Leticia Lorenzo: “El Poder Judicial es la aristocracia dentro de la democracia”

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[Esta nota forma parte de las más leídas de 2019]

Leticia Lorenzo es una jueza penal que sale de la norma. Para empezar: es mujer y es joven. Tiene un piercing en la ceja, tatuajes y lentes de colores. Además de ser conocida por redactar sus sentencias en lenguaje inclusivo, también lo fue porque en una de ellas se leyó: “Típico de machirulo”.

Nació en Buenos Aires, pero su familia partió a Neuquén al inicio de la dictadura, cuando ella tenía seis meses. Estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y su vida fue “una gira latinoamericana”, dice. Vivió en Bolivia, Chile y Perú, antes de volver al lugar “de donde salió”. Desde hace un año y medio trabaja como jueza penal en Neuquén.

Dice que “la nombraron porque no les quedó otra”. En Argentina, el proceso para acceder a estos cargos se da a través de un concurso seguido de una entrevista. En 2017 concursó por primera vez. Ganó el concurso, pero la rechazaron en la entrevista. “Nunca estuvo del todo claro si fue por peronista o por disruptiva, o porque las dos cosas se juntaron y le molestaron a mucha gente”, dice, y agrega que, en general, cuando pasa algo así “no volvés a concursar nunca más”. Pero, como entiende que es parte del juego, volvió a intentarlo tres veces más. Ganó dos de los tres concursos y en el tercero quedó segunda. Se transformó en un escándalo que tuviera la idoneidad para ganar concursos y fuera rechazada sistemáticamente en las entrevistas. Cuando volvió por cuarta vez a ser entrevistada, recibió un amplio apoyo.

Se acercó a Uruguay para participar en un congreso de magistrados, y en este marco fue invitada por la Intendencia de Montevideo a intercambiar sobre políticas de género, ciudad y experiencias innovadoras para desafiar el statu quo.

Para Leticia hay una frase de Arturo Jauretche que la representa: “Prefiero decir lo que se me cante a hacer carrera”. En el día de su cumpleaños, dialogó con la diaria.

¿Por qué le jode tanto a la Justicia “alguien distinto”?

Porque es el poder más conservador. El Poder Judicial es la aristocracia dentro de la democracia. Hay una cosa entre mediocre, conservadora, formalista, ritualista y masculina. Si hay un lugar en el que está arraigado el patriarcado es en el Poder Judicial. Entonces, aparece una tipa que es relativamente joven, que no tiene problema en decir cuál es su filiación política, que no tiene problema en discutir de igual a igual con todo el machirulismo reinante, y eso jode y llama la atención. Todo lo distinto jode, porque estamos en un poder en el que no hay que hacer muchas olas, en el que hay que tener perfil bajo y no opinar de nada. Nos escudamos detrás de la frase ridícula del siglo XVIII que dice que los jueces hablan por sus sentencias, cuando en realidad tenemos una obligación con la ciudadanía de decir qué pensamos, por qué lo pensamos y qué es lo que creemos que tiene que pasar socialmente. Para mí, todo eso jode.

¿Por eso preferís “decir lo que se te cante a hacer carrera”?

También me gusta lo que dijo Víctor Hugo Morales, que reformuló esa frase y dijo: “Digo lo que pienso porque me voy a morir igual”. El ser humano es finito, somos los únicos que tenemos conciencia de que nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué nos vamos a callar? Prefiero siempre decir lo que se me canta, porque en general tengo claro que cuando doy una opinión tengo de dónde agarrarme para defenderla. Entonces, los debates hay que darlos.

¿Te parece que la Justicia es patriarcal y desigual?

Absolutamente. Los poderes judiciales surgen como organismos que estaban destinados a decidir sobre el patrimonio de los hombres blancos burgueses adinerados. Hoy en día tenemos un montón de instrumentos internacionales que nos obligan a pensar en los vulnerables, en las personas en condición de desigualdad, básicamente en aquellas que están más cagadas en la sociedad. Pero seguimos manteniendo esa tradición de hombres decidiendo sobre asuntos de hombres, con leyes que son machistas y heteronormativas, con una formación universitaria en la heteronorma. Me resulta llamativo que pretendamos que gente que vive en los mismos barrios, que lleva a sus hijos a los mismos colegios y a los mismos clubes pretenda decidir las cosas desde el patio de su casa. La mirada sobre la conflictividad es tan sesgada, recortada y patriarcal que nos queda grande la exigencia social que tenemos.

¿El punitivismo tiene un corte de clase?

Absolutamente. Si alguien tiene poder y comete un delito no te enterás de quién es. Ahora, cuando no tiene poder te enterás de todo porque lo escrachan. Si tiene poder es secreto, nos acordamos de las normas y de que hay que preservar el principio de inocencia. Pero si es alguien con quien no nos identificamos le damos con un caño. Esto incluso se ve en las condenas. Nos encanta hacer leña del árbol caído: cuanto más vulnerable, más le damos. No podemos perder de vista que en la Justicia siempre hay dos lados vulnerables, y lo que tenemos que hacer es administrar de la manera más efectiva posible esas vulnerabilidades. No podemos perder de vista que la persona imputada también está atravesada por condiciones de vulnerabilidad. Entonces, cuando cargamos todas las tintas aparece una falsa dicotomía para las feministas: ni garantismo misógino, ni feminismo punitivista. Una puede respetar los derechos y las garantías de las personas sin sesgos y sin prejuicios.

En esa línea de transformar los fallos judiciales incorporaste el lenguaje inclusivo.

Toda la vida usé lenguaje inclusivo. El Poder Judicial de mi provincia es como un adolescente de los poderes –tiene menos de 70 años–, entonces nunca hubo inconveniente. En materia penal, las sentencias están direccionadas a dos personas: a la víctima y al imputado. Lo que trato de hacer, como forma de lenguaje accesible, más que inclusivo, es ser lo más clara posible, y por lo menos respetar el género de las personas que están en el proceso. Muchas veces se masculiniza la sentencia cuando tenés una víctima o imputada mujer, o cuando se trata de niñez se abrevia como “defensa del niño”, cuando la mayoría de las víctimas son niñas. En estas cosas respetar el género es importante. Uso la E cuando me tengo que referir a colectivos o plurales. No he tenido llamados de atención ni observaciones, porque está bastante incorporado que es una forma de sumar en derechos. Las Reglas de Brasilia para el acceso a la Justicia de las personas en situación de vulnerabilidad tienen una sección específica sobre las comunicaciones judiciales que da orientaciones que van mucho más allá del lenguaje inclusivo. Hablan de estructuras gramaticales sencillas, oraciones cortas, direccionamiento a las personas a las que nos estamos dirigiendo. Por eso incorporé, por ejemplo, un índice a las sentencias, para que las personas sepan dónde buscar lo que quieren leer específicamente y sepan orientarse. Trato de seguir las recomendaciones del periodismo: sé clara. A los jueces nos encanta ser grandilocuentes.

¿Por qué te parece que a la Justicia le gusta tanto “escribir complicado”?

Porque es una forma de mantener el poder y el privilegio. Cuando estudiaba hacíamos un ejercicio devastador y muy interesante: le pedíamos a la gente que tradujera una resolución judicial a lenguaje claro. Muchas veces la traducción decía lo contrario a la resolución. Atrás del lenguaje oscuro y barroco hay una seudofundamentación: no te estoy dando razones sobre por qué tomo una decisión, pero como te escribo 100 hojas parece que te di tremendas razones. Entonces la gente piensa: “Si escribe tanto debe tener razón”.

Decís que no hay que apurarse frente a lo inevitable porque la sociedad está cambiando.

Una de las cosas en las que más diferencias tengo con mis pares en la Justicia es que entiendo que nosotros trabajamos para les jóvenes, no para los que están detrás de nosotros. Tenemos una juventud que nos está doblando la apuesta todo el tiempo. Yo estoy en la mitad de la vida, mi opción es mirar a las personas más jóvenes y ver cuáles son las orientaciones que están tomando y cuáles son las exigencias que nos están haciendo. Por suerte todavía me acuerdo de cuando era joven y de cuánto me frustraba escuchar que no entendíamos, que no sabíamos y que ya se nos iba a pasar. Entonces, prefiero escuchar a las personas a las que todavía no se les pasó la efervescencia de querer cambiar. Por suerte en este continente, más allá de los vaivenes políticos, estamos viviendo una época en que la juventud ha asumido compromisos y desafíos políticos. Nos están corriendo permanentemente los márgenes, y tenemos que saber acompañar. Si llegamos a lugares de poder lo que tenemos que hacer es, dentro de nuestras posibilidades, abrirles las puertas.

En una sentencia judicial asociada a un delito sexual incluiste un acróstico en el que se lee “típico de machirulo”.

Cuando más se nota esta estructura patriarcal, machista y heteronormativa es cuando tenés que tomar decisiones que involucran a mujeres. En el fuero penal, donde se nota más es en los delitos sexuales. Hace 20 años atrás a los delitos sexuales los tratábamos como “delitos contra el honor”, y no está muy claro si se hablaba del honor de la mujer o del hombre que estaba con esa mujer. Entonces, en el abuso sexual con acceso carnal era casi de manual que se le exigía a la mujer un comportamiento heroico. Tenía que probar que se había resistido. Incluso, hay doctrina jurídica que dice que la mujer tiene que haber puesto en riesgo su vida para acreditar que realmente había sufrido abuso, que ella no lo había querido. Hay determinados actores a los que les cuesta más abandonar esos sesgos. Cuando tenés que ejercer la defensa de una persona que está acusada de abuso sexual, cuesta incorporar la perspectiva de género. Es decir, una defensa que respete la normativa internacional, que no quiera aplicar sus prejuicios contra la víctima o que no te pida que mires a la víctima de forma estereotipada. Veíamos que había una recurrencia en los casos de abuso sexual, en los que los defensores nos pedían que no aplicáramos la norma. En el juicio de “típico de machirulo” al defensor se le saltó la cadena en el alegato final. Y es un tipo con mucha conciencia, no es un machista recalcitrante. Apenas terminó de alegar se dio cuenta de la que se había mandado. Dijo que no estaba probado que la víctima no había consentido, porque no tenía marcas en el cuerpo. Estábamos hablando de una adolescente que estaba durmiendo y fue abusada por una persona bastante mayor que ella. Después pidió que no aplicáramos algunas normativas. En ese contexto, explicando por qué no nos podía pedir que no aplicáramos los instrumentos internacionales, le puse en la sentencia un acróstico que decía “típico de machirulo”. Fue casi un chiste interno, pero después explotó. A mí lo que me sorprende es el bajo umbral de tolerancia a la ofensa, cuando tienen un umbral altísimo de exigencia a nuestra tolerancia al formular propuestas que son muy ofensivas. No se lo puse sólo a ese defensor, porque no es él sólo. Esos argumentos los vemos mucho, vemos fiscales que le preguntan a la víctima qué estaba haciendo en ese lugar a esa hora, o cómo estaba vestida. A veces los jueces también estereotipamos la mirada y llegamos a conclusiones que no tienen nada que ver. Sin duda tenemos un sistema que amerita ser clasificado como “típico de machirulo”. Después de toda la ofensa y todos los enojos que hubo, al menos quedó una oportunidad de reflexión para que empecemos a pensar que somos funcionarios públicos que tenemos que dar respuestas, y para darnos cuenta de que de nosotros se espera algo más que un estereotipo.

Con Ileana Arduino hicieron un análisis sobre la sentencia del crimen de Lucía Pérez, un caso de abuso y asesinato, y justamente lo que se hace es estereotipar a la víctima para absolver a los imputados.

De la misma manera que no se puede condenar a alguien si hay dudas, no se puede absolver a alguien con argumentos insostenibles. Es la sentencia Cindor. Esa sentencia dice que como el chico había comprado facturas y una leche chocolatada, no tenía intenciones de abusar sexualmente de ella y matarla. En derecho penal tenemos muy incorporado que no juzgamos a las personas, sino el hecho. Con relación al imputado está claro, pero con las víctimas no. Por un lado, hacen una serie de construcciones totalmente estereotipadas de por qué no habría tenido intención de abusarla sexualmente, a la vez que construyen el estereotipo de la “mala víctima”. Una adolescente que estaba acostumbrada a tener relaciones con hombres adultos y que en sus mensajes de Whatsapp decía determinadas cosas. A partir del análisis de la víctima como una mala víctima, como una puta, básicamente, dicen que no había pruebas para imputar al “pobre chico”, porque había comprado una leche chocolatada. ¿Podría haber sido absuelto de todas formas el imputado? Podría. Lo que no podés hacer es construir ese tipo de argumentos. Si una se planta desde lo puramente lógico, esa sentencia es insostenible. De la misma manera que yo tengo que explicar por qué estoy condenando tengo que explicar por qué estoy absolviendo, basándome en la prueba y no en mis prejuicios.

Decís que la Justicia es un poder político.

Sí, lo que no quiere decir que sea un poder partidario. Somos uno de los poderes del Estado y no podemos actuar como si fuéramos el apéndice del poder de turno. En Argentina, históricamente el Poder Judicial ha sido un apéndice del Poder Ejecutivo. Después nos escudamos en que hablamos por nuestras sentencias, en esta cosa graciosa que dice que no puedo opinar de nada porque después me puede tocar decidir sobre esos temas. Somos un poder político, porque nuestra función como juezas y jueces que sentenciamos es determinar si les abrimos o les cerramos la puerta al acceso de derechos a las personas. Entonces, vaya si no somos un poder político. En el siglo XXI no nos podemos dar el lujo de no entender que nuestra función dejó de ser proteger el patrimonio de los hombres blancos y pasó a ser garantizar el acceso y la amplitud a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Por las juventudes, las disidencias y los debates que se están dando se exigen juezas y jueces progresistas, que tengan una mirada de derechos humanos, de género y de respeto por los vulnerables. Todo eso es político.

Hablás del sistema penal y las escasas respuestas. ¿Qué respuesta da el sistema penal hoy?

La punitiva. Más allá de que los procesos penales han tenido cambios y se abren a respuestas distintas, en las formas de trabajo siguen siendo procesos que se conciben desde la lógica del litigio y la controversia. Paulo Freire cuenta una historia que se dio en la primera campaña de Lula, cuando lo invitaron a dar charlas sobre prevención de la violencia en una favela. Él fue a hablar de Jean Piaget como quien cae con un PowerPoint fuera de contexto. Un señor se paró y le dijo que se iba a imaginar cómo era su casa e iba a describirla. Le dijo que seguramente tendría ciertos cuartos, tales y cuales electrodomésticos, y que cuando llega a su casa los niños están bañados y con la tarea hecha. Pero le dijo que la vida de los pobres es distinta. Que salen a las cuatro de la mañana a ganarse la vida y vuelven a cualquier hora, y que viven todos en una misma habitación. El hombre le termina diciendo: “¿Sabe qué? Si le pegamos no es porque queremos, es porque no nos queda más remedio”. Esa anécdota me lleva a pensar que cuando tenemos casos de violencia, muchas veces es porque no les quedó otra, porque hay un montón de situaciones que los atraviesan. Tenemos que darle una mirada más composicional al conflicto, que tiene que ver con cómo nos situamos desde el momento en que recibimos una denuncia hasta el momento en que damos una sentencia. Esto no tiene que ver con hacer que las partes se compongan y se arreglen, sino con hacer un acompañamiento serio de esas vulnerabilidades. Las sanciones no pueden profundizar el conflicto. Hay que pensar en forma más creativa, más imaginativa. ¿Cómo protejo? ¿Cómo hago para que quienes están formados en la cultura de la violencia se recompongan? Al final del día, si lo mando preso, en nuestros sistemas penitenciarios va a sufrir mucha más violencia y va a salir mucho más violento. Los jueces tenemos algo de psicópatas, porque tomamos la decisión y decimos: ‘Arreglátelas, sistema penitenciario’. Hoy en día tenemos otras herramientas. Tenemos que repensar.

¿Cómo son los sistemas orales?

En los sistemas orales desaparece el expediente, que es el centro de todos los males, porque anula a las personas. Si estoy con el expediente no me importa quién es la víctima, ni cuántos años tiene ni cual es su situación. Un sistema oral se basa en la reunión de las personas. El fiscal tiene que venir con la víctima a presentar el caso. En los casos de violencia de género pedimos que esté la víctima, salvo que haya una situación de seguridad que implique que no puede estar cerca del imputado. El defensor tiene que venir y ejercer la defensa delante del imputado. A mí me toca escuchar a las partes y tomar la decisión. La fundamento en la audiencia. Se acaba el contestar por escrito, tomarse tiempo para dar respuesta y demorarla. En los casos en que hay altos niveles de violencia la solución punitiva no es la mejor, pero es quizás la única herramienta que garantiza ciertos niveles de seguridad. Pero en los casos de menores grados de violencia estamos usando la suspensión del juicio a prueba. Esto es la posibilidad de someter al imputado a ciertas condiciones y que las cumpla durante un determinado tiempo, y después se lo sobresee. Cuando hay voluntad de parte de los imputados de hacer tratamientos, no acercarse, cubrir las cuotas alimentarias, damos la suspensión del juicio a prueba y establecemos audiencias de control. La frecuencia de las audiencias se fija según el grado de violencia que identifica la Fiscalía. A medida que la persona va cumpliendo, le vamos generando espacios más grandes entre audiencia y audiencia hasta que se cumple la suspensión. Por lo menos a través de ese mecanismo, que es muy artesanal y está en fase de ensayo y error, le generamos a la víctima un empoderamiento, porque sabe que tiene derechos. Le decimos que si ella no quiere esto no procede, que es una decisión de ella, le damos espacio y tiempo. Si accede le notificamos cada vez que hay una audiencia, y sabe que si tiene algún inconveniente no es que tiene que presentar un escrito, sino que en tal fecha de cada mes tiene audiencia conmigo. Vienen, me miran, me dicen “me pasó esto” y se cambian las condiciones. Es un espacio de encuentro que no te permite el expediente.

Cuestionás la prisión preventiva como medida cautelar.

Orgullosamente, vivo en una provincia que tiene 3% de prisión preventiva. Prácticamente hemos eliminado la prisión preventiva. La Fiscalía la pide solamente cuando ve que hay un riesgo serio o cuando las características particulares de un hecho ameritan pedirla casi como una herramienta disuasiva, para descomprimir el conflicto si hay un riesgo real para la víctima. Venimos constatando desde hace seis años que, pese a lo que la gente cree, no es un riesgo. No es que si dejamos a las personas afuera de la cárcel no van a venir nunca más al juzgado y van evadir. El poder punitivo tiene un sesgo de clase importante, no es que estamos persiguiendo a gente que se pueda tomar un avión e irse del país. Todos los años medimos cuántas rebeldías tenemos en juicio, porque cuando das una prisión preventiva lo hacés porque querés que se haga el juicio. Son menos de 0,05% los juicios que se suspenden porque no concurren los imputados. Entonces, un sistema puede funcionar sin prisión preventiva si obliga a la Fiscalía a actuar más rápido. A veces la prisión preventiva lo que genera es comodidad. Entonces, en lugar de andar más rápido anda más lento, porque ya tienen a la persona presa y no tienen la presión social sobre lo que va a pasar. Ahí es donde todo el sistema se distorsiona.

Con un porcentaje tan bajo de rebeldía, para el Estado evitar la prisión preventiva significa un ahorro sin riesgo.

Absolutamente. Tenemos sistemas penitenciarios súper deficientes. Entonces, todo lo que tenemos diseñado constitucionalmente, que dice que las personas que están en prisión preventiva tienen que estar en lugares distintos, es mentira. No se hace. Es un problema para las propias fuerzas de seguridad que están a cargo. Reducir la prisión preventiva como medida cautelar es un ahorro para el Estado, es una tranquilidad para los organismos que están encargados de la custodia de las personas privadas de libertad, y permite mantener un número de privados de libertad adecuado. En Neuquén somos 500.000 habitantes y hay menos de 600 presos. Este año tuvimos una rendición de cuentas públicas y hubo enojo porque los jueces penales tenemos poco trabajo. Pero para mí es una excelente noticia, porque quiere decir que no tenemos una conflictividad alta. A eso tenemos que tender, y no a tener cada vez más personas presas. Cuando se hacen reformas en el sistema, una de las cosas en las que más cuidado hay que tener es en no ampliar el alcance del poder punitivo. Es una tentación muy grande. Hay que tratar de mantenerlo limitado. Para eso necesitás una Fiscalía muy responsable y un poder político que tenga consciencia de que la prisión no soluciona absolutamente nada. En general le devolvemos a la sociedad personas que están peor que cuando las encerramos.