Bajo el título Creación de la Universidad de Educación: una decisión que Uruguay no puede (ni debe) postergar se ha publicado en la diaria un artículo en el que se comenta el “Manifiesto por una formación docente de alta calidad y nivel universitario en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)”, elaborado por el Grupo Propuestas.
Los autores del artículo señalan una supuesta contradicción entre la afirmación de que la institucionalidad actual de la ANEP ya posee la jerarquía jurídica y las condiciones necesarias para formar a sus docentes en todos los niveles y el hecho de que el gobierno anterior (al que algunos miembros del Grupo Propuestas han estado vinculados) optara por impulsar en el artículo 198 de la ley de urgente consideración (LUC) un mecanismo para el reconocimiento universitario de títulos docentes.
Lo primero a señalar es que una cosa son las iniciativas de un gobierno de coalición en 2019 y 2020 y otra la formulación que realiza el Grupo Propuestas. Este no representa a aquel gobierno y no nos correspondería a sus miembros deducir personería por aquellas acciones. El Grupo Propuestas es un grupo auténticamente pluralista y no es polea de transmisión de intereses corporativos o partidarios. Se forma con docentes e investigadores, del subsistema de formación docente y de otras instituciones, que pensamos con cabeza propia y que, equivocados o no, lo hacemos según nuestro leal saber y entender.
Sobre el punto específico, cabe decir que entendemos que las iniciativas de la administración anterior acertaban en dos aspectos centrales: a) por medio de la disposición mencionada de la LUC se daba una atención, nada desdeñable, a la llamada “deuda histórica” que ha hecho que los docentes uruguayos, formados en un nivel terciario, y algunos con vasta experiencia académica y profesional, no pudieran ver sus títulos docentes homologados y reconocidos, como de un nivel equivalente al universitario; b) en la ley de presupuesto se formulaba para el ente ANEP y para el Consejo de Formación en Educación (CFE) un plan que incluía a texto expreso el propósito de avanzar hacia el nivel universitario. Quiere decir que aquel gobierno no veía tan imposible esa futura condición mediante una mejora sustantiva de la formación y la investigación.
En el cumplimiento de esa orientación se realizaron una serie de acciones, como la reformulación de los planes de estudio de las formaciones de grado del CFE, con la inclusión estructural de la formación en investigación, y se propuso una política integral de posgrados propios y/o en asociación. Ambas iniciativas, las del propio ente autónomo, en ejercicio de su innegable autonomía, y la del Poder Ejecutivo convergían y se complementaban.
Lo mismo diríamos ahora si la administración actual avanzara realmente en transformaciones que orientaran a la formación docente en la dirección de la creación (propia y en colaboración) de conocimiento de punta, en la asociación con centros de investigación nacionales y del exterior que le permitieran desarrollar procesos de formación superior de alta calidad.
Por lo tanto, no existe tal contradicción. Le asistía razón al exministro de Educación y Cultura (o a cualquier otra persona) que indicaba que la ANEP no es una universidad o que sus títulos no son “universitarios”. Pero también le asiste razón a quienes, como nosotros, afirmamos que la ANEP puede formar docentes e investigadores del más alto nivel, en grado y posgrado, en el ámbito de sus competencias. No precisa para eso de la Universidad de la República, de la Universidad Tecnológica ni del Ministerio de Educación y Cultura, le alcanza con la Constitución de la República. Es un ente autónomo (el más alto grado de autonomía por debajo de la soberanía de la nación que le corresponde al cuerpo electoral). ¿Quién le dirá válidamente a la ANEP que no puede formar magísteres o doctores (observando las debidas exigencias de esos niveles) en el marco de sus competencias de proveer educación de calidad para todos en los niveles no terciarios?
El error de base para afirmar lo contrario, error común en nuestro país, es considerar que el nivel superior se compone pura, exclusiva y excluyentemente por el segmento universitario.
El proyecto de creación de la Uned ha omitido contar con un verdadero proyecto universitario, más allá del texto de un proyecto de ley (un “libro blanco”, al que hubiera podido remitir la correspondiente exposición de motivos, abierto al conocimiento público y al diálogo democrático).
Puede existir y existe en el mundo formación superior de alta calidad, parangonable en todos los aspectos sustantivos a la formación universitaria. Desde grados académicos y títulos profesionales de base hasta formaciones de posgrado de alto nivel son ofrecidos a menudo por instituciones que no son universidades, que no se constituyeron como tales y que no rara vez superan en calidad y prestigio a las propias instituciones universitarias.
Hay demasiados supuestos en el artículo en cuestión, que no es esta la oportunidad de refutar. La fragmentación entre la formación (por parte de otra institución) y el título habilitante (propio de la ANEP) no es tampoco un invento del Grupo Propuestas. La incertidumbre académica y laboral es también un resultado directo del proyecto de ley de creación de la Universidad Nacional de Educación (Uned), que deja cuestiones fundamentales libradas a futuras decisiones.
El proyecto de creación de la Uned ha omitido contar con un verdadero proyecto universitario, más allá del texto de un proyecto de ley (un “libro blanco”, al que hubiera podido remitir la correspondiente exposición de motivos, abierto al conocimiento público y al diálogo democrático). En cambio, se cuenta solo con el texto de un escueto proyecto de ley, que deja de lado todas las verdaderas cuestiones que deben debatirse y decidirse.
Por ello, la argumentación a favor de la Uned incurre en reiteradas peticiones de principio. La ley aprobada operaría, demiúrgicamente, para concretar las transformaciones que requiere nuestra formación docente. Oponerse a aquella sería negarse a todas estas mágicas transfiguraciones. Se trata, por desdicha, de un razonamiento circular y tautológico. Hasta diríase con una veta autoritaria, porque hace imposible o elude el diálogo y el intercambio de argumentos.
El Manifiesto del Grupo Propuestas no resuelve la formación docente universitaria “mediante la ampliación de las competencias de la ANEP”. Para nada. Estas competencias ya existen, estatuidas por la Constitución de la República. Lo que se propone es fortalecer a un subsistema que ya integra un ente autónomo y que ya ejerce una gobernanza compartida, pero que no tiene aún las condiciones básicas que hacen a una universidad: centralmente un cuerpo de docentes-investigadores, con líneas de trabajo visibles que aporten nuevo conocimiento; seleccionados en concursos por pares académicos nacionales e internacionales (no necesariamente afines a la hegemonía ideológica actualmente vigente en el CFE -ni a ninguna otra futura); que se mida (a sí misma) con estándares elevados de calidad académica.
En ausencia de tales condiciones, la creación meramente formal y nominal de un ente autónomo para nada jerarquizará la formación docente actual o la dotará de un clima y de un proceso de formación genuinamente universitarios. Por el contrario. No se trata en modo alguno de instalar una “lógica de la sospecha”, sino de tomar nota de la superficialidad de las definiciones que guían el proyecto.
El fortalecimiento del CFE que propone el Grupo Propuestas no es necesariamente un destino final; podría serlo, válidamente, si el país persistiera en su histórica matriz extrauniversitaria, haciendo del CFE una suerte de instituto de excelencia, con pleno reconocimiento universitario de sus diplomas por parte del Estado, sobre la base de un proceso y de un cuerpo académico genuinamente universitarios.
Podría convertirse más tarde, sí, ¿por qué no?, en un instituto universitario o en una universidad en colaboración y diálogo con la ANEP, capaz de aportar al estudio interdisciplinario de los procesos de aprendizaje y de enseñanza.
Más allá de estos futuros formatos posibles, se necesita hoy, desde ayer mismo, pensar en que la formación docente integre una “ecología” formativa universitaria, en la que un proceso formativo de alta calidad cumplido en ella interactúe con otras instituciones de educación superior (públicas o privadas; nacionales y extranjeras) para elevar la calidad de la enseñanza, para generar grupos de investigación conjuntos, para aportar conocimiento pedagógico valioso a esas instituciones, para validar créditos y trayectos formativos realizados en esas otras instituciones, para formar complementariamente a otros profesionales con vocación por la enseñanza en términos de conocimiento y práctica pedagógicas, entre tantas otras oportunidades de colaboración y sinergia.
La institucionalidad del futuro podrá adoptar formas diversas. Pero, en cualquier caso, se requiere como prerrequisito algo que los impulsores de la Uned han decidido omitir: compromiso con la producción de conocimiento, con el rigor académico, con la selectividad en el acceso a los cargos, con la autoevaluación y la evaluación externa, con la acreditación.
Decir que la Uned será “un espacio institucional específico, integral y simultáneo que abarque la formación académica de todos los educadores del país, a través de las funciones universitarias de enseñanza, investigación y extensión que se entrelazan, se interdisciplinan en el ámbito de la formación de grado y posgrado” no es, lamentablemente, más que un enunciado retórico, de imposible realización en ausencia de las condiciones que se requieren a ese efecto.
Se reivindican también en el artículo una supuesta estructura académica e institucional generada a partir de 2016, que careció de entidad real (de planificación integral y estratégica, presupuestación, matriz académica propia e inserción universitaria internacional de apoyo y validación), y modificaciones estatutarias sobre cargos y grados que no contaron con la adhesión de los mismos órdenes implicados ni los tiempos adecuados de debate e implementación.
La responsabilidad histórica que enfrenta hoy el país es garantizar una educación pertinente, inclusiva y de calidad a los jóvenes uruguayos, superando los déficits de conocimiento, inclusión y culminación que hoy la caracterizan. Esa responsabilidad, en el marco de las tremendas transformaciones socioculturales y cognitivas contemporáneas, requiere también proveer a una formación de los docentes de alta calidad y de carácter superior, esencialmente equivalente a la buena formación universitaria.
No se da cumplimiento a esa responsabilidad histórica, por “reconocer un estatuto universitario” a procesos o a una institución que carece de tales condiciones de base. Se le da cumplimiento activando los recursos con los que realmente contamos: una ANEP y un CFE que cuentan con presupuesto realmente asignado en la ley, con vocación para alcanzar un nivel sustantivamente universitario, en el que los docentes ya son activos decisores.
Claudio Rama, Adémar Cordones, Enrique Martínez Larrechea, Graciela Carlevaro, Patricia Viera, Lidia Barboza Norbis, Graciela Fabeyro, Alicia Carballo, Teresita González de Tantecio, Andrea Verano, Andrés Rodríguez Vanufellen, Graziella Chiribao, Daniel Vezzoso y Víctor Pizzichillo son integrantes del Grupo Propuestas.