después no me dan esa plata y digo que nos están cercenando, no es así porque nunca tuviste la plata. Uno tiene que elaborar y hacer proyectos en función de los recursos con los que uno cuenta.

Año a año la matrícula de estudiantes que ingresan a la Udelar crece significativamente.

Y el presupuesto de la Udelar mejoró. Lo que pasa es que, de nuevo, en una situación de emergencia social y de escasez de recursos como la que hay, si yo tengo que elegir entre pagar el seguro de desempleo flexible –que fue una gran solución para un montón de gente– y financiar una carrera de la Udelar que está proyectada, capaz que lamentablemente tengo que decir voy a pagarle a la gente que se quedó sin empleo porque estoy en una emergencia. Ahora, espero que dentro de un año esa gente esté trabajando y yo no tenga que seguir pagándole el seguro de desempleo. Acá no hay que agitar fantasmas, no hay ninguna razón para pensar que se está ante un gobierno enemigo de la educación o de la cultura o de la ciencia. No hay ni una señal para llegar a esa conclusión. Si en un momento tengo que decir “no te puedo dar esa plata” es porque la estoy gastando en otra cosa, en un momento crítico. Es tan simple como eso.

¿Cómo definiría el vínculo que hoy tiene el gobierno con la Udelar?

Es muy bueno. No le busquemos el pelo al huevo, las relaciones con la Udelar son muy buenas. Personalmente, con el rector [Rodrigo] Arim hacemos muchas cosas juntos, tenemos un diálogo regular. No busquen lo que no hay. No hay un gobierno que esté persiguiendo nada de esa clase de cosas.

Pero es cierto que hay rispideces. ¿No se ha planteado tocar nada que tenga que ver con la Ley Orgánica de la Universidad?

El único cambio que se hizo, y que fue en acuerdo con la Udelar, fue en la ley de urgente consideración, que se sacó el tema de las reválidas de la Udelar y se puso aquí en el MEC, pero eso es una cosa que todos reconocían que había que hacer porque el modelo de las universidades revalidando títulos es de hace más de medio siglo. Hoy en día los títulos, los sistemas de reválidas y reconocimiento de títulos se hacen en un marco de acuerdo entre gobiernos. Entonces, si vos como gobierno te obligás a firmar convenciones internacionales que existen sobre eso no tiene mucha lógica que después la ejecución de eso esté en manos de una institución autónoma sobre la que vos no tenés ningún control. Está macanudo que la institución sea autónoma, pero si tú te comprometiste a hacer algo, tenés que estar en condiciones de controlar ese proceso para poder hacerlo. Se hizo súper pacíficamente, hay una comisión en la que nos dimos un plazo de dos años para hacer la transición, hay una comisión que designó el rector Arim y acá tenemos otra gente que trabaja en conjunto para ir trasladando el sistema, y no está previsto de modificar nada en la Ley Orgánica. No hay problema con eso.

Dado el rol que ha tenido la ciencia este último año, ¿cree que debería tener más presupuesto? El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas tiene el mismo dinero que en 2017, por ejemplo.

La última vez que la ANII [Agencia Nacional de Investigación e Innovación] tuvo un aumento significativo fue en esa época. Por supuesto que me encantaría darle mucho más a la ciencia, pero estamos en una situación en que algunos objetivos deseables pueden sufrir alguna postergación porque tenemos otros incendios que apagar antes. Soy universitario de toda la vida, investigador también, vengo de ese ambiente, pocas cosas me atraen más que el mundo de la investigación universitaria; me encantaría poder darles tres veces más de lo que tienen, pero estamos en los límites de la realidad.

¿Qué reflexión le merece que la coalición haya votado para investigar a un profesor de secundaria que presuntamente se tomó licencia de forma irregular? Usted cuestionó a las anteriores autoridades al respecto.

Es una iniciativa parlamentaria. La verdad es que no tengo información sobre cuál es el plan de trabajo que tienen ni qué se espera de eso. Efectivamente dije eso, es lo que hay cambiar de este país.

¿Cree que las autoridades anteriores actuaron en connivencia con los sindicatos?

Creo que las autoridades del CES [Consejo de Educación Secundaria] tuvieron que elegir entre hacer lo necesario para asegurarles a los alumnos su derecho a tener clase y que los docentes estuvieran presentes en las aulas y les dieran las clases que tenían que dar, o hacer la vista gorda para no poner en problemas a un sindicato. Y decidieron hacer la vista gorda perjudicando a los alumnos y sus derechos. Eso es exactamente lo que no hay que hacer. Está muy bien que exista la actividad sindical, los sindicatos son una parte esencial de una sociedad democrática, creo que dentro de los límites razonables la institución de las horas sindicales o de licencia sindical es justificable, pero tiene reglas. Y las reglas tienen que cumplirse. Uno de los papeles que tenemos quienes ocupamos lugares de gobierno es asegurar que las reglas las cumplan todos, empezando por nosotros mismos. Sí creo que hay una grave responsabilidad de las autoridades educativas de la época.

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