En 2022 la formación en educación estuvo marcada por la alta conflictividad en colectivos de estudiantes y docentes, que apuntaron sobre todo a que se retrasara la implementación de la reforma curricular que impulsó la Administración Nacional de la Educación Pública. Si bien las medidas de lucha han tenido menos visibilidad en lo que va de este año, no significa que hayan cesado: las hubo en los Institutos Normales de Montevideo, en el Instituto de Profesores Artigas (IPA), en centros de formación en educación de Melo, Rivera y Atlántida. Algunas de docentes, otras de estudiantes, otras de ambos grupos.
A principios de mayo, el Centro de Estudiantes de Magisterio convocó a una marcha y un paro activo “ante la falta de condiciones dignas de estudio”, mientras que, en Melo, los docentes sindicalizados del Instituto de Formación Docente (IFD) se declararon en conflicto ante la designación directa del nuevo cargo de dirección, lo que no cumple con la normativa jurídica, según aseguraron, una situación que también se repitió en el IFD de Salto.
En Rivera, por otro lado, los estudiantes ocuparon el Instituto el 19 de abril. Líber Romero, presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe), recordó a la diaria que el alumnado evidenció las “incongruencias” de “no tener claro hacia dónde se va”, porque uno de los problemas que tienen los estudiantes de primer año es que “lo único que tienen claro hasta ahora es cómo se los puede evaluar y el contenido de las materias de primero, pero no saben cómo van a continuar segundo, tercero, y cuarto, y por lo tanto no saben qué perfil de docente y educador social se espera de ellos”.
Los estudiantes que iniciaron primer año, o tuvieron que recursar alguna de las materias de ese período, “no sabían con qué nota iban a exonerar, cómo se podían dar los exámenes, con qué calidad o reglamentación”. Georgina Bustelo (Ceipa).
Desde que comenzaron las clases, el tránsito estudiantil en ese tramo de la educación terciaria ha estado marcado por la “incertidumbre”. Así lo consideró Georgina Bustelo, vocera del Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa) e integrante de la Coordinación de Centros de Formación en Educación. En conversación con la diaria, resaltó que los estudiantes que iniciaron primer año, o tuvieron que recursar alguna de las materias de ese período, “no sabían con qué nota iban a exonerar, cómo se podían dar los exámenes, con qué calidad o reglamentación, entre otras varias cosas”, porque las clases comenzaron a dictarse sin los nuevos programas aprobados de cada asignatura de primer año, por tanto, tampoco se sabía cómo iba a ser la evaluación.
Finalmente, el 26 de abril fueron aprobados en la órbita del Consejo Directivo Central (Codicen). Romero dijo que “se nota claramente la improvisación” del plan iniciado este año y subrayó que los programas son tan solo “un esbozo temático que no está claramente desarrollado, y al no existir una coordinación nacional, lo que da un docente en Rivera, otro en Salto, o en Atlántida, va a depender de lo que quieran incluir de ese punteo temático”. Para el presidente del Sidfe, este contexto ha generado una “fragmentación programática de la carrera”, lo que provoca “un detrimento de la formación docente como única y nacional”.
En este marco, Bustelo aseguró que se ha hecho “bastante complejo manejar ese nivel de duda y nerviosismo sobre un futuro inmediato” y que, en gran parte, esa ha sido “la repercusión de la reforma que se intenta llevar adelante en formación en educación”. Otro de los puntos que resaltó la estudiante es que, al mismo tiempo en que acontece lo narrado, se suma “lo caótico de los inicios de cursos”, que incluyen “grupos superpoblados, algunos sin docentes, falta de salones, falta de recursos, el ascensor roto por varios días y la falta de accesibilidad del edificio”.
Si bien hasta el momento los gremios no tienen definidas medidas específicas a tomar en las próximas semanas, Bustelo señaló que “siempre se están pensando medidas en conjunto, porque la reforma educativa, la de seguridad social y otras problemáticas que estamos enfrentando nos afectan a todos y todas”. Por eso, apuestan “siempre con otros gremios de formación en educación, pero también otros gremios estudiantiles y con la parte sindical”. Mientras tanto, el Ceipa está terminando de analizar el nuevo reglamento de estudios, que pasó esta semana por la Asamblea Técnico Docente (ATD) local y luego esperará la revisión de la ATD Nacional.
El conflicto nunca cesó
“Nunca dejamos de estar en conflicto”, aseguró Romero, ante las recientes movilizaciones que parecen avizorar una incipiente reactivación de lo que fue. Según el presidente del Sidfe, estas manifestaciones se deben, en algunos casos, al Plan 2023 y, en otros, al “autoritarismo” de los jerarcas designados por el gobierno en el organismo. En este marco, el Sidfe tampoco dejó de evidenciar cada uno de los conflictos a lo largo y ancho del país. Justamente, Romero manifestó que “una de las cosas que queríamos hacer este año es el seguimiento y control del Plan 2023, notando estas incongruencias que se están dando”.
En este sentido, Romero puntualizó en tres ejes en los que al día de hoy la formación docente tiene conflictos: “temas administrativos, los planes y programas y la situación laboral”.
En cuanto a lo administrativo, el presidente del Sidfe señaló que hay casi 7.000 horas que aún no tienen docentes. 3.000 de esas horas son de primer año, donde se está aplicando la reforma curricular, y las demás son de los años restantes. “Esto tiene que ver con un conjunto de incertidumbres: los docentes no tienen claro, al día de hoy, cómo van a estar pagadas algunas de las horas, especialmente para aquellos que tienen cursos semestrales y anualizados, porque el Consejo [de Formación en Educación (CFE)] comunicó verbalmente una determinada decisión en diciembre y en febrero para que los docentes pudieran tomar horas semestralizadas, y esa decisión, también de forma verbal, cambió sobre marzo”.
No hay “nada por escrito que asegure cuántas son las horas que realmente puede tomar un docente, pensando que son funcionarios públicos, que no pueden exceder las 60 horas” semanales de trabajo. Liber Romero (Sidfe).
En tanto, dijo que en la actualidad no hay “nada por escrito que asegure cuántas son las horas que realmente puede tomar un docente, pensando que son funcionarios públicos, que no pueden exceder las 60 horas” semanales de trabajo.
Romero explicó que el CFE había asegurado que las horas de los cursos semestrales se anualizaban, por lo que si un docente tenía 40 horas en un semestre, se trataba de 20 horas anuales. “El problema es que ahora, dependiendo de con quién uno hable, esas horas se cuentan las 40 juntas en un semestre, entonces, si el docente tiene otro cargo en otro lugar, se pasa de las 60 horas”, dijo. Así, la “incertidumbre” no sólo alcanza a los docentes, sino que, según Romero, también a las direcciones, “que en algún momento avalaron determinada selección de horas, porque por lo menos verbalmente había una directiva” del CFE.
Al igual que Bustelo, el dirigente sindical evidenció la sobrepoblación en los grupos, no sólo los que transcurren presencialmente, sino también en los semipresenciales, que aseguró que “crecieron en detrimento de los cursos presenciales” y puede notarse, principalmente, en determinados centros del interior del país.
Por otro lado, el CFE comenzó la segunda etapa de elaboración de los programas de las unidades curriculares de segundo, tercero y cuarto año. En ese marco, Romero dijo que se llamó a una jornada de discusión, a la que consideró una repetición de lo ya sucedido: se repite “la pseudoparticipación del año pasado, para que los docentes coloquemos propuestas programáticas; nuevamente es una burla a la formación profesional que tenemos”, sentenció.
La discrepancia con el mecanismo de consulta radica en que se ha desarmado la estructura académica que había construido el CFE en el gobierno anterior. Según explicó, había “coordinadores nacionales que permitían que las distintas asignaturas pudiesen coordinar nacionalmente, pero desestructurar eso fue una de las primeras medidas que toma este consejo, y fragmenta de por sí la discusión”.
A su vez, afianzó que las salas nacionales de profesores no han tenido discusiones, por ejemplo, sobre los contenidos de los programas. Según entiende, ese “hubiese sido un paso necesario y primario para ver qué contenidos se necesita para tal asignatura, porque cualquiera sea la carrera, las asignaturas tienen que tener un correlato entre lo que dicen las materias de primero con las de segundo, y luego con las de tercero y cuarto. Si eso no se hace nacionalmente, coordinadamente, lo que se tiene es un rompecabezas, que después terminan armando en algún lugar del consejo”.
Por último, reclamó que, además de “la incertidumbre que genera todo este proceso”, el CFE “no está dando respuesta a tiempo frente a los planteos que hacemos docentes y estudiantes”, a pesar de que “hay un conjunto de estos problemas que el consejo podría resolver”. Por parte del sindicato, de todas formas, “no hay una medida concreta” de lucha distinta de las que vienen desarrollando, aunque en el marco de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, aseguró que están evaluando “cómo afrontar la Rendición de Cuentas que se viene”.
Más profundo
La sensación de los docentes es de “pérdida”, resumió a la diaria el educador social y consejero docente en el CFE, Diego Silva. Según describió, el sentimiento, que aseguró que no es subjetivo, sino que “tiene sustento en un montón de hechos en concreto”, se debe a que desde hacía años se venía en un proceso de “acumulación de un conjunto de condiciones de construcción de lo académico, hacia el proyecto fallido de la Universidad de la Educación”.
En primer lugar, dijo, luego de cuatro años de discusiones, a finales de 2009 el Codicen aprobó el capítulo 14 del Estatuto del Funcionario Docente sobre la generación de cargos docentes, pero que la administración actual suspendió la aplicación y abrió un nuevo proceso de discusión.
La segunda “pérdida” que delineó es el desarme de los institutos académicos. Si bien admitió que no funcionaban como esperaban, “había sido una ganancia histórica y era un contenedor de los docentes en las distintas carreras”.
“Estamos sellando que la titulación que emitimos no tiene valor y que el valor, o el plus de valor en lo universitario, te lo va a dar una prueba que brinda otra institución”. Diego Silva (consejero docente del CFE).
A ambos puntos agregó la transformación curricular. Señaló que en el período de gobierno anterior ya se habían discutido los planes de estudio y el único que había logrado aprobarse por parte del Codicen había sido el de maestro técnico y profesor técnico, “pero el resto de las carreras que lograron la aprobación del CFE, por las propias disputas del gobierno pasado, el Codicen no terminó homologando esos planes y quedamos en la puerta”.
Para Silva, los tres procesos fueron una “carrera acelerada” para cerrarlos, en el marco de la ley de urgente consideración, que, según señaló, implicó “poner la tapa a la Universidad de la Educación, habilitar un proceso de pérdida de autonomía y que la aprobación de lo universitario pase por una acreditación”, en alusión al mecanismo definido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Al respecto de la prueba del MEC, que implementará el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, aseguró que, “por mejor que esté diseñada, va a terminar siendo sobre competencias básicas, que tienen que ver con la lectura, la escritura, el uso de tecnología, el pensamiento lógico matemático”. En ese sentido, visualizó que lo que ocurrirá “es que no va a tener ningún efecto práctico”, porque no se piensa en “mejorar la experiencia formativa” y se trata de “una lógica de certificación del título universitario con una prueba ad hoc”. “Estamos sellando que la titulación que emitimos no tiene valor y que el valor, o el plus de valor en lo universitario, te lo va a dar una prueba que brinda otra institución”, resumió. Para el educador social, todos estos puntos son parte de un proceso “muy triste” que genera “malestar en el cuerpo docente”.
En la órbita del CFE, sin embargo, contó que están trabajando en la restitución de las estructuras académicas, a las que consideró un “pendiente”. El compromiso, dijo, es que el capítulo 14 –ya aprobado por el Consejo– pueda “pasar por la bipartita, ir a negociación colectiva y que se puedan implementar los cargos con una lógica académica para la elección de horas del año que viene”. “Ese es el compromiso y, a partir de eso, recomponer las estructuras académicas con un criterio que es el de la regionalización”, explicó.