Para Laura el trabajo sexual siempre fue la norma. Tuvo el primer contacto cuando tenía nueve años. Recuerda que la madre le indicaba que entrara en la habitación, le hiciera “tal cosa” al señor de turno y no saliera de ahí hasta que recibiera la plata. “Llegaba paradita a los genitales de los hombres”, rememora, y cuenta que en ese entonces pensó que a todas las niñas les pasaba lo mismo.
Pasaron muchos años, quizás más de 20, hasta que Laura entendió que eso que hacía su familia “estaba mal” y juró que nunca obligaría a sus hijas a pasar por la misma situación. “Les cuento mi experiencia de vida para que no terminen en el mismo lugar que yo”, asegura. Pero además les habla sobre métodos anticonceptivos, relaciones sexuales consentidas y empoderamiento de los cuerpos. Y planta su posición sobre el trabajo sexual, que actualmente ejerce: “Nosotras no vendemos o alquilamos nuestros cuerpos, nosotras estamos brindando un servicio sexual. Nuestro cuerpo es siempre nuestro”. La voz se afirma en la última frase. Insiste: “Tenemos que empoderarnos de nuestros cuerpos sexo-erotizados y no queremos que ningún patrón nos mande”.
Este proceso de comprender su historia, aceptarla y contarla fue el que la llevó, en parte, a empoderarse. También a vincularse con otras colegas que transitaban o transitan el mismo camino. Así fue que desembarcó en la Organización de Trabajadoras Sexuales Organizadas (Otras), que integra desde junio. El colectivo nació este año para impulsar la reforma de la Ley 17.515, que regula el trabajo sexual en Uruguay. Se convirtió en mucho más que eso: hoy es una plataforma en la que trabajadoras sexuales organizadas de todo el país se reúnen para debatir sobre las condiciones en las que ejercen su trabajo, intercambiar experiencias y promover cambios, no sólo legislativos sino también culturales. Especialmente los culturales.
Antes de cruzarse con Otras y con una de sus principales voceras, Karina Núñez, Laura vio cómo nacía en Trinidad, su ciudad, la primera Policlínica de Trabajo Sexual. La policlínica funciona hace casi dos años en un centro de medicina familiar y comunitaria de la Administración de los Servicios del Estado (ASSE) ubicado cerca de uno de los barrios más humildes de la capital de Flores. Laura integra desde los inicios la comisión de trabajo sexual de la policlínica como representante de sus compañeras a nivel departamental y está convencida de que el ejemplo tiene que replicarse en el resto del país.
A su entender, el centro responde a uno de los principales problemas que denuncian las trabajadoras sexuales: la falta de una atención integral en salud. “En la policlínica de Trinidad hay un equipo médico que se preocupa por nosotras y que no sólo te revisa los genitales. Ahora tenemos una doctora especializada en medicina comunitaria que se preocupa de que estés bien, te pregunta por qué tenés los brazos cortados o cómo te sentís, se preocupa de todo, hasta de tu higiene bucal”, explica Laura a la diaria. El equipo está integrado por una médica de familia, una obstetra partera y enfermeras. Antes, las trabajadoras sexuales de la ciudad tenían que dirigirse a una policlínica mal llamada “de higiene sexual” que funcionaba una vez al mes en el hospital local, en el segundo nivel de atención, y que estaba a cargo de un ginecólogo. A un panorama bastante similar se enfrentan las trabajadoras sexuales en el resto del país cuando quieren acceder a los servicios de salud.
Más y mejores herramientas
“Las trabajadoras sexuales no sólo deterioramos nuestros genitales. Trabajamos tomando copas y nuestro hígado y estómago se enferman. Pasamos horas al frío en la noche y nos enfermamos de asma y broncoespasmo. Sería bueno que nos hagan chequeos generales”. Este reclamo surgió durante el Primer Seminario sobre Prostitución y Trabajo Sexual en Uruguay que se celebró a fines de noviembre en Montevideo y en el que participaron 42 trabajadoras sexuales de 14 departamentos del país. Las quejas iban dirigidas a representantes de ASSE y del Ministerio de Salud Pública (MSP) que participaron en la actividad. Se replicaron decenas de comentarios en el mismo sentido y quedó bien claro: falta una cobertura integral de la salud para quienes ejercen el trabajo sexual. ¿Pero el Estado está al tanto?
La doctora Susana Cabrera es la responsable del programa de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH del MSP. En el seminario contó cuáles son las pautas o recomendaciones que hace el ministerio a los prestadores de salud –públicos y privados– a la hora de atender a personas que ejercen el trabajo sexual. Estas pautas fueron elaboradas en 2008 para definir cuáles son los exámenes y controles que deben hacerse las trabajadoras cada determinado tiempo. Cabrera contó que en 2011 hubo un cambio de autoridades en el MSP y se planteó la necesidad de revisar esas reglas: “Nos preguntamos si debíamos seguir con una pauta de atención centrada en el riesgo de las personas de enfermarse de una infección de transmisión sexual y nada más, o teníamos que hacer algo que permitiera que el acceso a la salud de las personas sea más integral, considerando que las trabajadoras y los trabajadores sexuales son personas que tienen riesgos, patologías y problemas de salud como cualquier otra persona”.
La modificación de la pauta llevó años de discusión con académicos, sociedades científicas, representantes de ASSE y organizaciones de la sociedad civil. El MSP también recorrió el territorio para conocer las distintas realidades de las trabajadoras sexuales e incorporarlas a esa guía en construcción.
El resultado es un documento que, según Cabrera, piensa en la salud “en su integralidad” y tiene como objetivo fundamental “combatir la estigmatización que se produce en los servicios de salud, sacando el foco exclusivo en las infecciones de transmisión sexual”. Por eso, una de las recomendaciones principales es la de reenfocar la atención en salud para que las trabajadoras no tengan que ir a policlínicas “de control de trabajo sexual” y puedan atenderse en las policlínicas generales, de medicina familiar y comunitaria. “Sé que esto está ocurriendo en muy pocos lugares”, reconoció Cabrera, y puso el ejemplo de la policlínica de Trinidad, “pero la idea es que la trabajadora sexual pueda ir a cualquier policlínica, atenderse y controlarse sabiendo que no sólo la van a mirar de la cintura para abajo”.
Para Laura, contar con un equipo multidisciplinario en la policlínica va más allá de lo estrictamente sanitario. Es saber que existen “personas confiables” con quien contar si un cliente las violenta, por ejemplo. “Son cosas que ahora en Flores podemos hablar, con otros doctores quedaba tapado”, cuenta la trabajadora.
En lo relativo a las infecciones de transmisión sexual, Cabrera aseguró que la guía se enfoca en las herramientas de prevención a las cuales las trabajadoras sexuales tienen derecho a acceder. Por ejemplo, explica que todas tienen derecho a vacunarse contra la hepatitis B o que aquellas menores de 26 años tienen garantizado el acceso a la vacuna contra el virus del papiloma humano.
La pauta de atención del MSP tiene otro gran capítulo que incluye orientación sobre los derechos sociales y laborales de las trabajadoras sexuales y asesoría para el cambio de nombre y sexo registral para las personas trans.
Para que las trabajadoras sexuales puedan acceder a esta información y apropiarse del contenido, la guía tiene que ser de fácil lectura. Por eso, Cabrera adelantó que el año que viene se elaborará una versión de la guía “más amigable”, despegada de la jerga médica.
La importancia del intercambio
Para que la guía del MSP tenga sentido, el enfoque en el abordaje sanitario del trabajo sexual también tiene que cambiar en territorio. El doctor Daniel Márquez es uno de los referentes de Poblaciones Vulneradas de ASSE y en el seminario aseguró que, junto con el equipo de Salud Sexual y Reproductiva, operan desde hace un tiempo en territorio para fortalecer el eje vinculado al trabajo sexual. Márquez reconoció que la carencia de un enfoque integral en la atención a trabajadoras sexuales es una de las tantas debilidades que tiene el sistema de salud. El origen de este problema, opinó, es que la salud se suele pensar desde un lugar “exclusivo” y la medicina se percibe como un saber “unidireccional” que parte de los profesionales hacia la población.
El referente de ASSE considera que la clave está en los conocimientos que pueden aportar, en este caso, las propias trabajadoras sexuales. “Muchos de los saberes que tenemos las médicas, los médicos, las enfermeras y los enfermeros vienen del propio territorio y no de la academia o el saber médico. Por ejemplo, saber que existen diferencias entre las prácticas y los riesgos a los que se enfrentan las trabajadoras sexuales en la calle y en las whiskerías. Ese saber es sumamente rico y ese diálogo es el que necesitamos para construir la guía informativa, pero además es clave para construir la práctica de los médicos y del equipo de salud en territorio”, afirmó.
“Este intercambio es especialmente necesario porque el abordaje de la salud de poblaciones vulneradas no es algo que se aprende en la Facultad de Medicina”. Márquez dijo que eso lleva a que, cuando a los médicos se les presenta una trabajadora sexual o una mujer trans en el consultorio, no saben muy bien por dónde arrancar. Tampoco se educa en “empoderamiento” o “derechos” de las poblaciones menos privilegiadas, resaltó Márquez.
Por eso hay que apuntar hacia una medicina integral. “Generalmente los servicios se focalizan en la vulva y la vagina. Si viene una trabajadora sexual trans, por ejemplo, ya se complica, ni siquiera se aborda la genitalidad. Por eso es que los servicios tienen que ser integrales. ¿Qué le pasa a la trabajadora sexual en su salud mental cuando es violentada, por ejemplo? ¿Qué le pasa en el trabajo sexual cuando no se cumplen sus derechos? A esto nos referimos con la integralidad: a que en la misma consulta se pueda ver su genitalidad, pero también su salud mental, sus derechos, los pulmones, el corazón”, explicó Márquez.
Ese es el camino que eligieron trazar desde ASSE, aseguró, y dijo que la primera barrera que lograron romper fue la de los servicios de salud exclusivos para personas trans. La atención integral para las trabajadoras sexuales es el siguiente mojón. El objetivo, resumió, es “empezar a generar servicios integrales que tengan atención a la población en general, donde en la sala de espera coexistan mujeres embarazadas, trabajadoras sexuales, adultos mayores, mujeres trans, mujeres cis, hombres cis, hombres trans”.
Las que ponen el cuerpo
Las 42 mujeres escucharon atentamente los esfuerzos que hacen el MSP y ASSE por alcanzar una atención integral en salud para quienes ejercen el trabajo sexual. Cuando el turno para hablar fue de ellas, plantearon otros problemas vinculados a la salud que enfrentan en los lugares de trabajo y que no pueden controlarse en una consulta médica.
Hubo una cuestión que prácticamente dominó el debate: el consumo de alcohol en las whiskerías. Las trabajadoras denunciaron que en las whiskerías hay una “exigencia implícita” de consumir alcohol mientras ejercen su trabajo y aunque no quieran hacerlo. “¿En qué otro trabajo se le exige o hay una presión hacia el trabajador de que consuma una droga?”, preguntó una de ellas. Karina Núñez, una de las líderes de Otras, contó su experiencia: “Hay lugares en los que si no tomás alcohol no te permiten trabajar, porque si el cliente te paga, te paga por alcohol, y si vos le pedís alguna otra cosa te dice que no. Creo que lo que falta, cuando se hacen leyes o pautas, es escuchar la voz de las compañeras, porque todas las trabajadoras sabemos por lo que pasamos. Pero eso no se logra desde el MSP, eso se logra levantando los culitos y yendo a los pueblitos”.
El doctor Márquez dijo que ASSE está al tanto de que las trabajadoras sexuales están expuestas al “consumo problemático de sustancias varias” y aseguró que la solución consiste en dos pasos: primero, capacitar a los equipos de salud en este tema y, después, empezar a abordarlo en territorio.
Las trabajadoras plantearon otros problemas. Dijeron que no en todas las policlínicas hay acceso sin restricción a preservativos para quienes ejercen el trabajo sexual y que, además, los que hay son de mala calidad. Contaron que muchas veces los locales en los que trabajan –y que están habilitados por el MSP– son insalubres y “dan lástima”. Comentaron que en algunas whiskerías no hay agua caliente y duermen “15 o 20 mujeres en un colchón grueso como un dedo”. Estiman que igual las habilitan porque no hay presupuesto para pagarle a alguien que visite esos lugares después de las 21.00. También contaron que en las zonas rurales dependen del patrón para trasladarse, incluso para buscar comida, enfatizó Laura. Hubo un sentir común: sienten que nadie las protege.