Recibí con preocupación las palabras del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, en una exposición reciente en el ámbito de la Asamblea Técnico Docente (ATD) del Consejo de Formación en Educación (CFE), sobre el anteproyecto de ley de Universidad de Educación (UNED), donde afirmó que era “prerrogativa” del Poder Ejecutivo presentar tal anteproyecto. El énfasis con el que dijo que para julio el anteproyecto estaría pronto, así como no haber concedido entrevistas hasta hace pocos días a agrupaciones de los directamente involucrados, me hizo pensar que, de nuevo, el anteproyecto está siendo elaborado por unos pocos y temer que se reiteren fallas que lo debiliten.
La exclusividad mencionada no exime de la conveniencia de tomar en cuenta la opinión de grupos o personas interesadas. Máxime cuando pasaron más de 19 años desde que expuse la idea en la ATD Nacional de Formación Docente, que la hizo suya, y desde entonces ha luchado infructuosamente por su concreción.
En ese período, dos proyectos de ley presentados por otros gobiernos en 2012 y 2017 fracasaron lamentablemente. En cambio, está en marcha un proceso que dejará a la Formación en Educación en manos de numerosas instituciones públicas y privadas, pero universitarias, superiores, aunque no siempre tengan “competencia” en el asunto. Hoy, por ley, toda la larga y rica tradición pública de reflexión y formación de docentes y educadores ha sido definida como un nivel inferior al universitario. Esa decisión no fue objetada por el partido que hoy está en el gobierno, que tampoco ha derogado decisiones legales que dan poderes específicos al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), pese a la autonomía constitucional del sistema educativo público.
Por supuesto, el anteproyecto cuenta con una buena base si considera las decisiones del III Congreso Nacional de Educación “Enriqueta Compte y Riqué”. Pero no creo excesivo dar mi opinión respecto de algunos asuntos, así como invitar al señor ministro a dar participación real a los actores, al menos escucharlos como “ideas a tener en cuenta”, en términos de Vaz Ferreira.
1) No debería ser un proyecto extenso que vaya mucho más allá de encargar la formación de docentes y educadores a un Consejo Nacional Autónomo, una Universidad de Educación, que es lo que autoriza la Constitución.
2) Debería evitar ignorar lo que existe, es decir, los institutos y centros que la integrarán. Es la propia UNED la que debe tener las competencias de darse la estructura territorial que crea pertinente, las de crear nuevas sedes, las de acordar y hacer convenios con otras instituciones. Es imprescindible que el Consejo Directivo Nacional no dependa de la existencia de “regiones”, hoy inexistentes.
3) Debería dejar en manos de la universidad la posibilidad de darse su estructura académica. Es posible que vuelva a crear áreas o agregar otras, o darse una estructura de departamentos por asignatura, con sus coordinadores. Pero es competencia de la UNED hacerlo; no puede serle impuesta por ley.
) Es imprescindible que el proyecto incluya artículos omitidos en los proyectos anteriores y que son esenciales: A) Integración: la universidad se integra inicialmente con todos los institutos y centros que actualmente dependen del CFE de la ANEP. No se crea en el vacío. La UNED es ese todo que sólo siendo universidad debe darse una estructura acorde. B) Libertad de opinión y libertad de cátedra. C) Autonomía. D) Atribuciones docentes de enseñanza, investigación y extensión, y el otorgamiento de títulos de grado y posgrado.
5) Los órganos nacionales deberían, en principio, ser sólo el Consejo Directivo autónomo y su rector, sin necesidad de crear un órgano electivo (Asamblea General). Para lo consultivo seguiría existiendo la ATD, sin perjuicio del derecho de la UNED de cambiarla o darse otras, pero como competencia de su consejo.
El Consejo Directivo Nacional debería tener un número determinado de miembros plenos (por ejemplo, cuatro o cinco docentes entre los cuales se elige al rector en la primera o segunda sesión; tres egresados y tres estudiantes; los números pueden cambiar, pero esa es la base). Las sesiones son públicas, pero podría admitirse también oyentes con voz: (a) que quieran o requieran ser oídos en un caso particular, (b) permanentes, como un delegado del MEC y uno (o dos) de cada Comisión de Educación de cada cámara legislativa. Obviamente, esto abriría la posibilidad de negociaciones, dándoles voto a esos delegados.
6) Los órganos locales. Sería suficiente un consejo de cada instituto o centro, como los consejos asesores consultivos, pero con poder de decisión e integrado con el director, designado por concurso, o electo.
7) Debería haber un artículo que garantice a todos los egresados de las instituciones que la integran la calidad de electores y elegibles por ese orden, considerando el hecho de haber egresado, con separación de la cuestión de los títulos que determine la UNED. Es lo mismo que se viene haciendo respecto de estudiantes y docentes que integran el CFE.
8) Respecto de las autoridades provisorias, básicamente serían la preparación, con la Corte Electoral, de las elecciones, transferencia de bienes, continuidad de los servicios y oferta de nuevos. Debería estar integrada por los actuales miembros del CFE y, de ser posible encontrar un modo de designación, un egresado. Cesará con la asunción del primer Consejo Directivo Nacional, en un plazo de dos años a partir de la promulgación de la ley.
Quiero una universidad autónoma de la educación, con docentes del mejor nivel, libres y autónomos, capaces de insuflar la idea de autonomía y no heteronomía, de libertad, únicas garantías de una sociedad democrática. Por eso entiendo que los involucrados deberán ser actores en la elaboración del anteproyecto, del proyecto y de la ley, tomando en cuenta estas ideas.
Mauricio Langon es profesor de Filosofía egresado del IPA, actualmente jubilado.