Disputando reacciones y emociones: la seguridad en la campaña de la coalición

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La campaña “interna” de la coalición de cara a octubre, como la llamó uno de sus candidatos, Andrés Ojeda, parecería no optar por ir hacia una confrontación directa entre sus integrantes, sino a reafirmar posicionamientos con relación a temas centrales para la ciudadanía. Ejemplo de ello ha sido la discusión pública sobre propuestas de seguridad. En los últimos días, la iniciativa del senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber con relación a las personas en situación de calle hizo visible posturas y propuestas diferentes entre los sectores del partido de gobierno y los socios de la coalición. Comparten, en cambio, la mirada sobre la actual situación, la respuesta represiva, y una apelación constante hacia la exacerbación de emociones profundas en la ciudadanía.

Dentro y fuera de la cancha

La coalición de gobierno es consciente de que la simple alusión a una baja en las cifras de denuncias sobre delitos vinculados a la propiedad es insuficiente para sostener un discurso de éxito en materia de seguridad. Más, cuando la realidad de las noticias hiere cotidianamente sensibilidades. Los distintos hechos de violencia se expanden y toman formas extremas que estremecen e impactan. Además de la preocupación extendida en la opinión pública sobre un problema en el que no identifican ni buenas gestiones ni una perspectiva positiva respecto de su evolución. En términos generales, la mayor parte de la ciudadanía identifica la seguridad como el principal problema del país, y valora que la situación se mantendrá o empeorará en los próximos 12 meses.

La situación de la seguridad pública es y será, nuevamente, un eje estructurante de la campaña electoral hacia octubre, pero además, de diferenciación entre los candidatos de la coalición y las distintas facciones partidarias, algo que fue vislumbrado en el camino hacia las elecciones internas. Candidatos de sectores de la coalición que se muestran más distanciados con el oficialismo, como Andrés Ojeda (PC) o Guido Manini Ríos (CA), y dentro del Partido Nacional Jorge Gandini, fueron críticos con la gestión del gobierno que integran.

Durante esta semana, las rimbombantes propuestas expuestas por Heber resonaron entre las distintas candidaturas de la coalición. En el congreso anual del herrerismo, ocurrido el sábado pasado, propuso avanzar un paso más en la criminalización de la población en situación de calle, incorporando como delito penal el pernoctar en el espacio público. Al esbozar parte de las propuestas que presentó el herrerismo para el programa del Partido Nacional, hizo mención al aumento de penas y a la deportación de extranjeros en conflicto con la ley penal (aspecto sobre el que ha avanzado durante su gestión), planteando la “deportación para aquellos que vinieron acá. No solamente por el costo que nos significa mantenerlos en la cárcel, que es alto, sino que cuando hay sentencia de un juez y está condenado, para afuera, que acá no lo queremos”.¹

El discurso, de gran impacto mediático, intentó reposicionar al herrerismo dentro del Partido Nacional luego de la derrota sufrida en las elecciones internas. El efecto de dar rienda suelta al discurso punitivo del exministro del Interior, una figura de gran exposición e influencia mediática, intenta empatizar con las posiciones más conservadoras sobre el problema de seguridad. Esta postura también la expresa Gandini, quien mantiene los lineamientos de quien fuera líder de su sector, Jorge Larrañaga, relativos a la incorporación de las Fuerzas Armadas para el trabajo preventivo en territorio, o la prisión perpetua revisable.

El inmediato rechazo del candidato nacionalista a la propuesta esbozada por Heber sobre las personas en situación de calle, así como de su coordinador de programa a la propuesta de incorporar a los militares en tareas de seguridad,² busca posicionar a Delgado en una postura más moderada a las de sus correligionarios. Se apoya en la defensa de la actual gestión, que no se distancia de las anteriores, pero encuentra en el actual ministro una figura más distante y retraída de los medios de comunicación.

El Partido Colorado cuenta para esta campaña con varias de sus figuras políticas de relevancia asociadas al área de seguridad. Pero en particular, el triunfo del abogado penalista Andrés Ojeda, además de la importante votación del sector del exfiscal y diputado Gustavo Zubía,³ da cuenta de apoyos críticos sobre la gestión realizada por el actual gobierno. Ambas figuras han señalado la necesidad de realizar cambios profundos sobre la política de seguridad del gobierno, apelando al recrudecimiento de medidas represivas y de inflación penal. Si bien han sido elocuentes en sus discursos sobre la necesidad de renovar la gestión, salvo algunas alarmantes exaltaciones de Zubía, las propuestas referían a aspectos comunes con los esbozados en los programas nacionalistas (aumento de las penas, fortalecimiento de las comisarías para el trabajo policial territorial, y de la institución policial, mayor inversión en el sistema carcelario, entre otros aspectos).

En Cabildo Abierto, los desacuerdos con la gestión en seguridad del actual gobierno han sido manifiestos en varias oportunidades. Así como en otros ámbitos del gobierno de coalición, el partido al mando de Manini Ríos ha manifestado durante los últimos años sus diferencias sobre las definiciones tomadas por el Ministerio del Interior, haciendo pública su molestia sobre el rechazo a varias de sus propuestas. La falta de participación de Cabildo Abierto en esta área motiva a desarrollar una campaña distanciada de la gestión del gobierno que integra.

Factor común

En un contexto complejo para sacar a relucir propuestas novedosas o resultados ejemplares en materia de seguridad ciudadana, la campaña por el plebiscito que propone habilitar los allanamientos nocturnos se torna no sólo un bien común, sino un acierto en disputa. Y lo es porque hasta ahora la amplia mayoría de la opinión pública se manifiesta a favor de votar para aprobar la iniciativa. Esto representa un triunfo en el debate público de una de las iniciativas más promovidas por el Ministerio del Interior como necesarias para combatir el microtráfico. Al respecto, se argumenta que esta propuesta favorecerá la eliminación de las “bocas” que funcionan en los hogares, foco de la represión policial y penal del narcotráfico, al ser más visible sobre los efectos que genera y más sensible para una ciudadanía que los padece.

Duros con las ideas, más duros con las personas

Más allá de los discursos que promueven ideas renovadoras, ningún ámbito de la coalición de gobierno profundiza sobre los efectos de las políticas punitivas llevadas adelante. Las propuestas, que pretenden manifestar discordancias, como las señaladas por Heber, Ojeda o Manini Ríos, son continuistas en la medida en que responden a medidas de punición y represión a una población en extrema situación de vulnerabilidad, además de evidenciar una mirada positivista sobre la prevención y represión del delito que apunta a la existencia o aumento de las penas como forma de disuasión, corrección y neutralización del delito. Esto ha traído un efecto de constante ensanchamiento del sistema penal, desbordando las instituciones de investigación, sanción y ejecución de las sentencias, así como de gestión de la privación de libertad, en un sistema carcelario que crece exponencialmente y agudiza aún más su situación crítica.

Las políticas de inflación penal aplicadas en nuestro país en las últimas décadas exponen importantes debilidades argumentativas para seguir recurriendo a ellas. En este contexto, se torna crucial la apelación a las experiencias y emociones personales, tales como el temor, el miedo, el enojo o el espanto. La referencia a emociones o situaciones individuales de las personas reduce el problema de la criminalidad hacia una relación social de conflicto, propio de la vida cotidiana.⁴ Este relato resulta efectista en la medida en que genera un acercamiento entre la sensibilidad individual del ciudadano y quien está dirigiendo el mensaje. Sin embargo, reduce el problema a la realidad individual, realza los sentimientos individuales y promueve una sensibilidad asociada a la solución de su situación y no la de su comunidad. Esta mirada reproduce la fragmentación social al orientar las respuestas a una responsabilización individual y de castigo. Lejos de discutir las sensaciones o emociones que las personas víctimas de las infracciones penales o la violencia comunitaria experimentan y que atraviesan sus cuerpos, la mirada debe orientarse hacia la responsabilidad de las figuras políticas en la reproducción de estos discursos simplistas.

Tamara Samudio es politóloga.