Uruguay discute, una vez más, el lugar de la formación de docentes y educadores en su proyecto educativo y democrático. En ese marco, resulta imprescindible plantear sin rodeos una pregunta central: ¿por qué es clave para el desarrollo nacional avanzar hacia la creación de una tercera universidad pública, específicamente orientada a la formación de educadores y educadoras?
La experiencia comparada en América Latina y en el mundo ofrece una respuesta contundente. Existen numerosas universidades públicas orientadas a áreas temáticas estratégicas —educación, tecnología, artes, producción agraria, interculturalidad— que no debilitan los sistemas universitarios, sino que los diversifican y fortalecen. Estas instituciones no surgen por arbitraiedad ni por demandas sectoriales aisladas: responden a decisiones políticas de largo plazo vinculadas al desarrollo nacional, la inclusión social y la soberanía del conocimiento. Sin duda, el campo educativo es uno de esos campos estratégicos.
Sin ardiles: lo universitario no se simula, se construye
Reivindicar el carácter universitario de la formación de docentes y educadores implica asumir, sin atajos ni artificios, qué define históricamente a la universidad pública. En los últimos años hemos asistido, con asombro y preocupación, a una verdadera subversión de lo universitario: se pretende justificar que, mediante una prueba administrada por un ministerio, pueda recertificarse una formación bajo la denominación de “acreditación universitaria”.
Este mecanismo, habilitado —de forma inconstitucional— por el artículo 198 de la ley de urgente consideración del gobierno anterior y por el decreto 338/20 de julio de 2020, vacía de contenido el concepto mismo de universidad y desconoce sus principios fundantes: autonomía, cogobierno, producción de conocimiento y formación integral. No se trata de una certificación nominal ni de un reconocimiento administrativo, sino de un entramado institucional, académico y político que se sostiene en principios irrenunciables: la autonomía, el cogobierno, la libertad de cátedra, la integralidad de las funciones universitarias.
Sin excusas: la formación de educadores como derecho y como responsabilidad pública
La formación inicial, continua y de posgrado de docentes y educadores en el ámbito público debe pensarse y garantizarse en clave de derechos. Una formación universitaria auténtica debe sustentar su accionar en estrategias orientadas a la inclusión social, desde un paradigma de derechos humanos y de ciudadanía plena. Este horizonte no es incompatible con la necesidad de formar los y las profesionales que requiere el sistema educativo obligatorio; por el contrario, lo fortalece y lo trasciende, al inscribir la tarea educativa en un proyecto democrático de país.
La transformación de la formación en educación en una universidad es un proceso impostergable para la formación de profesionales de la educación que el país necesita. No es posible crear una formación universitaria desde las estructuras de gobierno, ni con la ilusión de seguir cambiando los planes de estudio; es indispensable cambiar las prácticas de enseñanza, fortalecer la investigación y ampliar la extensión, para que cada estudiante durante los años de formación de grado viva experiencias formativas ricas y diversas.
Pensar la formación inicial, continua y de posgrado de docentes y educadores en clave de derechos implica reconocerla como una responsabilidad indelegable del Estado y no como una variable de ajuste del sistema educativo. El acceso a una formación universitaria pública, gratuita y de calidad no puede quedar supeditado a coyunturas políticas, ni a la urgencia de cubrir cargos en el sistema obligatorio.
La transformación de la formación en educación en una universidad es un proceso impostergable para la formación de profesionales de la educación que el país necesita.
La educación, en tanto derecho humano fundamental, requiere profesionales formados críticamente, con capacidad de análisis de los contextos sociales, culturales y territoriales en los que desarrollan su tarea. Reducir la formación de los docentes y educadores a una función instrumental —orientada exclusivamente a la provisión de recursos humanos— empobrece la profesión y debilita el proyecto educativo nacional.
Universidad de la Educación y proyecto democrático
La creación de una tercera universidad pública no es una demanda corporativa ni sectorial: es una definición política de largo alcance. Implica fortalecer la democracia, ampliar el acceso al conocimiento y consolidar una educación pública comprometida con la justicia social y la igualdad.
Desde un paradigma de derechos y ciudadanía plena, la formación universitaria de educadores debe orientarse al reconocimiento de la diversidad y a la construcción de prácticas educativas emancipadoras. Esto supone una universidad con presencia territorial, vinculada a las comunidades, capaz de dialogar con otros saberes y de producir conocimiento relevante para la transformación social.
En ese sentido, la Universidad de la Educación permitiría potenciar la actual descentralización de la formación en educación, otorgando coherencia académica, reconocimiento profesional y proyección internacional a las carreras de educadores y educadoras.
Abiertos al debate, pero firmes en el horizonte, sostener la necesidad de una tercera universidad pública es pensar el país que queremos. Un país donde la educación no sea un eslabón débil ni una variable de ajuste, sino una apuesta estratégica para el desarrollo humano y la profundización democrática. Sin ardiles ni excusas.
Rosana Cortazzo es profesora de Química, magíster en Educación, política y sociedad, y se desempeña como docente en el Consejo de Formación en Educación.