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El síndrome de Narciso o las autoridades de la enseñanza frente a su reforma

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La semana pasada, Mariano Palamidessi presentó los resultados del Estado de situación de la transformación curricular del Plan 2023, un informe que busca demostrar lo maravilloso del cambio producido en el Consejo de Formación en Educación (CFE). Presentado como un análisis científico, no pasa de ser un folleto de propaganda al servicio del gobierno. Como veremos, las falencias del trabajo son tanto metodológicas como de desconocimiento del objeto de estudio.

Antecedentes

Palamidessi fue contratado el 8 de marzo por el Programa de Apoyo a la Educación Media y a la Formación en Educación de forma directa a solicitud del presidente del CFE, Víctor Pizzichillo, para realizar una consultoría externa en un período de ocho meses, por un monto de 980.000 pesos. Dada la fuente de financiación, esta resolución de designación directa debía ser reafirmada por el Consejo Directivo Central (Codicen). Sin embargo, el equipo elegido comenzó su labor previo a la discusión en el Codicen, enviando por mail a los docentes del CFE un formulario de Google para ser completado días antes que el tema fuera tratado. Este ya sería un primer problema de forma, pero vayamos al contenido del documento.

Una metodología tautológica

El estudio presentado es tautológico, ya que las fuentes de información a las que recurre le van a dar siempre respuestas favorables al plan. Basta ver que se buscó obtener información “sobre los procesos de diseño, formación continua e implementación de los nuevos planes mediante un análisis de documentos oficiales del CFE (Marco Curricular, planes de estudios, resoluciones, documentos técnicos e informes de gestión)” y la consulta “a cinco conjuntos de actores: a) autoridades y equipos técnicos del CFE; b) directores de institutos y centros; c) profesores-mentores; d) profesores de primer y segundo año; e) estudiantes de segundo año” (Palamidessi, 2024).

Las primeras fuentes son la fundamentación del plan y, por lo tanto, justificativas de su accionar; de aquí se pueden extraer los contenidos y objetivos, pero no una valoración crítica. En las segundas se encuentran las propias autoridades, los profesores mentores que son sus adalides en este proceso (designados directamente para la función) y las direcciones que, salvo honrosas excepciones, se han dedicado a defender el plan y a vigilar a los docentes; es decir, tres de los otros cinco sujetos informantes son oficialistas o dependientes jerárquicamente. Nos queda examinar a los docentes y estudiantes.

El proceso de “transformación educativa" no se llevó adelante con la participación de los directamente involucrados, sino que fue impuesto por las autoridades. La crítica que ha recibido no sólo del Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) sino de la Asambleas Técnico Docente (ATD) fue ignorada; carente de consensos, se han apostado al control, vigilancia y miedo de los planteles docentes para llevar adelante la “transformación educativa”. Basta recordar cómo se amedrenta con sumarios ejemplarizantes a todos aquellos que osen desobedecer y, en el caso de Formación en Educación, en donde no existe cuerpo inspectivo, utilizan a las direcciones cipayas para esto, por ejemplo, en el Centro Regional de Profesores de Atlántida y el Instituto Normal de Enseñanza Técnica. La última perla de este collar es el impedimento al consejero docente del Codicen Julián Mazzoni de participar en una instancia de coordinación en el Liceo 72.

Mencionamos lo anterior porque se debería tener una duda epistémica sobre la respuesta de los docentes en entrevistas que no son anónimas y que, según los números proporcionados, se reduce a 42 profesores en seis centros (no se establece cómo fue la selección ni de los centros ni de los docentes). Queda entonces la encuesta realizada vía formularios de Google al conjunto de docentes de primero y segundo año. Según el documento, “se enviaron encuestas a 1.645 profesores incluidos en la base de datos provista por el CFE, la que fue respondida por 640 docentes (tasa de respuesta: 38,9%)”. Sobre esta base se afirma que la mayoría de los docentes apoyan el proceso de transformación.

En cualquier análisis serio y científico la primera pregunta a responder sería por qué el 60% no contestó la encuesta. ¿Marca un rechazo a la transformación, es una manifestación de desconfianza o simple desidia? No vamos a caer en el error de adjudicarnos que todos los docentes que no la hicieron es porque apoyan los reclamos del sindicato o forman parte de este. Sin embargo, sí podemos afirmar que la mayoría de los que la hicieron tiene algún compromiso con la reforma y aun en este panorama sólo el 80% (del 38,9%) está conforme. Podríamos agregar que la encuesta ya tenía un sesgo en su formulación y que al carecer del informe completo no sabemos si hicieron una discriminación para no tener una doble valoración de las respuestas, es decir que los que fueron parte de las entrevistas personales también hayan hecho la encuesta.

Haciendo confianza en los datos proporcionados lo cierto es que sólo 31,2 % del conjunto de los docentes está de acuerdo con el proceso; esta cifra es verosímil, porque es concordante con los resultados que tuvieron las listas oficialistas en las elecciones de la consejería docente llevadas a cabo hace dos años. En otras palabras, es una encuesta mayoritariamente realizada por los convencidos y sus resultados iban a ser de reafirmación del proceso de reforma.

Los estudiantes que responden la encuesta son el 27% de 3.955 y sobre esta muestra afirman los beneficios del plan, con párrafos en donde, por un lado, se dice que la semestralización es valorada positivamente y, por otro, se constata que los alumnos no pueden cursar la carrera en forma completa cada año. Tampoco hay cuestionamiento al bajo número de respuestas ni posibles hipótesis que puedan explicar este bajo porcentaje. Sería importante saber a qué modalidad de cursado, carreras y zonas pertenecen estos estudiantes.

No hay intenciones por parte del estudio de revisar las elaboraciones de la ATD, que tiene derecho de iniciativa y función consultiva en aspectos educativos particulares o generales y que debe ser preceptivamente consultada antes de la aprobación o modificación de algún plan. Esto no se realizó quizás porque por más que el documento afirma que las críticas han sido sólo al inicio, tanto las ATD locales como la ATD nacional se han opuesto pedagógicamente al Plan 2023 en todas las instancias en que fueron convocadas.

Un discurso ignorante

A las autoridades partidarias no les basta con mirarse al espejo y verse bellos, sino que el informe se construye sobre un discurso que niega el proceso histórico de la formación en educación en nuestro país. Algunas de las características que se valoran como positivas del Plan 2023 ya existían o estaban en el plan que se había elaborado entre 2015-2019 y que estas autoridades tiraron al baúl de los recuerdos.

La creditización y semestralización de los cursos ya estaba prevista en el plan abortado por esta administración, y que era parte de una reforma enmarcada en una estructura académica que hoy no se tiene.

La navegabilidad entre las distintas carreras es un aspecto que todavía debe observarse en la práctica, más cuando las improvisaciones por parte del CFE son un elemento constante en el plan. Sin embargo, si su base argumentativa es la existencia de materias en común que permiten el tránsito de una carrera a otra, vale recordar que esto no es algo nuevo en la formación docente y que existe desde el Plan 1986. Lo que sí se puede señalar como características del Plan 2023 es el debilitamiento de asignaturas como Pedagogía, perteneciente al tronco común.

Se ve como positivo la existencia de la formación continua en el marco de la “transformación educativa”, sin mencionar el sinnúmero de críticas que han recibido los cursos brindados, tanto por su forma como por su contenido. A modo de ejemplo, en el CFE se cita a las y los docentes a participar en forma presencial a cursos que son dictados en su amplia mayoría por teleconferencia y en donde son meros espectadores, sin oportunidad de preguntar, cuestionar o aportar. Estos cursos son dictados, en la mayoría de los casos, por “expertos” extranjeros que desconocen la rica tradición pedagógica de Uruguay y traen “recetas” que hace décadas son parte de la práctica docente o que han caído en desuso a nivel mundial.

A mayo de este año, 60% de los docentes tenían una UHDD de 10 y 20 horas y solamente 30% de los docentes lograron las UHDD de 40 y 45 horas; el restante 10% corresponde a la UHDD de 30 horas. Esto implica que el pluriempleo siga afectando a la mayoría de los trabajadores que buscan en otros subsistemas complementar sus horas de trabajo.

Además, debemos recordar cómo la administración deriva dineros públicos a instituciones privadas para cursos de maestría en la Universidad ORT y la Universidad Católica, para los que la ANEP transfiere 269.000 y 255.000 pesos respectivamente por alumno, en vez de hacer un convenio con la Universidad de la República (Udelar) o dar los pasos necesarios para una Universidad de la Educación. Y para broche de oro de los dineros mal gastados, la estructura académica de la Maestría en Cultura Escrita y Educación que ofrece el Elbio Fernández está compuesta por docentes pagos por el CFE.

En el informe el trabajo colaborativo aparece como una consecuencia del enfoque competencial, cuando formar equipos es parte de nuestra formación; en particular, el Plan 2008 lo preveía con la asignación de horas de departamento. Estas horas de docencia indirecta estaban diseñadas para el desarrollo de la extensión e investigación, mientras que hoy las Unidades Horarias de Desempeño Docente (UHDD) han reducido la relación entre horas de docencia directas (las de aula) y las indirectas para la gran mayoría de los docentes. En enero, antes de la aplicación de las UHDD, había 38.000 horas de clase y 18.000 horas de docencia indirecta; a partir de la aplicación de las UHDD, hay 54.000 horas de clase y 5.800 horas de docencia indirecta.

El redactor del informe no se tomó el tiempo para leer los datos que la propia administración tiene, o en su defecto los ignora, para afirmar que "mediante la implementación de las UHDD se ha logrado avanzar, de manera decisiva, en la concentración del trabajo de los profesores en una o dos instituciones. Esto contribuyó a una mayor pertenencia institucional, facilitó una mayor y rápida cobertura de horas y una reducción de la rotación de profesores durante el ciclo lectivo”.

A mayo de este año, 60% de los docentes tenían una UHDD de diez y 20 horas y solamente 30% de los docentes lograron las UHDD de 40 y 45 horas; el restante 10% corresponde a la UHDD de 30 horas (Klein, 2024). Esto implica que el pluriempleo siga afectando a la mayoría de los trabajadores, que buscan en otros subsistemas complementar sus horas de trabajo. Lo que la administración menciona como logro es que hoy tiene cubierta más del 90% de las horas de clase, sin embargo, esto tiene como contrapartida la pérdida de especificidad del conocimiento, ya que para poder alcanzar el número de horas para conformar la UHDD los docentes eligieron áreas en las que no son efectivos ni figuran en lista de interinos o llamados abreviados.

De igual manera, es inadmisible que de las pocas respuestas obtenidas de los docentes de primero y segundo año del Plan 2023 se extraigan conclusiones sobre los impactos de las UHDD que afectan a todos los docentes de Formación en Educación –incluso a aquellos que no están enmarcados en el nuevo plan– y que provocó, como una de las consecuencias, el desplazamiento de más de 1.000 docentes especializados.

Espejito, espejito

Para corolario de un informe que alaba continuamente la aplicación del plan, la primera recomendación de mejora que realiza es la de volver a la enseñanza por áreas. ¿De dónde surge esta conclusión? ¿Como resultado de qué análisis? De la encuesta seguro que no. Es indudable el sesgo político que tiene el folleto y que no tiene el más mínimo prurito de sacar de la galera una propuesta que no se asienta en ninguna de las premisas del propio documento. Las otras propuestas son la concreción de los más oscuros deseos de los entrevistados: que las direcciones dispongan de una bolsa de horas para poder contratar docentes discrecionalmente y que se habilite a dar clases virtuales según el curso, que la junta de directores se reúna regularmente y tenga incidencia en el desarrollo curricular, que se fortalezca y legitime a los profesores-mentores.

Se acercan las elecciones y la administración busca por cualquier medio fundamentar su accionar, y de paso tratar de justificar por qué al final de su mandato va a terminar con un déficit de 570 millones de pesos y con una matrícula de estudiantes que ha descendido un 40%.

Su último manotón de ahogado es tratar de aprobar vía express el capítulo 14 del estatuto docente, que es el que hace referencia a la Formación en Educación. En la anterior administración (la última del Frente Amplio) se había aprobado una versión en la que el sistema de ascenso escalafonario iba a ser por concurso de oposición y méritos, incorporando funciones distintas a cada grado (del 1 al 5), a semejanza de la Udelar. Este CFE le puso un freno y planteó un proceso de revisión de este, para lo que se conformó una comisión que trabajó entre 2020-2022. Se realizaron bipartitas de acuerdo con ese borrador y luego se cerró la discusión. Hace un mes, se vuelve a traer un proyecto de manos del presidente Víctor Pizzichillo, que nada tiene que ver con el que se discutió y en donde el ascenso se da a través de dos informes de dirección satisfactorios. El círculo se cierra y se reafirma el poder de los cuadros intermedios cuya misión es vigilar y controlar a los díscolos docentes.

La Formación en Educación es neurálgica para el conjunto del sistema educativo y no puede estar dependiendo de los cambios políticos partidarios que se producen cada cinco años. Por eso, es cada vez más necesario que se cree una Universidad de la Educación pública autónoma y cogobernada, es un compromiso con el país que deberían asumir todos los candidatos que se postulan en octubre.

Cecilia Klein y Líber Romero son presidenta y secretario general del Sidfe, respectivamente; ambos son docentes efectivos en el CFE y cursan el Doctorado de Educación en la Universidad Nacional de La Plata.

Bibliografía

  • Klein, G. (2024). Unidades Horarias de Desempeño Docente (UHDD): Su injerencia en el sistema (anti)universitario. Informe a la ATD nacional del CFE.
  • Palamidessi, M. (2024). Estado de situación de la transformación curricular del Plan 2023 de las carreras de grado de formación en Educación. Informe Ejecutivo, ANEP.

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