El ingrato perfil político bicolor: el Partido Nacional y el Partido Colorado frente a la cuestión militar

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No es necesario ser un zahorí ni poseer las habilidades del mago Merlín para concluir, razonablemente, que los responsables de los actos más repugnantes de violación de los derechos humanos en la dictadura cuentan, para seguir impunes, con los votos de parlamentarios blancos y colorados. Más allá de disquisiciones de hermenéutica jurídica, mencionemos dos hechos de relevancia reciente. Uno, el rechazo al pedido de venias por el Poder Ejecutivo para destituir a cuatro generales que integraron el Tribunal de Honor que tomó declaración al ex coronel Jorge Silveira, al ex teniente coronel José Nino Gavazzo y al ex oficial Luis Maurente. A pesar de sus confesiones, ese tribunal entendió que los ex militares no afectaron el honor del Ejército, aunque sí habían cometido una falta gravísima al no informar acerca de la inocencia de Juan Carlos Gómez ante la Justicia. Días después, la negativa a ultranza a votar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica Militar y mantener incólume la regresiva ley aprobada durante la dictadura, en sintonía con la doctrina de la Seguridad Nacional. Estos comportamientos marcan una constante en la retahíla de pactos y contubernios que se sucedieron a lo largo de décadas entre dirigentes de las dos divisas que acumulan votos bajo los lemas tradicionales.

Al volver la mirada a la historia del país surge que el desmoronamiento económico, social y político de la República tuvo sus raíces a inicios de la década de 1930 y continuó sin solución hasta 2004, incluido el período dictatorial. Dirigentes blancos y colorados, sin interrupciones, tuvieron a su discrecional y arbitraria disposición todo el poder del Estado. El Poder Ejecutivo, la casi totalidad de ambas cámaras del Poder Legislativo, los gobiernos departamentales, la administración central, la dirección y gestión de entes autónomos y servicios descentralizados, la mayoría de los cargos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas. La responsabilidad de la debacle recayó en aquellos políticos que, en nombre y representación de los partidos tradicionales, gobernaron el país. No obstante, justo es reconocerlo, mientras funcionaron como partidos forjaron la nacionalidad y crearon nuestras instituciones republicanas, pero al fungir en lemas sin contenido dejaron atrás sus mejores tradiciones.

“Rabanitos” para los golpes de Estado

El ingenio popular definió como “rabanitos” los quiebres institucionales del siglo XX en nuestro país, en clara referencia a los colores blanco y colorado de sus protagonistas. El tríptico se inició el 31 de marzo de 1933, con Gabriel Terra, del Partido Colorado (PC), apoyado por Luis Alberto de Herrera, del Partido Nacional (PN). Continuó el 21 de febrero de 1942 con la llamada “dictablanda” de Alfredo Baldomir, del PC, ex jefe de Policía en 1933 y luego ministro de Defensa del dictador Terra. Y culminó el 27 de junio de 1973 con el golpe de Estado de Juan María Bordaberry, del PC, ex senador del PN e integrante de la Liga Federal de Acción Ruralista orientada por Benito Nardone.

Sobre estos hechos, que tanto daño hicieron a la ciudadanía y al país en su conjunto, es oportuno volver la mirada a expresiones de dos ex presidentes del Consejo Nacional de Gobierno por el PN. El 17 de agosto de 1961, en su audición por Radio Rural, Nardone afirmaba que el Consejo Nacional de Gobierno –que él integraba y que había presidido en 1960– es “un colegiado de cocoliches” y que ya era hora de “que los militares deban hacerse cargo del gobierno”, promoviendo el golpe de Estado. Al año siguiente –1962–, el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, Faustino Harrison, reunía en su despacho a oficiales de alta graduación y les planteaba la necesidad de que el Ejército interviniera. Se hizo famosa su frase “A la democracia hay que darle vacaciones”.

En las décadas de 1960 y 1970, la historia registra puntualmente esta práctica que nos retrotrae a los tiempos de gobiernos del PC con apoyo parlamentario del PN, a veces unánime y en ocasiones ampliamente mayoritario. Sus representantes en el Poder Legislativo votaron permanentes medidas de seguridad, después el Estado de Guerra Interno y, finalmente, la Ley de Seguridad del Estado y Orden Público, que mantenía la suspensión de las garantías individuales y permitía que los civiles fueran sometidos a la Justicia militar al someter a su jurisdicción a toda la población en un momento en que la guerrilla estaba derrotada. Con esas actuaciones, otorgaron poderes ilimitados a los militares. Ese infame “cheque rosado” llevó, inexorablemente, al golpe de Estado.

Sin embargo, desde hace algunos años en la clase dirigente conservadora hay quienes se empeñan en afirmar que, tras la consolidación del golpe de Estado en junio de 1973, hubo en nuestro país una dictadura militar. Esta afirmación, con deliberada intencionalidad, cuenta en sus filas a integrantes de los partidos Colorado y Nacional. Se trata de una figura retórica tan reiterada como desgastada, por la que sus hierofantes pretenden deslindar responsabilidades, muy a pesar de la justificación esgrimida por quienes hablan y promueven la teoría de los dos demonios o dicen que “sin guerrilla no hubiera habido golpe de Estado militar”. Entre los impulsores de estas posiciones figuran dos ex presidentes de la República por el PC y un tercero por el PN, antiguas divisas emergentes de la batalla de Carpintería.

El doctor Julio María Sanguinetti,¹ en ejercicio de su primera presidencia, impulsó el Pacto de Anchorena y su concreción con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. El general (r) Hugo Medina, represor en la dictadura, fue su ministro de Defensa Nacional desde noviembre de 1987 hasta el final de su mandato.

El doctor Luis Alberto Lacalle participó en octubre de 2009 en uno los almuerzos del programa de Mirtha Legrand transmitido por América TV de Argentina. En esa ocasión expresó: “Un grupo de muchachos intoxicados con la Revolución Cubana, que quisieron hacer del Uruguay un país que no era, y por otro lado una minoría, también soberbia, de militares que dicen ‘bueno, vamos a hacernos cargo de esto, vamos a gobernar’, fueron los responsables del golpe de Estado”. Y afirmó: “Increíblemente, mueren más soldados que subversivos. Murieron más soldados y policías que integrantes de la subversión. En el Uruguay hay media docena de desaparecidos, o una docena de desaparecidos”.

Finalmente el doctor Jorge Batlle, en declaraciones al diario El Observador el 28 de junio de 2013 y en mayo de 2015, afirmó: “Si no hubiera existido guerrilla no hubiera habido golpe de Estado militar”.

Ningún frenteamplista ocupó un solo cargo de los usurpados por la felonía golpista. En cambio, cientos y millares de civiles y militares que apoyaron el golpe de Estado y después formaron parte de los organismos de facto impuestos por la dictadura pertenecían al PC y al PN. Entre los más notorios están Juan María Bordaberry y los doctores Alberto Demicheli y Aparicio Méndez, los presidentes de la República encarcelada, convertida en una colonia de ocupación, y los doctores Martín Recaredo Echegoyen y Hamlet Reyes, quienes presidieron el también inconstitucional Consejo de Estado. Una vez más, rubricaron sin ambages el ingrato perfil de la historia política bicolor.

Club Naval

En agosto de 1984 culminaba una etapa de negociaciones, con la participación del Frente Amplio (FA), el PC, la Unión Cívica (UC) y las Fuerzas Armadas (FFAA). No estuvo presente el PN que, previamente, había participado en las conversaciones que habían mantenido en el Parque Hotel los partidos políticos y las FFAA, con exclusión expresa del FA. En el Club Naval, el FA estuvo representado por sus delegados, el doctor José Pedro Cardoso y el contador Juan Young. Los resultados de las reuniones con los partidos políticos fueron ampliamente cubiertos por los medios de comunicación. El texto, de carácter público, fue difundido a toda la ciudadanía por la prensa. Consta de 12 artículos y fue redactado en forma unilateral por la dictadura mediante el Acto Institucional 19. El Plenario Nacional del FA, en reuniones que tuvieron lugar el 2 y el 6 de agosto, votó afirmativamente los logros obtenidos en la etapa de las negociaciones por 31 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones. Como puede observarse, no hubo consenso y la votación finalizó dividida.

Varios pasos atrás

La recuperación de la democracia, el 1° de marzo de 1985, fue conquistada por la digna lucha del pueblo uruguayo en la resistencia, dentro y fuera de fronteras, y no por aquellos dirigentes blancos y colorados que se mantuvieron al margen y, en muchos casos, apoyaron al régimen impuesto por la fuerza de las bayonetas, ocupando cargos de la más alta confianza de la dictadura. La indecorosa lista es tan extensa que su publicación excede esta crónica.

El gobierno presidido por Sanguinetti no solamente desconoció los acuerdos unánimes suscritos el 16 de octubre de 1984 en la Concertación Nacional Programática por los partidos políticos y las fuerzas sociales y empresariales, sino que los sustituyó por directivas con aprobación transnacional. Pero también obstruyó el funcionamiento de la Justicia en los tribunales; de esa forma, con su acción evitó que se pusieran en evidencia las monstruosidades del terrorismo de Estado que se practicó en aplicación de una doctrina de la seguridad llamada nacional pero elaborada en el exterior.

Pacto de Anchorena y Ley de Caducidad

El PN ha afirmado que hubo impunidad pactada en el Club Naval. Ni subyacente ni sobrevolando existe la más mínima evidencia de su existencia. En la estancia presidencial San Juan, el 25 de julio de 1985, a espaldas del pueblo uruguayo, había tenido lugar la reunión reservada que pretendió ser secreta, en la que participaron el presidente Sanguinetti, Wilson Ferreira Aldunate y altos dirigentes del PN, y jerarcas militares encabezados por el comandante en jefe del Ejército, teniente general Hugo Medina. A partir de ese encuentro, se pactó la impunidad para los delitos cometidos por las FFAA en la dictadura.

En una edición del semanario Búsqueda de setiembre de 1988, el diputado nacionalista Martín Sturla expresaba, en un reportaje, que el proyecto de ley de caducidad propuesto por el PN “fue presentado de inmediato al PC. Me han dicho que cuando [el vicepresidente Enrique] Tarigo lo leyó, comentó: ‘Esto no es una ley, es una canallada’, refiriéndose al preámbulo del artículo 1°, que decía que todo era consecuencia del Club Naval”.²

Como ocurrió en el arcano Pacto de Anchorena, del que tan poco se habla y escribe, nuevamente dirigentes blancos y colorados, reunidos en secreto con los altos mandos militares golpistas, coincidieron para aferrarse a la impunidad. La puesta en escena para aprobar la Ley de Caducidad dela Pretensión Punitiva del Estado insumió largas sesiones del Parlamento. Fue aprobada por el PC y la abrumadora mayoría del PN. A la luz de los hechos, y a pesar de los iracundos desmentidos manejados por los dirigentes del PN defensores de dicha ley, el punto de partida para su elucubración surgió en el Pacto de Anchorena y no necesariamente en el Club Naval.

Se desmorona el tinglado de la impunidad

A efectos de demostrar la tergiversación de los hechos en las intervenciones de blancos y colorados en el Senado, es oportuno recordar conceptos del entonces ministro de Defensa Nacional del gobierno de Sanguinetti, Juan Vicente Chiarino, quien en representación de la UC había participado en las reuniones del Club Naval. El doctor Chiarino, quien se pronunció a favor de la Ley de Caducidad, no estaba dispuesto a reconocer la maniobra del PN, que insistía en que todo era “consecuencia lógica de los hechos originados por el acuerdo del Club Naval”.

En sala, el senador Hugo Batalla dio lectura a una nota remitida por la Junta Nacional de la UC, en la que rechazaba “en forma terminante los fundamentos expresados en la exposición de motivos y en el artículo 1° en cuanto asevera la existencia de un acuerdo, celebrado entre partidos políticos y FFAA en agosto de 1984, para eximir de responsabilidad a estas por los delitos expresados”. Y finalizaba el documento: “Denuncia la falsedad de tal aseveración, ya que el único objetivo de los acuerdos celebrados fue asegurar la convocatoria a elecciones y el traspaso del gobierno a los poderes legítimamente constituidos, lo cual se concretó en el texto del Acto Institucional 19. Considera la actitud del PN un agravio a los partidos políticos participantes y especialmente hacia sus delegados en las reuniones del Club Naval, doctor Juan V Chiarino y señor Humberto Ciganda, y ratifica su plena confianza en la honorabilidad de estos y en la veracidad de sus informaciones acerca de las gestiones cumplidas”.

Gobierno de Lacalle: más Doctrina de la Seguridad Nacional

En febrero de 1986 se inició en el Parlamento la discusión sobre el cometido de las FFAA y se planteó derogar la Doctrina de la Seguridad Nacional. El Parlamento cambió algunos artículos reconociendo que esa ley no estaba encuadrada en el contexto de una filosofía democrática republicana. Pero el gobierno de Lacalle, por medio de la Ley de Presupuesto y por la Rendición de Cuentas, y no por la Ley Orgánica de las FFAA, que no fue discutida, volvió a incluir aspectos que el legislador había anulado en marzo de 1986, tales como “las FFAA darán la seguridad exterior e interior”, apuntalando la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Durante su presidencia, desde el 1° de marzo de 1990 hasta el 28 de febrero de 1995, Lacalle incluyó en su gobierno a varios jerarcas denunciados –hasta por sus propios correligionarios– por implicancias con la dictadura y con poderosos grupos económico-financieros afines al régimen de facto. Políticos y empresarios que ocuparon importantes cargos en la dictadura integraron su gobierno y otros fueron propuestos, en algunos casos, por el PC. Fue la continuidad de la administración de su predecesor, Sanguinetti.

El domingo 25 de octubre de 2009 tuvo lugar un insólito festejo en la plaza Matriz, frente a la sede del directorio del PN. En esa jornada se celebraron las elecciones nacionales y hubo dos plebiscitos. Al enterarse por los medios de comunicación de que no se había alcanzado la mayoría necesaria para anular la Ley de Caducidad, militantes del PN aplaudieron la noticia y festejaron, eufóricos. ¿Cuáles eran los valores que defendían? ¿Acaso las torturas, las violaciones, los asesinatos, los robos y cambios de identidad de niños nacidos en prisión, y las desapariciones provocadas por los violadores de los derechos humanos? En dictadura, el Toba Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinado en Buenos Aires en mayo de 1976, y la señora Cecilia Fontana de Heber, madre del senador blanco Luis Alberto Heber, quien murió envenenada en Montevideo el 6 de setiembre de 1978, pertenecían al PN. Siendo diputado por el PN, Heber votó a favor de la Ley de Caducidad.

Tarde, pero no a destiempo

En estos días, el Senado sesionará para considerar el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de las FFAA, que cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes, con los votos del FA, el Partido Independiente, Unidad Popular y el Partido de la Gente. No habrá sorpresas. La historia indica que blancos y colorados optarán por mantener íntegramente la ley pergeñada en la dictadura. Estuvieron durante 20 años consecutivos en el gobierno y nada hicieron para erradicarla.

Miguel Aguirre Bayley es periodista e integra la Comisión de Defensa del Frente Amplio.