El “gran agujero negro” de la ley de financiamiento de partidos: las preguntas pendientes del caso de la camioneta de Orsi

No hay ninguna ordenanza en la ley sobre partidos políticos que diga qué hacer en aquellos casos en los que sobra plata de una campaña electoral. Nada dice al respecto la Ley 18.485, promulgada en 2009 y modificada en 2024. Y no se trata de una situación excepcional: de acuerdo a las rendiciones de cuentas que presentaron los comités de campaña de los candidatos presidenciales ante la Corte Electoral, en las últimas elecciones nacionales hubo ocho balances positivos y uno solo negativo; hubo dos con saldo cero.

La mayor diferencia entre ingresos y egresos la registró la fórmula del Frente Amplio (FA), integrada por el actual presidente Yamandú Orsi y la actual vicepresidenta Carolina Cosse, que terminó la primera vuelta con un saldo a favor de 89.028.991 pesos. En la segunda vuelta, en tanto, el superávit fue de 56.053.433 pesos. Cualquiera de estos dos números son superiores a los 17 millones de pesos que, según informó el presidente, Orsi donó al FA en abril de 2025.

Este dato fue manejado en la reciente reunión que mantuvieron con algunos medios de prensa escrita el mandatario, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez, en medio de la polémica por la compra con descuento de la camioneta de alta gama Hyundai Santa Fe. En ese encuentro, además, las autoridades argumentaron que las donaciones a la campaña son al candidato y no al partido político, en referencia al auto Renault Stepway donado durante la campaña por la automotora CarOne, que Orsi terminó utilizando para pagar una parte de su camioneta Hyundai, la cual próximamente será transferida a la Administración Nacional de Educación Pública.

Según el Poder Ejecutivo, el acuerdo político con el FA –en el que no hubo cesión de derecho– fue que el comité de campaña de Orsi se haría cargo del manejo financiero de los ingresos y egresos durante la campaña, tanto para la primera como para la segunda vuelta.

¿Qué establece la normativa vigente? El artículo 31 de la Ley 18.485 dispone que, en materia de financiamiento privado, tanto los partidos políticos como los sectores internos y las listas de candidatos pueden recibir donaciones para sus campañas. En la ley se establece que todo aporte debe depositarse en una cuenta bancaria abierta especialmente para el financiamiento de la campaña, y se enumera un conjunto de restricciones vinculadas a las contribuciones, como, por ejemplo, la prohibición de donaciones por parte de empresas adjudicatarias de obras públicas.

Una fuente con experiencia en la Corte Electoral señaló a la diaria que, en este caso particular, “una fórmula presidencial es una lista de candidatos”; por lo tanto, los bienes sobrantes corresponden legalmente a la fórmula, integrada por Orsi y Cosse. La fuente apuntó que, si bien “la ley no establece qué pasa con el patrimonio sobrante”, este “no es de Orsi”, sino de “la fórmula”, y en cualquier caso “no es que ingresa al patrimonio de él automáticamente”. También remarcó que la ley no contempla donaciones personales, es decir, a las personas físicas.

Actualmente, las rendiciones de cuentas presentadas por los comités de campaña están siendo auditadas por el Tribunal de Cuentas. Según informó el semanario Brecha, este proceso terminaría entre agosto y setiembre; posteriormente se publicarán los resultados. Hasta ahora, desde Presidencia no se han informado los motivos en torno a la diferencia entre los superávits presentados en la Corte Electoral y la donación de 17 millones de pesos que Orsi hizo al FA.

Piñeiro: “El quid de la cuestión está en tener claro qué es lo que se gasta”

En conversación con la diaria, el politólogo Rafael Piñeiro, quien ha estudiado el financiamiento de los partidos en Uruguay, señaló que “el financiamiento de campañas es un asunto que tiene interés público, pero es privado”. “Hay una dimensión que es privada. Es como los sindicatos, las iglesias o las cámaras empresariales. Y las personas, cuando deciden aportar a esos lugares, lo hacen bajo las reglas en que esas personas se organizan; o sea, no es lo mismo que el Estado en ese sentido. De cualquier manera, como eso tiene un interés público, está regulado”, expresó.

Apuntó que, aunque los recursos destinados a las campañas están sometidos a controles y exigencias de transparencia, “por lo general, y esto no solo ocurre en Uruguay, sino en la mayoría de los países, no se establece qué es lo que se debe hacer con el dinero que sobra”. Puntualizó que los resultados electorales pueden generar escenarios muy distintos, como “que quedes empatado, que quedes con deudas o que te sobre un montón de plata”.

Asimismo, Piñeiro señaló que en Uruguay el subsidio público por voto es relativamente generoso, por lo que cuando una candidatura obtiene un desempeño electoral mejor al esperado, puede terminar acumulando recursos que no llegó a gastar durante la campaña. De acuerdo a la Ley 18.485, cada lema recibe por parte del Estado 87 unidades indexadas por cada voto, que al cambio de noviembre de 2024 –en el último balotaje– equivalía a unos 534 pesos por sufragio recibido.

Piñeiro apuntó, además, que la ley dispone que el subsidio estatal se entregue directamente a los primeros candidatos de cada lista, lo que abre diferentes posibilidades respecto del destino de los fondos excedentes. Mencionó que en organizaciones con altos niveles de institucionalización, como el FA, suelen existir acuerdos políticos internos para distribuir esos recursos o reservarlos para futuras campañas. “Las finanzas partidarias no son completamente independientes de las finanzas de campaña, como asume la ley”, resaltó.

A su juicio, esos acuerdos, aunque no están previstos expresamente en la normativa, son legítimos y cumplen una función relevante. “Cuando esos acuerdos políticos existen, lo que te aseguran es que el dinero que sobra no sea algo que se lo quede el candidato”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de regular con mayor precisión el destino del dinero sobrante, Piñeiro diferenció entre el financiamiento público y el privado. Con respecto a este último, consideró que existe un cierto mecanismo de autorregulación, dado que “quienes están poniendo en las campañas, sean empresas, sean personas, teóricamente ponen en la campaña porque quieren participar de eso, y si lo que están viendo es que después eso se utiliza para comprarse casas o para fines privados, van a dejar de poner”.

Con relación al financiamiento público, señaló que se plantean otras interrogantes, sobre todo porque se trata de recursos públicos. “Puede pasar el caso de que una persona haga una campaña de 15.000 dólares y reciba un millón. Entonces, yo, como uruguayo, ¿qué estoy subsidiando ahí? Porque ahí puedo estar subsidiando la casa en Punta del Este de la persona”, apuntó.

En ese sentido, mencionó que en otros países, como Costa Rica, el Estado reintegra únicamente los gastos efectivamente comprobados mediante documentación, lo cual contribuye a fortalecer los controles sobre los recursos utilizados en campaña y a reducir los incentivos para ocultar ingresos o gastos. “Si vos gastaste 15.000, te devuelvo hasta 15.000; no te voy a devolver cosas que vos no hayas gastado, porque eso supone, entre otras cosas, que vos las puedas usar para fines privados”, apuntó.

Por último, Piñeiro remarcó que uno de los desafíos centrales de la regulación es conocer con precisión cuánto gastan realmente los actores políticos. “El quid de la cuestión de la regulación está en tener claro qué es lo que se gasta”, afirmó. El politólogo hizo hincapié en la posibilidad de que los candidatos apelen a subdeclarar gastos con el objetivo de ocultar ingresos por fuera del sistema. “Ese dinero puede venir de fuentes que no sean legales, o que no le interese al político decir quiénes son”, comentó.

Gil Iribarne: hay “un gran caos que nadie controla”

“Toda la ley es un gran incumplimiento”, sentenció Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). En diálogo con la diaria, Gil Iribarne definió a la Ley 18.485 como “un gran agujero negro” con el que, en la práctica, “pasa cualquier cosa”. “Creo que justamente lo que nos muestra esto es que debe haber mil cosas de las que no nos enteramos, que no están en las declaraciones”, expresó, en referencia a la polémica de la semana.

A modo de ejemplo, Gil Iribarne mencionó la prohibición que rige para las empresas adjudicatarias de obra pública, que, si bien no pueden efectuar donaciones a los candidatos, de todos modos en las rendiciones de cuentas “vos encontrás donaciones de esas empresas absolutamente transparentadas”, es decir, “ni siquiera se preocuparon mucho de maquillarlas un poco”.

El extitular de la Jutep señaló que, teóricamente, el organismo encargado de controlar el cumplimiento de la ley es la Corte Electoral, con el respaldo del Tribunal de Cuentas y, en menor medida, de la Jutep. “Pero el organismo responsable es la Corte Electoral, que ya ha dicho que no lo controla, que no tiene capacidad, que no tiene funcionarios, que no tiene contadores”, apuntó.

Y profundizó: “Además, si lo quisieras controlar, como una desviación profesional de contador, la información que hay ahí no te da para controlar en serio”. “Hay una serie de información que precisás y que no la vas a encontrar” en las rendiciones de cuentas que presentan los comités de campaña, señaló.

Según Gil Iribarne, se trata de “un gran caos que nadie controla”. “Esa es mi opinión. Si no surge el tema de la camioneta, de todo eso ni nos enteramos”, agregó.

Sobre el caso concreto, reiteró que, a su modo de ver, hubo “un error” de Orsi al aceptar el descuento de 25.000 dólares en la compra de la camioneta Hyundai a la automotora Oliva. “Yo no veo que haya violado una norma en cuanto a los regalos, porque las normas de los regalos dicen que está prohibido si a cambio del regalo vos hacés algo para aquel que te regaló, y en este caso eso no está demostrado. Pero también dije que, aunque no esté violando la ley, no debió hacerlo”, expresó.

La interrogante sobre el día de la asunción

El martes 26 de mayo, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani envió un pedido de informes a la Presidencia para averiguar “quién tomó la decisión de utilizar un vehículo de la marca Hyundai” en la ceremonia de asunción del 1º de marzo de 2025. El programa Así nos va de Radio Carve había informado que el auto que trasladó a Orsi y Cosse desde el Palacio Legislativo hasta la plaza Independencia pertenecía a la misma automotora que, apenas ocho días antes, le había hecho el descuento de 25.000 dólares al presidente electo, la automotora Oliva. El vehículo fue ofrecido por Fidocar, representante de Hyundai en Uruguay.

Orsi todavía no había dado sus primeras explicaciones –a través de un video–, y el semanario Búsqueda aún no había revelado la utilización del auto donado en campaña para pagar la camioneta Hyundai, por lo que Schipani tiene previsto hacer una ampliación de su pedido de informes, según señaló a la diaria. Para el diputado colorado, una de las preguntas que todavía no ha respondido el gobierno es justamente “el proceso de selección del vehículo Hyundai” para la ceremonia de asunción.

En el video, Orsi manifestó: “La elección del eléctrico usado el día de nuestra asunción no se vincula para nada con esta compra [la de su camioneta]. Es más, se empezó buscando otras opciones de marca que no resultaron viables. Y personalmente no estuve a cargo de esta búsqueda”. 

Consultado al respecto, en el programa Desayunos informales de Canal 12, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, señaló que “todo el protocolo de la asunción” fue organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. “La información que manejo es que hubo un proceso de selección”, señaló, y agregó: “Si bien no he tenido a la vista la documentación, se me comunica que hay un informe técnico en ese sentido, de por qué ese vehículo y no otro”.

Sin embargo, en la reunión con algunos medios de prensa escrita, las autoridades del Poder Ejecutivo no exhibieron ningún documento al respecto. Aseguraron que existieron ofertas de diferentes empresas y se remitieron a las declaraciones que, también en Desayunos informales, dio el lunes el canciller Mario Lubetkin.

“Nosotros queríamos hacer un cambio señalado con el proceso [de la] energía renovable. Eso era lo que teníamos en la cabeza. Nosotros necesitábamos un auto eléctrico. Esa fue la definición”, expresó el ministro. Al igual que Díaz, el canciller aseguró que hubo varias ofertas, “inclusive físicamente”. “Nos mandaron autos eléctricos, franceses, americanos, chinos”, comentó.

Consultado sobre quién tomó la decisión, Lubetkin contestó: “Yo creo que éramos varios, porque era el equipo de trabajo, me parece; yo soy de memoria corta”. De todos modos, descartó que Orsi hubiese intervenido personalmente en el asunto.

Para Schipani, de estas respuestas “no queda claro por qué se eligió el vehículo Hyundai y no otros eléctricos”. “Yo creo que cada nueva aclaración del gobierno genera nuevas dudas; entonces, el tema sigue sin clarificarse, y además creo que perdió cierto crédito el gobierno y el presidente, porque claramente faltó a la verdad y omitió información”, expresó. El diputado colorado apuntó directamente contra el vídeo de Orsi, que fue “pensado estratégicamente, con un guion”, pero en el que “se omitió información relevante, como la del auto Renault”.