La educación pública, en particular la universitaria, ha sido escenario de uno de los frentes más conflictivos desde que Javier Milei asumió la presidencia en Argentina. En sus primeros meses como mandatario y en el marco de su idea de recorte del presupuesto del Estado, las universidades estatales quedaron al borde de no poder seguir funcionando. Eso generó una fuerte movilización popular y el 23 de abril miles de personas salieron a protestar a las calles, lo que representó un hito que el gobierno no pudo desconocer.
En el marco de su participación en la firma de un convenio para fortalecer las actividades de investigación y enseñanza en el área de turismo por la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) (ver recuadro), rectores de tres universidades públicas argentinas conversaron con la diaria sobre el vínculo con el Poder Ejecutivo, en el marco de la autonomía con la que cuentan. Martin López Armengol, rector de la Universidad Nacional de La Plata; Alfredo Lazaretti, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Omar Larroza, rector de la Universidad Nacional del Nordeste, coincidieron en la sensación de un “moderado optimismo” en que podrán obtener los recursos económicos que los acerquen a desarrollar actividades académicas de calidad y, al mismo tiempo, garantizar a miles de jóvenes el acceso gratuito a la educación superior.
La marcha de abril cambió las condiciones de relacionamiento entre las universidades y el gobierno encabezado por Milei, que captó el descontento de la sociedad y sobre todo de las capas medias con los recortes que ponían en riesgo el funcionamiento de las instituciones terciarias. Según detalló Larroza, desde ese momento por lo menos se logró cierto “alivio” con la actualización de algunas partidas dirigidas a las universidades públicas, que, en concreto, ya no tienen que preocuparse por si cuentan con recursos suficientes “para pagar la luz”, según agregó López Armengol. De todas formas, los rectores marcaron que todavía persiste la preocupación por la pérdida salarial de los funcionarios y también por recuperar la pérdida en las partidas para obras de infraestructura, entre otros aspectos.
El rector de la Universidad Nacional de La Plata agradeció la declaración de apoyo que semanas atrás emitió la Universidad de la República (Udelar) y aseguró que la marcha de abril sirvió para que los sectores más críticos con el funcionamiento de las universidades se dieran cuenta de que, más allá de que se puede discutir su orientación, la política en ese sector trasciende a los gobiernos de turno.
López Armengol dijo que, además de “alguna señal positiva” con la actualización de gastos, estas también se perciben con la ocurrencia de diálogos que están empezando a darse y por eso se permite cierto optimismo. De todas formas, consideró que seguramente durante todo el período de gobierno persistan diferencias ideológicas entre las universidades y el Poder Ejecutivo “en relación con el rol del Estado, de la educación pública y de la universidad pública”. “Somos muy respetuosos de las distintas visiones que hay sobre el rol del Estado –siempre ha habido distintas opiniones–, lo que pretendemos es que se den en un marco de discusión razonable en el que nosotros podamos seguir funcionando y explicando nuestro modelo”, sostuvo.
Lo que viene
En la misma línea, Lazaretti consideró que con el actual gobierno las universidades tendrán “mucha inestabilidad” y quizá podrán “ir encontrando puntos parciales de acuerdo” que les permitan “ir llevando la cuestión”. Si bien valoró que es válido debatir cómo se debe organizar la educación en las sociedades contemporáneas, señaló que en las últimas décadas Argentina “ha elegido generar un sistema universitario público con acceso irrestricto, financiado por el Estado, no arancelado y que respeta la vocación de los estudiantes”.
“Se han dado pasos positivos que hay que reconocer, se ha atendido parte de las demandas que ha hecho el mundo universitario”, dijo sobre estos primeros meses de gobierno, y agregó: “Quedan otras sin resolver, que nos generan problemas objetivos de funcionamiento, pero no es la primera vez que pasa”, en relación a funcionar en un contexto de escasez de recursos.
Por su parte, el rector adelantó que en el segundo semestre del año en Argentina se discutirá en el Congreso el presupuesto de la Administración Pública Nacional y, en ese contexto, los recursos con los que contarán las universidades públicas para los próximos cinco años. Si bien en esa discusión será clave ver qué mensaje presupuestal envía el Poder Ejecutivo, luego el Parlamento tiene margen para incidir en la asignación. “Vamos a tener otro escenario para seguir discutiendo, abiertos a mejorar, pero entendemos que en esencia se ha garantizado un canal de ascenso social y la posibilidad de educación a los jóvenes”, planteó en referencia a lo que han logrado las universidades del Estado.
Al respecto, López Armengol recordó que la educación universitaria pública encontró “mucho respaldo” en el Poder Legislativo, más allá de que en ese órgano también coexisten miradas diversas al respecto. En ese sentido, aseguró que ese respaldo también fue clave en el cambio de escenario a la hora de negociar y dialogar con el gobierno de Milei, ya que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados “se generó una mayoría importante expresada en 152 votos contra 81, que emplazó a determinadas comisiones para que traten el tema de las universidades públicas”.
Lo importante y lo urgente
Como señaló recientemente el especialista argentino Axel Rivas, las universidades públicas argentinas tienen que argumentar sobre la necesidad de su existencia. Consultados sobre si tener que dedicar tiempo y energía a ese debate no implica el riesgo de frenar desarrollos del sistema científico o desacumular esfuerzos hechos en los últimos años, los rectores aseguraron que a la interna de cada institución están abocados a continuar con procesos de mejora.
Al respecto, Larroza puntualizó que el apoyo que recibieron en la marcha de abril “no fue un cheque en blanco”, sino que también trajo consigo responsabilidades. En concreto, marcó que la legitimidad y la credibilidad que tienen las universidades públicas las obligan a “trabajar en modelos de excelencia del funcionamiento”. Por ejemplo, mencionó que estas instituciones están empezando a trabajar en un sistema de créditos que fije criterios comunes en el sistema público y así facilitar la homologación de trayectos y carreras, entre otros aspectos.
Por su parte, López Armengol apuntó que si bien se corre el riesgo de generar cierta distracción de los objetivos académicos, al inicio del conflicto a la interna de las universidades se dejó en claro que las instituciones no podían detener su funcionamiento. Según explicó, en caso de que eso ocurriera se les terminaría dando la razón a los sectores que plantean que las universidades públicas no están capacitadas para cumplir con sus objetivos.
Lazaretti, en tanto, valoró el apoyo de redes académicas como lo es la propia AUGM, que ha expresado su respaldo a las universidades argentinas y el rechazo al recorte que proponía el gobierno. El rector recuerda que hace tres o cuatro años eran las universidades argentinas las que expresaban su apoyo hacia esas instituciones en Brasil, cuando durante el gobierno de Jair Bolsonaro se tomaron medidas en su contra, como una mayor incidencia del Poder Ejecutivo en el nombramiento de autoridades universitarias.
“El hecho de ser parte de una red como AUGM, que tiene unos principios muy claros, con universidades públicas democráticas y autónomas, nos ayuda mucho a defendernos, a compartir experiencias, a aprender de los otros. Los que han pasado por esta situación van contando cómo es, y no sólo pasa aquí, también pasa en Bolivia, en Paraguay, con gobiernos de distintos signos políticos. Siempre hay alguna tensión con el mundo universitario, que es un mundo crítico, que es por naturaleza problemático, porque es un mundo de jóvenes que se expresan, que discuten, que opinan y donde se generan debates”, sostuvo el rector.
Hacia un turismo 360
El acuerdo firmado por AUGM y en el que participaron activamente las tres universidades argentinas, la Udelar y la Universidad Federal de Paraná, de Brasil, plantea la organización de actividades conjuntas y con la Intendencia de Montevideo. La propuesta apunta a instancias de formación de docentes y recursos humanos en el enfoque de “turismo 360” o turismo inteligente. Por ejemplo, el rector de la Universidad de Mar del Plata contó que esa institución, instalada en una ciudad en la que el turismo es central, cuenta con la oferta de formación más antigua de Argentina en esa área.
En ese sentido, se mostró esperanzado en que el convenio y el vínculo entre universidades pueda servir para “generar una densidad de conocimientos, experiencias y sensibilidades que no se pueden lograr de otra manera”. Además, habló de la necesidad de ponerla al servicio de la capacitación de “los sectores públicos a la hora de hacer políticas públicas en turismo y también de capacitar a los agentes privados”, que juegan un rol fundamental.