Allí se ratificó que el Poder Ejecutivo presentará al Parlamento un proyecto de ley para que vuelva a discutirse la posibilidad de creación de una Universidad de la Educación. Asimismo, las autoridades manifestaron públicamente el afán por llegar a acuerdos con la oposición, ya que se requiere de mayorías especiales para ser aprobada. Eso implica un punto en cuestión y tensión: el cogobierno.
José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura, dijo entrevistado por el semanario Brecha que el Frente Amplio (FA) “parte de la concepción de que la autonomía y el cogobierno es el tipo de modelo universitario que quisiera”, pero sobre el que, “en general”, la oposición tiene una visión contraria.
En ese marco, recordó los acuerdos a los que arribaron para crear la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), en los que “se combinaban factores de representación de estudiantes y docentes, junto con representantes propuestos por el Poder Ejecutivo” y dijo que se trata de un camino ya transitado.
De tal manera, Mahía llegó a la conclusión en disputa y cuestionada por los docentes sindicalizados: “Nosotros estamos abiertos a conversar sobre la gobernanza, teniendo como prioridad que exista una Universidad de la Educación. Todavía no sabemos cuál va a ser su modelo, pero tengo la expectativa de que podamos llegar a acuerdos”.
Asimismo, el ministro advirtió que “si sólo nos centramos en la gobernanza, nunca vamos a avanzar”, y aseguró que considera “tanto o más importante el contenido de las discusiones en torno al desarrollo de la institucionalidad que las cuestiones de poder”.
A pesar de esta postura, aclaró que el acuerdo al que pretenden llegar “no es un acuerdo que se hará entre cuatro paredes con quienes están en el sistema político”, sino que “va a haber un diálogo con actores educativos en todo el territorio nacional”. Empero, agregó que eso “no quiere decir que el producto final sea la suma de los puntos de vista”.
La semana pasada, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) mostró su preocupación por las declaraciones de las autoridades de la educación. De acuerdo a su visión, estas “parecen dejar entrever que se cerraría el tema con una negociación entre cúpulas partidarias”, lo que podría implicar que el proyecto quede asociado a la necesidad de generar un logro por parte del actual gobierno y no a los motivos que vuelven necesaria la creación de una universidad.
A su vez, apuntó el Sidfe: “La insistencia en que los votos ‘no están’ para lograr un cogobierno es, más bien, un intento de convencer de que la partida está perdida antes de jugarla”; “es preocupante que este sea el camino que quiera llevar adelante una fuerza política que venía postulando un cambio con relación a la participación y que en su programa de gobierno levanta reiteradamente la bandera del cogobierno”.
El oficialismo en la sesión
Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, que tuvo lugar el 7 de abril, Mahía planteó que, si bien históricamente el FA ha defendido las universidades “con autonomía y cogobierno”, también señaló: “Dentro de los compromisos que hicimos durante la última campaña electoral está el impulsar una Universidad de la Educación y es claro que para crear una universidad y un ente autónomo que la habilite a que lo sea debemos tener una institución con las mayorías que se requieren para su aprobación y eso implica el apoyo más allá del partido de gobierno”.
En ese marco, manifestó que cuando presenten el proyecto de ley para la creación de la nueva institución será “con la voluntad de alcanzar acuerdos en los cuales todos podamos opinar”, de forma de que se trate de un proceso sostenible en el tiempo. Mahía amplió el punto y dijo que se requiere “una sostenibilidad política” dentro del Parlamento “para lograr los acuerdos”; “una sostenibilidad académica que dé garantías de que la formación sea adecuada”, y también será necesario que quienes integran el sistema educativo “se sientan parte de la iniciativa”.
Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, reafirmó que hay una “necesidad” de que Uruguay tenga la Universidad de la Educación, que, a su entender, “debe ser autónoma y cogobernada, como indican las disposiciones constitucionales”.
Sebastián Sabini, senador por el FA, reconoció que los partidos políticos tienen diferencias respecto del tema, pero manifestó su intención de “no profundizar en ellas”, con el objetivo de que la nueva institución se concrete. Aun así, señaló con respecto al cogobierno que “hay un camino trazado”, ya que cuando se votó la ley de urgente consideración se acordó que el Consejo de Formación en Educación esté también integrado por representantes de estudiantes y docentes. “Ese es un antecedente positivo que se construyó en un momento en el que no era sencillo instrumentar acuerdos, sin embargo, aun así logramos trazar un camino”, concluyó.
La postura de la oposición
Robert Silva, senador por el Partido Colorado, manifestó en la sesión que el carácter universitario de la formación docente no va a lograrse sólo “porque haya un decreto, una ley, sino en la medida en que exista una formación de ese carácter y rango”. En sintonía, subrayó que “la estructura o las características orgánicas de una entidad no determinan el impacto positivo o negativo con respecto a la formación y a la mejora de la calidad de la educación o formación de nuestros docentes”.
En tanto, Pedro Bordaberry, senador de la misma fuerza política que en legislaturas anteriores estuvo dispuesto a votar la nueva universidad con autonomía y cogobierno, admitió que “todos queremos una universidad de la educación”. No obstante, se cuestionó si “va a tener una incidencia práctica en la mejora de los aprendizajes de los docentes, y de los alumnos a los cuales esos docentes más capacitados van a llegar”. A propósito, dijo que esa pregunta será central para que vote a favor de la iniciativa, ya que tiene “voluntad política de discutir sobre esto y encontrar un camino de entendimiento”, como ocurrió con la UTEC.
Sobre este punto, Sabini precisó que la ley que se aprobó para crear la UTEC “nunca terminó de ejecutarse tal como fue pensada”. “Había un cogobierno que no era igual al de la Universidad de la República [Udelar] –era distinto porque participaban los trabajadores y representantes del sector empresarial– y nunca se terminó de ejecutar tal como había sido concebido. A su vez, hay que decir que el gobierno anterior envió un proyecto de ley que estableció el actual formato de gobernanza sin la participación del FA”, narró.
Graciela Bianchi, senadora por el Partido Nacional (PN), adelantó que, si bien hay “acuerdo en el diálogo”, “si el modelo es el cogobierno universitario, vamos a tener problemas”. De acuerdo a Bianchi, los problemas serán con el PN, debido a que “el modelo, tal como lo tenemos hoy, no es el modelo universitario de Uruguay de 1958”, cuando se aprobó la ley orgánica de la Udelar. “Hemos modificado muchas veces la Constitución de la República, pero no podemos modificar la ley orgánica universitaria”. Por esa razón, señaló que si la propuesta es de “otro modelo de cogobierno, podemos hablar, pero no con el cogobierno de hoy tal como se entiende”.
Por otra parte, subrayó que desde el PN no están “cerrados”, sino que quieren que “todo funcione mejor” y “que los egresados de los institutos de formación docente tengan el reconocimiento del título universitario”. “Para empezar el diálogo, lo vamos a hacer estando abiertos, y creo que la UTEC es un modelo en ese sentido, pero porque nosotros no dimos los votos para que fuera cogobierno porque era constante la presentación de los proyectos para que tuviera cogobierno, tal como el modelo de la Udelar”, finalizó.