Un ciclo de conversatorios entre la sociedad civil y el Estado integra diálogos en clave feminista para poner en común las gestiones que se están llevando adelante desde cada organismo estatal para poner en práctica la Ley 19.580. Por su parte, la sociedad civil organizada, desde el movimiento feminista en particular, cuestiona las carencias del país para implementar esta normativa que en los próximos meses cumple su primer año.
El ciclo comenzó a fines de octubre y diversos organismos del Estado en los que “se confía que estén poniendo todo de sí para hacer cumplir la ley” fueron citados. Las panelistas estatales fueron Mariella Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), July Zabaleta, responsable de la División Políticas de Género (DPG) del Ministerio del Interior, Rosina Rossi, Directora del Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial (PJ), e Irene Petit, directora del Área Programática Violencia de Género y Generaciones del Ministerio de Salud (MSP). Desde la sociedad civil participaron Ana Lima, directora de Cladem Uruguay, y Marina Morelli, de Mujer Ahora. La moderadora fue Margarita Percovich.
Si bien la Ley 19.580 está vigente desde febrero de este año, aún no ha sido reglamentada. Uno de los puntos esenciales es la formación y la capacitación de los agentes que se vinculan directamente con las mujeres que están atravesando una situación de violencia de género. Esto comprende todas las etapas del proceso: desde la realización de la denuncia ante la Policía, pasando por las instituciones de salud y las instituciones de apoyo, hasta las instancias con jueces.
Desde Inmujeres, Mazzotti reconoció que la promulgación de la ley es el fruto de años de trabajo. Explicó que Inmujeres tiene dos vertientes en esta área. Una es el ejercicio de la presidencia del actual Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, que está integrado por el Ministerio de Desarrollo Social, Inmujeres, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior (MI), el MSP, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, el Poder Judicial (PJ), la Fiscalía General de la Nación, la Administración Nacional de Educación Pública, el Congreso de Intendentes, la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual en representación de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales. Además participan, en calidad de invitados, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Banco de Previsión Social y el Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Este espacio es responsable de la coordinación interinstitucional de la política pública en materia de violencia basada en género. El otro rol de Inmujeres es formar parte del sistema interinstitucional de respuesta, que implica el abordaje de las situaciones de violencia de género.
Según Mazzotti, el cumplimiento de la ley es “la tarea fundamental del Consejo Nacional Consultivo”. “Estamos trabajando con bastante fuerza para que las comisiones departamentales se fortalezcan y en ese sentido apoyamos la elaboración de planes departamentales para el cumplimiento de la ley”. Contó que una de las líneas de acción es el trabajo con periodistas del interior para promover la sensibilización sobre temática.
Por su parte, Petit explicó que se está tratando de fortalecer “una concepción de la salud que no se centre en la enfermedad sino en la prevención, también en el empoderamiento de la ciudadanía; desde esa lógica le damos otro paradigma a lo que es el abordaje de la ley”.
Recordó que en mayo de este año se lanzó un manual de atención clínica para mujeres que han atravesado situaciones de violencia de pareja y sexual. Es el único país de la región que cuenta con este material. Aseguró que se pudo hacer porque Uruguay cuenta con un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
La sociedad civil cuestionó la demora y la resistencia del SNIS de ampliar las respuestas ante las situaciones de violencia de género. “Quisiéramos saber si se ha generado alguna estrategia que tome en cuenta la demora que hubo en la instalación de los equipos, pero además creemos que los equipos deben atender las variadas formas de manifestación de violencia que regula esta norma, que no se limita solamente a lo familiar”, dijeron al respecto.
Petit respondió que “pudo haber una situación en donde hubo perversión, lo asumimos, son cosas que debemos estar siempre corrigiendo”, y dijo que los equipos que existen están consagrados en la ley. “Estamos trabajando en el decreto para que queden instalados los lineamientos de género y generaciones, esto incluye la capacitación en diversidad sexual, discapacidad, etcétera”. Sobre la respuesta en la demora, explicó también que “se debe garantizar el acceso en menos de 72 horas” y que hay mecanismos, como las consultas internas, para garantizar la celeridad entre los equipos policiales y los centros de salud.
Desde el MI, se enfocaron en revisar los procedimientos policiales “para que no hayan contradicciones y se ajuste a lo que sea necesario”, aclaró Zabaleta. Desde este organismo, el trabajo interinstitucional e intersectorial es fundamental, por ejemplo para generar nuevos mecanismos de denuncia o mejorar los ya existentes.
Además de la denuncia presencial y telefónica (que puede ser anónima), existe la posibilidad de denunciar mediante la app del 911. Esta herramienta es gratuita y no es necesario tener saldo telefónico para enviar el pedido de auxilio. Zabaleta recomienda su uso. Explicó que a la persona que responde en el 911 se le “tranca” el sistema para que deje de hacer lo que venía haciendo y tome como prioritaria esta situación.
También comentó que se está trabajando en una consultoría sobre el acoso sexual. “Incluimos en las denuncias las figuras penales que establece la ley a la hora de recepcionar denuncias, para que no quedan subregistradas porque queremos cuantificarlas”. Contó también que están trabajando para tener “una respuesta de la Policía a la gente y también para tener respuestas [a situaciones] de violencia de género dentro de la propia Policía”.
Por su parte, Rossi, del PJ, puso sobre la mesa la capacitación y la formación de los jueces en materia de género. Esto incluye a los actuales, a los futuros y a todos los defensores públicos. Contó que los jueces tienen una formación obligatoria de 20 horas anuales, además de la formación voluntaria con la que que puedan contar. A principio de este año se incorporó a la formación inicial un enfoque general de la ley, con una mirada desde el derecho sustantivo, penal, de familia y laboral. También se incorporaron estudios de casos a la formación y para el próximo año se espera poder profundizar en la nueva jurisprudencia. Expresó que “el poder judicial es el único garante” y que para poder dar garantías es necesario que los operadores “se formen y se sensibilicen”.
Hubo un intercambio específico sobre la tipificación de delitos. Se cuestionó por qué se sigue aplicando la figura de “atentado violento al pudor” ante un abuso o una violación. Lanzani dijo que desde Fiscalía esperaban que esta no apareciera más en el Código Penal, “porque es algo tan residual que nadie debería recurrir a esa figura”. Explicó que no se derogó porque las personas privadas de libertad por esta causa, tanto las procesadas como las penadas, dejarían de considerarse responsables de su delito si se eliminara la figura del delito.
“Si lo siguen aplicando o no depende de cada fiscal, porque tienen independencia técnica”, explicó. Comentó que puede ser que el fiscal “no tenga elementos para usar otra figura penal, todavía no está sensibilizado ni capacitado, entonces opta por una figura penal que conoce”. Lanzani consideró que “la terminología es horrible”, y que si bien aún existe, ya no se formalizan tantos delitos así. “La idea es poco a poco dejar de lado esta figuras, como en el caso de la violación, que no corresponde más porque tenemos un nuevo delito de abuso sexual especialmente agravado”, explicó.
La Fiscalía ha realizado movimientos institucionales para comprender mejor el fenómeno. Las fiscalías de violencia doméstica dejaron de tener competencia a partir del 15 de octubre y se transformaron en fiscalías de género, violencia sexual y doméstica.
A futuro
La difusión de la ley está entre los objetivos inmediatos. Inmujeres está generando materiales para operadores técnicos y judiciales, también para las organizaciones sociales y para la ciudadanía en general. “La ley establece responsabilidades para el Estado, para las instituciones privadas y para la sociedad. Las mujeres deben tener el conocimiento para poder exigir”, se explicó. Por otra parte, el presupuesto estuvo en discusión.