Una hora después de la transmisión en cadena nacional de radio y televisión del mensaje a favor del plebiscito de la seguridad social por parte de la comisión nacional Afirmá tus Derechos, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de República, hubo un nuevo debate sobre la reforma constitucional que plantea bajar la edad jubilatoria, subir las jubilaciones mínimas y eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) del sistema previsional uruguayo.
De un lado, a favor de la papeleta, estuvieron Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), y Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT; del otro, en contra de la papeleta, argumentaron Ope Pasquet, diputado del Partido Colorado (PC), y Rodolfo Saldain, expresidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social y principal artífice de la reforma jubilatoria aprobada en este período de gobierno.
“¿Por qué votar o no votar el plebiscito del 27 de octubre?” fue la pregunta que abrió la discusión. En su respuesta, Sommaruga recurrió al concepto de “libertad”. El dirigente sindical sostuvo que para los trabajadores, quienes “son los que generan las condiciones para la riqueza social”, la adquisición de derechos es una condición necesaria para el ejercicio de la libertad. En cambio, “los ricos y los muy ricos no necesitan derechos porque tienen privilegios, y la libertad sin restricciones es parte de esos privilegios”, afirmó.
Sommaruga ubicó la propuesta del PIT-CNT como una reacción ante la reforma jubilatoria del actual gobierno, la cual “nace del desconocimiento de un compromiso electoral”, en referencia a la promesa –incumplida– que hizo el entonces candidato a la presidencia Luis Lacalle Pou en la campaña electoral de 2019, cuando afirmó que no les aumentaría la edad de retiro a los trabajadores en actividad. “Se nos mintió al momento de pedirnos el voto” y “se nos cambió las reglas de juego”, afirmó Sommaruga, y señaló que a todos los trabajadores nacidos a partir de 1977 se les “impuso cinco años de tiempo laboral obligatorio para acceder a la causal jubilatoria”, algo que definió como “una confiscación de tiempo de libertad”.
Así, Sommaruga pasó de la libertad a la confiscación. Con la reforma jubilatoria del actual gobierno, sostuvo, también hubo “una confiscación económica”, ya que “nos hacen trabajar cinco años más para cobrar un 10% menos de promedio jubilatorio”. “Hay una reducción del salario jubilatorio, porque a los 65 años las personas se jubilaban con 55% y ahora, gracias a la ley del gobierno, vamos a jubilarnos con un 45%; esto significa una jubilación menos por año por trabajador”, resaltó. Asimismo, Sommaruga sostuvo que con la última reforma jubilatoria se llevó a cabo una confiscación del “derecho a elegir”, dado que “se nos obliga a estar en una AFAP”.
A su turno, Pasquet retomó la idea de la libertad. El diputado del PC cuestionó, en primer lugar, que se proponga la prohibición del régimen de ahorro individual. La papeleta establece que la seguridad social es un derecho fundamental, “no susceptible de lucro”, y prohíbe expresamente “los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio”. Para Pasquet, esto último supone “una restricción a la libertad personal que no tiene ningún fundamento ni ninguna justificación”. A su modo de ver, la prohibición “es simplemente una pulsión colectivista y autoritaria que no tiene ninguna justificación”.
El diputado del PC y candidato al Senado en las próximas elecciones nacionales sostuvo que el plebiscito excede a la reforma jubilatoria del actual gobierno y conlleva además “un atentado grosero contra la seguridad jurídica”. “Acá hay gente que hace 28 años que está ahorrando en un sistema, que tiene una cuenta a su nombre donde van depositándose sus ahorros mes a mes, y ahora le dicen de buenas a primeras que eso ya no va a ser suyo”, expresó.
Pasquet dijo que “eso es una confiscación”, algo que definió como “la apropiación por el Estado de un bien propiedad de un particular sin el pago de una justa y previa compensación”. El legislador del PC también advirtió sobre la sostenibilidad del sistema previsional uruguayo en caso de aprobarse la consulta popular, porque en la papeleta, sostuvo, “no dicen cómo se va a pagar”. Pasquet auguró un aumento del déficit fiscal, del endeudamiento y de los impuestos.
Ope Pasquet, Rodolfo Saldain, Karina Sosa y Sergio Sommaruga, el 14 de octubre, antes del debate por el plebiscito de la seguridad social en la Facultad de Ciencias Sociales.
Foto: Mara Quintero
Saldain calificó a los promotores del plebiscito como “terraplanistas de la ciencia actuarial”
Al inicio de su intervención, Sosa, que preside el sindicato que impulsó la realización de la consulta popular a la interna del PIT-CNT, definió el plebiscito como “una iniciativa de justicia social”. “Nosotros entendemos la seguridad como un derecho humano fundamental y lo defendemos a capa y espada, porque cuando no exista un BPS [Banco de Previsión Social], ¿a quién vamos a recurrir? Esa es la pregunta que nos hacemos”, expresó.
La presidenta de ATSS dijo que la papeleta pretende “poner un límite a las decisiones de los gobiernos de turno”, al grabar los tres puntos propuestos en la Constitución de la República. Sosa criticó las decisiones políticas que “se toman a raíz de contextos sociopolíticos y de compromisos que se asumen con gobierno extranjeros”, por las cuales posteriormente “pagamos las consecuencias los estudiantes, los enfermos y los que queremos una mejor redistribución de la riqueza mediante un sistema de seguridad social que sea universal, para todos, sin lucro”.
Al igual que Sommaruga, Sosa vinculó el plebiscito con la reforma jubilatoria aprobada con los votos de la coalición de gobierno en abril del año pasado. La Ley 20.130, sostuvo, es una “muy mala ley de seguridad social”, porque tiene “muchos aspectos que hacen que no se respeten derechos adquiridos”. “En los escritorios del BPS nosotros vemos que la gente no va a llegar a la edad de retiro con una buena salud y con una mejor sobrevida”, agregó.
La Ley 20.130 aumentó la edad jubilatoria de 60 a 65 años de edad. La papeleta establece que “las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicios”.
Último por sorteo, Saldain empezó su intervención sosteniendo que la papeleta que se pondrá a consideración de la ciudadanía el próximo 27 de octubre “es un ejemplo de texto de cómo no formular una política pública”. Señaló que tanto la propuesta de eliminación de las AFAP como la disminución de la edad jubilatoria y la disposición de que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor que el salario mínimo nacional no tuvieron “un estudio de viabilidad o de impacto financiero”.
Saldain dijo que el plebiscito responde a “una definición de carácter ideológico”, y dijo que los promotores de la iniciativa “parecen ser terraplanistas de la ciencia actuarial”. “¿Qué quiero decir con eso? Que no creen y que la vida dirá cómo se financia esta iniciativa”, expresó. El principal redactor de la última reforma jubilatoria dijo que la papeleta “contiene enorme cantidad de flancos para muchas interpretaciones y juicios”.
Asimismo, Saldain sostuvo que, en caso de que gane el Sí, habrá un efecto negativo en los “consensos macroeconómicos básicos que se han mantenido en Uruguay”. Apuntó, además, que “por cada peso de mayor ingreso” que se le otorgaría al BPS se agregarían “muchos más de mayor gasto”, ya que “los –cada vez menos– jóvenes van a tener que ser suficientemente productivos para sostener una población cada vez mayor”.
En tal sentido, en sintonía con Pasquet, Saldain pronosticó un incremento de la carga impositiva. “Apróntense para pagar impuestos”, porque “decididamente la generación que predomina en el auditorio va a tener que pagar notoriamente más impuestos”, afirmó en referencia a los jóvenes que abarrotaron la sala Luisa Cuesta de la facultad.