En el último tiempo de gestión de las autoridades del período pasado del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se generaron nuevos decretos y resoluciones, como el que establece la posibilidad de que las universidades e institutos privados, que tuvieran una antigüedad de al menos 20 años y que no hubieran cometido faltas graves, pudieran acceder a una “autorización definitiva” sin necesidad de que esta sea renovada por los distintos gobiernos de turno.
Al asumir el nuevo gobierno, las autoridades de la cartera dieron cuenta de que el procedimiento cuenta con un “vicio de forma”, según se desprende de una evaluación jurídica que realizó el ministerio a pedido de las nuevas autoridades.
En ese marco, las universidades privadas pidieron que se mantengan las autorizaciones dadas por el MEC y aseguraron que no hay tal “vicio de forma” y que, si lo hubiera, debería ser corregido por el MEC.
Finalmente, el MEC no solo dejó sin efecto las autorizaciones, sino también derogó la totalidad del decreto y anunció la elaboración de uno nuevo. Por ese motivo, la senadora nacionalista Graciela Bianchi convocó a las autoridades para que den explicaciones sobre lo actuado y lo proyectado.
¿Por qué la derogación del decreto sobre enseñanza terciaria privada aprobado en 2024?
Tras la ausencia de Blanca Rodríguez, la presidenta de la sesión fue Bianchi, quien aseguró tener “muchas dudas”. “El decreto que se derogó era un decreto muy fundado que recogía algo así como ‘jurisprudencia’ de todo lo que se venía trabajando en estos últimos 20 años por parte de todos los partidos políticos”, señaló la senadora, para dar pie al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió la diaria.
“Antes de asumir el cargo en el mes de marzo, anunciamos que íbamos a derogar este decreto y, finalmente, lo terminamos haciendo con fecha 5 de junio de este año. Por lo tanto, no era un hecho sorpresivo ni que no haya sido avisado previamente”, aseveró, en primer lugar, Mahía.
El ministro aseguró que para el nuevo gobierno derogar el decreto era “una necesidad”. Entre los fundamentos, resaltó que no hubo “involucramiento institucional” de las universidades privadas a la hora de realizar los cambios establecidos por la administración anterior. Especificó que el Consejo de Rectores de Universidades Privadas “no tuvo conocimiento del texto hasta que se comunicó la aprobación del decreto” y que, por otro lado, el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada “no participó como tal de la discusión, así como tampoco la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación”.
Por otra parte, el jerarca del MEC aseguró que “el procedimiento de aprobación del decreto no cumplió con requerimientos que se establecen en las normas de la administración pública”. En concreto, agregó que “no hubo cuadro comparativo de normativas, que es habitualmente lo que se presenta para comparar lo nuevo con lo derogado; no hubo informe jurídico del Área de Educación Superior ni del departamento jurídico notarial, así como tampoco de la Dirección General de Secretaría del MEC, y no se presentó una exposición de motivos con aporte de las áreas técnicas que fundamentaran los cambios”.
Otro de los principales puntos que arrojó preocupación fue el poco tiempo en el que fue aprobado. Mahía delineó la cronología: “El 16 de octubre del año pasado se crea el expediente en el que se adjunta el borrador del decreto con anuencia del ministro”; “el mismo día ingresa a Presidencia. Después, se agrega un informe de asesoría jurídica con observaciones de Presidencia. Luego hay más acciones, por ejemplo, el 22 de octubre. Si se presta atención a los días, se puede apreciar la velocidad con la que se hizo esto”, dijo.
Para el ministro, la velocidad llama la atención por ser “una norma de este estilo, que tenía la cantidad de años que tenía y sobre la que después los involucrados terminaron sosteniendo que les hubiese gustado ser parte de la elaboración”. Otro aspecto que no cayó bien en las autoridades es la fecha de aprobación final, que ocurrió pocos días después de que se conociera el resultado del balotaje en el que se impuso la fórmula presidencial del Frente Amplio.
Mahía elaboró un punteo de los principales cambios que trajo el decreto establecido por las autoridades anteriores que generan la necesidad de derogación: el primer punto es que “disminuye la carga horaria para los títulos terciarios de Nivel I, que pasan de un año y medio y de 750 horas a 400 horas; es la primera definición de las carreras cortas”. Asimismo, señaló que la modificación “reduce los tiempos para los estudios de maestría, pasándolos de dos años a la posibilidad de hacerlos en uno”. Además, sostuvo que se cambió la integración de los tribunales de evaluación de tesis de doctorado, que en el caso del decreto anterior, de 2014, establece que debe incluir al menos un miembro externo al programa de la institución, pero el actual decreto no lo estipula.
También señaló como un “vacío grave para el funcionamiento cotidiano de las instituciones y del [propio MEC]” que el decreto derogado no “incluía a texto expreso el procedimiento para que las instituciones ya autorizadas presenten las solicitudes de reconocimiento de carreras nuevas”. Otro punto en cuestión era la forma de autorizar nuevas sedes, que si bien el decreto lo mencionaba, a su entender “dejaba zonas confusas que podían dar lugar a interpretaciones diversas”.
Por último, Mahía hizo referencia al otorgamiento de autorizaciones definitivas, que lo consideró como una “potestad muy importante”. Según analizó, el decreto del anterior gobierno dejaba “zonas confusas sobre los procedimientos que debían seguir las instituciones con el MEC para proceder”.
En resumen, el ministro resaltó que desde el MEC reivindican “el rol del Estado como regulador y que no sea prescindente —como en este caso— respecto de este tipo de decisiones en las cuales solo se le informa”.
Camino al nuevo decreto
En este contexto, Mahía aclaró que, aun así, todas aquellas resoluciones de los últimos tiempos que permitieron a las instituciones realizar sus carreras de manera virtual, sincrónica y asincrónica “se van a mantener”. También “se va a aplicar el reconocimiento a titulaciones conjuntas con otras instituciones extranjeras, siempre que las carreras ofrecidas hayan sido reconocidas en Uruguay”. En relación, también se autorizará el reconocimiento de reválidas de asignaturas cuando sean entre carreras de una misma institución “sin considerar los topes” que establece uno de los decretos” para este proceder.
Por último, el jerarca esgrimió que se está instalando un nuevo Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, al que “se le solicitará que inicie de inmediato el trabajo para realizar recomendaciones para la aprobación de un nuevo decreto consensuado entre todas las instituciones o, incluso, realizar recomendaciones para efectuar cambios y ajustes que se requieran en forma inmediata”. La proyección es que a fin de año, con las consultas correspondientes de por medio, el nuevo decreto pueda estar finalizado, dijo.
“Nos preocupa que haya cierto prejuicio contra las universidades privadas” y que “no se autoricen carreras que no están en Uruguay. Por eso es que las universidades privadas tenían que traer a especialistas del exterior y los pagaban las universidades privadas”, respondió, por otro lado, la senadora Bianchi.
De acuerdo a la senadora, en cuanto a las modalidades de enseñanza, tanto el decreto de 2014 como el de 2024 “tienen la educación presencial reconocida”. En cuanto a la “autorización definitiva”, Bianchi dijo que en el decreto de 2014 no estaba previsto pero que en el de 2024 sí, para “instituciones con más de 20 años sin observaciones graves”.
Con relación a los dichos del ministro sobre el rol del Estado, la senadora dijo: “El Estado somos todos, y en la Udelar [Universidad de la República] no estamos todos representados. En ese marco, Bianchi llegó a la conclusión de que el decreto establecido por las autoridades pasadas “es una modernización profunda y detallada del marco normativo anterior, proporciona más claridad, adaptabilidad e instrumentos de control, posicionando al sistema terciario privado de Uruguay en una senda de integración internacional y mejora de la calidad académica”, al mismo tiempo que “refuerza la posición del MEC como rector y reequilibra la relación con las instituciones del sistema”.
Virginia Villalba, responsable del Área de Educación Superior del MEC, hizo, por otra parte, una acotación sobre las “autorizaciones definitivas”. Si bien resaltó que es para las instituciones con más de 20 años, esbozó que en ese sentido “hay varios aspectos a señalar porque lamentablemente eso no quedó claro para la opinión pública y ha sido un problema para las instituciones”: “No hay ninguna autorización para funcionar que esté en discusión de las instituciones privadas”, dijo. Asimismo, aclaró que este punto fue explicitado en las reuniones con los rectores, y aseguró que “no hay una objeción a que las instituciones estén funcionando porque la autorización para funcionar ya la tienen y no hay ningún tipo de argumento o fundamento que dé lugar a la revocación”.