La noticia de la semana en materia educativa fue la revinculación de 2.246 estudiantes de diversas edades al sistema educativo. Si bien los números todavía están siendo procesados, 45% de quienes volvieron a estar anotados en un centro educativo son adolescentes de entre 15 y 17 años. En tanto, a esa franja etaria también pertenecen 68% de quienes aún se busca su revinculación: 3.136 niños, niñas y adolescentes.
Los datos confirman que a partir de los 15 años el problema de la desvinculación de la educación se agudiza, pero también está presente en otros tramos etarios, incluso en la escuela primaria, pese a que desde hace varias décadas los niveles de escolarización permiten hablar de la universalización de ese nivel.
Más allá de los resultados de la estrategia, que continúa en marcha para “ir a buscar” a quienes aún no se han anotado a la educación y para sostener a quienes sí lo hicieron, el proceso permite sacar conclusiones de cara a lo que serán las políticas sociales –entre ellas las educativas– que buscará aplicar el actual gobierno. Al mismo tiempo, la palabra “proceso” también es importante para entender la desvinculación y la revinculación de los estudiantes.
“No es que vos un día decidiste desvincularte. Empezás a faltar, a dar menos pelota, a entender menos las cosas, empiezan a aparecer otras cosas afuera que son más interesantes”, resume Pablo Caggiani, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), institución que, junto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), lideró la estrategia. Ante la desvinculación de un estudiante lo que se necesitan son “humanos que estén en conversación” para “tutelar” y “apoyar” al niño o adolescente, en busca de “hacer acuerdos” para su retorno, completó. Según considera, igual que en cualquier proceso educativo, se trata de un trabajo “cuerpo a cuerpo”.
Entrevistadas por la diaria, Gabriela Pérez, directora de Integración Educativa de la ANEP, y Laura Voituret, gerenta del Área de Promoción Sociocultural del Mides, coincidieron en que, en ese proceso, que no está libre de marchas y contramarchas, se debe proponer distintas políticas públicas que no son responsabilidad únicamente de la ANEP. Según señalaron, en la revinculación se vuelven clave los acompañamientos, no sólo a los estudiantes, sino también a sus familias.
De acuerdo con Pérez, la aceptación de volver a un centro educativo es un proceso que debe narrarse con gerundios: “Va sucediendo, se va afianzando”. En esa búsqueda habrá ajustes sobre la marcha y, por tanto, contar con adultos con apertura y flexibilidad para realizarlos es especialmente importante.
El trabajo en territorio en clave interdisciplinar
Voituret señaló que el trabajo con los estudiantes y sus familias debe potenciarse a partir del vínculo entre actores de los distintos centros educativos y el de quienes trabajan a nivel territorial. Precisamente, esa fue una de las virtudes del trabajo que en julio se pusieron al hombro cinco organismos públicos. Además de la ANEP y el Mides, el grupo de trabajo interinstitucional fue integrado por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), pero en el proceso de búsqueda de niños y adolescentes colaboraron otros, como la Secretaría Nacional del Deporte o la de Migración. También hubo colaboración de entidades privadas con importante presencia territorial, como la Organización Nacional de Fútbol Infantil.
Un primer desafío fue generar información común. Hasta el momento, Uruguay no tiene una base de datos en la que puedan verse los distintos vínculos institucionales de las personas con el Estado. Por el contrario, cada institución estatal tiene la suya, en la que hay registro de los vínculos que mantuvo con cada individuo.
A partir de los números de cédula de los estudiantes que dejaron de estar anotados en un centro educativo, cada organismo buscó en su base de datos para rastrear si está o estuvo en contacto con el niño o el adolescente en el último tiempo. Así, la búsqueda de una dirección a la cual ir a buscar al estudiante se repartió entre los equipos técnicos de los diferentes entes integrantes del grupo de trabajo. “Se veía cuál era la última institución que había tenido contacto con el estudiante y esa era la que lo iba a buscar”, contó Caggiani, quien agregó que, en los casos en los que no había una institución de referencia, la tarea se redistribuyó entre todos los organismos.
Pérez y Voituret marcaron que la tarea que les fue encomendada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, apuntó a cumplir con el derecho a la educación y también con otros derechos que se garantizan a partir de este. No obstante, también se apostó por generar una nueva forma de pensar y hacer políticas públicas. La integrante del Mides dijo que desde la cartera se apuesta por “la cercanía” con los usuarios de las políticas y por la coordinación interinstitucional. “Entendemos que las problemáticas, las desigualdades, las exclusiones que atraviesan, en este caso, a los estudiantes y sus familias tienen que ver con una multiplicidad muy grande de factores”, fundamentó.
Pese a iniciar el trabajo a pocos meses de asumir este gobierno y luego de cinco años en los que se vivió un “repliegue” de las políticas territoriales y una disminución de los equipos técnicos de los organismos involucrados, Pérez marcó que se logró articular “sin mezquindades”. Durante el proceso, los organismos compartieron técnicos, vehículos y tiempo de trabajo, con “equipos” que en algunos casos están compuestos por una única persona, detalló Pérez.
Además, la jerarca de la ANEP destacó la importancia de “respaldar y habilitar” a los equipos de funcionarios que trabajaron, más allá de “alentar” a llegar a soluciones en función de las distintas realidades con las que se encuentran. Para ello, las instituciones tienen que alcanzar algunos acuerdos generales a nivel central, pero luego deben ser conscientes de que no todo lo que va a ocurrir en territorio puede preverse y reglarse de antemano. Por lo tanto, la confianza en quienes trabajan en ese nivel se vuelve fundamental para dar con los niños, niñas y adolescentes.
En concreto, Pérez habló de la importancia del nivel “micro” de la política pública, por ejemplo, para llegar a niños que vivían en Rocha o Rivera, pero que luego de una mudanza o de la separación de sus padres ahora viven del otro lado de la frontera, o incluso algunos días del lado uruguayo y otros del lado brasileño.
En palabras de Voituret, se trata de “asumir colectiva e interinstitucionalmente el cuidado, la revinculación, la importancia de saber dónde están y querer que vuelvan”.
Autoridades trabajarán para adelantar mecanismo de revinculación en 2026 y sostienen que es necesario repensar propuestas educativas
Los motivos por los cuales los estudiantes se desvincularon del sistema educativo fueron variados. No obstante, el solapamiento con actividades laborales del núcleo familiar fue uno de los más importantes. En el caso de los adolescentes, son ellos quienes muchas veces directamente empezaron a trabajar o a cuidar a algún hermano menor mientras sus padres trabajan. Pero ello afecta también a los más chicos. A saber, Caggiani comentó el caso de una familia que se mudó de ciudad y que al dejar de tener una escuela de tiempo completo cercana, el niño dejó de asistir porque nadie podía llevarlo e irlo a buscar al centro educativo en un turno de cuatro horas.
Precisamente, Pérez marcó que los asuntos de “movilidad humana” tienen una incidencia importante en la continuidad o no de los procesos educativos. Si bien dijo que recientemente se han tomado algunas acciones desde la ANEP –como la incorporación inmediata de estudiantes para luego, y en forma paralela al inicio de su cursada, ir resolviendo los temas administrativos para su inscripción–, entendió que todavía queda camino por recorrer.
En síntesis, la directora entendió que los procesos de desvinculación están marcados por “una colección de pequeños problemas, pero que se vuelven determinantes”. Además de tener esto en cuenta en las posibilidades de revinculación que se les planteó a los 2.246 estudiantes, tanto Pérez como Caggiani coincidieron en la necesidad de aprovechar la información generada durante este proceso para mejorar la respuesta que da el sistema educativo ante estas situaciones, más allá de su voluntad de reducirlas al mínimo posible.
En lo inmediato, el presidente de la ANEP afirmó que para el año que viene proyectan realizar este mismo operativo, pero no quieren esperar a julio para implementarlo. De todas formas, señaló que no es posible hacerlo junto con el inicio de cursos, porque el proceso de inscripción y cambio de centro educativo puede mostrar a estudiantes como desvinculados cuando en realidad no lo están. Por ello, estimó que el mes de mayo puede ser propicio para actualizar la información y salir a la búsqueda de quienes no estén inscriptos en primaria, secundaria o UTU.
Pero esos no son los únicos cambios que el trabajo efectuado puede traer. Según señaló Caggiani, desde la ANEP revisarán propuestas educativas para garantizar el derecho a la educación de los niños y adolescentes desvinculados y el de aquellos con una probabilidad alta de desvincularse. Si bien se trata de un porcentaje pequeño de la matrícula total de la educación, el jerarca sostuvo que las propuestas para atender a esos estudiantes se ha reducido en los últimos años.
Al igual que Pérez, Caggiani marcó que, salvo pocas excepciones, las propuestas educativas en Uruguay van de marzo a diciembre, lo que hace dificultoso que alguien pueda integrarse a mitad de año, como ocurre ahora con los más de 2.000 estudiantes revinculados. Ante ello, se presentan diversas situaciones que ameritan pensar alternativas, como enfermedades prolongadas, la migración o la privación de libertad.
Al respecto, Pérez consideró que “hay que pensar y adecuar la oferta a las circunstancias” que, por ejemplo, impiden la presencialidad de forma prolongada o suponen que el estudiante tenga una presencia intermitente en el centro educativo. En ese sentido, dijo que la clásica respuesta administrativa de justificar las inasistencias no es suficiente y que también es necesario pensar en alternativas para mantener el vínculo educativo, ya sean dentro o fuera de los edificios de la ANEP. En ese plano, Caggiani mencionó ejemplos de propuestas semipresenciales, como algunas que se desarrollan en secundaria para quienes viven en la ruralidad, alejados de un centro educativo.
¿A qué propuestas se anotaron los estudiantes revinculados y qué deben tener en cuenta los centros educativos?
Según explicó la directora de Integración Educativa de la ANEP, todas las propuestas públicas estuvieron sobre la mesa a la hora de definir en qué centro educativo comenzarían su revinculación los niños, niñas y adolescentes contactados. En ese sentido, detalló que se priorizaron aquellas por las que los estudiantes tuvieran preferencia o las que fueran más viables en este momento.
De parte del grupo de trabajo se hizo énfasis en la necesidad de que existiera “un trabajo de recepción y bienvenida” y que junto con los estudiantes se definiera de qué forma se daría la revinculación. A propósito, explicó que en algunos casos cursarán todo el horario, pero en otros sólo una parte, ya que lo que se prioriza es que se pueda sostener el vínculo educativo, para luego ir ampliándolo si es necesario.
Pérez aseguró que en ese proceso son clave algunas figuras socioeducativas presentes en muchos centros de la ANEP, como educadores, articuladores territoriales o tutores. La directora planteó que “la posibilidad de revincularse tiene que estar en cualquier momento del año” y, por tanto, se deben “fortalecer esas figuras que pueden recibir, acompañar, estar en el proceso de llegada y concretar” la manera en que se dará el retorno.
Julián Mazzoni, representante docente en el Consejo Directivo Central de la ANEP, valoró de forma positiva la acción de ir a buscar y revincular a niños, niñas y adolescentes al sistema, más allá de que quienes ingresen a un centro de la ANEP lo hagan pasada la mitad del año lectivo. Sobre este aspecto, dijo que habrá que hacer “un trabajo muy especial” con ellos, ya que su desvinculación del sistema da cuenta de “una situación social muy compleja”.
El consejero entendió que esos procesos deben ir de la mano de un refuerzo presupuestal en el organismo, de forma de poder atender adecuadamente a los estudiantes. Al respecto, lamentó que las pautas para la confección del presupuesto que está manejando el equipo económico del gobierno “aparentemente no tienen una correlación con la situación de emergencia total que tenemos en este momento”.
La propuesta de los Cecap
Los Centros Educativos de Capacitación, Arte y Producción (Cecap) son una propuesta que gestiona directamente el MEC a través de la Dirección Nacional de Educación y su Programa Nacional de Educación y Trabajo. Precisamente, su población objetivo son los adolescentes desvinculados del sistema educativo y, por este motivo, en esta instancia captó a una parte de los estudiantes revinculados.
Según explicó a la diaria Isabel Alende, coordinadora del programa, recibió con satisfacción la invitación para sumarse al equipo interinstitucional que trabajó durante las últimas semanas. Según contó, desde los Cecap asumieron la tarea de ir a buscar a los adolescentes de entre 15 y 17 años del interior, ya que el programa cuenta con presencia en 17 departamentos.
Alende relató que no todos los jóvenes que contactaron desde los Cecap se inscribieron en el programa y que también recibieron estudiantes que fueron contactados por otros organismos; esa fue una de las mayores riquezas de la experiencia, consideró.
Con datos totales todavía en construcción, estimó que unos 200 adolescentes comenzaron el proceso de inscripción en algún Cecap sólo en el interior del país. La coordinadora señaló que se trata de una de las pocas propuestas con cursos semestrales para adolescentes, por lo que, en este caso, como las clases inician en julio, no tuvieron que hacer ningún tipo de adaptación. Lo que sí ocurrió es que llegó un volumen de inscripciones un poco mayor a las 450 que habitualmente reciben en esta etapa del año, y en un par de centros hubo que generar grupos extra, lo que fue posible gracias a un esfuerzo de la Dirección Nacional de Educación del MEC. En ese sentido, Alende mencionó que, para dar seguimiento adecuado a los estudiantes, en los Cecap los grupos tienen un máximo de 20 estudiantes.
Otra de las características de la propuesta es que el proceso de inscripción es considerado “un acto educativo”. Por consiguiente, cuando un estudiante llega a alguno de los 22 centros que hay en todo el país, debe tener una entrevista con un educador, de forma de conocer mejor su trayecto de vida, pero también para que el adolescente pueda hacer las preguntas que considere necesarias.
La propuesta también apuesta a que los centros se conviertan en un segundo hogar para los estudiantes, por este motivo, la hospitalidad es una de sus características principales. Respecto de la currícula, se trabaja en talleres y de forma articulada con la ANEP, tanto con UTU como con Secundaria, para que luego de cuatro semestres los jóvenes puedan acreditar el ciclo básico. Como parte de los planes futuros del programa, Alende mencionó la necesidad de acompañar a los jóvenes luego del egreso, porque muchas veces tienen dificultades para insertarse en propuestas de bachillerato, lo que va en la misma línea de la apuesta del Estado para no perder el vínculo educativo, sobre todo de poblaciones más vulnerables.
Asignaciones familiares en debate
En el caso de los 3.136 niños, niñas y adolescentes con quienes no se logró la revinculación, ya sea por su negativa o porque aún no fue posible entrar en contacto con ellos, también se anunció que se les suspendió el pago de la asignación familiar. Al respecto, Voituret hizo énfasis en que el pago de la asignación se retoma inmediatamente después de que la revinculación se concreta, y alentó a las familias a concretar una inscripción.
Por su parte, Caggiani señaló que en el gobierno anterior lo que se hacía era enviar un mensaje –sea a través de mensaje de texto o de correo electrónico– a las familias para comunicarles que si el menor de edad a cargo no se anotaba en la educación, perderían el cobro del beneficio. Según valoró, la actual administración optó por “un camino del medio”, que implica ir al encuentro con los estudiantes y las familias antes del retiro del beneficio. El jerarca consideró que es difícil saber cuánto incide el cobro de la asignación en la asistencia o no a un centro educativo, pero, en cualquier caso, antes que en “la penalización”, llamó a “pensar de qué manera la política se acerca a esa vida”.
Mazzoni, en tanto, instó a reflexionar sobre “otros subsidios que no son la asignación familiar” que no tienen retorno a la sociedad, en alusión a beneficios que reciben algunos sectores empresariales. “Muchas veces tienen subsidios que pretenden generar condiciones para que haya empleabilidad y finalmente eso no sucede”, dijo, y planteó que es pertinente discutir sobre qué aporte a la sociedad dan los sectores de mayores recursos.
.