“Las cámaras no previenen la violencia, solo la intensifican”, aseguró a través de un comunicado el núcleo sindical del liceo 38 de La Teja, de la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES).
La afirmación se debe a que, según narraron, el jueves 25 de setiembre se vieron “sorprendidas/os por la instalación de cámaras de vigilancia dentro del liceo”, lo que aseguraron se trata de una “decisión impuesta” por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). A su entender, esta decisión “vulnera el derecho de imagen de estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa que queda expuesta a vigilancia continua, monitoreada por agentes externos”.
“El núcleo sindical del liceo 38 rechaza la instalación de cámaras dentro del liceo y denuncia la falta de información y consentimiento”, continuaron, y se preguntaron: “¿Para esto se utiliza el presupuesto?”.
En este marco, el núcleo sindical decidió parar el martes próximo por 24 horas y ocupar el centro educativo, para manifestar su rechazo a la instalación de las cámaras dentro del Liceo, pero también “por mayor presupuesto para la Educación Pública” y “por la construcción de un liceo para Bachillerato en La Teja”.
Los profesores se enteraron de la medida en el momento en el que una empresa concurrió a instalar las cámaras
Nathaniel Clavijo, docente del liceo 38, contó a la diaria que ni la inspectora regional, ni la dirección, ni los y las docentes del centro educativo estaban al tanto de que iban a colocar cámaras de vigilancia en el liceo, y que, por tanto, se enteraron en el momento mismo en el que las comenzaron a colocar.
Clavijo señaló que instalaron dos cámaras en la entrada, dos en el hall dentro del liceo y que suponen colocarán más, porque la empresa continúa realizando trabajos en el centro educativo. “Tienen una panorámica de todo el movimiento del liceo, de una cantidad de menores de edad, a los que sus padres no le han firmado a la empresa ni a la ANEP el consentimiento de uso de la imagen”, aseveró.
Sólo en los turnos matutino y vespertino, dijo que cuentan con alrededor de 900 estudiantes, sumados al nocturno, que en su mayoría son mayores de edad, pero que tampoco firmaron su consentimiento.
Una vez enterados de la instalación de las cámaras, Clavijo explicó que se comunicaron con la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y que les dijeron que se trata de “una cuestión de seguridad de ANEP”, que “viene del gobierno anterior”.
“Ahora una empresa de seguridad privada, que es Vector, junto a seguridad de la ANEP, tienen acceso a información e imagen de los alumnos todo el día”, cuestionó Clavijo. Asimismo, si bien señaló que la DGES les dijo que las imágenes están “protegidas por la ley de datos” y que, por tanto, “en teoría, solamente lo ve la empresa y Fiscalía podría pedirlas ante alguna situación que ocurra”, los docentes no pidieron las cámaras, porque no creen que sea “la solución a las problemáticas” de violencia o inseguridad que suceden en el centro educativo.
“Si ocurre un hecho violento y las cámaras lo filman, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la forma de operar frente a eso? ¿Qué soluciona?”, manifestó el docente.
En ese marco, esbozó que una de las herramientas para prevenir y abordar las situaciones de violencia dentro del centro educativo es tener cargos fijos de educadores sociales, ya que, según afirmó, cada año el liceo recibe practicantes de educación social, pero “van rotando y nadie se radica en el lugar”.
Según supo la diaria, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria se comunicó con la DGES al enterarse de la situación, y hay un “compromiso verbal” de las autoridades de que se retirarán las cámaras.