Son 23 las organizaciones sociales, entre ellas el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que expresaron su “firme rechazo” al plebiscito que busca habilitar los allanamientos nocturnos, que se pondrá a consideración de la ciudadanía el 27 de octubre.
“La redacción original de la Constitución de 1830 resguardaba una protección sustancialmente idéntica a la actual”, expresa el comunicado en referencia al artículo 11, que establece que “el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día sólo por orden expresa del juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. Indican que esto es “una marca de calidad institucional de casi 200 años de vigencia” y que “ahora pretende ser arrancada a la ciudadanía sin que exista una justificación técnica adecuada”.
En diálogo con la diaria, el abogado e integrante de Serpaj Rodrigo Rey explicó que la idea del comunicado fue “aportar insumos de relevancia con fundamentos”, que forman parte de un documento de trabajo más extenso que la organización está elaborando sobre el tema.
A su vez, la politóloga Tamara Samudio, que también integra la organización, dijo a la diaria que en “distintas articulaciones y espacios de intercambio” con otros colectivos observaban con “preocupación” la propuesta, así como “la falta de una mirada crítica y desde el propio territorio, que es lo que muchas de las organizaciones viven y vivencian con este tipo de prácticas como los allanamientos”.
Las 22 organizaciones que se manifestaron junto con Serpaj son la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, la Asociación Civil El Paso, Colectivo Catalejo, Colectivo Fugas, Comité de Derechos del Niño Uruguay-CNDU, CIPPUS, Crysol, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, El Abrojo, Hinchada con Memoria, Imaginario 9, Jacarandá, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Memoria en Libertad, Mizangas Colectivo Afrofeminista, La Vida Vale, Luna Nueva, Observatorio del Sur, Ovejas Negras, Rebeldía Organizada, Radio Pedal y el PIT-CNT.
El comunicado expone que es “falso” que “la institución policial está imposibilitada de actuar en los horarios de la noche”, que “no puede atenderse policialmente una situación de violencia doméstica en la noche” y que “no pueden allanarse depósitos y almacenes de drogas que funcionan como establecimientos industriales, agrarios y/o comerciales, también en la noche”.
En ese sentido, señalan que el allanamiento “está detalladamente diseñado como un medio de prueba en el Código del Proceso Penal”, por lo tanto, según Rey, lo que se tiene que “tratar de demostrar” al hacer el allanamiento en la noche es que se van a poder “probar mejores cosas” o “poder probar cosas que hoy no se prueban”.
El segundo punto refiere a que la medida “implica una reducción ineficiente e injustificada de las garantías fundamentales”, y apuntan al respecto que “existen mejores herramientas para investigar y sancionar el narcotráfico”. “Desde 2004 se han sancionado en Uruguay distintas normativas que permiten ejecutar el ingreso en la esfera de intimidad de las personas”, indican, y ponen como ejemplo las “técnicas especiales de investigación” que tienen como objetivo “utilizar una menor cantidad de recursos y alcanzar resultados eficaces en la recolección de evidencia en las investigaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes”. Destacan que estas medidas de prueba “son más eficaces que los allanamientos nocturnos, aunque sean menos espectaculares desde el punto de vista simbólico”.
Por otro lado, advierten que el allanamiento nocturno “expone a niñas, niños y adolescentes en situaciones de violencia, violando normas internacionales de protección de sus derechos”. De esta forma, se expone a esta población a “una situación de extrema violencia, que vivencian de forma traumática”. Samudio destacó que lo que hace la nocturnidad es “profundizar estos peligros” y “generar efectos no deseados”, como “balaceras, tensiones entre vecinas y vecinos”.
El comunicado también alerta sobre la posible “reproducción de la violencia comunitaria”, ya que se podría “acrecentar la violencia en barrios de mayor vulnerabilidad”. Es por eso que remarcan que “la presencia del Estado en estos territorios está fuertemente asociada al patrullaje e intervención policial, en detrimento de instituciones y programas de acompañamiento y acceso a derechos fundamentales (educación, salud, cultura, esparcimiento, entre otros).
Asimismo, “los instrumentos que habilitan prácticas represivas de este tipo alteran y repercuten negativamente en la vida cotidiana del barrio” y “reproducen las desigualdades territoriales existentes, y profundizan la criminalización de la pobreza”. Rey argumentó que los allanamientos nocturnos “se van a convertir en un operativo de intimidación”, en lugar de funcionar como “un mecanismo de prueba”, como lo es.
El penúltimo punto refiere a la experiencia comparada con otros países, que “no muestra resultados” de mejoramiento en materia de seguridad. Ponen como ejemplo a Ecuador, donde están habilitados los allanamientos nocturnos, pero aun así “en los últimos años ha sufrido un incremento en el tráfico de drogas” que resulta “en una ola de violencia letal vinculada a grupos criminales, y quintuplicando la cantidad de homicidios entre 2019 y 2022.
Por último, subrayan que “no existen garantías para los policías como trabajadores expuestos a una situación de violencia”, algo que también manifestó la Unión de Policías de Maldonado este martes.
“Es necesario reforzar la construcción de una mirada integral sobre la seguridad, entendida como un asunto de derechos humanos de toda la ciudadanía, y no a partir de recetas sesgadas, sin un objetivo estratégico claro más que dotar abstractamente de mayores potestades a las fuerzas de seguridad”, concluye el comunicado.