La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) junto con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU) firmaron este viernes un acuerdo para la puesta en marcha de un protocolo ante situaciones de violencia que puedan ser generadas en los centros educativos.
Este protocolo establece el procedimiento a seguir frente a agresiones ocurridas en centros educativos, ya sea entre estudiantes a docentes, entre funcionarios de una misma institución o en episodios de violencia protagonizados por personas externas y que involucren a un funcionario del centro.
Por su parte, el documento define por violencia o agresión a “toda acción, incidente o comportamiento mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad funcional o como consecuencia directa de la misma”.
En cuanto al procedimiento ante eventuales situaciones de violencia, el protocolo establece una respuesta inmediata que incluye dar aviso a los servicios de emergencia si corresponde, comunicar el hecho a las jerarquías correspondientes y dejar registro formal de lo ocurrido.
Entre las medidas posteriores, dispone evitar la presencia de agresores en el centro, convocar a instancias con participación sindical en un plazo de 48 horas y elaborar un plan de acciones orientado a prevenir nuevos episodios y fortalecer la convivencia.
El protocolo también crea una comisión específica para su aplicación de integración bipartita entre representantes de la ANEP y de los sindicatos de la educación. Entre sus cometidos, se establece que funcione como canal de apoyo a las autoridades ante episodios de violencia, brinde orientación en la implementación de las medidas y colabore en las acciones posteriores y preventivas. Además, puede intervenir en aquellos casos en que los jerarcas no consideren necesario activar el protocolo, pero los funcionarios afectados sí lo soliciten.
Durante la jornada, Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, señaló que el protocolo se enmarca en la necesidad de que existan “procedimientos claros, acción preventiva y protección”. En ese sentido, agregó que, a partir de la experiencia, en algunos casos hacer la denuncia puede resultar “difícil”.
Por su parte, en relación con las víctimas, el protocolo establece que deberán recibir asistencia médica inmediata o dentro de las 48 horas posteriores al episodio, incluso en casos en que no haya lesiones visibles en el momento. Además, prevé la posibilidad de que el funcionario afectado se ausente de su puesto hasta por 48 horas, sin que esto implique descuentos salariales ni afecte otros derechos laborales como el presentismo.
Sobre esto último, Caggiani señaló que este tipo de medidas responden a situaciones que hasta ahora se terminaban resolviendo “después de que sucedían los hechos de violencia”, lo que, según planteó, “suma una carga más de preocupación” para los funcionarios.
Por su parte, José Olivera, coordinador de la CSEU, valoró el protocolo como un “instrumento importante” que sirve para “garantizar condiciones de seguridad” en el trabajo, aunque subrayó que resulta insuficiente si no se profundiza en la prevención de estas situaciones. En ese sentido, sostuvo que el “mundo adulto” tiene una responsabilidad central en la persistencia de los hechos de violencia en la sociedad.
Por otro lado, también aseguró que el protocolo no será el único instrumento para abordar el tema, ya que continúan desarrollando otras iniciativas en conjunto con la ANEP orientadas a “hacer de los centros educativos espacios de convivencia democrática”.
Al ser consultado en rueda de prensa sobre la entrada en vigencia del protocolo, Olivera aseguró que rige desde su firma y que “ya está en funcionamiento”, más allá de las etapas de difusión que deberán ser previstas.