Lo políticamente correcto frente a un silencio que hace ruido: la campaña electoral y el reclamo por verdad, memoria y justicia

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Otro 20 de mayo, otra multitudinaria marcha del silencio que renueva cada año el histórico reclamo por verdad, memoria y justicia. El silencio aturdidor que acompaña todo el recorrido de la marcha a lo largo de la principal avenida de Montevideo (y cada vez más ciudades y localidades del resto del país) transforma cada paso en un momento íntimo, emotivo, de reflexión, de indignación y reafirmación de un compromiso ineludible con nuestra historia y nuestro futuro. Pero dentro del sistema político parece insertarse en el discurso de lo políticamente correcto, que siente la presión social de acordar con esta consigna, pero no con lo que representa.

Más que una consigna

Hablar de “verdad, memoria, y justicia” no sólo implica mencionar aspectos centrales para la vida democrática de un país, sino de requisitos fundamentales para restaurar la institucionalidad democrática dañada estructuralmente por la dictadura cívico militar. Romper con el pacto institucional que cimentó la impunidad y denunciar la falta de asunción de las responsabilidades del Estado por el terrorismo desarrollado durante este período.

El sistema internacional de derechos humanos establece en sus estándares relativos a la reparación y la garantía de no repetición del terrorismo de Estado la necesidad de conocer la verdad sobre lo ocurrido, de someter a la Justicia a quienes son responsables de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos, así como la recuperación y promoción de políticas de memoria, como aspecto central para el reconocimiento social sobre las graves consecuencias de estos hechos, en el presente y en el futuro.¹ En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de las diversas sentencias relativas a las violaciones cometidas por los Estados establece la obligación de investigar y sancionar a los responsables, de reparar integralmente a las víctimas, aspecto que incluye el derecho “a la verdad y a la memoria como vía ineludible para que el Estado afinque soportes efectivos para la no repetición de los actos violatorios de derechos humanos”.²

Sin embargo, las acciones desarrolladas por el Estado distan mucho de cumplir con estas obligaciones y estándares establecidos internacionalmente. Desde el surgimiento en el 2000 del primer ámbito de trabajo para conocer la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, a través de la creación de la Comisión para la Paz, y en particular luego de la llegada del Frente Amplio al gobierno, se han sucedido avances innegables e imprescindibles para la investigación penal de las denuncias presentadas, la búsqueda de detenidos desaparecidos (y el hallazgo de seis de ellos) y la reparación de las víctimas.

No obstante, estas acciones han sido insuficientes para la construcción de políticas públicas de Estado orientadas a la búsqueda de la verdad, al acceso efectivo a información que la institución militar y sus principales mandos se negaron constantemente a aportar, a la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad y al desarrollo de una política de memoria que reconozca, reflexione y recuerde lo ocurrido.

En este sentido, un aspecto central y estructurante de la impunidad histórica vigente en nuestro país lo constituye la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848). Esta norma aprobada en 1986 no sólo implicó una amnistía para los militares y civiles responsables de las más terribles violaciones de los derechos humanos, sino también la renuncia del Estado a investigar qué ocurrió, a construir verdad y memoria, fundamentales para la justicia y garantía de no repetición.

Los grupos de víctimas y organizaciones de derechos humanos impulsaron en dos ocasiones consultas populares para eliminar esta nefasta ley de nuestro orden jurídico. En la primera oportunidad, a través de un referéndum llevado a cabo en 1989, obtuvo el 43% de los apoyos para derogar esta norma. La segunda, que constó de un plebiscito realizado en 2009 ante la falta de respuestas o dilatorias del Frente Amplio a modificarla, alcanzó el 47,8%, impidiendo su anulación.

Más allá de los intentos del movimiento social por eliminar la ley de caducidad, es crucial el fallo de la CIDH con relación al caso Gelman, que menciona que los derechos fundamentales no pueden someterse a mecanismos de democracia directa y exige al Estado uruguayo dejar sin efecto la ley de caducidad, estableciendo que ninguna ley debe impedir el pleno acceso de los familiares de las víctimas a todas las etapas de la investigación y el juzgamiento de los responsables. La aprobación en 2011 de una ley interpretativa de la ley de caducidad (luego de presiones de la sociedad civil ante la prescripción de varios delitos, la confrontación entre sectores del Frente Amplio y el rechazo del entonces presidente José Mujica) declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, restableciendo la pretensión punitiva del Estado. Sin embargo, continúan existiendo importantes dificultades y obstáculos para la investigación y sanción penal a los responsables del terrorismo de Estado.

Otro aspecto central para la garantía de no repetición se vincula a la necesidad de modificar las Fuerzas Armadas. Si bien se aprobaron tímidas reformas orientadas a modificar la institucionalidad militar,³ las firmes resistencias han dificultado su implementación. La impunidad campante en la institución militar no fue combatida sino permitida, avalando prácticas institucionales de protección y ocultamiento de la verdad.

Una postura irrefutable para la campaña electoral

La lucha incansable de familiares y víctimas del terrorismo de Estado, así como de colectivos organizados y movilizados por buscar a sus detenidos desaparecidos, condenar los crímenes de lesa humanidad y mantener viva la memoria para garantizar la no repetición, fue ganando terreno en el discurso público y político. La presión y condena social al terrorismo de Estado se ha impuesto en las distintas instancias electorales, instalando entre las candidaturas y liderazgos del sistema político uruguayo la idea de lo inconveniente que resulta negarse a conocer dónde están de las personas detenidas desaparecidas. Al menos en términos discursivos.

Esta realidad fue aprendida por el actual presidente Luis Lacalle Pou, quien siendo candidato a la presidencia para las elecciones de 2014, y ante la pregunta de si continuaría con las búsquedas de los desaparecidos, indicó que “yo las suspendería porque me parece que hay que cerrar un capítulo”. Las reacciones desde organizaciones sociales y políticas sobre sus comentarios generaron su rectificación, entendiendo que un discurso de rechazo a un tema tan sensible podría jugarle en contra.

En la pasada campaña de 2019, las principales candidaturas de los partidos políticos con representación parlamentaria manifestaron expresamente su compromiso con la búsqueda de detenidos desaparecidos. Lacalle Pou (Partido Nacional), Ernesto Talvi (Partido Colorado), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Daniel Martínez (Frente Amplio) coincidieron en la responsabilidad del Estado en esta búsqueda, sin hacer referencia a las implicancias de este compromiso, en cuanto a la necesidad de desarrollar estrategias efectivas para acceder a información de calidad, así como recursos destinados a esta tarea.

Si bien desde el Frente Amplio las propuestas programáticas y discursivas hacían referencias a otros aspectos centrales y relativos al trabajo por la verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición, este tema ha sido controversial para la coalición de izquierda, ya que a lo largo de las campañas electorales han existido distintos posicionamientos, en particular sobre la conveniencia de anular o no la ley de caducidad.

Además, en la misma campaña electoral surge un partido militar, Cabildo Abierto, que posiciona en una orgánica partidaria la mirada de las Fuerzas Armadas, a través de su principal figura y candidato presidencial (también precandidato en esta campaña) Guido Manini Ríos, general retirado y comandante en jefe del Ejército Nacional entre 2015 y 2019. El efecto de una cultura de la impunidad construida con base en décadas de inacción y olvido por parte del Estado habilitaba el resurgimiento de discursos abiertamente negacionistas y cuestionadores de los crímenes de lesa humanidad.

El discurso políticamente correcto

Esta campaña electoral parece ir en la misma estrategia discursiva. En el sistema político uruguayo es mayoritario el acuerdo sobre la responsabilidad del Estado en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. A pesar de ello, la mayoría de los programas de gobierno presentados no mencionan explícitamente este compromiso dentro de sus propuestas. Dentro de los nacionalistas, el programa del precandidato Álvaro Delgado referencia dicho compromiso, mientras que las propuestas del Frente Amplio en sus bases programáticas se asemejan a las de 2014, y amplían la mirada, proponiendo revisar y mejorar las leyes reparatorias, desarrollar una política nacional de memoria, o garantizar mayor fluidez en la tramitación judicial de casos de lesa humanidad.⁴

Pero ni las principales precandidaturas, ni los programas de gobierno presentados proponen modificar algunos aspectos centrales en la reproducción de la cultura de la impunidad. No hay menciones sobre la eliminación definitiva de la ley de caducidad de nuestro orden jurídico, ni modificaciones estructurales de las instituciones militares y policiales, responsables y reproductoras de la represión durante la dictadura y de la impunidad vigente. Únicamente el programa de gobierno del Partido Ecologista Radical Intransigente plantea la supresión de las Fuerzas Armadas, argumentando aspectos netamente presupuestales y funcionales.

Mientras los discursos políticamente correctos se expanden, transcurre el tiempo, irreversible, que no ha hecho sino continuar cimentando las bases de una cultura de impunidad. El discurso electoralista de un compromiso enunciado por la búsqueda de los detenidos desaparecidos aleja la incomodidad que implica la lucha por verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición.

La lucha la continúan y continuarán llevando adelante los familiares, las víctimas del terrorismo de Estado, la sociedad civil movilizada, la academia; comprometidos en buscar, investigar, denunciar y manifestar para reclamar por verdad y justicia, para mantener viva la memoria, entendiendo estos aspectos como irrenunciables. Dejando al descubierto cuán sana y vigente se encuentra la impunidad de un país que se jacta de su calidad democrática, pero no enfrenta a las estructuras represivas que la cimientan y reproducen.