La Asociación Filosófica del Uruguay (AFU) es una organización integrada por quienes se dedican “al quehacer filosófico”, entre ellos, muchos profesores de esa asignatura. Desde marzo de este año ha realizado diversos conversatorios para analizar los cambios curriculares definidos por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y hace pocos días publicó una declaración pública en la que sintetiza lo surgido de esas instancias de intercambio.
En particular, la AFU considera que “el actual proceso de transformación educativa recorta contenidos, subordinándolos a la formación por competencias desde una visión claramente instrumental y utilitaria”. Según agregan, ello es contrario a las “mejores tradiciones educativas” uruguayas, las que la asociación considera “imprescindible retomar y recrear”. En particular, mencionaron la “formación humanista, integral y realmente participativa y democrática”.
Por su parte, el colectivo sostuvo que, en la transformación en curso, las competencias son “impuestas” como “enfoque único e incuestionable”, lo que “limita las posibilidades de la creatividad docente” y, en los hechos, va “contra la libertad de cátedra”, que consideran un derecho vinculado a la libertad de pensamiento, que está garantizada por la Constitución de la República.
La asociación considera que en la reforma actual “el docente es reducido a un técnico ejecutor eficaz, el estudiante es formado en habilidades generales como trabajador flexible y adaptado a las exigencias del desarrollo productivo”, y “las instituciones educativas son empresas que compiten en ofrecer servicios a partir de medir sus resultados”. “El corazón de la actividad educativa se vuelve ajeno a la preocupación pedagógica”, resumen, y lamentan que se haya pasado de hablar de objetivos de enseñanza a “indicadores de logro, perfiles de egreso y competencias”. Agregan que ese tipo de enfoques apunta a “reducir los complejos procesos de enseñanza y aprendizaje a una secuencia de relaciones directas y consecuencias medibles”.
Según analizan, el modelo que la ANEP está promoviendo es “tecnicista”, por lo que parte “del presupuesto de neutralidad científica” y se inspira “en los principios de racionalidad, eficiencia y productividad que se aplicaron en el trabajo fabril”. En suma, advierten que estos abordajes “defienden el reordenamiento del proceso educativo a efectos de volverlo objetivo y operacional”. No obstante, la asociación entiende que se trata de una versión “remasterizada” de las orientaciones tecnicistas del siglo pasado, que, en vez de “transferir a la escuela la forma de organización del sistema fabril”, lo hace con “el modelo de la empresa”.
Por su parte, la AFU considera que el enfoque de la reforma “requiere de los estudiantes que desarrollen competencias que son las que las empresas exigen hoy a sus empleados”. “En vez de transformar se habla de innovar, en vez de desarrollar la solidaridad se habla de desarrollar competencias colaborativas para trabajar en equipo. Es el lenguaje de las empresas que atraviesa la educación”, cuestionan.
Educación, trabajo y empleo
La asociación entiende que el actual escenario de reforma marca que “la mirada economicista ha ganado terreno en la educación frente a las miradas pedagógicas”. Por ello, plantean que “la educación se vuelve un tema de interés en la orientación de procesos de desarrollo económico”, y que se apunta a mejorar “cifras y resultados de aprendizaje desde una relación costo-beneficio”. “Dejamos, entonces, de hablar de sujetos y de proyectos de construcción humanizadora, para hablar de formación de habilidades”.
Por su parte, el colectivo considera que la educación debe formar tanto para el trabajo como para la vida. En ese sentido, entienden el trabajo como “la capacidad propia del ser humano de conocer y transformar la naturaleza” y apuntan que cuando la formación para la vida y para el trabajo se plantean como antagónicas, el concepto de este último “aparece reducido a la noción de empleo”.
“Las autoridades buscan, con estas reformas, domesticar la crítica y la resistencia, someter el pensamiento y la libertad. Con ellas se están privilegiando cambios que apuntan a la deshumanización y profundización de la ignorancia, y al fortalecimiento en los estudiantes de una actitud amable, obediente y comprensiva ante la realidad imperante”, sostiene el colectivo.
La AFU subraya que los actuales cambios apuntan a “la autoculpabilización del sujeto ante un destino de explotación y miseria creciente” y también se sustentan en “el ataque de lo público frente a lo privado”. Al respecto, opinan que se registra “el desmantelamiento de la educación pública” porque está “sospechada de ser una educación demasiado popular” y que históricamente se ubica “del lado de los derechos y de las causas justas”, al contrario de lo que ocurre con la educación privada, que “reafirma y aumenta las desigualdades”.
Finalmente, la asociación se refirió a la forma en que se han diseñado y aplicado los cambios curriculares en la educación, y afirma que esos procesos se han dado “sin participación docente y sin representación de los distintos sectores políticos de la sociedad”. Según analizan, ello “pone en jaque seriamente el carácter democrático que la educación como proyecto nacional debe tener” y, al mismo tiempo, implica la negación del saber profesional de los educadores. “Son cambios prepotentes e inconsultos”, sostienen, y agregan que “se construyen planes y cargos con un lenguaje ambiguo, falaz, con una retórica que busca seducir, distraer y tergiversar los objetivos verdaderos de las autoridades: eliminar desde la raíz (desde la educación) toda posibilidad de cambio social que ponga en riesgo al capitalismo nativo, a sus privilegios de clase y a sus funcionarios”.
Más allá de esta postura crítica con los cambios propuestos, no niegan que se necesiten transformaciones en la educación. De todas formas, afirman que “no cualquier cambio implica mejoras reales”, ya que el actual plan implica “un empobrecimiento” y la “mutilación general” en la formación en los diferentes subsistemas.