En la mañana de ayer, el precandidato del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez dio una entrevista a Radio Uruguay en la que aseguró que, de ser aprobada la reforma constitucional sobre seguridad, “no es obligatorio poner al Ejército en la calle”. “La ciudadanía lo que hace es habilitar, mi posición es: ‘Gracias, muy amable’”, dijo.
La reforma constitucional es uno de los pilares de la campaña del precandidato del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), y ayer, por segunda vez en la semana, salió a defender su iniciativa. A 16.00, el nacionalista convocó a una conferencia de prensa, en la que dijo que el FA tiene “una suerte de tic antidemocrático” y que “el ingeniero Martínez entra en el enorme error de pensar que esta reforma es de cumplimento aleatorio y que puede llegar a no habilitarla”. Según Larrañaga, el texto tiene disposiciones transitorias que dicen “claramente” que se debe crear una Guardia Nacional integrada por militares.
“Las afirmaciones [de Martínez] son una excelente noticia para los delincuentes y una muy mala noticia para la gente honesta y para la democracia”, dijo ayer Larrañaga. El nacionalista señaló que “hasta la dictadura militar dio cumplimiento y acató el veredicto de las urnas”. “No podemos dejar pasar estas declaraciones porque venimos soportando una suerte de ataque permanente contra la reforma y esto no hace más que revelar una suerte de prejuicio ideológico contra las Fuerzas Armadas”, agregó.
El martes el precandidato había dado otra conferencia denunciando una especie de ataque de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), por una declaración emitida el lunes. En ese texto, la INDDHH decía que es responsabilidad de todo el aparato estatal –en particular del Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte Electoral– pronunciarse sobre si se va a “favorecer o no” procedimientos de reformas constitucionales o legislativas que impliquen un retroceso en materia de derechos humanos. Ese martes, Larrañaga dijo que había “prejuicios y traumas ideológicos contra el proyecto de reforma”. Ayer, la INDDHH le respondió al nacionalista en un comunicado que dice que es “inaceptable que el senador Jorge Larrañaga cuestione sin fundamento la autonomía e independencia de la institución, algo que debilita seriamente la propia institucionalidad del Estado”.
En la conferencia de prensa, Larrañaga fue consultado sobre esta nueva declaración y reiteró que la INDDHH tiene “un flechamiento político e ideológico”, algo que, según el nacionalista, queda demostrado con el segundo comunicado.
Segunda parte
Cuando Larrañaga terminó la conferencia, en los pasillos del Palacio Legislativo empezó a correr la noticia de que Martínez daría declaraciones a las 17.00 en el World Trade Center. Pocos minutos de pasada esta hora, el frenteamplista dio declaraciones en la calle, frente al Montevideo Shopping. Martínez dijo que, en caso de que la reforma se apruebe, trabajará con los demás partidos políticos que no están de acuerdo con la propuesta para evitar “la presencia directa de militares en la calle”.
Aseguró que “siempre se va a respetar” la decisión de la gente, pero dijo que las disposiciones especiales del texto tienen “un nivel de discrecionalidad” que le da al Poder Ejecutivo (PE) la facultad de coordinar la actuación de la nueva Guardia Nacional. Ese punto de la reforma dice: “El Poder Ejecutivo coordinará la actuación de la Guardia Nacional con las demás fuerzas policiales con cometidos concurrentes, así como su relacionamiento y colaboración con el Poder Judicial”.
Sobre los otros puntos de la reforma dijo que, a pesar de estar en desacuerdo, de ser aprobada son “mandatos claros”, y como ejemplo citó el endurecimiento de penas y la no excarcelación de algunos delitos.
Los otros tres puntos de la reforma son el levantamiento de la prohibición de hacer allanamientos nocturnos, el cumplimiento efectivo de las penas y la prisión perpetua revisable a los 30 años.
Cabe aclarar que el texto dice que, de ser aprobado, las medidas serán aplicadas de manera inmediata, pero es el Parlamento el que debe aprobar las leyes previstas con mayorías especiales.
Laicidad y ocupaciones
El lunes los estudiantes del Liceo 10 de Malvín decidieron ocupar el centro educativo. Aseguran que el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) los censura al no permitirles expresarse sobre la campaña Vivir sin Miedo.
Después de que los integrantes del Partido Nacional (PN) denunciaran la colocación de un cartel en el Liceo 28, las autoridades de la educación pidieron retirar los carteles de los locales. En el caso del Liceo 10 habían colocado una pancarta que ya fue retirada.
Luana, una de las estudiantes, dijo a la diaria que la ocupación es contra la censura y se mantendrá hasta que el Codicen “dé la cara”. Además dijo que reclaman mejoras edilicias y la incorporación de un equipo multidisciplinario que incluya profesionales de psicología.
Ayer, el diputado del PN Pablo Abdala se presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por una acción de amparo que presentó por la violación a la laicidad. “Fuimos las dos partes. El Codicen contestó de una forma muy resignada. Reconoce que se viola la laicidad, pero sostiene que tiene que arreglarlo por la vía del diálogo”, comentó a la diaria. Por su parte, el nacionalista dijo que “el diálogo fracasó”: “No sólo no condujo a nada sino que se agravó, porque ahora hay mas liceos ocupados”.
Las autoridades de la educación solicitaron más plazos para poder buscar una salida, un camino que para el nacionalista está agotado. “Se trata de que la Justicia dirima el asunto y haga cumplir con la ley”.