Hace unos días Anna Clara da Silva, de cuatro años, fue asesinada a golpes por su padrastro en Rivera. Los exámenes realizados después revelaron que la niña ya había atravesado otros episodios de violencia física y sexual. La reacción social fue de conmoción. Una pregunta empezó a circular: ¿cómo nadie se dio cuenta antes?
El Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) registró en 2018 unas 4.131 situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes, lo que se traduce en 11 intervenciones por día. En 93% de los casos, los agresores eran familiares directos de la víctima, según apunta el Informe de Gestión anual del organismo. La mayoría de las situaciones fueron “crónicas” o “recurrentes”, es decir que no sucedían por primera vez. Para la coordinadora de este organismo, María Elena Mizrahi, todo esto tiene que ver con la “naturalización” de la violencia en los núcleos familiares y de convivencia, que hace que sea muy difícil para la víctima reconocerse como violentada y, eventualmente, denunciar.
Entrevistada por la diaria, Mizrahi también explicó cuáles son las estrategias para detectar y abordar los casos de violencia en la infancia y la adolescencia, ahondó en los vínculos con la violencia de género e insistió en la importancia de promover un “cambio cultural” para ponerle fin a estas situaciones.
¿Cómo define el SIPIAV la violencia contra niñas, niños y adolescentes en Uruguay?
Como SIPIAV conceptualizamos la violencia como un tema estructural, porque planteamos que se basa en las relaciones de poder que hay en una sociedad, y en particular la relación de poder de los más fuertes hacia los más débiles. Los sectores más débiles de la sociedad de hoy son las mujeres y las y los niños. Todo eso es lo que estructura nuestra sociedad. Pensamos una política pública a partir de esto, porque no se trata de unos pocos locos. Cuando empezamos a plantear que este es un problema social grave y a cuantificarlo, nos dimos cuenta de que necesitábamos una política pública que se refleje primero en todos los organismos del Estado y en organizaciones de la sociedad civil que operan con nosotros. Pero también tienen que estar implicados el sector de la salud –tanto público como privado– y el de la educación, este último porque es una gran caja de resonancia de las situaciones de violencia. Definir el problema como un tema estructural de violencia de género y generaciones hace que pensemos en una política que transversalice a todas las instituciones. No a todas les vamos a pedir que hagan reparación terapéutica del daño, pero sí que sepan detectar cuáles son las manifestaciones de las niñas, niños y adolescentes cuando sufren una situación de violencia.
Los Comités de Recepción Local del SIPIAV son actores fundamentales en este abordaje interinstitucional. ¿Cómo funcionan?
Los Comités de Recepción Local fueron creados con el objetivo de plasmar en los territorios esta política pública que aparecía en protocolos para educación primaria o enseñanza media. Hoy creemos que los comités, que actualmente son 33 en todos los departamentos del país, son la herramienta que nos ha dado el mayor nivel de detección. Un salto muy importante en los últimos años, que fue gracias al nuevo Código del Proceso Penal, es la incorporación de los fiscales a los comités de recepción. Eso ayuda a los equipos sobre todo para poder presentar los informes a tiempo ante la Justicia y con las características requeridas. Cuando empezamos a trabajar, en 2011, reportamos 873 situaciones en el área metropolitana. En 2018, a partir de estar en todo el país, hemos reportado 4.131 situaciones. Creo que hay dos cuestiones en las que el sistema tiene que afianzarse: detección y seguimiento. A veces el seguimiento se dificulta por falta de recursos. Siempre las urgencias y los casos nuevos que llegan son los que te llevan el mayor tiempo, porque uno siempre hace una valoración del riesgo. Cuando tenemos una sospecha de abuso sexual la valoración del riesgo es altísima y siempre se da conocimiento a la Justicia, que es la que va a determinar si eso es así o no.
Decías que en 2011 detectaron más de 800 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el área metropolitana y el año pasado más de 4.000 en todo el país. ¿No lo leen como un aumento de las situaciones de violencia?
Teníamos datos de Montevideo, Canelones y San José, que era donde el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay] tenía convenio con ONG que trabajan allí, que eran las que reportaban la situación. A partir de que planteamos esto como un problema social y grave que todos debemos atender, sabemos que 80% de los niños que ingresan al sistema de protección del INAU en 24 horas son víctimas de violencia intrafamiliar, y están incluidos en estos 4.131 reportados en 2018. Eso no estaba cuantificado como violencia cuando relevábamos los datos del área metropolitana. Entonces también cambiamos la lógica de cómo mirar.
¿El SIPIAV monitorea también los casos de violencia de género?
En el marco de un proceso que hemos hecho con el Consejo Nacional Consultivo contra la Violencia Doméstica y el Instituto Nacional de las Mujeres [Inmujeres], además del trabajo con el movimiento feminista, insistimos desde hace tres o cuatro años con que, cuando hay violencia de género en una familia, las niñas y los niños no son actores de segunda sino parte fundamental de esa violencia porque conviven con ella. Entonces, cuando hay violencia de género hay violencia hacia niñas, niños y adolescentes, y esto indica que, más allá de que atendamos a la mujer que sufre la violencia, debemos necesariamente atender también a los niños.
El último informe del SIPIAV revela que la mayoría de los agresores son varones y la mayoría de las abusadas son niñas. ¿Cuáles son los vínculos entre la violencia basada en generaciones y la violencia de género?
Es una misma violencia, porque es estructural. Se basa en estas relaciones de poder y de asimetría en las que las mujeres y los niños en esos núcleos familiares son los más desfavorecidos. Lo que podemos decir es que en las primeras edades casi no hay diferencia entre varones y niñas con respecto a la violencia. A partir de la preadolescencia y la adolescencia empieza a haber una prevalencia mayor de las niñas y particularmente en los casos de abuso sexual. También vemos que por lo general los perpetradores son varones y 93% son miembros de la familia. A veces es tan difícil la detección porque el circuito de violencia hace que los violentados no se reconozcan como tales. Hay una naturalización de la violencia, porque si vos te educás desde que nacés con este tipo de situaciones, para ti eso es lo cotidiano. Debemos decir también que los varones que sufren abuso sexual aún enfrentan mucho prejuicio a la hora de decirlo, debido a lo que implica el lugar del varón en esta sociedad. Ahí también tenés la violencia de género: tiene que ver con las masculinidades y con cómo le damos un lugar al varón en el que ni siquiera tiene la libertad de poder decir que está siendo agredido. Entonces tenemos un subregistro de varones niños abusados que, por este secretismo y prejuicio social, no podemos captar. Los varones son también los que tienen una naturalización mayor en el no reconocimiento de que están sufriendo violencia. Y eso tiene sus consecuencias, porque no reconocer que uno está siendo educado en violencia y no reconocerse como violentado te deja con poco margen después para verte a ti mismo en el accionar a futuro. Es importante trabajar sobre el tema de las masculinidades con niños y adolescentes.
“La comunidad juega un papel fundamental en la desnaturalización de la violencia porque, en definitiva, es la que habilita al violento”
¿Cuáles son los pasos a seguir una vez que se detecta una situación de violencia?
Si la detección o la sospecha de abuso se hace en cualquier centro educativo, la niña o el niño inmediatamente tiene que ser atendido en el sistema de salud. A partir de entonces se informa a la Fiscalía o a la Justicia penal. Si es el relato de un niño, lo que les pedimos a los equipos, a los maestros, a los directores y a la inspección es que pongan en ese informe las palabras textuales del niño, y no una interpretación de lo que quiso decir. Cuando está la prueba física de la violencia, los médicos hacen un informe constatando las lesiones de ese niño, y el caso inmediatamente tiene que ir a la Justicia. Esta es una parte de la intervención. Luego, tanto los equipos de Escuelas Disfrutables como el sector de la salud participan en los comités y empiezan a articular con otras instituciones de acuerdo a la estrategia que necesite ese niño. Por ejemplo, hay cosas que son elementales: si tenemos un niño que sufrió una violencia que se constató y que vamos a judicializar, tenemos que saber qué es lo que pasa si tiene hermanos. Hace unos años se pensaba sólo en la víctima, ahora nos damos cuenta de que cuando hay violencia se da en todo el núcleo de convivencia –y no sólo biológico– de ese niño. Trabajamos a tres niveles: individual, familiar y comunitario. Este último es fundamental, porque no podemos hacer un seguimiento de las niñas y los niños si no están insertos en algún centro educativo o en algún lugar de institucionalidad.
En mayo de este año el SIPIAV presentó una guía para el abordaje de situaciones de violencia en la primera infancia. ¿Cómo es el trabajo con esta población específica?
La guía es fundamental, primero por el riesgo enorme que hay en las situaciones de hasta tres años de violencia y porque no todos los técnicos conocen los indicadores. Obviamente, detectar es más sencillo cuando tenemos indicadores físicos, pero tenemos que saber identificar cómo los niños pueden o no verbalizar o demostrar que sufren una situación de violencia. La detección en primera infancia también implica que consideremos esa etapa de la vida como la de conformación y estructuración de la personalidad, y que por lo tanto atravesar situaciones de violencia durante ese período tiene serias consecuencias.
Es bastante claro el papel que juegan las instituciones en la detección y el abordaje de las situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. ¿Cuál es el rol de la comunidad? ¿Cómo trabajar con ese vecino que quizás sabía que pasaba algo en la familia pero decidió no involucrarse por considerar que es un “asunto privado”?
La comunidad juega un papel fundamental en la desnaturalización de la violencia porque, en definitiva, es la que habilita al violento. Pensando en ese silencio del vecino que no denuncia, pasa que a veces hay mucha gente que tiene miedo o no se quiere comprometer, pero ahora hay muchas formas de denunciar. Se puede hacer una denuncia anónima, ir a la Fiscalía, ir al centro educativo al que asiste la niña o el niño. Si no había sospecha, esto puede ser un llamado de atención para poder entender cuáles son las conductas de esa niña o niño y empezar a prestar atención. La desnaturalización y erradicación de la violencia pasa por todos, no solamente por quienes somos técnicos y trabajamos en esto. Creo que hay un avance de la sociedad uruguaya en el repudio hacia la violencia de género y generaciones, pero no desandás en pocos años una cultura que ha perpetrado un sistema injusto de relacionamiento y un orden social que daba por establecida esta violencia.
¿Qué opinás sobre la aplicación de las penas para los casos de violencia extrema hacia niñas, niños y adolescentes?
Por lo general, Uruguay tiene penas altas. A mí lo que me importa más es evitar que la violencia suceda. Después, que el agresor sea juzgado es parte de hacer justicia y es necesario porque la impunidad nunca es buena en una sociedad. Si el aumento de penas diera como resultado que no hubiera violencia, bueno. Pero está comprobado que el aumento de las penas no reduce los niveles de violencia. De acuerdo a la gravedad del caso, por lo general, se aplica la pena máxima que es de 45 años y que te podría decir que, de acuerdo a las edades de los agresores, es casi cadena perpetua. Pero me preocupa más que no lo hagan a qué penas se tienen que imponer después de que lo hicieron, más allá de que entiendo que los crímenes se deben juzgar.
¿Qué reflexión hacés sobre la problemática de la violencia que enfrentan hoy en día las infancias y las adolescencias en Uruguay?
Estamos muy cerca de lo que pasó con Anna Clara, y es una de las situaciones de violencia más extremas; como sociedad nos debe conmover a todos. La sociedad uruguaya tiene pocas niñas, niños y adolescentes y no siempre tienen el lugar que deberían tener, ni siquiera en la redistribución de la riqueza, porque tenemos la mayor concentración de desigualdad de riqueza en los sectores de la infancia. Tenemos que poder revertir este impacto cambiando nuestras prácticas, empezando a desnaturalizar la cultura del disciplinamiento violento y a apostar por una de afecto. Cuando hablamos de los adolescentes de este país, por lo general hablamos desde la falta, nunca de lo que nos pueden dar. No hay que justificar las conductas, pero sí saber cuáles son los recorridos y cuál ha sido la vida de esos adolescentes. Que siempre focalicemos las cosas que no funcionan en la infancia y en la adolescencia habla de una sociedad totalmente adultocéntrica que no es capaz de tener una distribución de poder diferente.