Quiero escribir sobre la educación inclusiva en Uruguay. Quiero escribir sobre la cantidad de niños y niñas a los que se les demanda un acompañante pedagógico o terapéutico. Quiero nombrar la cantidad de niños y niñas que van a la escuela con reducción de horario. Quiero compartir la cantidad de niños y niñas a los que les han dicho que “no hay cupos para ellos”.
Pero el Estado no lleva los datos.
El Estado uruguayo firmó la Convención Internacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en la que se establece que los Estados Parte asegurarán un sistema de educación inclusivo.
El Estado uruguayo promulgó una ley en la que se compromete a asegurar los derechos de los colectivos minoritarios o en situación de vulnerabilidad para asegurar la igualdad de oportunidades en la educación.
El Estado uruguayo aún no logra nada de lo anterior. No lo hace. No lo mide. No lo nombra.
Mientras tanto, hay niños y niñas que no pueden ir a la escuela. Hay familias a las que se les exige pagar un acompañante terapéutico. Hay familias a las que el Banco de Previsión Social no les otorga aún un asistente personal. Hay familias que tienen que salir o dejar de trabajar para acompañar a sus hijos a la escuela. Hay familias en lucha con el sistema escolar.
Mientras tanto, hay maestras con 30 estudiantes a cargo. Hay maestras que trabajan doble turno para llegar a fin de mes. Hay maestras que, además del doble turno, dedican las horas de su tiempo libre a su trabajo (porque así es la educación: se trabaja muchísimo más de lo que se paga, y no se paga bien). Hay maestras que no tienen alguien que las apoye en el trabajo en clase.
Mientras tanto, hay escuelas que se llueven. Hay escuelas a las que cuesta llegar. Hay escuelas en las que se hacen ajustes de cargos para ahorrar un par de sueldos pero que siguen con la misma cantidad de estudiantes. Hay escuelas que hacen todo lo que pueden y, aun así, no se puede todo y se les exige más.
Mientras tanto, se invirtieron cinco años –y muchos otros antes– en “transformar” la educación sin cambiar lo urgente. Ahora tenemos que planificar sobre la base de competencias y no de contenidos. Un par de temas que antes se daban en cuarto ahora se dan en tercero. Los grados del liceo cambiaron de nombre. Se nos fueron cinco años más.
Dicen que la educación cambia a ritmo lento. Pero hay cambios que llevan más de 30 años esperando para ser atendidos.
Hay asociaciones que en estos 30 años han luchado y defendido los derechos de las personas en situación de discapacidad. Hay familias que hace años dicen que a sus hijos e hijas no los dejan entrar en el sistema educativo. Hay un sistema educativo que lleva años emparchando, sin animarse a tomar una decisión que realmente mueva las estructuras. Hay un sistema educativo que lleva años sin visibilizar lo que tantas familias tienen claro: que esto, así como está, no es justo ni legal.
¿Cómo se hace ahora para proponer alternativas que no pongan, aún más, en riesgo los derechos de las personas en situación de discapacidad?
Se precisa un cambio sistémico, que ayude a los docentes, que ayude a las familias y que, sobre todo, garantice el derecho de los niños y las niñas a una educación inclusiva.
Hay niños y niñas que realmente precisan un acompañante para ir a la escuela. En el mejor de los casos, el acompañante tendría que ser una persona con formación específica, que pueda pensar y promover objetivos pedagógicos y sociales junto a la maestra, que reciba un sueldo y los aportes correspondientes. En todos los casos, no deberían ser las familias las que tengan que asumir la responsabilidad de encontrarlo ni el costo de pagarlo.
Hay niños y niñas que realmente no pueden estar un turno entero dentro de un salón. En el mejor de los casos, las instituciones tendrían que contar con una alternativa segura y pedagógica y con personas que puedan acompañarlos. En todos los casos, una maestra no puede estar en dos lugares a la vez.
Las nuevas propuestas tendrían que buscar nuevas alternativas, sin perder el terreno que ya se ha ganado. Los planes piloto no pueden venir a poner en riesgo el derecho de las personas a asistir a la escuela con acompañante. Las nuevas ideas no pueden depender únicamente de la buena voluntad de un docente. Porque muchas veces –la mayoría–, la buena voluntad de una persona no alcanza.
Se precisa un cambio sistémico, que ayude a los docentes, que ayude a las familias y que, sobre todo, garantice el derecho de los niños y las niñas a una educación inclusiva.
Pero para poder hacer todo eso, al menos, habría que poder decir que tenemos un problema.
Inés Ham es maestra y tiene un diploma en Educación Inclusiva en el Instituto de Educación y Crianza.