Una vez que llega, el cáncer nunca deja de ser una preocupación para quien lo padece. En el caso del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, fue diagnosticado con cáncer en el riñón derecho hace cinco años y durante la pandemia se le extirpó parte de ese órgano. En la que iba a ser una de las últimas tomografías de control, el 3 de febrero se le detectó un nódulo en el otro riñón, mientras trabajaba de lleno en la conformación de los equipos de la nueva gestión del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
“Obviamente, te interpela nuevamente”, dijo el ministro a la diaria a pocos días de su reintegro después de una operación en la que le extirparon ese riñón. Antes de eso, había pasado por múltiples estudios y especialistas, y por una biopsia realizada a pocos días de asumir el cargo. Antes de la operación a la que se sometió en agosto, tuvo 25 sesiones de radioterapia, pero en ese lapso no dejó de trabajar, más allá de que la situación de salud que estaba atravesando le cambió la perspectiva de vida. “Es como que la muerte te hace guiñadas”, resume.
Además de apoyarse en su familia, durante el último tiempo de ausencia, en el que se terminó de delinear el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo, también tuvo plena confianza en el equipo que quedó al frente en la gestión del ministerio. “A mí me gusta confiar y delegar”, dijo.
De vuelta en el ruedo, Mahía habló sobre el presupuesto de la educación y sobre la discusión en el Parlamento acerca de si existe recorte, sobre los principales incrementos que recibirá el MEC y también sobre la definición a la que llegó la cartera en relación con el conflicto entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional (Lufpro).
¿Cómo visualiza el presupuesto propuesto para la educación, en el escenario de restricción planteado por el gobierno?
El presupuesto que se asigna a la educación y el presupuesto en general son superiores a los de la coalición blanca y colorada de la administración pasada. Toman la línea de base del año en el que se ejecuta más, que es el último año de gobierno, y a partir de eso se incrementan 140 millones de dólares. Dentro del incremento, la prioridad fueron las políticas sociales, en particular la educación. Es falso que se recorte respecto de lo que se ejecutó durante el período pasado; son más recursos.
Se mantienen los compromisos que el Frente Amplio (FA) asumió como parte de su programa de gobierno. Es claro que respecto de la meta nos acercamos lo más que podemos, pero estamos condicionados por una situación presupuestal que es bastante peor de lo que se anunció cuando se hizo el compromiso de campaña.
En cuanto a las movilizaciones y los reclamos, yo entiendo que son legítimos, hay derecho a hacerlos. Trato de ubicarlos en la perspectiva: la derecha le dio menos recursos a la educación que la izquierda. Y la izquierda se propuso metas que el marco presupuestal heredado no permite transitar en los términos que teníamos planteados.
¿Cómo toma los dichos de legisladores como el diputado colorado Felipe Schipani respecto de que se está procesando un recorte en la educación?
Una parte importante de la oposición ha elegido el modo escándalo para marcar posiciones respecto del gobierno y tener una actitud de rechazo total. A veces es incomprensible, en particular en el Partido Colorado, que ha sido un partido del Estado en la historia de Uruguay. Eso muestra lo lejos que están de sus propios orígenes. Es claro que durante la administración pasada hubo recorte de horas, hubo mayor cantidad de estudiantes por aula y otra cantidad de cosas.
Me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando no se votó la ampliación del tope de deuda, una deuda que se generó en el gobierno de los blancos y los colorados, que eran la parte esencial del gobierno. Aumentaste la deuda, generaste más déficit fiscal y cuando estás en la oposición no votás el aumento de tope de deuda. No tiene precedentes. Era el elemento mínimo básico para darle los instrumentos para gobernar al gobierno que venía. Después estarás en acuerdo o en desacuerdo con decisiones, pero es otra cosa.
En el presupuesto hay matices. El Partido Nacional tuvo una buena actitud de acompañar la votación en general, una parte del Partido Colorado también. Llama la atención ese tipo de divergencias, que no son propias de quienes han gobernado el país.
Con el diario del lunes, fijar en el programa la meta del 6% del producto interno bruto (PIB) puso en un brete al FA?
Es una meta interpelante, que te lleva a… Si bien yo nunca fui muy amigo de los porcentajes, porque si eso es un porcentaje del PIB, este baja y es un problema, es una discusión que tiene 30 años. Cuando yo asumí como diputado por primera vez, un plebiscito hablaba del 27%, y cuando asumimos por primera vez el gobierno era el 4,5%. Las metas son importantes y hay que acompañarlas con gestión, con transformación.
Teniendo en cuenta los incrementos que se asignan en la ley de presupuesto al inciso MEC, ¿los recursos para becas son los más relevantes en materia educativa?
Las becas son uno de los compromisos de campaña; los Cecap [Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción] son herramientas potentes. Además, la Biblioteca Nacional va a tener una asignación que no tuvo nunca en el pasado, va a haber recursos para la reglamentación de la ley de teatro, que es algo que a la brevedad vamos a llevar adelante. Hay énfasis presupuestales que nos van a permitir: por ejemplo, desarrollar otro compromiso programático, la territorialidad de la cultura, la innovación y la educación a través de los Espacios MEC, que habían sido eliminados como tales por la administración anterior y ahora estamos volviendo a poner en marcha.
Estamos tratando de que los objetivos que se plantearon desde el punto de vista programático en educación y cultura que refieren a este ministerio se cumplan. El 5 de marzo dije públicamente que teníamos cuatro objetivos centrales: la participación de los docentes en los consejos, proyecto que entró recientemente al Parlamento; la Universidad de la Educación, que va a entrar antes de fin de año; la territorialidad de la cultura, que está en marcha a través de los Espacios MEC, y estamos lanzando un Espacio MEC móvil, que es un vehículo que va a permitir llegar a diferentes puntos; y la reglamentación de la ley de teatro, que entró ahora en el presupuesto.
¿De qué forma se espera que ocurra el vínculo entre cultura, innovación y educación en los Espacios MEC?
Había que restaurar una política pública que fue muy reclamada, por lo menos hacia el FA durante su campaña. La decisión de que el Estado se retirara de los territorios durante la administración anterior, sobre todo de los más vulnerables, generó una demanda. Cuando hicimos el lanzamiento de los Espacios MEC en Minas fueron intendentes del Partido Nacional del interior con ganas de hacer cosas. Y así me lo expresaron.
Pensamos aplicar esto con una fuerte vinculación con los gobiernos departamentales, municipales y con la sociedad civil en cada lugar. El trabajo se va a iniciar en mayor profundidad en 2026, porque como esta política pública había sido sustituida por los centros nacionales, no había asignación presupuestal específica, no la tenemos este año. Lo que estamos desarrollando es la base estructural, los proyectos. Ahí hay un equipo que encabezan dos compañeras que son funcionarias del ministerio, Karina Acosta y Ana Calzada, y que tiene como base a los coordinadores, que también son funcionarios y ya están.
En innovación, por ejemplo, vamos a tener que articular con el gobierno nacional, con Ceibal, con los clubes de ciencia. En cultura tenés las rutas Unesco, las industrias creativas, una cantidad de herramientas que transversalizar. Pero hay otras actividades que nos han planteado desde dentro y fuera del ministerio, por ejemplo, el Registro Civil, con los servicios que da. Vamos a tener mucha tarea.
En la ley de presupuesto se plantea que el Sistema Nacional de Educación vuelva a llamarse Sistema Nacional de Educación Pública, lo que también ha recibido críticas de la oposición, que entiende que eso quedó saldado en el plebiscito sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC). ¿Por qué el gobierno entiende relevante hacer este cambio?
En primer lugar, porque la enorme mayoría de la sociedad uruguaya transita su vida educativa en la educación pública. Nosotros tenemos que acompañar todos los procesos de la educación pública y privada, pero el gobierno tiene que responder por la que gestiona el Estado en específico. Por tanto, ir hacia el sistema nacional de educación pública no va en desmedro del sistema de educación en general ni del sector privado, sino en el sentido de atender focalizadamente eso.
Entiendo las referencias que se hacen a los artículos de la LUC plebiscitados, pero eso es tan cierto como que el FA con su programa, cuando ganó la fórmula Orsi-Cosse, llevó todos estos cambios a un programa y se lo propusimos a la gente. Se logró mayoría en el Senado y después fueron, entre comillas, plebiscitados fórmula a fórmula presidencial en la segunda vuelta. Por lo tanto, posteriormente al plebiscito, la ciudadanía ratificó, con su voto mayoritario y con mayor número de votos que los logrados en el propio referéndum, un programa para que se aplicara en este gobierno. Hay algunos aspectos que coliden con esto, pero hay legitimidad democrática de aplicar el programa de gobierno que incluía estos aspectos.
El presupuesto también plantea recursos incrementales para la educación en cárceles y el plan de alfabetización. ¿De qué manera el MEC va a aportar en esa área?
Las cárceles en Uruguay, en todos los tiempos pero particularmente en las últimas décadas, han sido un problema para la seguridad nacional. Intervenir en esa situación en un país en el que no hay cadena perpetua ni pena de muerte, por suerte, indica que todos los presos en algún momento van a salir cuando corresponda. Que el Estado no intente hacer un esfuerzo para generar mejores condiciones para el egreso –y dentro de eso está la educación– sería un error grave.
El promedio de edad de la población carcelaria es joven en comparación con el promedio general de Uruguay, y hay graves problemas de alfabetización, de inserción laboral posterior, que tienen algún grado de vinculación con la formación. La educación en cárceles es un camino que seguramente habrá que profundizar, porque ayuda a la seguridad, para que quien mañana sale de una cárcel tenga algún elemento más de formación que le permita alguna posibilidad de reinserción. Sabemos que hay otros factores vinculados a la salud, a la salud mental, a las adicciones, al mercado laboral, a una cantidad de cosas, pero podemos contribuir desde este lugar; ese es el objetivo y creo que el Parlamento lo interpretó muy bien. Por eso se asignaron más recursos.
Recientemente hubo una exhortación del MEC a reconocer la personería jurídica de la Lufpro, lo que fue respaldado por el presidente Orsi. ¿De qué manera observan desde el ministerio lo que pasa en el fútbol uruguayo?
El fútbol es el fenómeno cultural y social más importante del Uruguay. Desde ese lugar lo miro yo, lo mira el gobierno y lo mira el MEC. Partiendo de esa base, el fútbol y su organización es un negocio privado, compuesto por instituciones privadas.
Nosotros lo que hacemos es regular el funcionamiento de las mismas, a través de la Dirección de Asuntos Constitucionales y Legales. Trabajamos con el director Mario Galeotti, que tuvo un un accionar muy destacado, porque hay partes contrapuestas que tienen intereses de orden económico. No corresponde que el gobierno intervenga desde ese lugar, sino desde la regulación de instituciones que son asociaciones civiles. Presentamos una resolución desde esa dirección, que fue muy estudiada, fueron 14 páginas muy pensadas y marcaron un camino. La institución madre es la AUF, que representa al fútbol uruguayo ante organismos como Conmebol y FIFA. A su vez, el gobierno pasado le reconoció el estatus jurídico con sus cometidos a la Lufpro, pero esta funciona dentro de la AUF.
Había una organización madre que venía primero y otra que se reconoció posteriormente que tenían conflicto. Por eso fue la resolución que sacamos, exhortando a la primera a reconocer a la segunda, no dando lugar a la intimación de la segunda con respecto a la Lupfro, y exhortando a las partes al diálogo y a buscar una salida consensuada. Ese es el punto de vista nuestro, asumir la relevancia del fútbol en la sociedad uruguaya, pero no ingresar en desde el punto de vista de del fútbol como negocio con actores de actores privados, porque no corresponde que lo hagamos como gobierno. Ese fue el equilibrio que tratamos de mantener, en algo que continúa, porque a la resolución se han presentado respuestas tanto por parte de la AUF como de la Lufpro. Por lo tanto, vamos a analizarlas y en su momento a tomar posición.
Cuando el presidente Yamandú Orsi habló de este tema marcó la necesidad de que el fútbol funcione con mayor transparencia hacia la ciudadanía. ¿Está de acuerdo con esa apreciación? ¿En qué sentido debería darse?
Comparto la visión de Yamandú en cuanto a la necesidad de transparencia en este tema y en general. En específico, lo veo desde el lugar de la relevancia que tiene el fútbol en la sociedad, porque todos hablamos de esto como si fuera público, pero en realidad son actores institucionales privados que tienen sus propias reglas que definen los socios y, en algunos casos, como las sociedades anónimas deportivas, los accionistas. Tiene un impacto tan grande porque tiene una capilaridad por todo lo que mueve el fútbol, desde la televisión y las transmisiones hasta llegar al baby fútbol, y cada vez es más grande. El gobierno no miró para el costado en esto. Actuó en los plazos que tenía que actuar, con ecuanimidad. Era muy importante tener una posición ecuánime y, obviamente, yo valoro mucho el respaldo del presidente y del gobierno en lo ha actuado por nosotros. Era una situación difícil por lo que suponía tomar una posición sobre una actividad social y culturalmente tan sensible para los uruguayos.