Si bien en Uruguay hay políticas públicas dirigidas a la búsqueda de los detenidos desaparecidos en la dictadura y la reparación para las víctimas del terrorismo de Estado, según las organizaciones de derechos humanos, todavía falta. En el marco de un nuevo 20 de mayo y en la previa de la vigesimonovena edición de la Marcha del Silencio, convocada cada año por la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos bajo el reclamo de verdad, memoria y justicia, la diaria consultó a los precandidatos sobre las propuestas y lineamientos que sus equipos elaboraron vinculados al pasado reciente.

A esta altura de la campaña electoral de cara a las elecciones internas de junio, los precandidatos presidenciales han presentado sus programas y pautas de trabajo específicas en las distintas áreas que aplicarán ante una eventual victoria. Los precandidatos del FA tienen un programa común, que incluye una serie de propuestas específicas para el abordaje de los asuntos vinculados con el pasado reciente. En diálogo con la diaria, Adriana Barros, la presidenta de la Comisión de Derechos del Frente Amplio, detalló las consignas.

Con relación a “la impunidad, nunca más terrorismo de Estado y a la defensa de la verdad y la justicia, lo prioritario es continuar la búsqueda de detenidos y detenidas desaparecidas”, sostuvo, en referencia a la tarea que es competencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) desde 2019.

Por otra parte, la fuerza política propone “revisar las leyes reparatorias dirigidas a las víctimas, ante la actuación ilegítima del Estado”. El objetivo de este punto es que las personas “no tengan que optar” por “un reparatorio u otro” y que, por ejemplo, percibir determinado salario “no obstaculice cobrar un [monto] reparatorio”.

Asimismo, el FA pretende “seguir con la política nacional de memoria”, porque si bien existe la Ley 19.641, que refiere a la declaración y creación de sitios de memoria histórica del pasado reciente, se sigue incumpliendo. El hecho más reciente fue la oposición del director general de Educación Técnico Profesional a la realización del acto de inauguración del Sitio de Memoria ex Instituto Álvarez Cortés del Consejo del Niño, en los jardines de la escuela técnica de Malvín Norte. “Habrá que legislar [de nuevo] o hacer cumplir lo que ya se votó en los gobiernos del FA”, consideró Barros al respecto.

A su vez, el FA propone que se aplique lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución, que establece mecanismos para que no continúen cobrando las jubilaciones los condenados y los prófugos de la Justicia por violaciones a los derechos humanos. El artículo determina que cuando el daño haya sido causado por funcionarios del Estado en ejercicio de sus funciones y haya “culpa grave o dolo”, el organismo competente podrá cobrar a los victimarios “lo que hubiere pagado en reparación” a las víctimas.

La fuerza política planteó que buscará garantizar por parte del Estado la fluidez de los procesos judiciales en los que se juzguen delitos de lesa humanidad y sancionar la injerencia indebida en temas políticos de los militares en actividad que reivindiquen lo actuado en la última dictadura cívico militar, señaló Barros.

La oposición también propone continuar con el intercambio internacional de información “para poder brindar mayor participación y protección de la sociedad civil”, eliminar de los establecimientos y espacios públicos, incluyendo los cuarteles y establecimientos del Ministerio de Defensa Nacional, “toda referencia a personas militares o civiles condenados por crímenes de lesa humanidad”.

En cuanto a la educación, el FA propone incentivar la investigación académica sobre el pasado reciente e incluir en los programas educativos “de todos los niveles” cursos sobre el pasado reciente, estudios y proyectos sobre los derechos humanos para construir garantías de “no repetición”. Para Barros, durante los últimos cuatro años “hubo muchos docentes que han tenido miedo de dar [cursos] sobre derechos humanos y dictadura dentro de la asignatura Historia, aunque la ley de memoria ya lo prevé”.

Para promover el ejercicio de la memoria, el FA impulsa que el 20 de mayo sea declarado Día de la Memoria de forma definitiva, algo que se propuso en 2023 en el Parlamento, pero no prosperó por falta de votos del oficialismo.

Por último, se considera la creación de una defensoría para las víctimas de delitos “basados en género y en criminalidad organizada”. Estas propuestas son trascendentes, porque “la impunidad hace estragos y trascendió todas las generaciones, sigue afectando a toda la sociedad”, concluyó Barros.

Lo que proponen Delgado y Raffo

“Reiteramos nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad para las personas desaparecidas, y nos comprometemos a cumplir con los estándares más rigurosos del sistema internacional de derechos humanos”, se plantea en el programa del precandidato nacionalista Álvaro Delgado. Consultado al respecto, el coordinador del programa de Delgado, Agustín Iturralde, aclaró que este pasaje se refiere a los desaparecidos durante el terrorismo de Estado.

El apartado sobre derechos humanos de Delgado señala que “la lucha por los derechos humanos ha sido, y seguirá siendo, uno de los objetivos consustanciales de nuestra lucha política”. En consecuencia, el precandidato “se compromete a continuar trabajando firmemente en la promoción y salvaguardia de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional”.

“La defensa de los derechos humanos no es una opción, sino un imperativo”, agrega la propuesta de Delgado. En este sentido, el programa proyecta seguir avanzando en la incorporación del “enfoque de derechos humanos” en las políticas públicas, y poner a esas políticas “a disposición de la población con el fin último de favorecer en cada acción a la realización de la dignidad de todas las personas, y a promover la libertad de cada uno resguardando sus derechos fundamentales de cualquier factor de vulneración”.

En tanto, Francisco Faig, coordinador general de las propuestas de la precandidata por el Partido Nacional (PN) Laura Raffo, valoró como “muy positivo” el proyecto de ley que dispone la creación de una sección especial dentro del Archivo General de la Nación dedicada a la organización y conservación de documentos relativos al pasado reciente y las violaciones de los derechos humanos, que fue aprobado a principio de este mes en la Cámara de Diputados, sin los votos del FA.

Sobre la negativa de la oposición para aprobar el proyecto, Faig dijo a la diaria que, aunque “la izquierda no lo está viendo”, la normativa “permitirá que investigadores, periodistas y gente curiosa” investigue sobre estos documentos, que son “inabarcables” por su cantidad.

Consultado sobre la posibilidad de que el equipo de la precandidata impulse propuestas que incentiven a que, quienes tienen información sobre los desaparecidos y no la han revelado, hablen, Faig consideró que “no hay ningún silencio” y dudó sobre el hecho de que haya “gente viva” que no haya aportado datos. En ese sentido, dijo que “no le consta”, porque, además, “han pasado muchos años”, por lo tanto, “muchos se deben haber muerto”. “Para hacer hablar” está el proyecto de ley que se aprobó, reiteró.

“Hay una deuda”

La coordinadora de los equipos técnicos de la precandidatura del colorado Robert Silva, Victoria Pasquet, dijo a la diaria que en su programa se reafirma el “compromiso con la búsqueda de la verdad respecto de las personas desaparecidas durante la dictadura uruguaya”, para que se “den respuestas a sus familias”, y “con la construcción de memoria histórica”. Además, aseguró que se apoyarán “los esfuerzos” de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente y de la INDDHH.

Por su parte, en diálogo con la diaria, el precandidato y líder del Partido Independiente (PI) Pablo Mieres consideró que la verdad y la justicia para las víctimas de la dictadura “sigue siendo una asignatura pendiente” en Uruguay. “Sentimos que hay una deuda, han pasado los distintos gobiernos y no se ha dado una respuesta”, consideró. En ese sentido, expresó: “Lo reivindico como una convicción que tuvimos siempre”.

Sobre las políticas existentes, opinó que “no han tenido resultado porque dependen de resultados individuales de personas que no han dado los pasos que deberían dar”. Luego de tres gobiernos del FA y ahora con el gobierno de la coalición, “nunca se logró avanzar significativamente en nada”, reafirmó.

Para el precandidato, el problema fundamental es “el silencio de los que saben y que podrían dar información, al menos sobre el destino de los restos”, que es “lo mínimo a lo que deberíamos poder acceder como sociedad”. “Hay que seguir buscando las pistas, está bien que la búsqueda esté en la órbita de la INDDHH, pero es muy difícil cuando no se consiguen los testimonios fundamentales”, remarcó. Por último, sostuvo que la falta de avances “no pasa por un tema presupuestal”.