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Congresista Tania Pariona.

Foto: Neils Oscategui

Por ley, las directivas de las comunidades rurales de Perú deberán incluir 30% de mujeres

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La iniciativa fue aprobada por el Congreso en el primer pleno dedicado a cuestiones agrarias.

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En el marco de una sesión histórica por ser la primera dedicada completamente a temas agrarios, el Congreso peruano aprobó una iniciativa que obliga a las comunidades rurales a incluir 30% de mujeres en los puestos directivos. En concreto, los congresistas votaron a favor de la modificación del artículo 19 de la Ley General de Comunidades Campesinas, que si bien especificaba la participación de seis personas como parte de cada directiva comunal, no detallaba un número específico de mujeres dirigentes. En la realidad, esto se traduce en que actualmente apenas 3% de mujeres llegan a ser presidentas comunales.

La propuesta legislativa fue presentada por la congresista indígena Tania Pariona, quien al hacerlo insistió en la necesidad de promover y visibilizar la participación de las mujeres rurales en los espacios de toma de decisiones.

Según cifras citadas por Pariona, en Perú 62% de las mujeres rurales mayores de 15 años se dedica a la agricultura, una actividad por la que ganan tan sólo 50,8% de lo que perciben los hombres. A esto se suma el hecho de que 96,4% de mujeres rurales trabajan en la informalidad, ya que tradicionalmente su trabajo es visto como “ayuda”.

El llamado “pleno agrario” –que se celebró el viernes 14– fue impulsado por la bancada de Nuevo Perú con el fin de apoyar los reclamos de los más de 2,5 millones de pequeños productores que se dedican a la agricultura familiar en el país andino. El pleno aprobó 11 de los 18 proyectos que fueron presentados, incluidas normas que establecen la responsabilidad de los gobiernos regionales en el seguimiento de los mercados agropecuarios, la ampliación de la vigencia del Programa de Compensaciones para la Competitividad o la Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica. Los promotores de las iniciativas esperan ahora a que se apruebe el presupuesto requerido para empezar a implementarlas.

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