Este lunes se presentó un nuevo informe anual del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), que detectó y atendió 9.178 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en 2025, de las cuales 2.536 representan nuevas situaciones, lo que representa un aumento de 3% con respecto a 2024. En ese marco, Panorama informativo de la diaria Radio recibió a su directora, María Elena Mizrahi, quien valoró que los números hablan de “un tema que es persistente” y advirtió que “son los casos a los que en alguna medida pudimos llegar” y no necesariamente “todas las situaciones de violencia que viven niños, niñas y adolescentes”.
Mizrahi, que forma parte del Sipiav desde que se creó, explicó que en los Comités de Recepción Local (CRL) del sistema “siempre hay alguna institución” presente y “se capacita para poder detectar”. “Si alguien escucha o detecta [un caso de violencia] en seguida lo lleva a un equipo, y en el caso del Sipiav lo lleva a un equipo interinstitucional, porque muchas veces o conocen a la familia, o tienen historia, o podemos completar la historia de la familia porque otra institución trabajó con los hermanos o porque la madre sufrió violencia de género”, indicó. A partir de ahí se piensa la estrategia y, cuando hay sospecha de abuso sexual, se judicializa, indicó.
La franja etaria de 13 a 17 años concentró el 34% de las situaciones detectadas. Al respecto, Mizrahi dijo que desde la institución creen que esa generación “empezó a tomar conciencia de que no se los puede abusar y no se los puede lastimar”, con lo que lograron “empezar a decirlo” en centros educativos o en “núcleos de jóvenes que se juntan, hablan, y también ven que en el mundo hay un movimiento feminista que también apoya”.
Por primera vez, las madres representan 34% de los agresores y superan a los padres, con 29%. Mizrahi lo vinculó a que, entre las categorías que diferencian –abuso sexual, maltrato emocional, maltrato físico y negligencia– las madres predominan en negligencia, aunque “no en otras formas de violencia”. Señaló que se trata de “hogares muy vulnerables” y con “muchos hijos”, por lo que consideró que a esos sectores les “estamos exigiendo que puedan cumplir con cuestiones que en realidad la responsabilidad no siempre es de ellos sino que es del Estado de poder cubrir las necesidades básicas de esos núcleos familiares para que no haya negligencia”.
A raíz de lo anterior, subrayó que este indicador amerita “sopesar y tener un estudio mayor”: “La tendencia de que sean más las madres es porque, si ves el cuadro de las distintas violencias, es sobre negligencia, y nosotros nos tenemos que cuestionar como Estado qué es la negligencia”, condensó. Como ejemplo, mencionó el caso de niños que asistían desaseados al centro educativo y, al dialogar con su familia, constataron que el hogar no tenía agua. “La violencia es parte del abuso de poder de los más fuertes hacia los más débiles y, en definitiva, los sectores más débiles son los niños, las mujeres, las etnias, la diversidad sexual pero, sobre todo, los más pobres”, señaló. En ese sentido, planteó que a la hora de abordar la violencia también tiene que haber una “batería de políticas públicas” orientadas a vivienda, salarios y trabajo, porque “también es parte de esta violencia estructural”.
Mizrahi afín a la propuesta de eliminar las condicionantes para acceder a transferencias sociales
Este martes, el gobierno presentará el documento final del Diálogo Social que, entre otros puntos, incluye la eliminación de las contraprestaciones o condicionantes para las asignaciones familiares. Consultada al respecto, la titular del Sipiav reconoció que el objetivo de esta herramienta es que los jóvenes “ingresen a los centros educativos”, elemento que entiende importante porque “la institucionalidad es lo que da un marco” y resulta posible detectar situaciones de violencia porque están “en algún lugar del Estado”. No obstante, afirmó que “lo que se ha comprobado es que con sacarle esa prestación a la familia lo único que hacés es que sea más pobre” y no necesariamente conduce a que vayan a la escuela.
“Me parece que las prestaciones son soluciones para paliar, por lo menos un tiempo, realidades que estructuralmente se supone que no se van a poder revertir”, dijo Mizrahi, aunque matizó con que “cualquier contraprestación o cualquier apoyo del Estado tiene que estar acompañado por un seguimiento social”. “No va a superar la violencia porque la violencia tiene otros mecanismos y es estructural, pero sí, en definitiva, tener mejor vivienda y mejores condiciones de vida baja otros niveles de tensión”, afirmó.
Jonathan Correa “apostó” por su familia y el Estado pero “se falló”
“Lo de Jonathan muestra las deficiencias” en la detección y atención de las situaciones de violencia y también “en alguna medida la minimización de una situación grave”, porque “cuando vos no hacés una buena valoración de riesgo pasan estas cosas”, dijo Mizrahi sobre el caso de Jonathan Correa, adolescente asesinado por su padre tras años de abusos y denuncias en distintos niveles.
En ese marco, Mizrahi señaló que el Sipiav se encuentra replanteando su modelo de organización en Montevideo: “Si bien tenemos comités de recepción en Casavalle y en el centro, hay algunas zonas donde no está esa articulación del Sipiav como debería estar”, acotó. Actualmente, el Sipiav tiene 36 comités de recepción en el interior –que ascenderán a 37 cuando se instale el de San Carlos– pero, en función de la regionalización de las instituciones del Estado, ese formato “no es el más propicio” para la capital, consideró.
“Yo no puedo afirmar que si hubiéramos estado organizados y coordinados esto no hubiera pasado, pero sí hubiera mejorado alguna de las situaciones”, reflexionó Mizrahi. A su entender, el caso dejó en evidencia que “a veces, por más que uno trabaja y se esfuerza, hay cuestiones que fallan” y cuando deriva en el fallecimiento de un niño “pega duro” a quienes trabajan en la materia. Mizrahi lamentó el hecho de que Jonathan se quedó en su casa, “apostó” por su familia y por el Estado –que “en definitiva siempre es el único responsable”, dijo– y “se falló”, ya que no se valoró adecuadamente el riesgo y no se le dio “la dimensión a alguien tan peligroso”, en referencia al padre.
Consultada sobre si el Sipiav cuenta con recursos presupuestales suficientes para afrontar sus tareas, la coordinadora señaló que la falta de recursos se siente en departamentos que tienen “una deficiencia de técnicos” asociada a que “cada vez habita menos gente”, frente a lo cual buscan unir esfuerzos “con los organismos del Estado y también con las organizaciones no gubernamentales que tienen convenio con el Estado”. Un desafío que identificó Mizrahi radica en “los seguimientos a largo plazo”, debido a que siempre trabajan “con las urgencias y tenemos demasiadas situaciones”.