El 28 de mayo fue la primera reunión formal del grupo de trabajo creado por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) a comienzos de abril para tratar el antisemitismo en Uruguay. Diez días antes, el Consejo Directivo designó a los directores Juan Miguel Petit, Jimena Fernández y Marcos Israel como representantes de la INDDHH en el grupo. Este último, que impulsó la creación del grupo y coordinó sus primeras actuaciones, fue cuestionado por un conjunto de organizaciones sociales y por la Asociación de Funcionarios/as de la INDDHH por sus expresiones públicas con respecto a la situación en la Franja de Gaza. En diálogo con el periodista Leo Sarro, el 10 de abril, Israel consideró que, con relación al conflicto entre Israel y Palestina, hay “mucha información falsa” que “se pasa como si fuera verdadera”, y negó que el gobierno de Israel difunda desinformación. “Una cosa es una sociedad democrática y otra cosa es un gobierno terrorista, en el que no hay opiniones ni libertad de expresión”, manifestó, y acotó que la probabilidad de que se difunda información falsa desde la Franja de Gaza es “de 99%”, mientras que “del otro lado” (en referencia a Israel) “no es así”.
Además, consideró que hay “exceso de información sobre Israel”. “Si yo te pregunto ʻ¿conocés al primer ministro de Nueva Zelanda?, ¿o al de Grecia?, ¿o al de Macedonia? ¿o al de Lituania? ¿Estonia?ʼ No sabés ni quiénes son. Entonces, cuando vos me decís ʻ¿se puede criticar a Israel?ʼ Sí, en la misma proporción que criticás a Estonia, a Grecia, a Taiwán o a Corea del Sur, porque Israel es un país pequeñito que está a diez, 12.000 kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué tanto interés hay en Israel? Ese interés es anómalo si lo comparamos con el interés de los 180 países restantes lejos de nosotros”, dijo Israel, y agregó que “esa anomalía” es “parte del motor del antisemitismo”.
Esas expresiones motivaron una carta del diputado frenteamplista Pablo Inthamoussu a la INDDHH, en la que planteó que corresponde que el Consejo Directivo “evalúe formalmente si las declaraciones públicas efectuadas por el integrante de dicho cuerpo, Marcos Israel, con respecto a asuntos sometidos a actuación institucional de la propia INDDHH, resultan compatibles con las obligaciones y deberes funcionales establecidos en la Ley 18.446 [de creación de la institución]”.
En la exposición escrita a la que accedió la diaria, enviada por Inthamoussu a la institución el 30 de abril a través del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, el diputado señaló que la normativa prohíbe a los miembros del Consejo Directivo “efectuar manifestaciones públicas, a título personal, sobre asuntos que constituyan competencia específica de la institución, salvo autorización correspondiente del propio cuerpo”. En ese sentido, dada la conformación del grupo de trabajo, consideró “relevante” determinar si “un integrante del órgano directivo de la INDDHH intervino públicamente, fijando posición sobre un asunto sometido simultáneamente a actuación, consideración o impulso institucional de la propia entidad de la cual forma parte”.
Las expresiones de Israel sobre una problemática que está “bajo consideración de la propia institución”, a juicio de Inthamoussu, podrían generar “legítimas dudas” con respecto a “la necesaria imparcialidad institucional, la eventual existencia de prejuzgamiento, la utilización de la investidura pública para influir en debates sometidos a consideración del organismo y la afectación de la confianza pública en la autonomía técnica de la institución”.
El Consejo Directivo, tras sesionar el 26 de mayo, le informó al diputado “que las expresiones del director Marcos Israel son en carácter personal”. Asimismo, señaló que la INDDHH “no se expide sobre temas internacionales, por lo que no se ha debatido este tema” en el Consejo.
La respuesta no satisfizo los planteos de Inthamoussu. En diálogo con la diaria, consideró que “no fue interpretado” su planteo, ya que este no tuvo que ver con “el contenido de las declaraciones” de Israel. “Lo que quiero saber es si es compatible impulsar o integrar un ámbito oficial como, en este caso, el grupo de trabajo sobre el antisemitismo y, en el mismo momento, realizar manifestaciones públicas que creo que pueden generar dudas sobre algo que tiene que primar que es la imparcialidad”, sostuvo.
El pasado viernes Inthamoussu envió una nueva carta, esta vez dirigida a la presidenta de la INDDHH, Mariana Mota –quien se abstuvo de votar la resolución de creación del grupo–, en la que reiteró que el motivo de su primer escrito fue “determinar si dichas manifestaciones resultaban compatibles con los deberes de imparcialidad, objetividad e independencia exigibles a quienes integran los órganos de conducción” de la INDDHH. En ese contexto, solicitó al consejo que aclare “si la participación, el impulso o la coordinación del grupo de trabajo sobre antisemitismo genera deberes especiales de imparcialidad, prudencia o abstención en las manifestaciones públicas” de sus integrantes, y consultó si se “analizó la eventual aplicación de los principios y disposiciones de la Ley 18.446 al caso planteado y, de ser así, cuáles fueron las conclusiones alcanzadas”.
Integrantes del grupo de trabajo
De la primera reunión del grupo de trabajo participaron representantes del Centro Recordatorio del Holocausto, del Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU), de la Corriente Judía Humanista Secular, del Centro Uruguayo de Estudios contra el Antisemitismo y la Desinformación (Cuecad), de la Federación Estudiantil Judía del Uruguay, de los Profesionales Universitarios Judíos, del Combat Antisemitism Movement, de la Organización de los Estados Americanos, de la Universidad ORT, de la Universidad de la República; así como del Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial. También participó el senador nacionalista Javier García, presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado, quien impulsó la creación de una comisión parlamentaria de seguimiento del antisemitismo, iniciativa que fue rechazada días atrás por el Plenario.
No obstante, según informó el semanario Brecha, en el marco del grupo, hubo dos encuentros previos en los que no participaron instituciones estatales y académicas. El 29 de abril fueron invitados el CCIU, B’nai B’rith Uruguay, Profesionales Universitarios Judíos, Corriente Judía Humanista Secular y la Federación Juvenil Sionista. En tanto, el 13 de mayo se sumaron el Cuecad, la Federación Estudiantil Judía del Uruguay, Profesionales Universitarios Uruguay-Israel, el Foro Internacional Contra el Antisemitismo y la Discriminación, Proyecto Shoá y Combat Antisemitism Movement.
En una carta del director de la INDDHH Juan Miguel Petit trasladada al Consejo Directivo en sesión del 5 de mayo, consignada por el semanario, este consideró que el grupo “iniciará sus trabajos cuando esté formalmente constituido con todos los integrantes señalados en la resolución del Consejo que le dio nacimiento, esto es organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos públicos, academia, universidades”, como ocurrió el 29 de mayo. Las reuniones anteriores, para Petit, “deben ser entendidas como diálogos preparatorios o de información”. En la misiva también manifestó interés en participar de las reuniones, al igual que la directora Fernández.