En un evento enmarcado en el Día de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual, se presentó esta semana la investigación Fortaleciendo el acceso a la Justicia para sobrevivientes de violencia sexual en Uruguay, realizada por Equality Now, Proyecto Ikové y Cladem Uruguay (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres). El documento analiza el panorama en nuestro país en materia de prevención, atención, protección, sanción y reparación a las víctimas de violencia sexual, y plantea recomendaciones para cada una de esas áreas desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad.
El informe concluye que nuestro país “ha realizado avances significativos en la construcción de un marco normativo e institucional para prevenir, investigar y sancionar la violencia basada en género”; sin embargo, “persisten déficits estructurales que limitan el acceso efectivo a la Justicia para mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual”.
La apertura de la presentación del informe estuvo a cargo de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, quien agradeció a las organizaciones responsables “por el trabajo conjunto, por su valentía, por su compromiso, por su optimismo, por no bajar los brazos y por seguir siendo propositivas para que haya respuestas efectivas frente a la prevención, la reparación y la justicia de las situaciones de violencia sexual que tanto daño nos provoca”. También reivindicó la importancia de la Bancada Bicameral Femenina, integrada por legisladoras de cuatro partidos políticos, como “una de las herramientas concretas con las que contamos para profundizar” el compromiso contra la violencia sexual, y llamó a que “cuenten con el Parlamento para impulsar leyes que permitan un mejor acceso a la Justicia”.
En la mesa de apertura también participaron Sofía Quiroga, de Equality Now, que presentó los resultados de la investigación a nivel de la región, y Ana Lima, de Cladem, quien enumeró las barreras del acceso a la Justicia específicamente en Uruguay, en un adelanto de lo que plantea el informe para nuestro país.
Por su parte, Victoria Marichal, en nombre de Ikové, ahondó en por qué este trabajo es necesario para las sobrevivientes: “Para nosotras, estos hallazgos no son solamente datos, normas o dificultades institucionales, sino que son experiencias que conocemos de cerca porque las hemos vivido. Son historias de personas que han demorado años en poder nombrar lo vivido y que, cuando lo nombraron, de repente les vinieron a decir que su delito había prescrito, o que se encuentran hoy en día con un reloj interno que hace tic tac esperando a ver si hace o no hace la denuncia porque el tiempo le corre, [...] o que encontraron fuerzas para denunciar y se enfrentaron a procesos extensos o revictimizantes, o a sentencias revictimizantes”.
Marichal enfatizó que “acceder a la Justicia no es solamente poder denunciar, aunque eso es importante”: “Tenemos que poder hacerlo en condiciones de seguridad, tenemos que recibir información clara, tenemos que poder ser escuchadas sin ser culpabilizadas, tenemos que contar con medidas de protección efectivas. Necesitamos que las investigaciones se realicen con diligencia y en plazos razonables. Necesitamos no tener que demostrar que una reaccionó como el sistema espera que reaccione una víctima ideal y que simplemente reaccionamos como podíamos. Sobre todo, necesitamos acceder a procesos de reparación que permitan reconstruir la vida después de la violencia”. Por eso, la psicóloga y activista aseguró que uno de los principales reclamos del colectivo es “que la respuesta del Estado esté informada en trauma”.
Atención integral: cobertura insuficiente y otros desafíos
En términos de accesibilidad y atención integral, el informe destaca que Uruguay “cuenta con fiscalías especializadas, protocolos de investigación, mecanismos de coordinación y servicios de atención” que han significado “un avance importante”, pero que “requieren mayor articulación, seguimiento y recursos para asegurar una implementación homogénea en todo el territorio”.
“Estas limitaciones se reflejan en una cobertura insuficiente, especialmente fuera de la capital”, señala el documento, y detalla que, “pese a lo establecido por la Ley 19.580, la mayoría de los departamentos del país no cuenta con una justicia especializada”: Montevideo tiene 12 juzgados especializados en violencia de género (con competencia en materia civil), mientras que solo Rivera, Salto y Maldonado disponen de juzgados especializados en violencia sexual.
El análisis también cuestiona que, aunque el marco normativo reconoce el derecho de las víctimas a acceder a servicios de atención médica, psicológica, social, acompañamiento y apoyo habitacional, “la actuación estatal sigue sin asegurar un abordaje adecuado para todas las formas de violencia de género, en particular la violencia sexual”.
En este escenario, las organizaciones hacen cuatro recomendaciones. En primer lugar, “fortalecer la implementación efectiva de la Ley 19.580 garantizando recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para mejorar la capacidad de respuesta”. Por otro lado, proponen “reducir las brechas territoriales en el acceso a servicios especializados, ampliando su cobertura”; consolidar mecanismos de monitoreo y evaluación; mejorar la coordinación entre el Poder Judicial, la Fiscalía y las áreas de salud y protección social; y “garantizar procedimientos que minimicen la revictimización y aseguren una atención integral a las sobrevivientes durante todo el proceso”.
Las deudas del sistema de justicia
Más allá de los avances vinculados con la adopción del modelo acusatorio, la incorporación de la declaración anticipada y la creación de la Unidad de Víctimas y Testigos”, el informe asegura que “persiste una brecha significativa entre la denuncia y la sanción efectiva”, que se refleja en desafíos como “la revictimización, la demora procesal y la insuficiente especialización de los operadores del sistema de justicia”.
En esa línea, señala que la “sobrecarga” del sistema “provoca que se prioricen los casos considerados de mayor gravedad y que otros sean archivados sin una investigación exhaustiva”. A la vez, plantea que “subsisten obstáculos derivados de las dificultades probatorias propias de estos delitos, la desigualdad en el acceso a recursos técnicos, la limitada disponibilidad de información sobre protocolos periciales, así como enfoques tradicionales en la valoración de la prueba, orientados a cuestionar la credibilidad de las víctimas y basados en estereotipos”.
Respecto de este apartado, las organizaciones recomiendan “garantizar investigaciones oportunas, exhaustivas y eficaces de los delitos de violencia sexual mediante la correcta recolección y preservación de la evidencia, la realización de pericias y la aplicación efectiva y uniforme de los protocolos de actuación”. Otras recomendaciones tienen que ver con incorporar la perspectiva de género e interseccional en el sistema de justicia, robustecer la coordinación interinstitucional, fortalecer la formación obligatoria de los operadores, y mejorar los mecanismos de protección a las víctimas “para evitar presiones, amenazas, intimidación o nuevos hechos de violencia”.
Marco normativo: lo que queda por hacer
La investigación de Equality Now, Cladem Uruguay e Ikové también analiza la adecuación de la normativa uruguaya a los estándares internacionales en materia de violencia sexual. En ese sentido, parte de la base de que el Código Penal uruguayo “no define los delitos sexuales sobre la base de la ausencia de consentimiento, sino del empleo de violencia o amenazas, o de circunstancias en las que la ley presume la existencia de violencia, lo que resulta incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos”. El documento recuerda que si bien la Ley 19.580 introduce el concepto de consentimiento, “lo hace únicamente como una regla de valoración de la prueba y de protección de las víctimas, estableciendo que el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual de la víctima no pueden interpretarse como manifestaciones de consentimiento”.
El informe advierte, por otra parte, sobre el retroceso que implican los distintos proyectos presentados en el Parlamento para modificar la ley de violencia de género, y afirman que “la existencia de plazos de prescripción” para los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes “sigue representando un obstáculo para el acceso a la Justicia”. A su vez, cuestionan la reforma del Código del Proceso Penal que impulsa el actual Poder Ejecutivo, en tanto consideran que algunas de las disposiciones “podrían tener un impacto negativo al limitar las posibilidades de recurrir determinadas decisiones, afectar la celeridad del proceso y restringir la autonomía procesal”.
Entre las recomendaciones planteadas en este capítulo, se plantea “adecuar el marco penal aplicable a los delitos sexuales para que la falta de consentimiento constituya el eje de la tipificación de estas conductas”, y “establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes”.