La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) informó que recibieron otra sentencia de un juez sobre el caso de las sanciones aplicadas por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) a docentes de San José, que en 2019 se tomaron fotos con elementos alusivos al rechazo de la reforma constitucional “Vivir sin miedo”, y que se suma a la que ya habían recibido el 29 de abril, que condenaba a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a que se indemnice a una de las afectadas.
En conferencia de prensa, el secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, señaló que cuentan con dos sentencias en la órbita civil de dos jueces distintos que “condenan a la ANEP por considerar que el organismo actuó apartado de derecho” y “por considerar que hubo un accionar abusivo contrario a derecho, con intencionalidad, incluso en conocimiento de hechos que no podían haber ameritado ni siquiera la reapertura” de los casos.
En octubre 2019, la entonces directora del liceo 1 de San José, Miriam Arnejo, denunció a 15 docentes y una auxiliar del centro educativo, y si bien las autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES) de la administración 2015-2020 archivaron la investigación, en 2020 esta se reabrió a instancias de la entrante directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, y argumentó que había solicitado el desarchivo tras una consulta de Arnejo.
Mandacen valoró que a partir de estos hechos, “comienzan a demostrarse por parte de actores independientes al sistema educativo, sea en el ámbito internacional como en el ámbito jurídico nacional” que la ANEP “montó, contrario a derecho, una política de persecución, que llevó, entre otros aspectos, al escarnio público a un número importante de compañeras y compañeros, ventilando nombres, identidades, funciones y hechos en medios de comunicación, y hasta en el propio Parlamento, lo cual configura algo que veníamos sosteniendo hace mucho tiempo”.
En ese sentido, el dirigente afirmó que “hubo una articulación de parlamentarios, del oficialismo, de autoridades de educación conducidas y encabezadas por Robert Silva [expresidente del Consejo Directivo Central, Codicen] y de algunos medios de comunicación, para generar un proceso de criminalización contra la organización sindical, contra sus mecanismos de movilización”. Además, aseveró que “llevaron al escarnio público a un número importante de compañeras y compañeros”.
“¿Qué credibilidad tiene un senador como Robert Silva hoy en día para salir a hablar de la defensa de un proceso de transformación educativa, cuando la metodología de su gestión fue el no reconocimiento de los derechos mínimos individuales?”, cuestionó.
De esa forma, expresó que desde Fenapes creen que “hay condiciones de sobras suficientes para que se comience a reflexionar por parte del sistema político, por parte de las autoridades de la educación, de que estas cosas no pueden suceder en el marco de un sistema democrático, porque a todas luces implica un resquebrajamiento de ese sistema democrático, cuando desde el propio Estado se actúa violando intencionalmente y con conocimiento de causas, derechos tan fundamentales como el derecho a la libertad de expresión o a la libertad sindical, que conllevaron además perjuicios concretos para personas concretas, en este caso profesoras y profesores del liceo de San José”.
“Aquí el Estado violentó derechos, actuó al margen del Estado de derecho y lo hizo con intencionalidad política”, aseveró.
Sobre las sentencias, Mandacen apuntó que “cuando uno lee una sentencia de dos jueces distintos que analizan el mismo fenómeno y cada una de ellas es más contundente, hay elementos suficientes, no solamente para que la administración no recurse lo que es obvio que se había y se ha demostrado que se violentó, sino también para que la actual administración reflexione sobre la responsabilidad que les cabe a los funcionarios, que con intencionalidad y con conocimiento de causa que se estaba actuando contra el derecho, igual llevaron adelante las decisiones”.
Asimismo, informó que el 6 de mayo el actual Codicen encomendó a la DGES a “reconsiderar las resoluciones adoptadas por el desconcentrado de ese entonces con respecto a la situación de los seis compañeros que fueron sancionados con 180 días y cuyos efectos en términos de deméritos hoy están vigentes como parte de las sanciones adoptadas en su momento por la administración”. “Creemos que se están dando pasos decisivos en la lógica de corregir algo que a todas luces para nosotros fue un accionar contrario a derecho”, afirmó.
A su vez, indicó que están a la espera de cómo discutirá este tema la ANEP, y si el organismo “va a apelar o no”. “Creemos que con la contundencia que está esgrimida desde el punto de vista doctrinario por dos jueces distintos, va a ser muy difícil que la ANEP apele, pero es una decisión política de la administración”, subrayó.