Los últimos días fueron agitados para el Partido Nacional (PN). Lo que provocó las olas fue la condena de la Justicia al intendente de Artigas, Pablo Caram, por un delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar irregularidades en la causa que investiga maniobras con el cobro de horas extras en el gobierno departamental. Las aguas blancas también se agitaron por la condena, en el mismo caso, de la exdiputada Valentina dos Santos, sobrina de Caram y suplente del jerarca en la comuna, que renunció a su banca para asumir como intendenta, ya que Caram tiene pensado dejar su cargo en las próximas horas.
“Por la presente solicito a usted, ante los últimos acontecimientos, ser pasado al comité de ética de nuestro partido”. Así fue el breve mensaje que mandó el intendente Caram al directorio nacionalista. Minutos antes, el senador blanco y líder de Alianza Nacional Carlos Camy se había adelantado, enviando una carta al directorio del PN con el mismo objetivo.
En la misiva, Camy planteó que “los sucesos que involucran a jerarcas de la Intendencia de Artigas, sobre los que recaen sentencias condenatorias y graves denuncias”, ameritan “la inmediata consideración por parte de la Comisión de Ética”. Camy también pidió que el tema lo considere la Comisión de Asuntos Políticos del PN, “para determinar las consecuencias políticas que se corresponden con la situación”.
Al mismo tiempo, Dos Santos y Rodolfo Caram, exsecretario general de la comuna y primo del intendente, que también fue condenado en la misma causa, renunciaron al PN. Enviando una carta por separado pero con el mismo contenido: “Ante los hechos de pública notoriedad y a los efectos de deslindar al partido del proceso que me involucra, vengo a presentar renuncia como miembro afiliado al PN y a los diferentes organismos que integro”. Pocos minutos después, el PN emitió un comunicado para informar que aceptó ambas renuncias y el pedido del intendente Caram de pasar por la Comisión de Ética.
Entre los dirigentes del PN el tema está que arde. Un legislador nacionalista dijo a la diaria que el asunto es “grave”, ya que Caram fue condenado por un delito en su gestión, no por un hecho ajeno a su desempeño como funcionario público. Por lo tanto, para el legislador, el directorio del PN se debería expresar sobre el tema y analizar la expulsión o la suspensión de Caram del partido. Además, señaló que “no toda falta ética es un delito ni todo delito es una falta ética”, pero “ante un pronunciamiento de estas características” por parte de la Justicia, “este delito termina transformándose en una falta ética”, por ende, para el legislador, directamente “no amerita que pase por la Comisión de Ética”.
En tanto, un integrante del directorio blanco también dijo a la diaria que es “un tema grave” y que deben analizarlo “con la misma vara con que se analizaría si [Caram] no fuera un correligionario”, y confirmó que en el menú de las posibilidades que analizarán está “la suspensión o la expulsión” de Caram del PN. Además, subrayó que también pondrán sobre la mesa si, “eventualmente, hay lugar para un juicio político”.
La posible inhabilitación para ejercer cargos públicos
Otro tema que está en discusión por estas horas en filas blancas es si Caram y Dos Santos están habilitados para ejercer cargos públicos. El senador del Frente Amplio Charles Carrera este miércoles escribió en su cuenta de X que ambos “están inhabilitados para ejercer cargo público mientras dure su condena”, porque “el numeral 4 del artículo 80 de la Constitución de la República prevé la suspensión de la ciudadanía en casos de condenas a penas de prisión”. “Aunque la pena de prisión se cumpla en régimen de libertad a prueba, estas personas tienen la ciudadanía suspendida por el tiempo de la condena”, indicó Carrera.
Para que se efectivice la suspensión de la ciudadanía, el Poder Judicial debe enviar un oficio a la Corte Electoral, que es la responsable de concretar la inhabilitación de la ciudadanía y no puede hacerlo de oficio. En caso de que la Corte Electoral resuelva la suspensión de la ciudadanía, Caram y Dos Santos no podrán continuar ejerciendo cargos públicos y la exdiputada no podría asumir al frente de la intendencia. Según supo la diaria, hasta este miércoles dicho trámite no se concretó.
Las críticas de Cabildo Abierto: “Bochornoso y lamentable”
A todo esto, Cabildo Abierto fue el socio de la coalición desde donde se alzaron públicamente más voces en contra de la situación. Este miércoles la senadora cabildante Irene Moreira –exministra de Vivienda que renunció luego de conocerse que entregó viviendas de manera irregular– escribió en su cuenta de X: ”¡CARAMBA!, los dueños de la moral que daban cátedra ciudadana y se llenaban la boca derramando mentiras, hoy la realidad se hace presente de sus actos”.
En tanto, el senador Manini Ríos, líder de CA, dijo este miércoles en una rueda de prensa “que es lamentable lo que se le transmite a la sociedad artiguense y al país todo”. “Es una situación inaceptable para los uruguayos que, en definitiva, el uso de los dineros públicos se haga con la discrecionalidad que muchas veces se hace; lo hemos visto en el pasado”, subrayó.
El senador agregó que lo que pasa en Artigas “es bochornoso y lamentable” y que, en definitiva, el fallo de la Justicia, “si bien prueba la culpa, también deja sabor a poco en la sociedad”. “No es un buen mensaje para toda la sociedad que las penas hayan sido esas que se conocieron. Creo que hoy por hoy, ante el descrédito que va ganando en la sociedad la clase política, en la cual se pone a todos en una misma bolsa, harían falta señales claras”, sostuvo.
En ese sentido, puso como ejemplo la propuesta del fallecido senador colorado Adrián Peña, que naufragó en el Senado, para que los ingresos a las intendencias “siguieran determinados procedimientos y no fueran discrecionales de los jerarcas”. “Ese tipo de mensajes son necesarios hoy”, finalizó Manini Ríos.