En un acto, el pasado viernes, el precandidato del Partido Colorado Robert Silva presentó su programa de gobierno, con un fuerte énfasis en la educación y propuestas que incluyen la generación de nuevos centros educativos, la transformación de 1.500 militares en policías, la instauración de tecnología en los centros educativos para mejorar la seguridad y la creación de una Ley de Educación Superior que establezca lineamientos en varios puntos, entre ellos, la autonomía y la laicidad de los centros terciarios.
El expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen) plantea, entre otros elementos, transformar 80 centros educativos de zonas de alta vulnerabilidad en Centros María Espínola y avanzar en la relación entre educación y trabajo. En ese marco, buscará crear bachilleratos duales: estudiantes de secundaria y UTU, a partir del segundo año de educación media superior, se formarán 70% dentro del centro educativo y 30% mediante pasantías en el mercado laboral.
Además, propone la contratación temporal de docentes nacionales y extranjeros “altamente especializados” para “fortalecer el desempeño docente y la especialización en diversas áreas”.
En el área de educación terciaria, Silva promueve nuevamente un proyecto de ley para crear la Universidad Virtual del Uruguay, un texto presentado en 2023 por el diputado colorado Felipe Schipani, y la creación de una Ley de Educación Superior, con el argumento de que “países como España, Francia o Australia, o como Argentina y México en la región, han aprobado leyes nacionales de educación superior a los efectos de generar un marco normativo común para todos los subsistemas de educación superior”.
“La Ley de Educación Superior establecerá lineamientos relativos a los estándares de calidad y a los procesos de acreditación; asistencia financiera para los estudiantes; la autonomía, la libertad y la laicidad en la educación superior; la investigación y la innovación; la extensión, la responsabilidad y la transparencia; los derechos y responsabilidades de los estudiantes, entre otros temas”, profundiza.
También en el eje educativo, aunque en contacto con las políticas de seguridad, el precandidato propone generar una “articulación” para lograr una “educación segura y preventiva”, para lo cual plantea implementar una política de seguridad focalizada en los centros educativos con el destaque de la instalación de tecnología (controles de acceso, alarmas y cámaras de videovigiliancia) y la asignación de personal policial permanente en esos centros.
Propuestas sobre seguridad
Entre las propuestas sobre seguridad, se destacan aquellas vinculadas a la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos. A este último punto el programa le asigna una “prioridad de primer orden” y reclama que el sistema político le “dé mayor importancia” para que los organismos dedicados al control “cuenten con las estructuras y recursos necesarios”. También se plantea generar un “blindaje” del puerto de Montevideo con apoyo militar y un “sistema de control público-privado”, habilitar los allanamientos nocturnos y convertir a 1.500 soldados del Ejército en policías ejecutivos y miembros de la Guardia Republicana con “la formación regular correspondiente”.
Por otro lado, se plantea el pasaje de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior hacia el Ministerio de Justicia (que se impulsa crear), con el fin de garantizar su “efectividad, imparcialidad y transparencia” en la prevención e investigación de actos de corrupción policial.
En cuanto al sistema de justicia y las medidas alternativas, se promueve la reincorporación de la suspensión condicional del proceso, un mecanismo derogado por la ley de urgente consideración (LUC) y que en el programa se cataloga como una “excelente herramienta para solucionar conflictos penales leves”.
Ambiente, infraestructura y combustibles
En materia de ambiente, el precandidato propone la transformación de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, dependiente del Ministerio de Vivienda, en la Dirección Nacional de Desarrollo Territorial, y su pasaje al Ministerio de Ambiente, el que pasaría a llamarse Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También se ahonda en la evaluación de mecanismos para “agilizar” las autorizaciones ambientales, “asegurando que estén alineadas con los tiempos que demandan las inversiones sin comprometer la rigurosidad y calidad del análisis ambiental”.
En cuanto a la infraestructura, Silva propone crear “Infraestructura Uruguay”, una entidad con “independencia política, económica y técnica, con un directorio público-privado”, que tendrá entre sus cometidos generar un Plan Integral de Infraestructura de Largo Plazo y brindar “coherencia estratégica” a la política de infraestructura. Esta política se alinea con un reclamo de la Cámara de la Construcción, que en esta gestión ha impulsado la idea de crear una “agencia de infraestructura”.
En cuanto a los combustibles, el programa del precandidato de Crece propone retomar las discusiones sobre la competencia en la distribución y generar una “libre formulación de combustibles”, en la que los distribuidores podrán establecer sus formulaciones y cobrar un precio diferencial en los puntos de venta, siempre dentro de los estándares de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. En el apartado sobre Ancap, se anuncia que se “procederá al análisis y actualización del core business [negocio principal] de Ancap, de manera de lograr dotar a la empresa de mayor eficiencia, a la vez que se logra alinear sus objetivos y performance a sus cometidos legales”.
Mecanismos de democracia deliberativa
En el eje “Participación ciudadana”, Silva propone implusar una ley que disponga de mecanismos de democracia participativa y deliberativa, como asambleas ciudadanas o “minipúblicos”, en la que los ciudadanos puedan analizar propuestas de reforma constitucional o legislativa y recibir diferentes opiniones, como las de expertos y representantes de las organizaciones de la sociedad civil organizada. Estas asambleas generarán un dictamen maniféstandose sobre la propuesta, aunque no se especifica si ese dictamen es vinculante. Según la propuesta, estos mecanismos son frecuentes en el mundo y han arrojado resultados que “pueden contribuir a la reducción de la polarización”.