Faltaban 15 días para la segunda vuelta del 24 de noviembre de 2019. La situación para el Frente Amplio (FA) era complicada y el expresidente José Mujica decidió iniciar un recorrido por el área metropolitana y algunas ciudades del interior. El objetivo: disputarle votos a Cabildo Abierto (CA), que venía de consolidarse como la principal novedad de las elecciones. El esfuerzo no alcanzó y Luis Lacalle Pou le ganó a Daniel Martínez, aunque por un margen más estrecho del que se proyectaba tras los resultados de la primera vuelta (unos 37.000 votos). Sin embargo, varias investigaciones académicas posteriores confirmaron que la intuición de Mujica era acertada: en el balotaje, la principal fuga de votos desde la coalición multicolor hacia el FA correspondió a votantes del partido liderado por Guido Manini Ríos.
La incipiente discusión entre el FA y el oficialismo por la situación de los 780.000 uruguayos considerados “deudores irrecuperables” indica que la disputa por ese segmento del electorado podría repetirse en este ciclo electoral, analizó el sociólogo Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum. A diferencia de lo que pasó con otras situaciones parecidas –por ejemplo, los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay o los llamados “cincuentones”– en este caso se trata de un colectivo que no está organizado. “Acá no había una demanda específica desde la sociedad civil. Por los perfiles de deudores que ha mostrado el Banco Central, se trataría mayoritariamente de sectores populares y de bajos recursos, ubicados geográficamente en zonas periféricas de Montevideo y de ciudades del interior en las que claramente algunos sectores del FA disputaron electorado con Cabildo en 2019”, reflexionó.
Según el sociólogo, las dos últimas instancias electorales binarias (segunda vuelta de 2019 y referéndum de 2022) se resolvieron por pocos votos y en este caso “estamos hablando de mucha gente”. “Es un sector relevante por volumen y también por sus características. Son sectores menos informados, con menos interés en la política, que tal vez hoy no se expresan en las mediciones de intención de voto. Pero pueden ser clave al final del proceso electoral, porque son sectores que tienden a decidir el voto en función de su realidad cotidiana”, analizó.
Bottinelli opinó que existe una “disputa política” por la búsqueda de “representación y acercamiento” a este segmento de la población. “¿Quién representa mejor a estos deudores irrecuperables? Al principio del gobierno parecía que CA estaba un poco solo, pero después surgieron soluciones alternativas y parlamentarias de otros partidos. Incluso los beneficios que presentó recientemente el Banco Central también parecerían ser parte de esa disputa política”, agregó.
A CA, según el director de Factum, le ha costado instalar los temas de su agenda durante esta administración de gobierno. “Es cierto que hay una intención de marcar perfil dentro de la coalición, en cierta forma como el ala que no está con los malla oro. Pero también hay un trasfondo ideológico; en temas como ley forestal o reestructuración de la deuda, CA siempre aparece como el sector que quiere poner topes y límites a las forestales o al sistema financiero”, dijo.
El partido liderado por Guido Manini Ríos, sin embargo, no ha logrado que esos posicionamientos “prendan masivamente” o se conviertan en botín electoral. “Estamos hablando de casi 800.000 deudores, pero en la campaña por una deuda justa llevan recolectadas 300.000 firmas. En 2019 sacaron 270.000 votos y hoy las encuestas registran que podría caer a la mitad”, diagnosticó Bottinelli. En términos de disputa, concluyó el sociólogo, los cabildantes tienden a responsabilizar a los gobiernos del FA por beneficiar a los bancos privados con la inclusión financiera. “Con relación al sistema financiero, CA asume un rol mucho más duro que la izquierda en términos regulatorios o de poner topes o regular los productos que pueden ofrecer los bancos”, señaló.
La posición de Cabildo Abierto
Las opiniones de Pablo Sitjar, director del Banco República (BROU) en representación de CA, parecen validar el diagnóstico del director de Factum. “La realidad es que antes de la crisis de 2002 el crédito al consumo era una palabra prohibida para el sistema bancario uruguayo. Eso cambió radicalmente con la inclusión financiera, que les terminó generando ganancias acumuladas a los bancos por 5.000 millones de dólares. La inclusión financiera fue una enorme transferencia de riqueza del ciudadano uruguayo hacia el capital extranjero, con la consecuencia de niveles de endeudamiento altísimos como los que tenemos actualmente”, lamentó Sitjar.
El economista dijo que la preocupación de los cabildantes por los deudores irrecuperables surgió en la campaña electoral de 2019, durante las recorridas por los barrios y los pueblos del interior. “Escribimos mucho sobre el tema en La Mañana; nuestra mirada siempre fue que después de la crisis financiera global de 2008 hubo una bajada de línea desde la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] para eliminar el efectivo, lo que acá en Uruguay se conoció como inclusión financiera. Nadie puede estar en contra de que la población acceda a servicios financieros. La pregunta era por qué todo el mundo quería hacerlo. El motivo: había que hacerlo porque les servía a los bancos”, opinó.
En Uruguay, según Sitjar, el sistema bancario opera “oligopólicamente” y cada vez captura mayor renta. “Estamos hablando de una rentabilidad de 25% del patrimonio. No hay otro negocio, salvo el tráfico de cocaína, que hoy pueda generar esa rentabilidad. Eso fue posible porque hubo políticas económicas que le facilitaron al sistema bancario un millón de clientes que antes no tenía. Son los segmentos no rentables del sistema bancario, todo aquel que no es malla oro, por decirlo en la jerga actual”, agregó.
Sitjar opinó que para imponer este sistema ante bancos extranjeros que estaban acostumbrados a trabajar con otros sectores de la población se desplegó “algún tipo de transaccionalidad” que implicó “dar rienda libre a las tarjetas de crédito y a las tasas de usura”.
“A los bancos se les impuso una pérdida por incluir financieramente a la gente, pero por otro lado les dieron compensaciones millonarias. Entre otras cosas, los habilitaron a adquirir financieras, que antes eran de empresarios más pequeños, que asumían sus riesgos con capital propio. En definitiva, los bancos se engrosaron con el efectivo que les ingresaba a tasa cero y que al final de la cadena sale como préstamos, con tasas legales que pueden llegar a ser de 180%”, diagnosticó Sitjar. De acuerdo a su estimación, ese “volumen de plata que se le extrae a la población uruguaya” por pago de intereses de créditos al consumo representa actualmente “un cuarto de la masa salarial anual”. “No quiere decir que efectivamente se paguen, porque la gente no puede hacerlo, pero se devengan unos 6.000 millones de dólares anuales, lo que representa un cuarto de la masa salarial de Uruguay, sólo por créditos del consumo”, estimó el director del BROU, identificado con el Espacio de los Pueblos Libres liderado por Eduardo Radaelli.
Entre los cabildantes también surgieron críticas a sus socios de la coalición vinculadas a la discusión sobre los deudores irrecuperables. El director de Secretaría del Ministerio de Turismo, Ignacio Curbelo, publicó el 12 de julio una columna en El Observador, luego de que el Banco Central, los bancos privados y las administradoras de crédito presentaron el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas (PVR).
“A CA se le ha vetado, desoído y hasta rechazado iniciativas que luego se adoptaron cambiando su formato o disimulando el plagio”, escribió Curbelo. Y agregó: “El sistema bancario, preocupado, optó por el mal menor y apoyó a través de sus gremiales una reestructura que acaba de anunciar el gobierno por medio del Banco Central, asumiendo el papel de benefactores con ideas ajenas”.
Para Manini Ríos, sin embargo, el PVR demostró que las iniciativas de CA empezaron a tener eco. “Por primera vez en mucho tiempo se ve sensibilidad del sistema financiero ante este mundo de deudores”, sostuvo el líder de CA; de todas maneras, subrayó que seguirán impulsando el plebiscito “por una deuda justa” porque “va mucho más a fondo”.