(Hoy es 9 de setiembre. Faltan 48 días para las elecciones nacionales)
Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.
En la campaña hay polémicas para todos los gustos, pero algunas son más constructivas que otras. A modo de ejemplo, se puede decir que el anunciado debate entre Danilo Astori y Ernesto Talvi promete ser una confrontación sustanciosa de orientaciones políticas en materia económica, mientras que, en el otro extremo, no parece muy conducente que el diputado frenteamplista Alejandro Sánchez haya vinculado la denuncia de sobrefacturación en ASSE, planteada en el programa Así nos va, de Radio Carve, con la presunta intención opositora de “tirar abajo la reforma de la salud”. En medio hay una amplia gama.
El candidato a la vicepresidencia del Partido Colorado, Robert Silva, lleva en estos días una carga reforzada. Por un lado, tiene a su cargo numerosos actos de campaña, debido a los problemas musculares que acotan la actividad de Talvi. Por otro, El Observador publicó que él trabajó en la constructora Teyma-Abengoa mientras era secretario general de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, y el senador frenteamplista Charles Carrera realizó un pedido de informes sobre el asunto, alegando que Silva pudo haber cometido un delito de “conjunción del interés público y el privado”.
Silva asegura que las acusaciones no tienen fundamento y se quejó ayer, en un acto compartido con Julio María Sanguinetti, de que “hay una encarnizada campaña difamatoria y de injurias” contra él. Pero en materia de difamación e injurias no se quedó atrás su compañero de estrado. Sanguinetti afirmó que, “antes, los tupamaros primero descalificaban, te acusaban de torturador y después te mataban; luego, el Frente Amplio [FA] aprendió una técnica un poco más sutil: primero te difamo, después te enchastro y luego te trato de destruir políticamente”.
Por otra parte, resurge una vieja polémica sobre la “extranjerización de la tierra”, a raíz de que el programa del Partido Nacional (PN) plantea eliminar la obligación de que las acciones de las sociedades anónimas agropecuarias sean nominativas. Desde el FA se sostiene que, como Uruguay “depende de la producción agropecuaria, necesita saber a ciencia cierta quiénes son los dueños de la tierra, que tiene un valor superlativo y escaso en el mundo”. En el acto mencionado antes, Sanguinetti dijo que a los colorados no les molesta que extranjeros sean propietarios de tierra, pero que sí les debería molestar a los frenteamplistas, que primero “llevaron al país a la violencia por la reforma agraria”, para “repartir la tierra”, y cuando llegaron al gobierno habilitaron el mayor “proceso de concentración y extranjerización de la tierra” en la historia uruguaya.
Hay también polémicas dentro de los partidos, y es un arte manejarlas. A fines del mes pasado, Jorge Larrañaga prometió que su sector fiscalizaría a un gobierno de Luis Lacalle Pou, reclamando la aplicación de las políticas que ha prometido. Amortiguando el golpe, ahora Lacalle Pou propuso que el PN sea “el fiscal” de un gobierno suyo.
Hasta mañana.